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La lucha contra el fracking

En las jornadas del Observatorio Petrolero Sur se debate sobre los riesgos del fracking para la salud. La inauguración reunió a especialistas y activistas de la Argentina y Estados Unidos, que relataron sus experiencias y explicaron por qué se oponen a esta práctica.

ACOMPAÑA CRÓNICA:EEUU ELECCIONES CAMBIO CLIMÁTICO MIA30. WASHINGTON DC (EE.UU.), 31/10/2012.- Vista del 18 de octubre de 2012 de actividades de preparación para extraer petróleo mediante la técnica del "fracking" en un pozo de la compañía Windsor Energy, en la localidad de Midland, Texas (EE.UU). Ni la severa sequía, ni el récord de deshielo Ártico ni la consideración por parte del Pentágono como "un problema de seguridad nacional" han logrado que en la campaña se haya mencionado el cambio climático, hecho inédito en las elecciones americanas desde 1988, que los analistas atribuyen a la revolución del gas no convencional. ¿Qué ha pasado entonces para que las elecciones de 2012 entren en la Historia, para furia de muchos científicos, ambientalistas y ciudadanos americanos, como aquellas en las que no se mencionó el cambio climático? Expertos en energía como David Pumphrey, del Centro de Estudios Estratégicos (CSIS en sus siglas en inglés) o William Burns, profesor de la Universidad Johns Hopkins, coinciden en que la respuesta es la revolución que la explotación de gas no convencional por la técnica del "fracking" ha provocado en la economía y en el sistema energético norteamericano. EFE/Caty Arévalo

Por Nadia Luna
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Agencia TSS – En el extremo sur del planeta, la comunidad mapuche Campo Maripe resiste el avance del fracking en su territorio. YPF y Chevron quieren explotar esa parte de la formación petrolera Vaca Muerta, a pesar de que un relevamiento territorial comprobó la ocupación ancestral de la comunidad en 11.000 hectáreas de Añelo, en la provincia de Neuquén.

El conflicto no termina en la perforación de los pozos, ya que vecinos del oeste neuquino nucleados en la Comisión Fuera Basureros Petroleros denunciaron que la empresa Comarsa quema residuos tóxicos provenientes del fracking a 200 metros de sus casas. De esta manera, 15.000 familias de barrios humildes que usan leña para cocinar se ven afectadas, paradójicamente, por desechos de la extracción de un gas al que ni siquiera tienen acceso.

Muy lejos de allí, en el extremo norte del planeta, los habitantes de una zona rural del estado de Nueva York, cerca del límite con Pensilvania, en Estados Unidos, se juntan regularmente en el sótano de una iglesia para debatir sobre los riesgos del fracking para la salud. El movimiento creció de la mano de estudios ambientales y, finalmente, se logró prohibir el fracking en el estado de Nueva York. Sin embargo, la lucha sigue: ahora se oponen a la instalación de la compañía Crestwood, que quiere convertir a la región en un centro de almacenamiento y transporte de gas. Ya bloquearon la entrada de la compañía 50 veces, lo que derivó en unas 500 detenciones de ciudadanos. Entre ellos, Colleen Boland, impulsoradel activismo anti-fracking y sargento retirada de la Fuerza Aérea estadounidense, quien asegura: “Estoy orgullosa de mis medallas de honor, incluida la que me dieron por buena conducta. Pero estoy igual de orgullosa por lasacusaciones de alterar el orden público que recibí por oponerme al fracking para preservar el lugar donde vivo”.

Boland fue una de las expositoras de la inauguración de las Jornadas Internacionales de Salud, Ambiente e Hidrocarburos no Convencionales, organizadas por el Observatorio Petrolero Sur, que se desarrollarán hasta el 31 de octubre en las provincias de Buenos Aires y Neuquén. La apertura fue una audiencia pública realizada en el auditorio anexo del Congreso de la Nación y la mesa se completó con la activista Natalia Huilipan [Comisión Fuera Basureros del Neuquén], la bióloga Sandra Steingraber [Concerned Health Professionals] y la médica pediatra Kathleen Nolan [Physicians for Social Responsibility].

“Algo que me quedó claro de todos estos años que venimos luchando contra el fracking en Nueva York es que las pruebas científicas sobre los daños a la salud, por muy contundentes que sean, no alcanzan. Es necesario que un movimiento social lleve la evidencia científica hacia el campo político. Creo que esa combinación nos permitió ganar la batalla”, sostuvo Steingraber, quien, al igual que Boland, pasó varios días en la cárcel por bloquear la entrada de Crestwood.

El Gobierno de Neuquén firmó un decreto que establece que las empresas que tratan residuos especiales tienen que estar a ocho kilómetros de las zonas pobladas y a cinco de las zonas productivas.

Steingraber y Nolan presentaron la tercera edición del Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking [extracción no convencional de gas y petróleo], una publicación que puede descargarse gratuitamente aquí. Durante la charla, expusieron algunos de esos hallazgos y hablaron de los riesgos que el fracking implica para la salud de la población que vive en las cercanías de lugares donde se desarrolla la actividad.

Steingraber contó, por ejemplo, que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos confirmó casos de contaminación del agua potable por fracking. Además, indicó que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático calcula que, en un período de 20 años, el gas metano puede capturar 86 veces más calor que una cantidad equivalente de dióxido de carbono. Asimismo, sostuvo que, en los últimos meses, varios estudios han confirmado una relación causal entre la inyección de aguas residuales del fracking en pozos de eliminación de desechos y el surgimiento de temblores en la zona. “La evidencia es tan sólida que la Corte Suprema de Oklahoma dictaminó por unanimidad que los propietarios de viviendas pueden demandar a la industria de petróleo y gas por daños en sus propiedades derivados de los temblores”, señaló.

Nolan se refirió al aumento de problemas de salud reportados en poblaciones cercanas al fracking y a los efectos de gases liberados y sustancias químicas usadas en la actividad. Así, indicó que el formaldehído y el sulfuro de hidrógeno irritan los tejidos y que los estudios documentan cada vez más casos de asma; que los químicos que se conocen como BTEX (benceno, tolueno, etileno y xileno) dañan los órganos y son cancerígenos. También, actúan como disruptores endócrinos, lo que derivó en un aumento de nacimientos prematuros y diversos defectos en los recién nacidos.

“En algunos casos, los síntomas pueden eliminarse si se elimina la fuente de exposición, pero eso implica que la gente tiene que dejar de vivir donde vive. La prioridad de los gobiernos debería ser alejar estas actividades en vez de otorgar subsidios a la industria”, sentenció. “Las compañías y países que invierten en fracking están invirtiendo en un legado tóxico. Es muy poco lo que se puede mejorar cambiando regulaciones o implementando un código de buenas prácticas. Los problemas son inherentes al proceso y, por lo tanto, la única mejora puede venir del abandono completo de esta actividad y de la transición hacia un futuro sostenible y renovable”, agregó.

 Natalia Huillipan, en representación de la Comisión Fuera Basureros Petroleros de Neuquén, manifestó su preocupación por las consecuencias del fracking en el medio ambiente.

La última expositora fue Natalia Huillipan, en representación de la Comisión Fuera Basureros Petroleros de Neuquén. Se presentó en mapudungun [lengua del pueblo mapuche] y explicó cómo funciona el circuito de los residuos petroleros. La empresa encargada de su tratamiento es Comarsa, que, según Huillipan, utiliza un método de incineración en hornos pirolíticos que “libera al aire contaminantes que respiramos todos los días en nuestros barrios”. Además, dijo que, en una reciente audiencia pública, Comarsa reconoció que la empresa no trata los metales pesados, pero se negó a responder cuál es la disposición final de los mismos.

Huillipan sostuvo que la comisión obtuvo dos logros importantes. El primero fue que el Gobierno provincial firmó un decreto que establece que las empresas que tratan residuos especiales tienen que estar a ocho kilómetros de las zonas pobladas y a cinco de las zonas productivas, aunque dice que, en la práctica, eso no se cumple. El segundo logro radicó en unificar la lucha con los trabajadores de la empresa. “Yo soy mapuche y quiero finalizar con una reflexión desde mi identidad”, dijo Huillipan. “Hay tres elementos que están siendo afectados por este sistema capitalista: agua, aire y suelo. El agua es la sangre que corre por nuestras venas, el aire es lo que nos impulsa y el suelo es nuestro cuerpo. Tenemos que defenderlos y solo con lucha y organización colectiva vamos a poder conseguirlo. ¡Marici wev! [diez veces venceremos]”.

