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Audiencia pública: Puerto Regasificador de Escobar

El día miércoles 23 de noviembre a las 10:30 hs. tendrá lugar una Audiencia Oral y Pública en el marco de la causa Nº 75001619/2011, que fuera iniciada por la violación de medidas de seguridad mínimas al localizar el Puerto Regasificador de Escobar en los humedales del Delta del Paraná en lugar de alta mar; y que obliga a operar con una sustancia extremadamente inflamable a través de buques de capacidad de carga a un equivalente energético de 55 bombas como las de Hiroshima  en la región más densamente poblada del país comprometiendo la seguridad pública nacional.

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a Audiencia tendrá lugar en la Cámara de Apelaciones de San Martín calle 99 Nº 3053, San Martín, Provincia de Buenos Aires (altura Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón” ex – Castex),  AV. Ricardo Balbín N° 3200 (Ruta 8) – General San Martín (1650).(Se requiere presentar DNI para ingresar).

Como advertencia de su riesgosa ubicación, es importante tener en cuenta que las más prestigiosas empresas petroleras a nivel internacional prohíben las operatorias ship to ship, incluso en alta mar por su peligrosidad; en este sentido EMILIO APUD, ex secretario de energía y actual director de la parte estatal de YPF S.A. (51 %), lo afirmó en la redacción de su autoría para el diario La Nación, 6 de septiembre 2013: “…muchas de las transportadoras de GNL tienen vedadas las descargas ship to ship por cuestiones de seguridad”.

Las operatorias de transporte, trasvase (o ship to ship), almacenamiento y regasificación con Gas Natural Licuado (Gas natural concentrado 600 veces) están exponiendo la vida de la ciudadanía en la región más densamente poblada del país, al violar incluso el mínimo requerido de seguridad.Comprometiendo a todas las ciudades y municipios que colindan con el recorrido de los buques metaneros en 50 km a la redonda,Capital Federal, San Isidro, Vicente López, San Fernando, Tigre,  Campana, etc.

Otras advertencias de su importante peligrosidad son:

1.-El Presidente de la Fundación de Justicia Ambiental Supranacional (SEJF) Antonino Abrami y el Presidente del  Comité Científico del IAESGiuseppe Cartei expresaron su opinión negativa respecto de la planta regasificadora de Escobar. Consideran que es una planta que se encuentra en contradicción con las normas de seguridad a nivel internacional, relativa al control de los riesgos relacionados a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas SEVESO II y que objetivamente pone en peligro, por su localización  y  la naturaleza del sistema: la salud y la vida de los ciudadanos, los ecosistemas acuáticos, humedales y bosques nativos.

2.-Es relevante tener en cuenta que para el proyecto de Fall River, en EEUU, se opusieron firmemente a la ubicación de la Terminal los responsables que debían actuar en caso de accidente y/o atentado terrorista:  el general jefe de la base naval militar Undersea Warfare Center de New Port, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el jefe de bomberos de Providence George Farrell, el director de Protección Civil Leo Messier, ex – asesor contra-terrorismo de la Casa Blanca Richard A. Clarke.El proyecto fue cancelado en el año 2011.

3.-Se denuncia que no existe garantía de seguridad para la población  porque las normas establecidas por los organismos de aplicación son contrarias a las medidas de seguridad mínimas establecidas en las Normas Internacionales incorporadas como normas de aplicación.

4.-El Puerto Regasificador de Escobar no cuenta con los obligatorios Seguros de Responsabilidad Civil.

El proceso industrial para volver el gas natural de líquido a gaseoso contamina por díaalrededor de 700.000.000 de litros de agua  del río Paraná, al ser devueltos clorados y entre 7 a 10 ºC grados más fría provocando este proceso “zonas muertas” o sin vida en mar abierto dónde la renovación de agua es superior que a la del río Paraná. Además de haber modificado la costa y elevado la cota natural de escurrimiento, causante de las inundaciones.

Los vecinos e integrantes de organizaciones sociales de Escobar, que integran la querella, solicitaron al Juez Federal de Campana Adrián González Charvay, que aplique una mediada de paralización precautoria de las operatorias en el puerto regasificador de Escobar, que debe ser consecuentemente relocalizado, acorde las contundentes pruebas presentadas que van desde la evidente e lícita localización a la falsificación de documentos. Ante la negativa del Juez de otorgar la medida, la querella apelo y ahora será  la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, integrada por los Jueces Dr. Marcelo Darío FERNANDEZ, Dr. Marcos MORÁN y el Dr. Juan Pablo SALAS, la que resuelva.

Invitamos a participar a la ciudadanía de la Audiencia de manera de que todos los derechos humanos vulnerados sean respetados y se cumpla con la legislación Nacional, Internacional y la normas específicas de GNL sin dilatarse más en el tiempo, ya que una justicia lenta no es justicia. La Corte Penal Internacional, máximo tribunal penal, dictaminó recientemente que los ataques-destrucción del medioambiente se consideran delitos contra la humanidad.

La Audiencia tendrá lugar en la Cámara de Apelaciones de San Martín calle 99 Nº 3053, San Martín, Provincia de Buenos Aires (altura Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón” ex – Castex),  AV. Ricardo Balbín N° 3200 (Ruta 8) – General San Martín (1650).(Se requiere presentar DNI para ingresar).

Agradecemos la difusión a través de los formatos al final de los videos y del listado de organizaciones sociales.

Video de las propiedades peligrosas del Gas Natural Licuado (GNL)  

Video del puerto Regasificador con explicación detallada   

ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA DEL PARTIDO DE ESCOBAR

Vecinos Autoconvocados del Pueblo de Escobar. Asociación Ambientalista del Partido de Escobar. Asociación Ambientalista Los Talares de Maschwitz (Partido de Escobar). Isleños Autoconvocados del Delta del Paraná en la “ASAMBLEA RIO DE LA PLATA CUENCA INTERNACIONAL”. S.O.S. DELTA. Asociación Patrimonio Natural (Pilar). Grupo de trabajo ambiental El Tigre Verde. Asociación Civil S.O.S. HABITAT (Mercedes). Fundación Biósfera. 500 RPM. Asociación Civil COEPSA Centro Oeste de Estudios Políticos y Socio-Ambientales (Parque Leloir- Ituzaingó). AUKAN, Asamblea Ambiental del Sur – Bahía Blanca TELLUS-Asociación Conservacionista del Sur, Bahía Blanca.Parroquia Cocatedral Natividad Escobar, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Maschwitz, Fundación Biósfera, Club de Leones (Sedes Escobar, Zárate, San Pedro, Baradero).Espacio Intercuencas. AVDA (Asociación Vecinal en Defensa del Medio Ambiente), Observatorio Petrolero Sur, Hermana Tierra.

El ministro que cuida la salud del “agronegocio”

El Ministro de Salud de Santa Fe se mostró escéptico acerca del daño que provocan los agroquímicos.

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A raíz de las públicas y recientes declaraciones del Ministro de Salud de la Provincia de Santa Fe, desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos, consideramos pertinente poner en alerta a la ciudadanía respecto de los riesgos que irresponsables declaraciones de burócratas formados entre oficinas podrían acarrear a la ya frágil condición sanitaria provincial.

Aludiendo a los Campamentos Sanitarios de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, que se vienen realizando ininterrumpidamente desde el año 2010, quien fue puesto de Ministro de Salud declara que desconoce “la estrategia utilizada para obtener esas opiniones” y lamenta mucho “que se utilice el nombre de unidades académicas para difundir un informe temerario del que solo conocemos las conclusiones y no la metodología científica empleada para llegar a esos datos”(…) “si se tratara de encuestas, como se menciona en algunas publicaciones periodísticas, estaríamos hablando de una metodología que es absolutamente endeble y fuera de los estándares exigidos para emitir opiniones sólidas”

No hay duda que en cualquier otra provincia o país sería escandaloso que el Ministro de Salud declarase que desconoce el modo cómo se desarrolla la práctica final de la carrera de medicina que desde hace 6 años viene llevando adelante la Facultad de Ciencias Médicas en su provincia, por violentar groseramente el requisito de idoneidad y sería inmediatamente despedido, por lo menos, por holgazán.

Pero el asunto es más grave. En el año 2013 presentamos un pedido de informe (nota Nº 218/13) al Ministerio de Salud mediante el cual, entre otros puntos, solicitamos un informe detallado de las investigaciones epidemiológicas realizadas oficialmente en los últimos años.

La respuesta reveló que en la localidad de Firmat, por orden de la justicia, se realizaron relevamientos con participación de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, utilizándose métodos de encuestas hogareñas similares a las realizadas en el curso de los Campamentos Sanitarios mientras que la pesquisa provincial, en general, fue lenta, aleatoria y a la fecha no se cuentan con datos actualizados sobre una problemática del cáncer que, no hace falta aclararlo, tanto preocupa a toda la provincia y provincias cercanas, que comparten el modelo agrícola tóxico.