TSS UNSAM

Seminario “Conflictos urbanos y ambientales: Derecho y Espacio Público”

Los Polvorines y Buenos Aires, 27 y 28 de octubre de 2016

Actividad libre y gratuita

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El jueves 27 y viernes 28 de octubre se realizará el seminario Conflictos urbanos y ambientales, derecho y espacio público, en el Campus de Los Polvorines y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento está organizado por la UNGS, La Universidad Nacional de San Martín, la Universidad de Buenos Aires y el CONICET.

Durante el encuentro participarán los investigadores Antonio Azuela de la Cueva (UNAM, México), Lucas Konzen (UFRG, Brasil), Angélica Cuellar (UNAM, México) y Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Argentina).

El seminario se realizará en su primera jornada, de 9.30 a 17 en el microcine del Multiespacio Cultural UNGS (José León Suárez y Juan María Gutiérrez), mientras que la segunda tendrá lugar en el Centro Cultural de la Cooperación, (Avenida Corrientes 1543, CABA).

Actividad de carácter libre y gratuita, consultar programa aquí.

 

Denuncian presiones contra el juez que negó la extradición de Facundo Jones Huala

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, publicó un comunicado en que denuncia calumnias y descalificaciones públicas al juez Federal de Esquel, Guido Otranto, por parte del Gobernador de Chubut y otros funcionarios. El 1 de septiembre Otranto anuló el pedido de extradición de Chile en contra del Lonko Facundo Jones Huala y determinó su libertad. 

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El comunicado de la APDH sostiene que el Juez Otranto fue amenazado con un Jury de Enjuiciamiento, una suerte de juicio político por negar la extradición de la autoridad mapuche. Según la Asamblea, el Juez Federal sufre esta persecusión política por “mantener su independencia jurídica, a través de un respeto irrestricto a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos”. “El Juez Otranto, desde una concepción humanista y democrática, no acepta reprimir la protesta social de trabajadores, aplicar la ley antiterrorista al pueblo Tehuelche-Mapuche y extraditar a Chile al Lonko Facundo Jones Huala”, agrega el comunicado que reproducimos a continuación.

Solidaridad con el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se solidariza con el Juez Federal Guido Otranto  y repudia las calumnias y descalificaciones  públicas, de que ha sido objeto,  por parte del Gobernador del Chubut Mario das Neves, y otros funcionarios de su gobierno, quienes lo han amenazado con un Jury de Enjuiciamiento y su destitución por mantener su independencia jurídica, a través de un respeto irrestricto a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos.

 La persecución a Guido Otranto no es ajena a la embestida política del Gobierno Nacional contra la Procuraduría Fiscal de la Nación ,  los Jueces Federales , el acoso a abogados en casos de Lesa humanidad y  la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la provincia del Chubut el avasallamiento de la independencia de poderes se reproduce con la permanente ingerencia del Ejecutivo en la nominación de magistrados , en el accionar  del Concejo de la Magistratura, en la presión ejercida contra el Jefe de Defensores Públicos Pérez Galimberti y  en la última nominación al Superior Tribunal de Justicia .

El Juez Otranto, desde una concepción humanista y democrática, no acepta reprimir la protesta social de trabajadores, aplicar la ley antiterrorista al pueblo Tehuelche-Mapuche y extraditar a Chile al Lonko Facundo Jones Huala. No acepta, además, que se espíe a ciudadanos chubutenses y que se torture a testigos en causas judiciales.  No acepta, por último, que se utilice la violencia para dirimir un conflicto  entre pueblos originarios y la empresa La Trochita que atraviesa sus territorios ancestrales.

La A.P.D.H manifiesta su firme intención de defender la Independencia de la Justicia como valor fundamental de la convivencia democrática y en defensa de la Constitución Nacional y valora que haya funcionarios dispuestos a defender el Estado de Derecho y garantizar la dignidad de todas las personas por igual, al margen de ideologías o de pertenencias culturales.

MESA DIRECTIVA NACIONAL,  ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS

C.A.B.A., Octubre 25 de 2016

Más Información

Facundo Jones Huala es liberado en Argentina y no será extraditado a Chile

Municipio de Saavedra prohíbe el fracking

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En la última sesión, el Honorable Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza presentado por la Concejal del Frente Renovador Plural Marcela Guido, a través del cual se prohíbe toda exploración o explotación no convencional de hidrocarburos a través de las técnicas de fractura hidráulica o gasificación subterránea del carbón.

De esta forma, el Distrito de Saavedra se suma a otros 9 municipios de la Cuenca de Claromecó que ya han sancionado ordenanzas en el mismo sentido.

Las técnicas de Fracking o  Gasificación Subterránea del Carbón, posibilitan la extracción de gas o petróleo del subsuelo, mediante  la inyección a presión de agua o gas,  con el objetivo de provocar fracturas en las rocas profundas que encierran los hidrocarburos, favoreciendo así su salida hacia el exterior.

Sin embargo, en distintos estudios se han puesto en evidencia los riesgos de contaminación que pueden generar la utilización de estas técnicas, y a partir de ello países como Francia, EE.UU., Canadá, España y Bulgaria han prohibido o limitado el empleo de las mismas en sus territorios.

La Concejal del Frente Renovador Plural expresó que “desde hace unos años distintos referentes políticos, organizaciones ambientales, y profesionales venimos trabajando sobre ésta problemática, teniendo en cuenta que la utilización de  estas técnicas de extracción  de hidrocarburos plantean en la actualidad interrogantes desde el punto de vista de la protección medioambiental y de la salud, fundamentalmente debido a la alta posibilidad de contaminación, ya que se utilizan productos tóxicos contaminantes y radiactivos”.

“En la legislación ambiental internacional, y en nuestra legislación nacional -Ley General del Ambiente- se destaca el principio precautorio, el cual establece que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

“De esta forma, ante distintos interrogantes, la ley nos permite priorizar la protección del medio ambiente y resguardar la salud de la población, y  eso es justamente lo que buscamos por medio de esta ordenanza” concluyó la Concejal del Frente Renovador Plural Marcela Guido.

Semanario Reflejos

Documental: Pueblos indígenas frente al extractivismo

Programa del canal iraní Hispan TV, en el cual se revisan distintos conflictos entre actividades extractivas y pueblos indígenas en la Argentina. El programa está enfocado principalmente en la lucha del pueblo mapuche en contra de la instalación de petroleras en sus territorios tradicionales y cuenta con el testimonio de, entre otros, Felipe Gutiérrez  Ríos del Observatorio Petrolero Sur y Silvina Ramírez del Gajat.

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Documental: IIRSA, La infraestructura de la devastación

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Uno de los más importantes proyectos de incremento y mejoras de la infraestructura para la industria extractiva en América del Sur es el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) que coordina la puesta en marcha y operación de proyectos en 12 países de América del Sur que conforman la UNASUR. El objetivo es la planificación y el desarrollo de proyectos para el incremento y la optimización de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones. La iniciativa fue creada en agosto de 2000 en Brasilia, durante la primera Cumbre Sudamericana y cuenta con el apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA)

Para los realizadores del documental, el IIRSA “no es simplemente una adecuación técnica-material, sino que constituye más bien una avanzada colonizadora jamás imaginada –en términos económicos, políticos y culturales- sobre todo el subcontinente”. Asimismo, recalcan que “Actualmente nos encontramos frente al mayor re-ordenamiento territorial efectuado en el continente desde la invasión europea. El mapa político que conocemos de Sudamérica está siendo silenciosa y constantemente redibujado a nuestras espaldas. Mega obras de infraestructura se construyen en estos momentos en cada rincón de nuestra Abya Yala (Sudamérica): Carreteras, túneles, puertos, hidroelectricas, hidrovías, con el fin de facilitar, intensificar, agilizar y encadenar la extracción de los bienes naturales, rediseñando la geografía del continente e imponiendo una territorialidad neoliberal total en función del saqueo capitalista”.

Los ejes de integración de esta iniciativa abarcan todo el territorio de Sudamérica y son: el Eje Andino, el Eje de Capricornio, el Eje del Amazonas, el Eje del Escudo Guayanés, el  Eje Interoceánico Central, el Eje de la Hidrovía Paraguay-Paraná, el Eje Perú-Brasil-Bolivia, el Eje Mercosur-Chile, el Eje del Sur y el Eje Andino del Sur.

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El denominado Eje del Sur, que abarca territorios de Argentina y Chile, incluye en el grupo de proyectos llamado G01, la ruta Concepción-Bahía Blanca-Puerto San Antonio Este.