Es decir que la presunta desidia o déficit en la contracción al trabajo no aparecería como algo casual sino como conducta deliberada para “no saber” y en consecuencia “no actuar”, nada menos que en el tema de cáncer, sobre lo cual es innecesaria cualquier calificación. Sin perjuicio de que un ministro que revele públicamente su ignorancia en área de la mayor trascendencia debería ser despedido inmediatamente, si la misma proviene de un acto deliberado, ya no estaríamos hablando solo del plano administrativo para adentrarnos en un caso aprehendido dentro del derecho penal, agravado porque recién “se acuerda” de cuestionar una metodología (que dice desconocer), a 30 días de su difusión pública y en medio de un escándalo en la misma Facultad de Ciencias Médicas que involucra a serviles funcionarios.

Mientras el ministro se muestra muy preocupado por desligar al agronegocio de sus consecuencias sanitarias en la población, quizás por pedido de sectores muy cercanos a la fuerza que gobierna la provincia, una escuela de Casilda debió suspender sus clases a causa de una fumigación con agroquímicos en un campo cercano, dato que no produjo ninguna “declaración pública” de su cartera, en línea con la absoluta falta de respuesta de nuestro pedido de proteger las escuelas, presentado a principios del año lectivo 2015.

Los alumnos y docentes no merecen acciones ni declaraciones. Negocios son negocios.

Multisectorial Paren de Fumigarnos – Santa Fe

Para mayor información:
Daniel Romano – 3416258581
Fernando Albrecht – 3491509043 –
Patricio Acuña. 3498402611 –
Carlos Manessi – 3426145532 –

www.renace.net

La violencia es parte del crudo ecuatoriano

La presión de los proyectos extractivos sobre los territorios de los pueblos indígenas ha desencadenano masacres de grupos en aislamiento voluntario, muerte de miembros de la nacionalidad waorani -que son de reciente contacto- y de campesinos mestizos. Un recuento de los sucesos acontecidos evidencia que esos hechos no se circunscriben a un momento de la historia petrolera del país sino que la violencia es parte de un modelo de extracción extrema en Ecuador.

Por Alexandra Almeida
Acción Ecológica (Ecuador)

Energía extrema es un concepto que generalmente se lo relaciona con la aplicación de nuevas y sofisticadas tecnologías para facilitar la ampliación de la frontera petrolera y que conlleva enormes riesgos geológicos, ambientales y sociales. En Ecuador podemos afirmar que este tipo de energía procede de la explotación de crudo en campos ubicados dentro y alrededor de los territorios megabiodiversos de la Amazonía, ancestralmente ocupados por pueblos indígenas y entre ellos, al menos dos en situación de aislamiento, los tagaeri y taromenane, relacionados culturalmente con loswaorani. Es decir, el carácter extremo no se lo da necesariamiente el componente tecnológico sino los procesos que desencadena.

Sin duda la población más afectada en toda la historia petrolera en el Ecuador ha sido la indígena, en cuyos territorios ancestrales se instalaron las infraestructuras extractivas. El Pueblo Waorani, cuyo territorio ancestral se extiende desde el río Napo al río Curaray, es uno de los pueblos más impactados, no solo por las exploraciones petroleras -que inician a finales de la década de los 30-, sino mucho antes, en la época de la explotación del caucho, de 1890 a 1920, cuando los capturaban y esclavizaban en las grandes haciendas. También el incentivo del comercio por los ríos afectó a los indígenas ubicados en Shiripuno y Tiputini. Se registraron muchas muertes en esa época. Años después los waorani expandieron el territorio, desplazados por la explotación del caucho y las haciendas agrícolas, ocasionando conflictos y ataques con otros pueblos indígenas de la zona.1

La primera época petrolera inicia en 1937, con la entrada de la compañía Shell, quien ubicó un campamento en Arajuno, construyó carreteras y aeropuertos, y contrató a trabajadores kichwa, quienes tuvieron varios enfrentamientos con los waorani que se ubicaban desde Arajuno hasta la bocana del Yasuni. Se registra que los wao atacaron Arajuno y mataron a 20 kichwas. Más tarde, la guerra con el Perú, en 1942, que estaba relacionada con intereses petroleros, también afectó a los waorani. No había waos en el Perú. Cuentan que los peruanos subían por todos los ríos, incluido el Yasuni, y capturaban a waorani, sapara y kichwa.

En 1956 el ingreso al territorio Waorani de misioneros evangélicos del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), de los Estados Unidos, permitió el contacto, la agrupación y la reubicación de la mayoría de clanes, con el apoyo logístico de las petroleras. Estas acciones favorecieron la entrada de empresas, pues sacaron a los wao de su amplio territorio ancestral y los redujeron en otro mucho más pequeño. El éxito de estas acciones se debe a que se produjo una interrelación misioneros-wao con los petroleros/militares para ayudarse mutuamente.2 En esta época también se registraron muchos ataques y muertes en enfrentacientos entre waoranis ya contactados y aun no contactados, y también con los tagaeri, que ya estaban aislados.

Precisamente el aislamiento de grupos waorani, que se los reconoce como tagaeri, se remonta al tiempo del auge petrolero, en los años 60 – 70. Según algunos investigadores, los pueblos aislados Tagaeri y Taromenane se rehusaron al contacto en el momento del proceso de pacificación, reubicación y pérdida del territorio padecido debido a la avanzada de la frontera petrolera y a la obra del ILV.3

En 1964 el Gobierno ecuatoriano entregó en concesión cerca de 500.000ha de bosque húmedo tropical a la norteamericana Texaco para que realice trabajos de exploración y explotación en lo que hoy son la provincias de Sucumbíos y Orellana, en los territorios ancestrales Cofán, Kichwa y Waorani. Tres años más tarde la empresa descubrió el primer yacimiento petrolero comercial en la zona de Lago Agrio, en la frontera con Colombia, en los años siguientes extendió sus operaciones hacia el sur. En total, en los 28 años que permaneció en el país, perforó 399 pozos y construyó 22 estaciones de producción. A la salida de Texaco, en 1992, los campos petroleros pasaron a ser operados por la estatal Petroecuador, hoy Petroamazonas EP.

La empresa Texaco, en consorcio con la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), contrató a la empresa exploradora francesa CGG para realizar la prospección sísmica al sur del río Napo, en territorios donde ancestralmente se ubicaba el Pueblo Waorani y los pueblos aislados. La expansión de la frontera extractiva en la zona de refugio de los pueblos aislados y los incidentes mortales que ocurrieron en bloques petroleros en los años 70 y 80 hicieron posible su visibilización en la opinión pública. En estas décadas se registraron enfrentamientos directos entre trabajadores petroleros y pueblos indígenas aislados. Resalta el ataque ocurrido en noviembre de 1977 en Shiripuno, donde mueren tres trabajadores de la empresa CGG lanceados por los tagaeiri.4 Mientras que en 1987 mueren lanceados el obispo del Vicariato de Aguarico, Monseñor Labaka, y la religiosa Inés Arango, quienes después de varios intentos no pudieron conseguir el cese de las actividades extractivas en el área. Ingresaron a territorio Tagaeri porque los militares iban a entrar para desalojar la zona y posibilitar que la empresa CEPE empiece la prospección sísmica. El obispo antes de emprender el viaje habría dicho: “Si yo no voy, los van a matar”.5

En la década de los 80 se aplicó en el país una nueva política que promovió la apertura petrolera, iniciándose rondas de licitaciones para que empresas privadas ingresen a explorar y explotar en territorios indígenas y en áreas protegidas, como es el caso del Parque Nacional Yasuni. La entrada de nuevas empresas petroleras en la zona ejerció más presión en los territorios indígenas, lo que se reflejó en nuevos hechos de violencia. Resalta aquí el relato del ataque a un campamento petrolero en El Tigüino, en el año 89, en el que murieron con lanza un trabajador y una mujer, y dos guerreros tagaeri con disparos. Días después un helicóptero verde disparó sobre la casa tagaeri y tres mujeres fueron acribilladas.6

Hasta el año 2012 el Ecuador lanzó 11 rondas de licitaciones petroleras internacionales, a través de las cuales ingresaron al país aproximadamente 15 empresas transnacionales. Actualmente existen 65 bloques petroleros, de los cuales 38 están en operación y 27 están por licitar. De los bloques en operación, en los 19 grandes está Petroamazonas y en los otros 19, la mayoría pequeños, están empresas transnacionales. Resalta la presencia de empresas chinas como operadoras de bloques o como prestadoras de servicios a otras empresas.

Mapa confeccionado por Paola Maldonado y Braulio Gutierrez del Colectivo de Geografia Critica.
Paola Maldonado y Braulio Gutierrez, Colectivo de Geografia Critica.

La explotación petrolera en Ecuador ha dejado un nefasto impacto tanto al ecosistema amazónico, caracterizado por su megabiodiversidad, como a la población indígena y campesina que allí habita. Una descripción detallada de la destrucción que ocasionó esta actividad se encuentra en la sentencia del juicio que pobladores de la Amazonía pusieron contra la empresa estadounidense Texaco, hoy Chevron. Algunos estudios indican, por ejemplo, que el ingreso de Texaco a lo que hoy es la provincia de Sucumbíos, aceleró el proceso de extinción del pueblo indígena Tetete, que hoy ya no existe.

Como un intento de dictar políticas que protejan a los pueblos aislados, en 1999 el gobierno ecuatoriano declaró la zona sur del Parque Nacional Yasuni, exactamente 758.048 ha, como “zona intangible de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, las tierras de habitación y desarrollo de los grupos Huaorani conocidos como Tagaeri, Taromenane y otros eventuales que permanecen sin contacto”.7 El territorio de los pueblos aislados Tagaeri Taromenani en los últimos 20 años ha sido ocupado por bloques y campos petroleros cuyos límites se sobreponen con el territorio ancestral waorani, el Parque Nacional Yasuni y parte de la zona intangible.

Ocho años después, en el año 2007, bajo decreto 2187, el gobierno ecuatoriano delimitó la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), ratificando que “en esta Zona se garantizará y respetará el derecho del pueblo Huaorani y de los pueblos ancestrales en aislamiento voluntario a realizar sus tradicionales actividades de caza y pesca; así como, el uso habitual de los recursos de la biodiversidad con propósitos de subsistencias”.8 El art. 2 de este decreto establece una “Zona de Amortiguamiento de diez kilómetros de ancho contiguo a toda la zona intangible”. En la “zona de amortiguamiento se prohíbe la realización de actividades extractivas de productos forestales con propósitos comerciales; igualmente, se prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras”.

Sin embargo, la página Geoyasuni.org ofrece interesantes datos de la situación de la Zona de Amortiguamiento, que tiene una área de 467.530 ha. El 78% de la superficie está cubierta por bloques petroleros: 59,99% en Ecuador y 18,02% en Perú. Mientras los bloques Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT) y 31 intersectan la Zona Intangible, con una superficie de 30.202,25 ha y 10.391,80 ha, respectivamente.9

La zona intangible del Parque Nacional Yasuní, destinada como territorio de pueblos en aislamiento, está completamente rodeada de concesiones petroleras. Al norte limita con los bloques 14 (Petroriental), 16 (Repsol), 31 (Petroamazonas) y 43 (Petroamazonas); al oeste con el bloque 17 (Petroriental), al sur con los bloques 83 (Andes Petrroleum), 84 (Secretaría de Hidrocarburos) y 87 (Secretaría de Hidrocarburos); y al este con los lotes 39 (Repsol Exploration Perú), 121 (SubAndean) y 67 (Perenco), en el Perú.

Además, según una investigación realizada en 2008, hay presencia de pueblos indígenas aislados fuera de los límites de la Zona Intangible. Este estudio demuestra que el Parque Nacional Yasuni y su zona de amortiguamiento es área de desplazamiento de los Pueblos Indígenas Aislados. Se ha documentado su presencia en los alrededores de las comunidades de Dicaro, Yarentaro, Iro y Gabaron, dentro del bloque 16, operado por Repsol. También se ha constatado la presencia permanente de pueblos indígenas aislados en el bloque 14, entre los ríos Tivacuno y Mencaro (río Tiwino).10 Es evidente que la actual delimitación de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane no responde a la territorialidad ejercida por los pueblos aislados.

La presencia de agentes externos como las petroleras facilitaron la llegada de actividades colaterales como la colonización desordenada, las madereras legales o ilegales, la construcción de carreteras y la destrucción ecológica del territorio habitado por los pueblos indígenas aislados. Además de generar altos niveles de ruido, que repetidos testimonios indican que molesta a los aislados, esto ha creado condiciones para intensificar los conflictos interétnicos, debido a la presión que ejercen sobre sus territorios. Con esto están vulnerando los derechos fundamentales de estos pueblos.

En las últimas dos décadas se han registrado hechos violentos que de alguna manera, directa o indirectamente, han tenido relación con las políticas petroleras que han promovido la ampliación de la frontera de esta actividad:

  • La masacre del 2003, murieron al menos 15 aislados. Aunque no fue realizada cerca de la infraestructura petrolera, sus autores, guerreros waorani del grupo Babeiri, pertenecen a una comunidad muy dependiente de la actividad petrolera.

  • El ataque de marzo del 2008 en el que muere lanceado un maderero ocurrió a escasos kilómetros de la carretera petrolera conocida como vía Auca, cerca del campo petrolero Armadillo.

  • El ataque ocurrido en el 2009, en el que mueren lanceados tres miembros de una familia colona y un bebe es secuestrado (y apareció vivo dos días después, cerca del lugar del ataque), sucedió a escasos metros del pozo petrolero Hormiguero, en el bloque 17, operado por la empresa china Petroriental.

  • El ataque del 5 marzo del 2013, en el que murieron lanceados dos ancianos waorani, sucedió a escasos kilómetros de la carretera que conduce al pozo Daimi, cerca de la comunidad de Yarentaro. A pocos metros trabajaba una cuadrilla petrolera, en el bloque 16, operado por Repsol.

  • La masacre de finales de marzo del 2013, en la que murieron al menos 20 taromenane y que ocurrió como venganza por la muerte de los ancianos en Yarentaro, posiblemente sucedió a unos 30 km del campo Armadillo y sus autores salieron de los campos del bloque 16. Hay que aclarar que los taromenane en esa fecha contaban con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir el Estado ecuatoriano tenia la obligacion de proteger a estos pueblos y no lo hizo.

  • El 25 de enero del 2016 se registró otro hecho violento en el río Shiripuno que dejó un wao muerto por lanzas y una mujer herida. Este ataque ocurrió dentro de la Zona Intangible, a unos 25 km en línea recta del bloque Armadillo

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Casa atacada el 30 de marzo de 2013. Foto tomada de Cabodevilla, M. A. y Aguirre M. (2013). Una tragedia ocultada. CICAME y Fundacion Alejandro Labaka. Ecuador.

A pesar de todos estos hechos, los gobiernos han priorizado siempre los ingresos económicos que genera la explotación petrolera y ha promovido la ampliación de la frontera, quedando marginados los derechos y la vida de los pueblos indígenas, incluso de los pueblos aislados, que están protegidos por la Constitución de la República: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio que será tipificado por la ley.”11

A nivel internacional también existe normativa para proteger a los pueblos indígenas aislados, por ejemplo: de acuerdo a las directrices de Naciones Unidas para pueblos en aislamiento voluntario, se deben prohibir y revocar inmediatamente los contratos con fines extractivos en sus territorios.12 Sin embargo, las presiones que ejercen las empresas petroleras para expandir la frontera extractiva condicionan la posibilidad de crear políticas de protección de pueblos aislados. Ejemplos de las últimas decisiones del Estado respecto a ampliar la presión sobre los pueblos aislados se dan en los bloques 14, 17, 43, 31, 83, 66 del Campo Armadillo.

Armadillo salió a licitación como campo marginal, en la X ronda petrolera en 2012, a pesar que en esa época había evidencias de presencia de pueblos aislados en la zona. El campo no fue adjudicado a ninguna empresa y Petroamazonas inició las operaciones de prospección. En febrero del 2015 Petroamazonas firmó un contrato con el consorcio Ecuaservoil (Belorusneft, Edimpetrol) para optimizar la operación del bloque. Se inició una campaña para evitar que se entregue la licencia ambiental para la prospección sísmica, que intentaba intervenir incluso fuera del bloque, por existir evidencias de presencia de pueblos aislados. Finalmente se logró que se excluyera de la sísmica la parte este y sureste del bloque, pero esto no resuelve el riesgo, pues los puntos de presencia están fuera de la zona de exclusión. También se conhsiguió evitar el desarrollo de las plataformas Yampuna, Avant, Tiwae y Aguila, ubicadas en los bloques 14 y 17, pero la amenaza no termina, pues la empresa china Petroriental está presentando los términos de referencia para iniciar la exploración sísmica en esos bloques.

Por otra parte, en agosto del 2013 el gobierno ecuatoriano decidió acabar con la iniciativa Yasuní ITT, que pretendía dejar en el subsuelo el 20% de las reservas petroleras localizadas en el bloque 43, en el Parque Nacional. Uno de los argumentos de la iniciativa era precisamente que ese lugar es territorio de los pueblos indígenas aislados, por lo que era necesario evitar un genocidio. Inmediatamente se dio paso a los trámites para iniciar la explotación de los bloques 31 y 43.

El 25 de enero del 2016, a aproximadamente la misma hora en que ocurría la última matanza en el Yasuní, el gobierno ecuatoriano firmó un contrato de prestación de servicios con la empresa china Andes Petroleum para que explote en los bloques 79 y 83, asentados en territorios que el mismo gobierno ha reconocido que tienen presencia de pueblos aislados y además son territorios Sapara y Kichwa.