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Este trazado podría completarse con una carretera desde Bahía Blanca en Argentina hasta Victoria en la Araucanía y finalmente, hacia el puerto de Talcahuano. En este contexto, autoridades municipales y empresarios de las provincias de Arauco y Malleco buscan apoyo para construir además, un puerto industrial en la costa de Lebu y un denominado “puerto seco” para almacenamiento de contenedores en la comuna de Victoria. El establecimiento de un eje de intercambio de mercancías entre Bahía Blanca y Talcahuano-Lebu podría incrementar la explotación ambiental y social que generan los rubros extractivos energético, forestal, agroindustrial y pesquero, en las regiones del Bio-Bio, la Araucanía y también en territorio argentino.

El Corredor Bioceánico Trasandino del Sur – Ruta Lógica

En este contexto, el Corredor Bioceánico Trasandino del Sur – Ruta Lógica, es un proyecto de carretera de cerca de 1.500 kilómetros que busca conectar los puertos de Bahía Blanca en Argentina con Lebu en Chile, atravesando la Cordillera de Los Andes en la comuna de Victoria. En el marco de este proyecto, autoridades municipales y empresarios de las provincias de Arauco y Malleco, buscan la instalación de un puerto industrial en la comuna de Lebu y además, pretenden impulsar la creación de un “puerto seco” para almacenar las mercancías en tránsito entre Chile y Argentina en la comuna de Victoria, a través del paso internacional Pino Hachado. Además, se planea un paso ferroviario en la zona de Mallín, 8 kilómetros al sur de Pino Hachado

Por otra parte, agrupaciones sociales y ambientales de la región, han denunciado que la habilitación de nuevas carreteras y puertos podría incrementar los efectos ambientales que ya generan los rubros extractivos en los territorios afectados. Manifestantes de la provincia de Concepción ya han denunciado que la mayor conexión posibilitada por el ensanchamiento de la ruta 160 y la habilitación de un nuevo puente industrial sobre el río Bio-Bio, aumentarán el flujo de mercancías originadas por la explotación ambiental en la región.

Resumen, Chile

Mapas: http://www.geosur.info/geosur/iirsa/mapas.php

Declaración del Oilwatch por un Hábitat despetrolizado

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La Asamblea General de Oilwatch, celebrando sus 20 años de existencia, reunida en Quito en el marco del Foro Social Resistencia al Hábitat III declara:

  1. Las Conferencias de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos realizados en Vancouver en 1976, Estambul en 1996, y Quito en 2016 son un testimonio claro de la relación entre la industria petrolera y la agenda de la urbanización planetaria: las ciudades crecientes son motor, justificación y destino de los hidrocarburos y sus derivados; se constituyen en fuente de energía; y permiten incrementar los ingresos y el poder de la industria del petróleo, gas y carbón, de la abrumadora industria automotriz, la petroquímica, la minería, así como del capital financiero especulativo. Este modelo urbano es una expresión de la civilización petrolera y está profundamente vinculado con la crisis ambiental mundial.
  1. La Nueva Agenda Urbana, lema y objetivo del Hábitat 3, abre la puerta a nuevos patrones de producción, distribución y consumo “sostenibles y responsables”, calificativos que ocultan la obsolescencia, la explotación de la naturaleza y del trabajo humano; el sacrificio de los cuerpos y de territorios como consecuencia de la extracción de petróleo, gas y carbón, fuentes de energía y de insumos para la petroquímica.
  1. Hábitat III promueve e imagina un futuro global esencialmente urbano, desconociendo la importancia de los territorios rurales y el aporte de las comunidades indígenas y campesinas en la sustentación de la vida en el planeta. Justifica el despojo territorial de pueblos ancestrales; el vaciamiento de los territorios para proveer con materia prima a la industria; la urbanización de las selvas, bosques y comunidades campesinas a través de proyectos de “vivienda para los pobres”, “ciudades del milenio” u otros proyectos que se presentan como parte de las agendas sociales, de conservación o de “compensación”.
  1. Para enfrentar la crisis del hábitat, se propone la economía verde, se impone el discurso de la sostenibilidad y se promueven proyectos como los de compensación de la biodiversidad y absorción de carbono, que son más bien estrategias para perpetuar la primacía del mercado y permite que los responsables de esta crisis puedan evadir sus responsabilidades. Estos proyectos justifican la destrucción, desmovilizan y desplazan las comunidades, y enriquecen a las empresas con nuevos negocios, mientras se mantiene y fortalece el capitalismo petrolero.
  1. Los agresivos procesos de urbanización, siempre organizados alrededor de millones de automóviles, provocan desalojos, desplazamientos, invasiones tanto en las fronteras de las ciudades como en los territorios de extracción. La agenda de crecimiento urbano con la construcción de carreteras y la supervehiculación de las sociedades, es sobre todo funcional a la expansión de las fronteras extractivas de nuevas y viejas empresas de hidrocarburos, con viejas y nuevas tecnologías.
  1. Es de especial preocupación para Oilwatch en el marco de la petrolización del hábitat, la ausencia de discusión sobre:
  1. El uso y fomento de energías extremas para apuntalar la urbanización agresiva

Las nuevas tecnologías de la industria de petróleo, gas y carbón ligadas a la búsqueda, extracción, transformación, y manejo de desechos,  en lugar de proteger la naturaleza,   y respetar los derechos de las comunidades aumentan los riesgos y los impactos.  La extracción de crudos extrapesados, el gas y aceite del fracking, la extracción de gas asociado al carbón, la minería de carbón y petróleo, la explotación de aguas superprofundas, la biotecnología para la industria petrolera y la expansión de la petroquímica tienen los mismos y peores impactos de los ya observados en el planeta.

  1. La creación de nuevas zonas de sacrificio

Las nuevas fronteras de extracción de petróleo, gas y carbón son parques nacionales, territorios indígenas, arrecifes de coral, mares profundos, glaciares y otras zonas de extrema vulnerabilidad, así como los cuerpos de los trabajadores y las poblaciones cercanas a estos proyectos. Destruir estas zonas no solo implica la pérdida de un patrimonio de la humanidad, sino que desatará fuerzas incontrolables de la naturaleza. Las industrias ligadas a los hidrocarburos, incluyendo las petroleras, las de servicios, la minera, la automotriz y la petroquímica están ejerciendo  presiones criminales sobre el planeta y su gente. Se hace indispensable establecer las redes de responsabilidad  que actúan frente a este ecocidio y etnocidio.

La frontera extractiva se expande incluso en las ciudades, causando accidentes, derrames, contaminación, despojo de tierras, entre otros impactos adversos, con riesgos enormes para la vida en el planeta.

  1. El análisis sobre las causas del cambio climático y los riesgos de sus efectos sobre las ciudades

La extracción de carbón, petróleo y gas no sólo ha provocado la crisis climática planetaria sino que está provocando desastres extremos, en gran parte, por el carácter experimental de las tecnologías que se usan. Por ejemplo, el fracking está asociado a la generación e incremento de sismos y temblores. La perforación en aguas profundas y la combustión in situ implica graves riesgos para trabajadores y el territorio. Las ciudades cada vez más grandes, son vendidas como espacios de seguridad, bienestar y salvación para las poblaciones que se pretende desplazar, pero son realmente espacios de colapso, en donde se están desatando las peores crisis climáticas.

  1. El exterminio de poblaciones de extrema vulnerabilidad

Los últimos pueblos indígenas aislados que habitan la selva amazónica y el Gran Chaco sudamericano, las comunidades del bosque de la cuenca del Congo, los pueblos pastores del continente africano, las minorías étnicas de Arakan en el sudeste asiático, los pescadores artesanales y recolectoras entre otros, están siendo acorralados por los planes de desarrollo y  extracción de minerales e hidrocarburos.

En los últimos meses en Bolivia, Ecuador y Perú en territorios en donde se realizan actividades de exploración sísmica y de extracción de crudo se ha reportado la presencia de estos pueblos aislados. Siendo estos una prioridad de protección para las Naciones Unidas, urgen acciones inmediatas y la paralización de los proyectos petroleros que amenazan su existencia.

NUETRA AGENDA POR EL HABITAT ES:

Oilwatch trabaja por una civilización post-petrolera, para desfosilizar la economía y descentralizar y diversificar la energía, despetrolizar el sistema alimentario industrial, desurbanizar las vidas de las sociedades, desautomovilizar el transporte, proteger los territorios/comunidades y recuperar las aguas, cuerpos y las selvas.

Oilwatch demanda a las Naciones Unidas bloquear la influencia de empresas en los escenarios de decisión internacional, controlarlas y sancionarlas por sus delitos, transparentar las relaciones de la industria de hidrocarburos y de automóviles con la agenda de crecimiento urbano.

Oilwatch reconoce que los defensores y defensoras de la naturaleza son los únicos que están actuando en responsabilidad con nuestro Hábitat, y demanda para inmediatamente su criminalización, hostigamiento, estigmatización, desprestigio y judicialización.