La violación más grande para los pueblos aislados es que no tienen territorio, es una violación de derechos humanos colectivos. Si no tienen territorio no tienen donde ejercer sus derechos. Es necesario crear un territorio mientras estén aislados, un territorio asociado a toda la normativa nacional e internacional para derechos indígenas, de esta forma se puede proteger sus derechos y evitar el genocidio. Lamentablemente los funcionarios de los diferentes gobiernos reiteradamente han intentado negar la presencia de los pueblos indígenas aislados. Como ejemplo están las declaraciones del ex ministro de Recursos Naturales No Renovables, Ec. Wilson Pástor, que en febrero de 2010 dijo ante los medios de comunicación que no había evidencia contundente de la presencia de pueblos aislados, y que más bien podrían ser “hechos prefabricados”; con lo cual condicionó la política dirigida a los pueblos en aislamiento voluntario a través de su omisión.13 Asímismo, la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, en agosto del 2013, después de la masacre ocurrida en marzo de ese año, manifestó: “El ministro de Justicia tendrá que pronunciarse en torno a la evidencia científica de si hay o no estos pueblos en dicha zona”.14

Cualquier programa de protección a los pueblos aislados tiene que necesariamente pasar por adjudicarles un territorio y prohibir en él la extracción petrolera, y esto debería dar paso a una transición hacia un nuevo modelo económico, hacia un Ecuador post petrolero. La falta de decisiones políticas en ese sentido perpetúan la violencia y violación de derechos humanos colectivos profundizando el carácter extremo del crudo ecuatoriano.

Notas:

1 Cabodevilla, Miguel Angel (2010). La Nación Waorani. Noticias Históricas y Territorio. Orellana, Ecuador.

2 Ibídem.

3 Proaño, José (2010). Voces de la Selva. Noticias recientes sobre los Pueblos indígenas aislados en la Amazonía ecuatoriana. Quito, Ecuador.

4 Cabodevilla (2010).

5 Cabodevilla, Miguel Angel (1999). Los Huaorani en la historia de los pueblos del oriente. CICAME 2da Edición.

6 Ibídem.

7 Decreto Ejecutivo No. 552 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.121 del 2 de febrero de 1999.

8 Decreto Ejecutivo No. 2187 del 3 de enero del 2007

10 Proaño José, Colleoni Paola (2008). Taromenane Warani Nani. Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario Tagaeri Taromenane en la Amazonía ecuatoriana. Ediciones Abya Yala, Quito.

11 Segundo inciso del numeral 21 del artículo 57 de la Constitución Política de la República del Ecuador. 2008

12 United Nations. Human Rights (2012). Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región oriental de Paraguay. OACNUDH. Ginebra.

13 Acción Ecológica. Etnocidio: Del Horror a la búsqueda de responsabilidades.

14 Vera Carlos Andres, Polificción. Los Taromenani no existen.

Este artículo es parte del proyecto Energías Extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Heinrich Böll Stiftung Cono Sur.

Faja Petrolífera y Arco Minero, extractivismos de alto riesgo

Venezuela extrema

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Por Emiliano Teran Mantovani*

Si analizáramos la extraordinaria crisis que vive Venezuela en clave histórica, podríamos notar que se trata de una crisis de largo plazo, determinada por el agotamiento del modelo de acumulación rentista petrolero.1 Esto no solo se evidencia en las consecuencias de la “enfermedad holandesa” en la estructura económica venezolana, la notable inestabilidad del mercado energético internacional, los marcados desequilibrios macroeconómicos que se desarrollan desde la década de los años 80, o el crecimiento sostenido del consumo doméstico de recursos naturales y en general del metabolismo social2, sino también en transformaciones significativas en la composición del petróleo venezolano. Esto último supone que las condiciones favorables que permitieron un acelerado desarrollo del capitalismo rentístico entre las décadas de los años 20 y 60 han venido modificándose progresivamente, con importantes implicaciones económicas, políticas, geopolíticas y ambientales. Los yacimientos convencionales del Zulia (Occidente) y Norte de Monagas y Anzoátegui (Oriente), en su mayoría con más de setenta años de explotación masiva, se encuentran en proceso de agotamiento y con costos crecientes de recuperación primaria y secundaria.

Esta condición le ha otorgado mayor importancia histórica a la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), una extensa acumulación de crudos pesados y extrapesados ubicada al norte del río Orinoco, que abarca más de 55.000 kms
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. Desde el gobierno del presidente Hugo Chávez –principalmente a partir de 2004–, el proyecto es relanzado y reformulado, planteando enormes metas de “producción” para elevar las cuotas hasta 4 millones de barriles diarios solo en la FPO, con niveles de inversión de hasta US$ 236.000 millones hasta el 2021. En su momento el propio presidente Chávez catalogó a la FPO como la base para convertir a Venezuela en una “Potencia energética mundial”3.

El Gobierno nacional ha logrado que las cuotas de extracción en la FPO den un salto histórico en los últimos años, para llegar a 1.228.300 barriles diarios en el año 20144–563.000 barriles diarios en 2006–, fundamentalmente en los bloques Junín y Carabobo. Esto implica que la extracción de crudos pesados y extrapesados pasó de representar el 38% del total del petróleo extraído en Venezuela en 2006 al 58,8% en 2014.

No obstante, es necesario señalar que el derrumbe de los precios del crudo a partir del año 2014 y la crisis económica nacional, suponen que las metas de expansión planteadas en la FPO enfrentan enormes obstáculos, y el propio negocio se ha vuelto muy inestable. Los proyectos de la faja requieren de la perforación constante para mantener la producción y la crisis de liquidez de Petróleos de Venezuela (PDVSA) impide sostener este ritmo. Es probable una situación de ralentización del crecimiento de la producción en la FPO, lo que además está en el marco de una caída sostenida de la misma a escala nacional -al menos desde 2011. La cuota total de producción petrolera en 2015 fue de 2.746.000 barriles diarios5, en un país que tiene ya varios años promediando por encima de los 3 millones de b/d.

A pesar de que la apuesta gubernamental es mantener y acelerar las inversiones en la faja, al menos hasta el momento este proyecto no parece resolver la encrucijada histórica en la que se encuentra el modelo nacional de acumulación de capital. En ese sentido, en el país no sólo se está avanzando hacia el camino de los hidrocarburos no convencionales sino a una extendida e intensa penetración de las nuevas fronteras de las commodities6. Esto implica una significativa reorganización geoeconómica del territorio nacional para así relanzar el extractivismo, ahora con un perfil que podemos catalogar de extremo.

En este nuevo mapa nacional, que comienza a esbozarse a partir de 2004-2005 en el gobierno del presidente Chávez, y se va formalizando con el actual gobierno del presidente Nicolás Maduro, la cuenca del Orinoco representa ahora un núcleo geográfico central donde se va imponiendo un gran polo de desarrollo, uniendo la FPO con el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO). El AMO es un extenso cinturón de minerales de 111.843,70 kms2 (12% del territorio nacional, con el mismo tamaño de Cuba) que cubre toda la zona norte del extenso estado Bolívar, al sur del río Orinoco, y que se está negociando para la explotación de oro, diamantes, hierro, coltán, bauxita, entre otros minerales7. Juntos, el AMO y la FPO conforman un enorme polo de desarrollo de 175.000 kms2, en el marco de lo que en 2011 el presidente Chávez denominara el “Plan de Acción Estratégica en Dos Horizontes”.

Orinoco al extremo: el nuevo polo geográfico de un extractivismo de alto riesgo

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El giro del extractivismo petrolero hacia la FPO y el AMO, junto con un potente relanzamiento de proyectos gasíferos offshore en la extensa fachada caribeña y atlántica, o el avance de la frontera de carbón en la Sierra de Perija, entre otros, evidencia que hemos entrado en una nueva fase histórica de la economía venezolana, ahora bajo un perfil de energías extremas. Esto es así, sea por los mayores riesgos ambientales y geológicos implicados en estos proyectos, por la colonización de muchas de las últimas fronteras poco intervenidas del país, por el mayor nivel de intensidad de los métodos de intervención y transformación de los territorios, por las más altas cantidades de energía empleadas en estas actividades extractivas, por sus más altos costos de producción; pero a su vez, por las pautas cada vez más desreguladas de acumulación de capital (en forma de acumulación originaria) que se plantean en los acuerdos con las corporaciones transnacionales, y por los dispositivos policiales y militares de control y vigilancia en las zonas ocupadas. Todos estos elementos se desarrollan en un entorno ambiental en el país mermado por cien años de explotación petrolera, junto a otros ecosistemas poco intervenidos en las nuevas fronteras de la extracción, que son muy vulnerables al impulso de estos factores de colonización territorial.