Oilwatch celebra las formas cómo la naturaleza se rebela reencauzando los ríos a sus cauces naturales, impidiendo el hallazgo y extracción de los fluidos de la tierra (la sangre de la tierra de acuerdo a los pueblos indígenas) y poniendo frenos a la expansión urbana.

Oilwatch se presta a la construcción de alianzas con las organizaciones urbanas para promover juntos nuevas formas de convivencia, armoniosas con la naturaleza, respetuosas de las sociedades, que construyan solidaridad, democracia y planes de vida en común y por el bien colectivo.

Quito, 20 de octubre de 2016

Pré-sal: Energia extrema das entranhas da Terra

Brigam Espanha e Holanda
Pelos direitos do mar
O mar é das gaivotas
Que nele sabem voar
O mar é das gaivotas
E de quem sabe navegar
Leila Diniz

Inauguracion plataforma de Petrobras

Por Beto Loureiro, Daniela Meirelles, Flávia Bernardes, Fabíola Melca e Marcelo Calazans (FASE Espírito Santo, Brasil).

  • O tempo humano e o tempo geológico

Considerada como a mais importante fronteira de exploração de petróleo no Brasil, estima-se que a formação do Pré-sal tenha se dado entre 100 e 130 milhões de anos atrás, quando da lenta separação dos continentes americano e africano. Diante do tempo geológico, a história e pré-história humanas se passam como instante. Afinal, o que são 150 mil anos de hominídeos? Ou 2.500 anos de Ocidente? Ou 2016 anos de Era Cristã? Ou ainda 300 anos de Capitalismo? Quando comparados ao tempo da Terra?

Se os fantasmas desse curto passado histórico ainda rondam os territórios mentais e infrasubjetivos das sociedades pós-modernas do século XXI, o que dizer desse abismo temporal mais profundo, com o tempo da Terra? Não faltam narrativas míticas e historiográficas quando, por raras aflorações na superfície, muitas das civilizações pré-capitalistas experimentaram o petróleo como algo sagrado.

Abaixo de extensa camada de sal do Atlântico Sul que se formara, em condições extremas de temperatura e pressão, reações físico-químicas permitiram a formação de cadeias de hidrocarbonetos, a partir da decomposição da vida orgânica originária de Gondwana, sua mega fauna e flora, seus micro-organismos do zoo e fito plâncton. Esse fenômeno se deu tanto na costa brasileira como na África.

Descoberta em 2006, a chamada Província brasileira do Pré-Sal abrange uma área de 800 km de extensão e 200 km de largura, localizada ao longo da Costa Atlântica dos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Pela classificação da Agência Nacional de Petróleo (ANP), envolve as Bacias Sedimentares de Santos, Campos e Espírito Santo.

Trata-se da maior reserva de óleo encontrada no planeta nos últimos 10 anos, com estimativas que já variaram de 80 a 120 a 170 bilhões de barris. (Claro que nunca dá pra confiar nesses tipos de estimativa!). A título de comparação, em 2014 as maiores reservas provadas de petróleo estavam na Venezuela (298,3 bilhões de barris) e Arábia Saudita (267 bilhões de barris).

Se mesmo em terra, em ambiente supostamente mais controlável, em profundidades mais superficiais, as operações de prospecção, extração, transporte e armazenamento de petróleo e gás são sempre de altíssima complexidade e risco, com frequentes acidentes, explosões, vazamentos; o que dizer de uma exploração petroleira a 300 km da costa, com ondas de até 12 m, correnteza de 2 nós, a 7 mil metros desde o espelho d’água, com alta pressão e temperatura de até 150 °C?

  • O Brasil dependente: o pré-sal como droga prima

Com o preço do barril acima dos US$ 100, o gigantesco desafio de exploração do pré-sal se converteu no principal investimento de Estado, da Petrobras e do Ministério das Minas e Energia dos governos de Lula (2003-2010) e Dilma 1 (2011-2014). O plano de negócios da empresa para 2013-2017 previa investimentos de US$ 236,7 bi. O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), 2014-2024, previa um acréscimo de 121,7% na produção de petróleo, saltando de 2,3 para 5,1 milhões de barris/dia e 65,2% na produção de gás natural, subindo de 87,4 para 144,4 milhões de m³/dia. Associando seu nome com o próprio país-nação, sede da Copa do Mundo de futebol e das Olimpíadas, e com intensa propaganda em impressos, rádios, TVs e web, o slogan da empresa era de enorme precisão: “Petrobras: O desafio é nossa energia”.

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Sem mesmo qualquer plano de contingência, não importava quão extrema era a energia do pré-sal. Apoiada em poderosa superestrutura midiática, de simbolismo nacional desenvolvimentista, a Petrobras podia desafiar qualquer risco, a todo custo. Ao mesmo tempo, instalava uma enorme infraestrutura petroleira, orientando os demais investimentos públicos e privados, acionando uma economia e uma sociedade cada vez mais dependente do petróleo. Portos, refinarias e complexos petroquímicos, estaleiros, sondas, navios e plataformas, dutos e tanques, unidades de tratamento de gás, rodovias, e em cadeia, os setores associados da mineração, siderurgia, metalurgia e ainda bélico, para “proteger o pré-sal”, com compra de caças e projeto de submarino nuclear.

O Brasil em 2014 ocupou a 13° posição na produção mundial de petróleo (2,3 milhões de barris/dia) e a 5° posição como consumidor mundial de petróleo (3,2 milhões de barris/dia). No período de 2004 a 2014 o Brasil aumentou 57% o seu consumo interno. Em 2016, depois de 10 anos da sua descoberta, o Pré-Sal alcançou a produção de 1 milhão de barris por dia (bpd), chegando a 40% da produção de petróleo operada no Brasil, em 52 poços produtores, conforme a Petrobrás.

A queda do preço do barril, a partir de 2014, e com a crise econômica e política instalada, esse sonho do Brasil petroleiro se desfez, levando à falência estados e municípios mais dependentes da expansão petroleira, como Campos e Macaé, no Norte do Rio de Janeiro, e ainda no Sul do Espírito Santo, na Bahia, no Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará. Também com os desdobramentos do chamado “petrolão”, explicitado pela Operação Lava Jato do Ministério Público Federal, pode-se perceber mais claramente toda a estratégia política da governabilidade e dos pactos de poder, sustentada em boa medida pela propina derivada dos investimentos do Estado e da Petrobras, em aliança com as oligarquias políticas regionais, o setor financeiro e as grandes empreiteiras da construção civil. Apenas em propina a empresa teve de reconhecer em seu relatório financeiro de 2014 um prejuízo de mais de U$ 1 bilhão. A dívida da Petrobrás chegou a cerca de US$ 200 bilhões, sendo que seu caixa era de U$ 25 bilhões. Seu valor de mercado em 2002 era U$ 15 bilhões, em 2010, U$ 350 bilhões, e em 2016 é de U$ 70 bilhões.

Sem mais recursos para os vultosos investimentos necessários para a exploração do pré-sal, os leilões de oferta de novos blocos exploratórios, sem nenhum debate mais profundo com a sociedade, buscavam “atrair” as grandes petroleiras internacionais. Ainda no governo Dilma, em meio à turbulenta crise, com vários diretores da Petrobras, políticos e empresários encarcerados, se inicia um gradual processo de privatização e venda de ativos da Petrobras, com plano de desinvestimento, e apropriação privada de significativos recursos da empresa pelas empreiteiras e políticos do bloco hegemônico ou da oposição. A crise econômica se acirra, roendo o pacto político da governabilidade que até então sustentava Dilma.

Ainda presidente interino, Temer e seu futuro ministro José Serra já anunciavam projeto de lei reduzindo os 30% obrigatórios de participação da Petrobras na exploração do pré-sal. Segundo o atual presidente da Petrobras, Pedro Parente, em entrevista à rádio CBN, mesmo com o preço do barril se mantendo na faixa de US$ 40, a exploração do pré-sal é economicamente viável, pois se no início de sua exploração, a perfuração de um poço podia demorar 330 dias, em 2016 esse tempo é de 90 dias. A privatização da TRANSPETRO, responsável pelo transporte e pela malha de dutos, a venda de 66% de Carcará para a STATOIL da Noruega e o investimento da China, a ser pago em barril de petróleo, e ainda os novos leilões anunciados para 2017, está claro o caminho de privatização do pré-sal e da Petrobras adotado pelo novo governo.