En la FPO son utilizados entre 3 y 4 barriles de agua para obtener un barril de crudo sintético (mejorado); es necesario desplegar una red de infraestructuras mucho más grande para la extracción, procesamiento (que en este caso es doble, pues antes de la refinación pasa por el mejoramiento) y distribución de estos crudos extrapesados; se generan grandes cantidades de desechos tóxicos (tales como el coque y el azufre); y los derrames pueden ser más devastadores8; por mencionar algunas consecuencias. En el AMO, los niveles de intensidad minera propuesta no tienen precedentes en la historia de Venezuela. La alta huella de materiales de esta megaminería a cielo abierto implica enormes niveles de deforestación y pérdida de biodiversidad en una de las biorregiones más delicadas del país, donde habita la mayor cantidad de pueblos indígenas. Grandes cantidades de agua serían utilizadas para obtener un gramo de oro, y una severa contaminación con cianuro, arsénico y otras sustancias tóxicas amenazan muchos de los vitales ríos que componen la cuenca del Orinoco, una de las principales reservas hídricas del país9.

Es importante destacar que estos proyectos no solo entrañan impactos en los territorios donde se desarrollan, sino que afectan la vida integral del país debido a que perjudican la distribución de agua de las densas áreas urbanas, los regímenes de lluvia o contribuyen más intensamente al agravamiento del problema del cambio climático, por mencionar algunas secuelas. Como ya ha sido mencionado, además de las externalizaciones socio-ambientales, también se extrema la externalización económica. A pesar del mal momento –en términos de inversiones y rentabilidad– para impulsar la expansión de los hidrocarburos no convencionales, las grandes necesidades de recursos naturales de los centros capitalistas y de las economías emergentes, y los vínculos en Venezuela entre el endeudamiento externo y los pagos con petróleo –principalmente a China–, promueven y empujan al mantenimiento y crecimiento de estos proyectos.

A principios de 2016 PDVSA daba a conocer planes para invertir US$ 9.000 millones para áreas de exploración y producción, fundamentalmente en la FPO10. En septiembre de este año se anunciaba la puesta en marcha de un proyecto de enormes magnitudes –“como pocos en el mundo”– para la perforación de 480 pozos con la meta de incrementar la producción en la faja en 250 mil barriles diarios para los siguientes 30 meses. La inversión alcanza los US$ 3.230 millones e involucra corporaciones como Schlumberger, Horizontal Well Drillers, Baker Hughes, Halliburton y la venezolana Y&V11. Del mismo modo, Venezuela ha conseguido apoyo financiero de China para levantar esta producción12, el compromiso de compañías rusas como Rosneft13 y federaciones empresariales venezolanas para mantener las inversiones en el proyecto14.

La clave del negocio está en profundizar la flexibilización económica de los marcos de los acuerdos, derribando al máximo posible los obstáculos a las ganancias que perciban las corporaciones involucradas. Por ejemplo, desde principios de 2016 el ministro de petróleo, Eulogio Del Pino, ha planteado que la FPO debe tener un “régimen especial de inversiones para lograr su pleno desarrollo”15. Estas medidas se enmarcan en la Ley de Regionalización Integral (LRI) decretada en noviembre de 2014 –Gaceta Oficial No. 6.151 Extraordinario, decreto 1.425–, la cual plantea las figuras de las “Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional” (ZEDN) y las “Zonas Económicas Especiales” (ZEE) –tomadas del modelo chino. En estas zonas se formaliza un proceso de liberalización integral de regiones del país, con suspensión de restricciones arancelarias y de impuestos, simplificación de trámites, estímulos fiscales y aduanales para las empresas, flexibilización laboral (y se intuye que también ambiental), creación de autoridades territoriales ad hoc, entre otras. El 19 de febrero, el presidente Maduro decretó la FPO como ZDEN16, haciendo lo mismo el 24 de ese mes con el AMO17.

Estos proyectos, sobre todo el AMO, son impuestos de manera autoritaria, sin ninguna consulta a los pobladores y pobladoras de las zonas afectadas, muchos de ellos pueblos indígenas. Tampoco existe transparencia con los acuerdos realizados, tomando en cuenta no solo la falta de información y datos de las operaciones realizadas, sino también el secretismo que ha caracterizado hasta la fecha los acuerdos firmados con las empresas mineras transnacionales. El factor que completa estas modalidades extremas de apropiación de recursos naturales y generación de energía se encuentra en los dispositivos de seguridad asignados a las zonas de explotación. En simultáneo con el decreto de creación de la ZDEN del AMO se estableció una Zona de Seguridad Militar, “con el fin de reimpulsar los nuevos negocios que permitirán el desarrollo integral del margen sur del Río Orinoco”18. De la misma forma, a fines de octubre el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, activó la Unidad Especial de Seguridad y Protección en la FPO19. Estas figuras de administración territorial constituyen una militarización de los recursos naturales y la conformación de estados de excepción de baja intensidad, en el marco de una intensa disputa política en el país y de tensiones geopolíticas por el control de estos recursos estratégicos.

Como hemos visto, las energías extremas se desarrollan no solo en la búsqueda de hidrocarburos y recursos mineros en zonas ambiental y geológicamente más riesgosas y complicadas, sino que conllevan adicionalmente una política integral sobre los territorios, la economía y la vida. La crisis del período progresista en América Latina, el estancamiento de la economía global y las peligrosas disputas geopolíticas por el control de recursos naturales estratégicos son factores que presionan al avance de estas extracciones de alto riesgo.

Lejos de representar una solución, estas tendencias van profundizando el carácter extractivista y rentista de la economía venezolana, su profunda dependencia a la importación de alimentos, su propensión a los altos niveles de consumo de energía y materiales y a la insostenibilidad socio-ecológica. Y adicionalmente representan una declaración de la incapacidad de los gobernantes de turno y de los sectores de oposición para plantear un modelo alternativo que promueva la autonomía de los territorios y de la economía, y la capacidad de garantizar una vida digna y sana a las generaciones actuales y futuras. Mientras tanto, comunidades indígenas y organizaciones sociales y ambientales continúan planteando resistencias dentro y fuera de las nuevas fronteras de las commodities en Venezuela, para intentar detener el avance de este extractivismo extremo.

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo, investigador y master en economía ecológica. Hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica. Mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015.

Fuentes consultadas

AVN. (2016). Activan unidad especial de seguridad en Faja Petrolífera del Orinoco.

AVN. (2016). Proponen para la Faja Petrolífera del Orinoco régimen especial de inversiones.

Baptista, Asdrúbal. (2004). El relevo del capitalismo rentístico: hacia un nuevo balance de poder. Caracas: Fundación Polar.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. (2014). Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. No. 6.151 Extraordinario. Decreto 1.425.

Ministerio del Poder Popular de Petróleo. (2016). Del Pino y Sechin conversaron sobre el consenso entre productores.

Ministerio del Poder Popular de Petróleo. (2016). Presidente Maduro decretó Faja Petrolífera del Orinoco como Zona de Desarrollo Estratégico.

Moore, Jason. W. (2000). Sugar and the Expansion of the Early Modern World Economy. Review, 23(3), 409–433.

Navarro, Ingrid. (2016). Pymes y Pdvsa invertirán $900 millones en la Faja. El Universal.

PDVSA. (2015). Informe de Gestión Anual 2014.

PDVSA. (2016). Informe de Gestión Anual 2015.

PDVSA. (2016). Presidente Maduro firmó decreto de Zona de Desarrollo Nacional del Arco Minero del Orinoco.

Reuters. (2016). Venezuela y China unen esfuerzos para elevar producción de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Teran Mantovani, Emiliano. (2014). El fantasma de la gran Venezuela. Caracas: Fundación Celarg.

Teran Mantovani, Emiliano. (2016). Las luchas contra el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, Venezuela. EJAtlas.

Ultimas Noticias. (2016). Pdvsa inicia la perforación más grande del mundo en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Ultimas Noticias. (2016). Crean Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del Orinoco.

UNEP. (2013). Recent Trends in Material Flows and Resources Productivity in Latin America.

Notas:

1 Sobre esto, véase Baptista, Asdrúbal. El relevo del capitalismo rentístico: hacia un nuevo balance de poder.

2 UNEP. Recent Trends in Material Flows and Resources Productivity in Latin America.

3 Teran Mantovani, Emiliano. El fantasma de la gran Venezuela.

4 PDVSA. Informe de Gestión Anual 2014.

5 PDVSA. Informe de Gestión Anual 2015.

6 Moore, Jason. W. Sugar and the Expansion of the Early Modern World Economy.

7 Para más detalles de este proyecto, véase Teran Mantovani, Emiliano. Las luchas contra el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, Venezuela.

8 Teran Mantovani, Emiliano. El fantasma de la gran Venezuela.

9 Teran Mantovani, Emiliano. Las luchas contra el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, Venezuela.

10 AVN. Proponen para la Faja Petrolífera del Orinoco régimen especial de inversiones.

11 Ultimas Noticias. Pdvsa inicia la perforación más grande del mundo en la Faja Petrolífera del Orinoco.

12 Reuters. Venezuela y China unen esfuerzos para elevar producción de la Faja Petrolífera del Orinoco.

13 Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Del Pino y Sechin conversaron sobre el consenso entre productores.

14 Navarro, Ingrid. Pymes y Pdvsa invertirán $900 millones en la Faja.

15 AVN. Proponen para la Faja Petrolífera del Orinoco régimen especial de inversiones.

16 Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Presidente Maduro decretó Faja Petrolífera del Orinoco como Zona de Desarrollo Estratégico.

17 Ultimas Noticias. Crean Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del Orinoco.

18 PDVSA. Presidente Maduro firmó decreto de Zona de Desarrollo Nacional del Arco Minero del Orinoco.

19 AVN. Activan unidad especial de seguridad en Faja Petrolífera del Orinoco.

Este artículo es parte del proyecto Aportes para la crítica y acción contra las energías extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Global Greengrants Fund.

Ante las amenazas al equipo de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la UNR

Basta de persecución a quienes exponen los impactos del agronegocio!

Ante las amenazas al equipo de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la UNR

Las personas y organizaciones que firmamos esta carta queremos expresar nuestro repudio a las acciones que se han emprendido contra el equipo del Dr. Damián Verzeñassi durante las últimas semanas y exigir que se reviertan todas las medidas tomadas y que se brinde un apoyo absoluto al grupo que ha honrado a la Salud Pública argentina con su siembra , ejemplo y compromiso.

El Instituto y la Materia de Salud Socioambiental y de la Práctica Final de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, sostiene desde hace años un proyecto de consolidación de una Universidad Abierta, Democrática, con Excelencia Académica y por sobre todo al servicio de su Pueblo, dentro del cual los Campamentos Sanitarios se han transformado en una herramienta fundamental. Estos campamentos son tan importantes que han logrado evidenciar los cambios en los perfiles de morbimortalidad de la región, desde hace veinte años sometida a un proceso de envenenamiento constante a partir de la incorporación de los organismos genéticamente modificados resistentes a herbicidas. Por supuesto que lograr evidenciar el impacto de semejante proceso en los ciclos vitales de los vecinos expuestos al agronegocio, no ha sido fácil y ha enfrentado poderosos intereses.

La convicción de este equipo respecto al rol que debe cumplir la Universidad Pública al servicio del Pueblo, libre de presiones del poder político y/o de las corporaciones, permitió sostener estos dispositivos y cumpliendo los principios de la Reforma Universitaria de 1918 siempre se pusieron a disposición de la opinión pública los datos y los resultados de este trabajo en primer lugar al servicio de las comunidades, de los vecinos y vecinas afectadas.

Lamentablemente, esta manera de defender la Universidad Pública, de construir datos epidemiológicos desde y con las comunidades, de difundir los resultados que son propiedad de la gente y de nadie más, ha puesto en crisis muchos intereses y las presiones no esperaron. Hoy desde diferentes ámbitos ligados a estos intereses, desde autoridades provinciales que se incomodan con este trabajo y sugieren que lo ideal para la Facultad es que se acallen los resultados de los Campamentos Sanitarios, a representantes de la agroindustria que desnudan sus verdaderos objetivos, pasando por actores internos con necesidad de protagonismo individual, nos encontramos frente a grupos cuyos intereses convergen intentando acallar a quienes intentan que las víctimas puedan hacer oír sus voces.

El viernes 28 de octubre el equipo se encontró con la puerta de la oficina donde se encuentran guardadas las cajas con las encuestas de los campamentos sanitarios y el resto de los materiales de trabajo cerradas con cadenas y candado, impidiendo el ingreso a su lugar de trabajo. Previamente habían sido cesados en sus cargos de Gestión al Profesor Adjunto de la Práctica Final (quien días antes había salido en los medios difundiendo algunos resultados de los campamentos) y la Co-Responsable de la Materia Salud Socioambiental (desde donde se garantiza la inclusión de estos temas en la currícula médica). Este hecho provocó la renuncia de otros miembros de ese Gabinete que no aceptaron semejante persecución.

Al mismo tiempo tenemos conocimiento de que se han estado manteniendo reuniones ofreciendo a sectores vinculados al gobierno provincial la coordinación de la Práctica Final y con ello de los campamentos sanitarios.

Nos parece grotesco que esta arremetida contra el equipo de Salud Socioambiental se produzca coincidentemente con su participación en el Tribunal Internacional Monsanto, en la ciudad de La Haya -Holanda- que mostró al mundo las consecuencias concretas socioambientales de la imposición de este modelo de agronegocio.

Nos sumamos a las incontables muestras de solidaridad que se han hecho llegar y desde los distintos ámbitos sociales, académicos, sanitarios, ecologistas, educativos, etc que representamos exigimos:

– El cese de todo tipo de hostilidades o freno a las actividades del Instituto de Salud Socioambiental y de los Campamentos Sanitarios

– La confirmación plena de todas las designaciones como docentes del Instituto de Salud Socioambiental y de los Campamentos Sanitarios.

– La garantía de la continuidad de todos los trabajos de investigación, educación y territoriales del equipo dando reconocimiento pleno a sus aportes como ya lo han tenido ampliamente a nivel nacional e internacional.

– La garantía del apoyo presupuestario para que todas la tareas emprendidas durante los últimos años tengan continuidad y puedan ser profundizadas y desarrolladas plenamente.

Quienes acompañamos la lucha del Dr. Andrés Carrasco denunciando los impactos de este modelo de muerte nos sentimos orgullosos de que la Facultad de Medicina de la UNR lo reconociera y eligiera el día de natalicio como Día de la Ciencia Digna. Es hora de que la Facultad se ponga a la altura de sus acciones pasadas y honre a quienes ejercen las Ciencia Digna desde sus claustros y al servicio de la salud de nuestro pueblo, que debe ser sin duda su objetivo central.

Seguimos alertas a los movimientos que se quieran llevar a cabo desde las autoridades de la Facultad, dispuestos a acompañar a todo el equipo de salud socioambiental en sus aportes a una Universidad Democrática al Servicio del Pueblo y no de las corporaciones o los gobiernos.

 

¡Si querés sumar tu adhesión FIRMAR AQUÍ

Primeras firmas

INSTITUCIONES:
Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo” del Chaco
Centro de estudiantes secundaria 5 (Andrés Carrasco) – Saladillo
Cátedra Abierta Ambiente y Sociedad – Saladillo
ECOS de Saladillo
Integrantes del curso de Formación Socioambiental Saladillo, Javier Rodriguez Pardo
Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE)
COMUNA: Colectiva en Movimiento por una Universidad Nuestramericana.
FPDS-CN: Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional
Asamblea Paren de FumigarNos Mar del Plata
CTA Autónoma – Tucumán
CTA Autónoma Nacional
Grupo ETC
Alianza Biodiversidad
Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Rosario
MOVIMENTO CIENCIA CIDADÃ (Brasil)
Coletivo a Cidade Que Queremos (Porto Alegre.RS.Brasil)
Centro Ecológico assina
Red de Coordinación en Biodiversidad – Costa Rica
GRAIN
Sociedad Ecológica Regional-El Bolsón
Las Floras Libertarias
Proyecto de Investigación “Luchas Territoriales y Estado”, Universidad del Comahue
Feria de Intercambio de semillas Marcos Paz- Merlo
Multisectorial Antiextractivista
Al Dorso. Un programa sobre deuda externa- Radio La Tribu 88.7
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, UCCSNAL
Regeneration International
Asociación de Consumidores Orgánicos
Millones contra Monsanto
Asamblea del Bloqueo Permanente a Monsanto
Grupo de Estudios Ambientales (GEA AC)
Greenpeace
Malvinas Lucha Por la vida Linea Fundadora
Área de Bienes Comunes contra el Saqueo Mapu – del Mov. Est. Liberacion – UNLP – La Plata
Foro Ambiental de Rojas
Red de Abogados de Pueblos Fumigados
RENAMA
Tribunal de Los Pueblos por La Soberania Alimentaria
Cátedra Mejoramiento Genético Facultad de Cs Agrarias UNLZ
Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria UNLZ
CaLiSA Nutricion Medicina UBA
Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Córdoba
CALISA, de la Cátedra de Saneamiento Ambiental
Asamblea No a la Mina – Esquel
Asamblea Ciudadana Ambiental Concepción del Uruguay de Entre Ríos
Asamblea Socioambiental Fiske Menuco
Asamblea Popular por el Agua-Mendoza
Asamblea por el Agua de Allen
Unión de Asambleas de Río Negro-Kurru Leufu
Movimiento Antinuclear del Chubut MACH
Piuke-Bariloche
Vecinos Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento
Asociación Civil Árbol de Pie-Bariloche
PRO ECO – Grupo Ecologista.
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL LAGO DE PALERMO
ASOCIACIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE LANÚS. A.E.L.
FUNDACIÓN UÑOPATUN
PERMAHABITANTE
ONG UNIDOS POR LA VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
FORO ECOLOGISTA DE PARANÁ
FEDERACION ARGENTINA DE ESPELEOLOGIA- FAdE
FUNDACIÓN CULLUNCHE
SOCIEDAD ECOLÓGICA REGIONAL – SER –
CENTRO DE PROTECCIÓN A LA NATURALEZA. CeProNat
CENTRO ECOLOGISTA RENACER
MUYUQUI
ECO SITIO
El Paraná NO se toca
Asamblea por los Derechos Humanos de Bariloche
ONG ALERTA ANGOSTURA – Villa La Angostura, Neuquén
Fundación M´Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental, Paraná, Entre Ríos.
Espacio de Lucha Territorial Río Bravo
Frente Universitario de Luján- MULCS Bs.As. Oeste
MULCS Santa Fe
Multisectorial contra el Agronegocio (La 41).
PASTORAL SOCIAL DEL ALTO VALLE DE RIO NEGRO
HERMANAS DE LA MISERICORDIA DE LAS AMERICAS, comunidad argentina
PROYECTO CRECER CON ESPERANZA, Fiske Menuco (Gral. Roca), Rio Negro
Comité Provincial Santa Fe del PARTIDO COMUNISTA
Colectivo desde el Pie
Gesta Colectiva
Asamblea Ciudadana Concordia
REDES – AT Uruguay
Acción por la Biodiversidad, Argentina
ECOS – Radio Universidad Nacional de Mar del Plata
CALIDAD EN VIDA, Radio Universidad Nacional de Mar del Plata
Asamblea Ciudadana Ambiental Colon E.R.
ASAMBLEA CIUDADANA CONCORDIA
Colectivo Tinta Verde, La Plata
Conciencia Solidaria,
Políticas Ambientales y Territoriales de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
Observatorio Petrolero Sur (OPSur)