  • Os licenciamentos ambientais: pelo direito de dizer não!
areaslivresdepetroleo.wordpress.com
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Nos últimos anos, o processo de licenciamento ambiental vem sendo incisiva e repetidamente atacado pelas autoridades governamentais e pelas empresas petroleiras. Por toda a mídia, irradiam um discurso de racismo ambiental, onde povos tradicionais, ambientalistas, acadêmicos e técnicos independentes de órgãos públicos são acusados diante da sociedade como os principais obstáculos aos sucessivos planos de aceleração da economia (PAC).

A legislação ambiental, a consulta prévia, os estudos e relatórios de impactos socioambientais, as audiências públicas, os planos de contingência e monitoramento, os condicionantes e suas compensações. No discurso do Estado e das empresas, o licenciamento ambiental é um dos principais “inimigos” do emprego e da economia brasileira. Até a própria natureza (e espécies endêmicas de répteis e anfíbios) é lançada ao linchamento público, como obstáculo ao desenvolvimento!

Para o Estado, o licenciamento das operações no pré-sal deve seguir em ritmo acelerado, pois dele também se espera ser o principal agente de aceleração de toda economia. O caso do licenciamento do Polo Pré-sal da Bacia de Santos pode ser bastante ilustrativo neste aspecto. Trata-se da maior bacia sedimentar no mar brasileiro, se estendendo de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, até Florianópolis, em Santa Catarina. Apenas nas áreas de pré-sal, nessa bacia operam 8 plataformas, sendo os primeiros testes realizados em 2009 e a produção definitiva em 2010, no Campo de Lula (FPSO Cidade de Angra dos Reis).

O corpo técnico da Coordenação Geral de Petróleo e Gás (CGPEG), órgão do Instituto Brasileiro da Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), responsável pelo licenciamento de todas as operações de petróleo e gás no mar brasileiro, havia proposto que os licenciamentos destas atividades fossem realizados de forma integrada, cumulativa e sinérgica, contra uma avaliação individualizada e isolada dos impactos de cada um dos empreendimentos. Em um primeiro momento, tanto a Petrobras quanto a diretoria de licenciamento do IBAMA consideraram a abordagem pertinente, diante da abrangência e magnitude espacial e temporal de impactos do conjunto de operações petroleiras previstas nesta bacia sedimentar. Afinal, deviam pesar nessa avaliação os fundamentais princípios de precaução e prevenção, bem como a transparência e o consentimento dos povos ameaçados.

Segundo a associação dos servidores federais do IBAMA do Rio de Janeiro (ASIBAMA-RJ), durante 5 audiências públicas com intensa participação da sociedade civil regional, foram incorporados diversos projetos ambientais, de caracterização socioeconômica, identificação e monitoramento de impactos previsíveis, com atenção específica para as populações quilombolas, caiçaras e indígenas habitantes da região. A Petrobras acatou a orientação de um Termo de Referência, e iniciou uma serie de reuniões com o Fórum de Comunidades Tradicionais que participavam do licenciamento. Mas logo depois da primeira licença emitida, a empresa, com apoio da Direção do IBAMA, passou a questionar todo o processo, rompendo unilateralmente o diálogo e os acordos prévios, deixando de cumprir as condicionantes.

Na carta pública de Novembro de 2015, a ASIBAMA-RJ denuncia: “Então vejamos os fatos e o lamentável papel que a Petrobras acabou protagonizando: 1) a empresa se compromete a desenvolver um projeto de caracterização que possa suprir as deficiências do estudo de impacto ambiental apresentado e subsidiar com informações qualificadas seus próximos processos de licenciamento ambiental, incidentes na mesma região e com efeitos cumulativos importantes; 2) a Licença prévia é emitida pelo IBAMA com base neste compromisso; 3) a Petrobras adota diversas iniciativas que levam a crer que está providenciando a execução do projeto; 4) com base nestas iniciativas, a CGPEG recomenda e o IBAMA emite a maioria das licenças de instalação e operação previstas na etapa 1 do polo pré-sal; 5) por fim a Petrobras, após mais de 2 anos de estabelecimento das condicionantes, apresenta recurso à Diretoria de Licenciamento solicitando que as mesmas sejam canceladas.”

Também na segunda etapa do licenciamento a Petrobras demonstra total irresponsabilidade, no intuito de dobrar a produção nacional até 2017, saltando de 10 para 23 o número de plataformas na Bacia de Santos. Eram megaprojetos que estavam em análise: previa a instalação de 13 novos “desenvolvimentos da produção e escoamento”, e 7 novos “testes de longa duração” com o FPWSO Dynamic Producer e o FPSO BW Cidade de São Vicente. O valor total era de R$ 120 milhões. E ainda o licenciamento do campo de Libra, que previa 5 testes de longa duração com o FPSO Pioneiro, e investimentos superiores a R$ 6 bilhões. A direção de licenciamento da Petrobras, contra sua própria equipe técnica, atropela todos os ritos e normas, desconstrói acordos com as comunidades tradicionais, descaracteriza a consulta prévia e, por outro lado, torna cada vez mais incondicional a instalação e as operações petroleiras.

A carta da ASIBAMA-RJ, denunciando “Os Rumos perigosos para o licenciamento ambiental no Brasil”, esclarece o ritmo desenfreado dessa expansão: “A retirada unilateral de projetos ambientais que seriam condicionantes da Etapa 1 do pré-sal e a postura do diretor de licenciamento quanto ao atraso nos cronogramas dos projetos ambientais da Etapa 2 indicam que os interesses das empresas vêm se sobrepondo aos interesses dos demais grupos.”

Reduzir a participação da sociedade civil apenas aos roteiros fechados das audiências públicas, não reconhecer a equipe técnica independente do próprio IBAMA, nem cumprir os condicionantes acordados com a sociedade civil afetada, não construir canais específicos de escuta com os povos tradicionais da região, demonstra o lugar de poder de uma diretoria unilateral e subordinada aos interesses das empresas.

  • Lutas locais de resistência e os sujeitos sociais da transição energética

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No Brasil petroleiro, a resistência local e as lutas contra a instalação e expansão do complexo industrial são violentamente atacadas pela Petrobras, pelos governantes de Estado, tanto por setores neoliberais quanto desenvolvimentistas, e mesmo por movimentos sociais nacionalistas à esquerda e à direita, pois como diz o poeta Drummond: “Há os que morrem por petróleo convencidos de que morrem pela pátria”.

E, no entanto, seja no mar ou ao longo da costa atlântica, a exploração do pré-sal vem gerando uma vasta tipologia de impactos e graves conflitos e injustiças socioambientais.

Em todas as suas fases: antes da instalação, na consulta prévia; ou durante as operações, no monitoramento; ou depois dos acidentes e crimes, nas reparações; há permanente e sistemática violação de direitos humanos: econômicos, sociais e ambientais de povos tradicionais da pesca, quilombolas, indígenas, caiçaras, camponeses e outros grupos sociais, do campo e de distritos urbanos industriais, que habitam os territórios e a vizinhança dos empreendimentos.

Considerando o conjunto do complexo, e também o refino, os usos, queimas e descartes dos derivados (plástico, gasolina, diesel, nafta, querosene, lubrificantes, fertilizantes, cosméticos, ansiolíticos etc); e ainda o CO2 e outros gases do aquecimento global, do qual é o principal responsável; o petróleo atinge a sociedade local e global, sendo diretamente relacionado a várias doenças, principalmente o câncer.  O petróleo mata. E no entanto não há campanhas estatais ou empresariais alertando desse risco.

No mar, a constante interdição de rotas pesqueiras tradicionais, o trânsito intenso de navios, a instalação de dutos, as pesquisas de prospecção afugentam o pescado para distâncias cada vez mais custosas e inacessíveis para os barcos da pesca artesanal e familiar. Também as inúmeras dragagens e construções de piers, para instalação de portos como Açu (Norte do Rio de Janeiro), Super Porto e Itaoca offshore (Sul do Espírito Santo), ou para construção de estaleiros navais como o Jurong (Aracruz no Espírito Santo) destroem territórios pesqueiros estratégicos, de grande biodiversidade marinha e manguezais. A contaminação dessas áreas, conhecidas como “laminhas”, destrói os “berços nascedouros” de muitas espécies de camarão, mariscos, lagostas, caranguejos, de onde são retiradas as “iscas” específicas para cada tipo de arte de pesca artesanal e familiar. A contaminação e destruição das laminhas afeta a segurança alimentar e atinge profundamente o modo de vida e o trabalho de muitas mulheres marisqueiras.