PERSONAS:
Elizabeth Bravo V., Red por una América Latina Libre de Transgénicos
María Irene Kossmann, Instituto Superior La Fuente
María del Carmen Seveso
Ana Broccoli, Profesora Fac Ciencias Agrarias UNLZ
Marcos Ezequiel Filardi, Profesor Adjunto (int) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Coordinador del Seminario Interdisciplinario sobre el Hambre y el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada
Gabriela Polischer, Antropologa y docente de Bioetica en la Universidad Nacional de La Matanza y Nutricion, Medicina, UBA
Juan Ignacio Pereyra Queles, abogado, especialista en Derecho Ambiental
Mariano Féliz, Profesor UNLP. Investigador CONICET
Nora Tamagno docente de la Facultad de Cs. Agrarias y Forestales. UNLP
Alcira Argumedo, Diputada Nacional
Daniel Tornero y Valeria Belozercovsky. Lago Puelo, Chubut
Leonardo Melgarejo, presidente da Associacao Gaucha de Proteção ao Ambiente Natural – AGAPAN – e coordenador do Grupo de Trabalho sobre Agrotoxicos e Transgenicos da Associacao Brasileira de Agroecologia – ABA Agroecologia
Carla Poth – Docente Universidad Nacional de Sarmiento
Alejandro Espinosa Calderón
Dra. Cristina Arnulphi, FaMAF/Universidad Nacional de Córdoba
Guillermo Folguera-Universidad de Buenos Aires-CONICET
Dr. Arturo Quizhpe Peralta, Ex Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Cuenca, Ecuador
Pablo Galeano, docente de Facultad de Química, UdelaR, Uruguay. Miembro de REDES-AT.
Silvia Rodríguez Cervantes
Ramón Vera Herrera, Alianza Biodiversidad, Grain
Dra. Delia Aiassa, Universidad Nacional de Río Cuarto
Lara Taroco
Claudio Martinez Debat, Dr QF
Mariana Giaretto, Docente- Investigadora- Universidad del Comahue
Rocío Aime, Consejera Superior -Lista 115-, Universidad de Luján
Arnoldo Troncoso- Izquierda Socialista, Luján
Alejandro Espinosa Calderón, UCCS
Elena Alvarez-Buylla, UCCS
Rubens Onofre Nodari, Prof Titular de la Universidade Federal de Santa Catarina, Bolsista de Produtividad en Pesquisa C de CNPq, Brasil
Omar Arellano, Depto. Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, UNAM
Manuel Becerra Ramírez
Emmanuel González-Ortega
Alma Pineyro Nelson, Departamento de Producción Agrícola y Animal. Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Xochimilco
Ignacio Chapela
Rafael Lajmanovich (Laboratorio de Ecotoxicologia FBCB-UNL) Prof. Titular Regular , Investigador Independiente de CONICET
Daniela A Gómez, CALISAYA, Universidad Nacional de Luján
Attademo Andres. Laboratorio de Ecotoxicologia, FBCB-UNL. Prof. Adjunto Ecología General. Inv. Adjunto CONICET
Pelzer Paola Mariela. Laboratorio de Ecotoxicologia, FBCB-UNL. Prof. Adjunto Ecología de la restauración. Inv. Adjunto CONICET.
Laura Firpo
Mariana Marasas
Dr. Medardo Avila Vazquez
Myriam Gorban, Coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Fac. de Medicina – UBA.
Luciana Regaldo. Laboratorio de Ecotoxicologia. FHUC-UNL. Cátedras: Gestión Ambiental y Diversidad Animal I. Inv. Asistente CONICET
Meche Mendez
Enrique Leff
Claudio Lowy, Bios-RENACE. Ing. Forestal UNLP
Dra. Ana Dumrauf. Universidad Nacional de La Plata-CONICET
Silvana Buján, Bios – RENACE
Dra. Silvia Ferrer y equipo docente, Unidad de aprendizaje Hábitat Ecología y Salud, Carrera de Medicina UNLAM
Agustín Bassó (Laboratorio de Ecotoxicologia FBCB-UNL). JTP Ecología
Jose Muzlera- Investigador Universidad de Quilmes
Mariana Luzzi, CONICET,
KINDERNECHT, Natalia,
BORACCHIA, Marina,
BRIEVA JIMENEZ, Daniela
CARUSO, María Paula
CACACE, Graciela
CARUSO, Sergio
CASALDERREY, Constanza
CATRILEF SANTANA, Angela
CELIS, Ignacio
GONZALEZ COTRINO, Dolly Viviana
GOTELLI, Juan Francisco
MARCOS, Maria Florencia
OLIVEIRA CHOCOBAR, Patricia H
REISING, Gabriela Verónica
SARAVIA CRUZ, César
SHIAFFINO, Guillermo
MORINA, Osvaldo-Univ Luján.

Libro Energía Nuclear

silvana-bujan-energia-nuclear-una-historia-de-enganos-ocultamientos-y-abandonoLa energía nuclear nace en el desarrollo mismo de las armas nucleares.

A lo largo de los años se ha constituido en la forma de generar energía más costosa, más insegura, y nada renovable. Sólo es posible avanzar en ella con ocultamiento y engaños.

Este libro evidencia que no se trata de hacer buena gestión de la tecnología nuclear para la obtención de energía eléctrica. No hay buenas prácticas ni buenas técnicas que puedan evitar los atentados posibles, garantizar la prevención de los accidentes como los ya ocurridos, ni gestionar con seguridad las plantas y los residuos radiactivos al final de su vida útil, en todas las centrales existentes, las obsoletas y en las que se proponen construir.

 

Descargar PDF del libro:  Energía Nuclear. Una historia de engaños, ocultamiento y abandono.

Este libro busca relatar brevemente la historia de este tipo de energía, exponer cuál es el verdadero costo del Kw.h de origen nuclear, desnudar algunos de los pasivos ambientales nucleares en la Argentina y reflexionar desde la ética generacional.

El ecologismo pugna por instalar un discurso crítico que interpele el crecimiento capitalista y sus procesos insustentables que han llevado a la civilización a la crisis, y que a la vez, pueda dar cuenta desde la ética, de las prácticas de desarrollo que aseguren la permanencia de la especie en el planeta, y de todas las demás especies, pues la pérdida de una sola de ellas, nos empobrece como humanidad.

Investigación y redacción: Lic. Silvana Buján

Corrección: Bca. Rocío Damiano. Revisión final: Arq. Guillermo Bengoa,

Ing. Claudio Lowy, Ing. Edgardo Musumeci.

PRODUCCION INTEGRAL: BIOS Argentina

IGJ 16106

www.bios.org.ar

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Rosario: Persecución por denunciar agroquímicos y transgénicos

Persecución ideológica en la Universidad de Rosario por denunciar los agroquímicos y transgénicos

El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, RICARDO NIDD, inició una persecución ideológica y académica contra el equipo de docentes, graduados y alumnos que sostienen las materias Salud Socioambiental y Práctica Final, reconocidos espacios que acompañan a pueblos y familias víctimas del modelo agropecuario dominante (con transgénicos y agroquímicos). Detrás del Decano aparecen funcionarios provinciales y empresas del agronegocios.

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El equipo de docentes coordinado por Damián Verzeñassi, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, desarrolla desde hace 6 años un experiencia inédita para las universidades de Argentina: campamentos sanitarios que relevan la situación de pueblos y ciudades (cientos de estudiantes se instalan durante una semana en los lugares y censan a la población). Estos campamentos (que ya van 27 se han transformado en una prueba académica-científica contundente sobre las consecuencias del modelo agropecuario. Esto molesta a sectores políticos, transnacionales del agro y, vaya contradicción, autoridades de universidades públicas.