Em terra, o trânsito de caminhões, as instalações de armazenamento de óleo e unidades de tratamento de gás, os dutos invadem territórios indígenas, quilombolas, ribeirinhos, assentamentos rurais e comunidades camponesas, contaminam a água e a terra, inviabilizam suas culturas e modos de vida. Pequenos vilarejos de pesca artesanal se transformam, em poucos anos, em distritos urbanos, industriais e/ou portuários, atraindo milhares de trabalhadores, em sua grande maioria homens, para um curto período de tempo, quando constroem as plantas produtivas. Sem políticas públicas de saúde, educação, água, esgoto, segurança, em cada um desses distritos se repete uma tragédia social, com desemprego, prostituição, violência, gravidez precoce, com forte impacto sobre a vida de toda a sociedade dali originária, e mais especificamente para as mulheres e jovens. É o caso de Barra do Riacho no Norte do Espírito Santo, bem como o de Campos e Macaé no Norte do Rio de Janeiro.

Nas cidades e distritos urbanos, movimentos de cicloativistas, recicladores do lixo plástico, artistas, comunicadores, pesquisadores independentes, acadêmicos, ativistas de direitos humanos, ambientalistas, grupos de mulheres e jovens se somam às lutas dos povos tradicionais.

Por toda a área do pré-sal se multiplicam as resistências locais da sociedade civil, as manifestações públicas, as cartas e manifestos denúncia, os processos jurídicos, a produção de vídeos, textos, blogs, murais etc. Nos territórios ameaçados e violados pelo complexo petroleiro, os povos se organizam em lutas locais, que se articulam em fóruns e campanhas regionais e nacionais; como: AHOMAR, na Baía de Guanabara (Rio de Janeiro), a Federação Estadual de Pescadores do Espírito Santo, o Fórum dos Afetados por petróleo e gás do Rio de Janeiro, o Fórum das Comunidades Tradicionais do Sul do RJ e Norte de SP e ainda redes e movimentos, como o Movimento Nacional de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MNPP), o Fórum Nacional de Mudanças Climáticas e Justiça Social, a Campanha Nem um poço a mais!, o Grupo Carta de Belém, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Denunciam, em planos distintos, a destruição da natureza e do clima da Terra, a contaminação da vida, da água, das pessoas. Pressionam as empresas, os Estados e municípios e seus órgãos públicos por justiça social e ambiental. Os sujeitos da transição energética são plurais e heterogêneos.  Defendem territórios naturais e mentais livres do petróleo, e livres para o bem viver e conviver. Haverá limites para a petrodependência e para a farsa do desenvolvimento. Longo é o tempo da Terra.

 

Este artículo es parte del proyecto Energías Extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Heinrich Böll Stiftung Cono Sur.

Colombia: Los pesados amplían la frontera extractiva

En julio de 2014 Ecopetrol y Pacific Rubiales anunciaron la cancelación del proyecto Star, de combustión in situ. Con él, las dos compañías pretendían aumentar la producción de hidrocarburos en el campo Quifa. El fracaso había sido anunciado por organizaciones sociales y el sindicato de la industria del petróleo, la Unión Sindical Obrera. Además, líderes comunitarios llevaban años denunciando los problemas ambientales que les generaba la actividad petrolera. Pero a pesar de las malas experiencias, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos sigue con los ojos puestos en los crudos pesados, y la resistencia a estos proyectos crece. Las voces suenan en Caquetá, Meta, Putumayo y Magdalena Medio: “Agua, no petróleo”. En este artículo se busca mostrar la situación de los crudos pesados en el país y el papel que hoy desempeñan en el sector hidrocarburos, así como los conflictos que está provocando.

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Vista panorámica del campo Rubiales (larepublica.co).

Por Tatiana Roa Avendaño
Coordinadora general de Censat Agua Viva
Amigos de la Tierra Colombia

Desde hace un par de décadas la economía colombiana depende de las exportaciones de petróleo. El gobierno nacional, para incrementar la entrada de divisas, está extrayendo hidrocarburos a tasas muy elevadas, lo que ha provocado una brusca caída de las reservas. Según el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, el petróleo constituye alrededor del 50% de las exportaciones del país. De hecho, más del 60% de la producción de hidrocarburos es exportada a mercados internacionales. “En 2013, se estimó que Colombia tenía 2,445 millones de barriles de reservas de petróleo crudo, y en el 2015 el país produjo 1’009,000 de barriles por día. Desde su inicio, la administración del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha identificado al sector extractivo como principal pilar de la economía colombiana, impulsando incentivos para su expansión. Seis años después del inicio de su mandato, este sector representa el 42% de las exportaciones del país” (FIDH & CAJAR, 2016: 7). Sin embargo, no se han vuelto a encontrar nuevos yacimientos desde la década de los noventa, cuando se hicieron los grandes descubrimientos de los campos petrolíferos de Cusiana y Cupiagua[1], en el oriente del país.

El agotamiento de los yacimientos convencionales[2], la alta demanda de hidrocarburos y los elevados precios que alcanzó el petróleo a principios de este siglo, desvió el interés de las empresas hacia la explotación de yacimientos no convencionales en muchos lugares del mundo. Colombia sigue esta tendencia, entre 2000 y 2015, la producción de crudos pesados[3] del país pasó de representar el 10% del total al 53% (La República, 20/06/2015).[4] Los gobiernos nacionales de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos han impulsado políticas para favorecer la inversión extranjera y han intentado incrementar las reservas de petróleo y gas avanzando sobre nuevas fronteras. Desde el centro del país, donde inició la explotación petrolera en Colombia, se expanden los campos petroleros de crudos convencionales y no convencionales hacia la Amazonía, Orinoquía, Pacífico, las sabanas, el mar Caribe, incluso, trepan por las altas montañas de la cordillera Oriental. De esta manera, se promueve la extracción de energías extremas, dada la complejidad geológica, la incorporación de tecnologías riesgosas, los altos requerimientos energéticos y de agua, además de mayores inversiones de capital, los riesgos ambientales y sobre los trabajadores. Quifa, ubicado en Puerto Gaitán, departamento del Meta, es uno de los varios campos petroleros de crudos pesados en explotación.

Los crudos pesados

Del total de las reservas mundiales, el 30% de estas corresponde a crudo convencional y el 70% a no convencional, de los cuales el 25% son crudos pesados y el 45% crudos extra-pesados y bitumen. Los principales yacimientos de crudos pesados se encuentran en Alberta, Canadá, de arenas bituminosas; la Faja del Orinoco, Venezuela, de crudos extra-pesados; Rusia y EEUU. América Latina es el continente que concentra las mayores reservas del mundo de este tipo de crudos, representando el 48% de ellas, 2 billones de barriles equivalentes de petróleo o BEP. Venezuela cuenta con aproximadamente 1,7 billones de BEP (equivalente a 87%), mientras que la de Colombia solo representan el 0,6%, lo que son 12 millones de BEP (Campetrol, 18/06/2015). También gran parte de las reservas de países como Ecuador, México, Perú y Brasil son crudos pesados.

Se estima que el 40% del total de las reservas colombianas de hidrocarburos corresponde a crudos pesados y representan aproximadamente la mitad de la producción petrolera. De acuerdo a la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), “la proporción de crudos convencionales (dulces o ligeros) disminuirá en los próximos 10 años de 15% a 10% y de 32% a 21%, mientras que el total de no convencionales (crudos pesados) aumentará de 52% a 69% del total de la producción” (La República, 20/06/2015). Más aún, se calcula que para el 2018 las reservas de crudo pesado en el país llegarán a ser el 60% del total, es decir, 15% más que en la actualidad (Ape.com.co, 23/08/2013)

El impulso de la exploración y explotación de crudos pesados responde a una política de los últimos gobiernos nacionales. Entre 2002 y 2010, el gobierno de Uribe Vélez otorgó importantes beneficios a la inversión extranjera, bajo el eslogan de la “confianza inversionista” y la liberalización del sector. Con el decreto número 1760 del 26 de junio de 2003 modificó la estructura orgánica de la estatal Ecopetrol y creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a la cual se le entregó la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación. En 2008 la ANH promovió el Proyecto de Desarrollo de Crudos Pesados, que consistió en el otorgamiento de extensas áreas para evaluación, a través de una ronda especial para incentivar el crecimiento del mercado de los crudos pesados. De esta manera, se asignaron ocho áreas especiales bajo contratos de Evaluación Técnica a seis empresas reconocidas: Ecopetrol, Exxon, BHP Billiton, Talisman, Shell, Pacific Rubiales y Pluspetrol (Colombia Energía, 23/01/2013). En la Ronda 2010, de los 78 bloques adjudicados para explotación petrolera, al menos 50 se encontraban en los departamentos del Meta, Casanare, Arauca y Vichada, donde actualmente se concentra la mayor producción de crudos cuya gravedad API es inferior a los 17° (UPME, 2012:40).

Aunque los crudos pesados se hallan en 6 de las 16 cuencas onshore del país, los desarrollos se han dado principalmente en cuatro de ellas: Llanos Orientales, Magdalena Medio, Putumayo y Caguán; en los campos de Rubiales, Apiay, Ombú, Castilla, San Fernando, Teca, Nare y Jazmín. Las principales reservas se encuentran en los Llanos Orientales y están calculadas entre 6.806 MMbbl y 319.455 MMbbl (Colombia Energía, 2013). En tanto Campo Rubiales es considerado el principal hallazgo de petróleo pesado y sus reservas son estimadas en 4,17 millones de barriles de petróleo de 12,5º API. Este campo fue revertido recientemente a la Nación, luego de una intensa lucha de los trabajadores petroleros organizados en la Unión Sindical Obrera (USO), partidos políticos como el Polo Democrático y otros sectores nacionalistas. Durante varias décadas fue propiedad de la petrolera canadiense Pacific Rubiales, que además de Quifa tuvo a su cargo los campos Sabanero y Rubiales. Más hacia el piedemonte llanero Ecopetrol desarrolla los campos de Chichimene, Castilla y Apiay.De acuerdo a Humberto Calderón Berti, fundador y presidente de Vetra[5] y ministro de Energía y Minas de Venezuela entre 1979 y 1983: “En Colombia puede que no se tenga una faja petrolífera[6], […] hay indicios de que existe un cinturón de crudos pesados[7] en la región de los Llanos, que puede albergar importantes yacimientos” (Colombia Energía, 23/01/2013).

 Extracción de alto riesgo

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Incendio de pozo en campo Quifa, durante el desarrollo del Proyecto STAR (Captura de filmación de Oscar Vanegas).

Los crudos pesados tienen alta viscosidad y densidad, por lo que resulta de gran complejidad su extracción, transporte y refinación. También presentan un alto contenido de sal y sustancias tóxicas como el azufre, metales pesados y, en ocasiones, sulfuro de hidrógeno, lo que los hace aún más contaminantes que los convencionales. Como sucede con la extracción de otros hidrocarburos no convencionales, la explotación de crudos pesados exige grandes consumos energéticos, de agua, químicos, infraestructura especial, mayores inversiones e incrementa los daños al ambiente. En el proceso de extracción requieren estimulación térmica y química, para ello se utilizan diferentes técnicas de inyección de vapor o combustión in situ, lo que disminuye de manera importante el factor de recobro[8], que es menor al 20%, cuando en pozos convencionales puede alcanzar hasta el 35%. Es decir, de los hidrocarburos en el yacimiento, es menos el petróleo que puede ser extraído. Algunas de las técnicas para la extracción son: i) la inyección de vapor de agua, que es una de las predominantes en crudos pesados y extra-pesados; ii) la introducción de líquidos a través de pozos inyectores; iii) la recuperación de tipo terciaria o mejorada, que consiste básicamente en la inyección de agua mezclada con solventes químicos y el calentamiento del fondo del pozo.

En tanto el proceso de combustión in situ es una técnica convencional térmica que se basa en la generación de calor en el yacimiento para recuperar crudos de alta viscosidad.[9] Consiste básicamente en quemar una porción del petróleo -aproximadamente el 10%- presente en el yacimiento para generar el calor -incluso al pozo pueden ser inyectados aire u oxígeno-, de tal manera que se pueda aumentar la eficiencia del barrido volumétrico del petróleo, es decir, el crudo que se puede extraer al bajar la viscosidad. Mientras la zona de combustión generada se propaga, el crudo se calienta haciendo que las fracciones más volátiles se destilen debido al craqueo térmico por el aumento de la temperatura. Aunque el método es bastante antiguo, sigue teniendo serias limitantes y genera muchos problemas técnicos y ambientales, por las cuales nunca ha tenido el auge de o procesos térmicos como la inyección de vapor. Existen otras técnicas en fase piloto como el uso de CO2 a través del procedimiento de captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés), que es considerada un tipo de geoingeniería. Esta consiste en “capturar” CO2 a través de tuberías e inyectarlo con alta presión en las profundidades de la tierra para que empuje el crudo hacia la superficie.

Los requerimientos energéticos para la explotación de crudos pesados y extra pesados son muy altos. Además, el consumo de enormes cantidades de agua y el alto riesgo de contaminación por sulfuros y metales pesados (níquel, vanadio o molibdeno) presentes, se convierten en algunos de los principales problemas, dado que acrecienta el impacto tanto en los lugares de extracción como de refinación (Acción Ecológica, 2013: 8).

Así mismo, el transporte de los crudos pesados es otra de las dificultades cardinales. Por ejemplo, se suele utilizar nafta para diluir el petróleo, sin embargo, esto representa costos económicos y logísticos adicionales. En algunos países, entre ellos Venezuela, que tiene unas grandes reservas de crudos pesados y ultra-pesados, se han instalado mejoradores para facilitar el transporte del crudo. Estas unidades, similares a las refinerías, a través de tratamientos especiales hacen del petróleo pesado una sustancia menos densa -crudo sintético-, que es mucho más fácil de exportar y comercializar (Acción Ecológica, 2013: 10). Sin embargo, se necesitan grandes reservas para justificar dichas inversiones.

Otra alternativa para movilizar los crudos pesados consiste en modificar el sistema de oleoductos por líneas de transporte caliente, con ello se elimina el uso de diluyentes como la nafta. Sin embargo, todas estas alternativas suponen riesgos ambientales mayores y demandas energéticas altísimas. En el caso colombiano, hasta el 2015, el transporte del crudo se realizaba a través de cientos de carrotanques[10] que se desplazan diariamente por la carretera que comunican Campo Rubiales con el resto del país, posteriormente entró en servicio el oleoducto Bicentenario y sus estaciones reforzadoras ER1 y ER2. Durante los años de transporte en camiones, el paso de los vehículos generó contaminación atmosférica por material particulado en suspensión (polvo rojo, gas, aceites y otros químicos), que afectó de forma grave a los pobladores campesinos que viven en los alrededores de la vía.

El Proyecto Star o combustión in situ

Infografía: El Mundo.
Infografía: El Mundo.

En 2011 Ecopetrol y Pacific Rubiales decidieron implementar un proyecto piloto de la tecnología Star, sigla en inglés de Recuperación Adicional Térmica Sincronizada, en Quifa[11], campo cuyas reservas originales fueron estimadas en 900 millones de barriles (Vanegas, sf). La empresa canadiense promovió la nueva tecnología con el propósito de doblar las reservas de los yacimientos de petróleos pesados y aumentar el factor de recobro hasta del 45%.

La tecnología Star fue probada en los laboratorios del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) sin embargo, en el campo varios de los pozos perforados tuvieron que ser abandonados por fallas técnicas. Algunos en el fondo del pozo alcanzaron una temperatura de 1200°C, fundiéndose la tubería (Vanegas, sf) y solo produjeron frentes de llama incontrolables y explosiones que expulsaron arenas y cenizas a miles de metros a la redonda, generando daños irreparables sobre los ecosistemas. Los gases de la combustión llegaron a la superficie y contaminaron el aire con sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y dióxido de azufre, entre otros. Un reciente informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” evidencia las múltiples denuncias de las comunidades, quienes describieron los graves impactos sobre caños[12] y morichales[13], flora y fauna, además de la contaminación atmosférica, entre otros asuntos (2016: 46 – 50).

Los pobladores advirtieron a las autoridades sobre la forma como se fueron secando los caños, contaminando con vertimientos y derrames de petróleo sus acuíferos, sin respuesta de entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, encargada del seguimiento de la gestión ambiental.  Denunciaron que los nacederos o jagüeyes[14] del sector presentaban residuos de petróleo y otros químicos. Para ellos, la prospección sísmica y la implementación del proyecto Star hicieron que el nivel freático descendiera de forma drástica (Vanegas, sf).

Adicionalmente, informes del Servicio Geológico Colombiano y de la Red Sismológica Nacional de Colombia dieron cuenta que desde que inicio el Proyecto Star se incrementaron los sismos en Puerto Gaitán, una región de poca o nula sismicidad. Desde el 2 de abril de 2013 hasta el 28 de junio de 2016 se han registrado 976 sismos, y desde el 31 de enero de 2014 se han presentado al menos 99 sismos de magnitud igual o superior de 4 en la escala de Richter, los cuales han sido reportados por el Sistema Geológico Colombiano. (FIDH & CCAJAR, 2016: 69). Este fenómeno es adjudicado, al incremento de la inyección de agua en los campos Rubiales y Quifa, el informe de la FIDH y CCAJAR advierte que Pacific Rubiales está inyectando más de 3 millones de barriles diarios de agua en los campos mencionados (2016: 68 – 69).