Desde hace algunos meses el equipo de Salud Socioambiental y Práctica Final (coordinados por Verzeñassi) sufre presiones por parte del decano, Ricardo Nidd. La escalada tuvo su pico la semana pasada, cuando echó de su cargo de Secretario de Extensión Universitaria de la facultad, al profesor adjunto de la Práctica Final, Gastón Palacios, quien días antes había difundido en medios de comunicación resultados de los campamentos sanitarios. Y también echó de la Subsecretaría de Bienestar estudiantil, a la co-responsable de la materia Salud Socioambiental (desde donde se garantiza la inclusión de estos temas en la currícula médica), Giovana Bonisoli. En este caso, el decano incluyó agravios misóginos y machistas.
Estos hechos generaron la renuncia de otros miembros del Gabinete de la Facultad, que no aceptaron semejante persecución.

Otro hecho que ilustra el accionar del decano Nidd: mandó a cerrar con cadenas y candados el ingreso a la oficina donde está toda la información de los campamentos sanitarios (prueba muy valiosa sobre la situación sanitaria de 27 pueblos y ciudades de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires). Se impidió el acceso a todo docente de las materias a cargo del campamento.
Esta escalada de persecución académica se dio mientras Verzeñassi participaba del histórico Tribunal Internacional Monsanto, en la ciudad de La Haya, Holanda (para lo cual debió hacer uso, para viajar, de su licencia anual ordinaria adeudada).

El decano Nidd mantuvo reuniones con sectores vinculados al gobierno provincial y les habría ofrecido la coordinación de la materia Práctica Final y con ello de los campamentos sanitarios. Tememos que el próximo paso del Decano sea echar a más docentes, no renovando sus designaciones a fin de año, y pretender desmantelar el Instituto de Salud Socioambiental y los campamentos sanitarios.

Desde el Instituto de Salud Socioambiental, y las materias Salud Socioambiental y Práctica Final trabajamos en un proyecto de universidad abierta, democrática, con excelencia académica y, por sobre todo, al servicio del pueblo, dentro del cual los campamentos Sanitarios se han transformado en una herramienta muy importante y de reconocimiento internacional. Los datos recolectados en los campamentos sanitarios han logrado evidenciar los cambios en los perfiles de morbimortalidad de nuestra región, desde hace veinte años sometida a un proceso de envenenamiento constante a partir de la incorporación de los organismos genéticamente modificados (OGM -transgénicos-). Se logró evidenciar el impacto de semejante proceso en los ciclos vitales de los vecinos expuestos al agronegocio.

Los docentes, graduados y estudiantes no tenemos dudas sobre el rol de la universidad pública: estar al servicio del pueblo, libre de presiones del poder político y/o de las corporaciones. Lamentablemente, esta manera de defender la universidad pública, de construir datos epidemiológicos desde y con las comunidades, de difundir los resultados que son propiedad de la gente y de nadie mas, ha puesto en crisis muchos intereses empresarios y políticos. Y las presiones han recrudecido en los últimos meses. Somos testigos de autoridades provinciales que se incomodan con nuestro trabajo y sugieren que lo ideal para la Facultad es que silenciemos los resultados de los campamentos sanitarios. Lo mismo han hecho representantes de la agroindustria. Y funcionales han sido actores internos de la política universitaria, que se dicen “revolucionarios” y actúan con las entidades patronales del agronegocios.

Se nos acusa de hacer públicos los resultados de los campamentos. Se nos acusa de viajar (aun cuando lo hacemos en nuestro período de licencia ordinaria) con el objetivo de difundir la situación sanitaria de nuestros territorios en otros países. Se nos acusa de ser coherentes con los principios de la Reforma Universitaria.

Ante la rápida, genuina y masiva respuesta de solidaridad, llegadas desde todos los rincones del país y de América Latina, en estos momentos las cadenas de la oficina han sido retiradas. No obstante lo cual se sigue sin poder acceder con la libertad que un ámbito universitario lo requiere.
Nos preocupa el futuro de los Campamentos Sanitarios, la posible intervención del Decano contra el Instituto de Salud Socioambiental, así como la continuidad en sus cargos de nuestros docentes.

Las muestras de solidaridad recibidas nos fortalecen y confirman nuestras convicciones.
Seguiremos trabajando con el horizonte puesto en el cuidado de la salud de nuestros ecosistemas.

Seguiremos luchando por una universidad democrática al servicio del pueblo y no de las corporaciones ni de los gobiernos.

Hoy, como ayer, “los dolores que quedan son las libertades que faltan”.

Rosario, 5 de noviembre de 2016

Integrantes del equipo del Instituto y Materia Salud Socioambiental y de la Práctica Final de la Carrera de Medicina de la Facultad de Cs Médicas de la UNR.

www.facebook.com/saludsocioambiental.fcmunr/

Última Frontera

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Informe sobre políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina:

Promovida fuertemente por EE.UU, la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking ha buscado expandirse en distintos países del continente, a pesar de que ninguno de ellos posee un conocimiento integral de sus riesgos. Ante esto, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking pretende generar un debate y sensibilización sobre sus impactos, por medio de la publicación de este informe que desarrolla una línea de base del estado de avance de esta técnica en la región.

A través de estas páginas abordamos la situación en seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México. En cada caso, se analiza: el contexto energético del país; las políticas públicas para promover y regular el fracking; los impactos sociales, ambientales y económicos ocasionados por esta técnica en la población, en sus derechos humanos y en los territorios; y las estrategias de incidencia, movilización y resistencia desplegadas en cada país. El informe finaliza con una síntesis de conclusiones y recomendaciones a la luz del análisis y reflexión sobre los diferentes casos estudiados.

Nuestra exigencia por la prohibición del fracking no es un fin en sí mismo. Queremos contribuir a instalar la discusión sobre un urgente cambio en el modelo energético de nuestra región, hacia uno que sea sostenible y socialmente más justo. Consideramos que en las formas de producción, distribución y consumo de la energía se refleja el sistema de relaciones sociales injusto y profundamente desigual en nuestra región. Es ese el arreglo social, político y económico que la persistencia del fracking reproduce. Es eso lo que queremos cambiar.

Ver/Descargar el Informe

Ver/Descargar Informe en Portugués.

04|11 América Latina se une

DECLARACIÓN PÚBLICA
4 de noviembre: Por la democracia y contra el neoliberalismo, América Latina se une

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La firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) ha sido el principal vehículo para la mundialización del modelo neoliberal-transnacional. Sus impulsores –las corporaciones y los grandes medios de comunicación- prometieron más bienestar, progreso y desarrollo. Pero un cuarto de siglo después, podemos decir que los TLC no han cumplido ninguna de esas promesas.

Al revés: en América Latina han permitido la instalación de proyectos extractivistas que atentan contra comunidades y medio ambiente, han limitado la acción de los Estados y han reducido el presupuesto público, al poner los intereses de las corporaciones por encima de la voluntad de los pueblos y de la vida.

Los TLC son mucho más que comercio entre países: incluyen en sus páginas capítulos de liberalización en el sector de servicios, en propiedad intelectual y ofrecen condiciones de privilegio a los inversores extranjeros. Las consecuencias en la vida cotidiana son rotundas: el aumento del precio de los medicamentos, la privatización de los servicios públicos como el agua potable y la educación, la limitación en el acceso a Internet, entre otros. El efecto final es la desregulación del sector privado y la reducción de la presión fiscal sobre las empresas.

En resumen, los tratados de libre comercio buscan consolidar el poder del capital transnacional y a su vez han capturado las instancias políticas. Incluso nos han llevado a una presión sobre el medioambiente que amenaza la supervivencia de la especie humana.
Por todas estas razones, el 4 de noviembre América Latina se levanta. Exigimos que no se firmen más TLC y rechazamos el avance en las negociaciones para la firma y ratificación del Tratado TransPacifico (TPP) y el Tratado sobre Servicios (TISA).

Nuestros países enfrentanlas amenazas de estosnuevos TLC. Frente a esto, en Chile, Argentina, Perú, México y Colombia decimos ¡ya basta!Exigimos que nuestros Estados tengan la capacidad de regular al capital, y que desarrollen políticas que nos permitan vivir bien y en armonía con la naturaleza.

Por la democracia y contra el neoliberalismo, primero los Pueblos y no las ganancias. América Latina se une.

Peruanos contra el TPP y el TISA (Perú)
Plataforma Chile Mejor sin TPP (Chile)
Argentina Mejor sin TLC (Argentina)
México Mejor sin TPP (México)
TPP al Banquillo – TLC al desnudo (Colombia)

 

Vaca muerta y sus incidencias

“Estado y medio ambiente” es la mesa donde participamos mañana en las Jornadas “Repensando el Estado en el siglo XXI. Debates y propuestas para un Estado Democrático, Popular y Participativo” que organiza ATE Río Negro.

A las 15.30 el Observatorio Petrolero Sur presenta: “Vaca muerta y sus incidencias”.  Esperamos puedan acompañarnos.

 

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