En enero de 2014 la contralora delegada para el sector minero energético aseguró que mientras Pacific Rubiales afirmaba que el Proyecto Star era un éxito, Ecopetrol sostenía que no se habían logrado los objetivos. La evaluación de la empresa estatal en enero de 2014 consideraba que se había alcanzado en un 60% la línea base de producción pactada en 2011 (Blu Radio, 27/01/2014). Según la Contraloría General de la República, en el proyecto se habría invertido más de 250 millones de dólares, sin los resultados esperados.

El 23 de julio de 2014 en un comunicado conjunto de Ecopetrol y Pacific Rubiales declararon terminado el proyecto piloto Star. El cierre estuvo precedido de múltiples denuncias de comunidades, organizaciones y políticos que auguraban su fracaso, además de los múltiples problemas ambientales. No obstante y a pesar de las malas experiencias, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha puesto los ojos en el incremento de la producción en los campos de crudos pesados. Es así como en 2015 Ecopetrol terminó la construcción de la planta demostrativa de desasfaltado en Chichimene, en el Meta, con tecnología desarrollada por el ICP. Tendrá una capacidad de procesar 200 barriles de petróleo por día y contó con una inversión superior a los $103 mil millones (unos de US$35 millones) y se construyó en año y medio. El objetivo es disminuir la viscosidad de los crudos pesados y extra-pesados de los Llanos para facilitar su transporte por oleoductos.

A modo de conclusión, en lugar de caminar hacia una senda de sustentabilidad, invirtiendo en la investigación y aplicación de energías alternativas, se sigue priorizando el camino de los fósiles. Sin embargo, la resistencia a estos proyectos sigue creciendo en la región y en el país. Las voces suenan en Caquetá, Meta, Putumayo, y Magdalena Medio. El pulso está fuerte, entre opositores y promotores de los proyectos extractivos. El nuevo momento de paz que vive Colombia tendrá como principal protagonista las luchas por el agua y contra el petróleo.

 

Notas

[1] El yacimiento Cusiana fue descubierto en 1991, tras los análisis y declaratoria de comercialidad del campo se anunciaron dos mil millones de barriles de reservas de crudo liviano.

[2] Crudos dulces o ligeros/livianos de fácil extracción y refinación.

[3] Son considerados crudos pesados, los que van de 10 a 20 grados API y con una viscosidad entre 100 y 10,000 cp. “Para el cálculo de la densidad API se utiliza la medición superficial de la gravedad específica del petróleo desgasificado. La fórmula que relaciona la gravedad específica (S.G.) a 60°F con la densidad API es Densidad API = (141.5/S.G.)-131.5. Conaway C: The Petroleum Industry: A Nontechnical Guide. Tulsa: Pennwell Publishing Co., 1999” (Oilfield Review. 2006: 38 – 59).

[4] Cabe destacar que la cotización de los crudos pesados en el mercado es más baja debido a los altos contenidos de azufre y metales pesados.

[5] Vetra Exploración y Producción Colombia es una empresa dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos.

[6] Se refiere a la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) una extensa zona rica en petróleo pesado y extra-pesado ubicada al norte de río Orinoco, en Venezuela. La Faja es considerado el mayor reservorio de crudos conocido en el mundo.

[7] La cuenca de los Llanos cuenta con un cinturón de crudo pesado de los Llanos, un yacimiento de crudos pesados, en los que se encuentran, entre otros, los campos de crudo pesado Castilla, Quifa, y Rubiales.

[8] Es el porcentaje del  petróleo o gas de un yacimiento que puede ser extraído mediante técnicas primarias o secundarias.

[9] Aunque la mayoría de los proyectos de combustión se implementan en yacimientos de crudo pesado, cada vez son más utilizados para recuperar el petróleo ligero de yacimientos profundos. En Estados Unidos son más los proyectos de combustión en operación en yacimientos de crudo ligero que los que existen en yacimientos de crudo pesado.

[10] Camiones cisterna.

[11] Quifa es continuidad de los campos Rubiales y Pirirí.

[12] Cursos de agua.

[13] El moriche es un tipo de palma que crece en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco.

[14] Vertientes y jagüeles.

Bibliografía

ACCIÓN ECOLÓGICA (2013). Pungarayaku, el horror de los crudos pesados. Boletín de Acción Ecológica No. 169, diciembre, Quito.

APE.COM.CO. (23/08/2013). Crudos pesados: Un negocio de talla mayor.

BLU RADIO (27/01/2014). Contraloría encontró diferencias entre Ecopetrol y Pacific por proyecto Star.

CAMPETROL (18/06/2015). Crudos pesados: el reto para Colombia.

COLOMBIA ENERGÍA (23/01/2013). Crudos pesados, la gran apuesta del sector.

FIDH & CAJAR (2016). Colombia: El costo humano del petróleo: Estudio de impacto en los derechos humanos de las actividades de Pacific Exploration & Production Corp. en Puerto Gaitán, Bogotá.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (2012). World Energy Outlook.

LA REPÚBLICA (20/06/2015). Ecopetrol necesita aumentar eficiencia en crudos pesados.

PORTAFOLIO (03/08/2011). Producción mundial de crudo pesado crecerá el 44% en 10 años.

SCHLUMBERGER, Oilfield Review (2006). La importancia del petróleo pesado. Págs. 38 – 59.

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (2012). Escenarios de Oferta y Demanda de Hidrocarburos en Colombia. Ministerio de Minas y Energía, República de Colombia. Diciembre, Bogotá

VANEGAS, Oscar, s/f. Verdades sobre el Proyecto Star.

Este artículo es parte del proyecto Energías Extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Heinrich Böll Stiftung Cono Sur.

Lanzamiento de campaña de movilización hacia la COP 22 de Marruecos

cop

DECLARACIÓN DE CASABLANCA
adopta al final de la Conferencia africana e internacional
sobre la COP22
23 y 24 de septiembre de 2016.

Las temperaturas récord durante todo el año 2016, así como la serie de
ciclones, huracanes, inundaciones, incendios forestales y sequías que han
ocurrido sirven como claros recordatorios que el cambio climático es una
realidad que ya afecta a cientos de millones de nosotros.
Nosotros, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil,
reunidos en Casablanca en toda nuestra diversidad para lanzar una campaña
de movilización en preparación de la COP22 que se llevará a cabo en
Marrakech entre el 7 y el 18 de noviembre, reafirmamos nuestra
determinación para asegurar que el calentamiento global se mantenga bajo
los 1.5°C – de acuerdo a los compromisos hechos en la COP 21 de París por
los jefes de estado participantes.

Después de la COP 21, estuvimos comprometidos para movilizarnos eN todos
y cualquier lado para evitar que se alcancen las líneas rojas que amenazan un
futuro justo y vivible. Esta es una promesa que hemos honrado y seguiremos
honorando.

África, la anfitriona de la COP 22, está experimentado las consecuencias
más brutales y extremas del cambio climático: degradación ambiental y de
los recursos, inseguridad alimentaria, la presión sobre el agua, el incremento
de los niveles de pobreza y los riesgos sanitarios y olas masivas de
migración vinculada con el clima. Paradójicamente, el pueblo africano no es
responsable por el cambio climático, y, por lo tanto, nuestro compromiso no
es solo con la justicia climática sino también con la justicia social.
Por lo tanto, tenemos la determinación de continuar movilizándonos para:

– Salir de la era de los combustibles fósiles y acelerar una transición
justa hacia un futuro que sea 100% renovable.

– Defender los derechos humanos y la igualdad verdadera contra todo
tipo de opresión y dominación, incluyendo la de género y la
geográfica.

– Defender la soberanía alimenticia y la agricultura campesina y luchar
contra las falsas soluciones que a menudo quitan sus tierras a los
pueblos rurales.

– Reconocer y llegar a un acuerdo acerca de las deudas ecológicas de
los países altamente industrializados a costa de países pobres y en
desarrollo y romper con los modelos de desarrollo que se basan en la
explotación de recursos naturales.

– Garantizar que los países del Norte asuman sus responsabilidades para
que nuestras comunidades puedan efectivamente adaptarse y enfrentar
las consecuencias del cambio climático

El tiempo se acabo; tenemos pocos años para preservar la posibilidad de un
futuro que esté libre del caos generado por el clima. Juntos, debemos
asegurarnos que la COP 22 sea un paso clave para fortalecer el movimiento
por la justicia climática.

En Casablanca, el 24 de septiembre de 2016 en la clausura de la
Conferencia África e Internacional convocada por la Coalición Marroquí
por la Justicia Climática