Argentina comprende casi todos los extractivismos: minero, petrolero, agrícola y pesquero. Aquí algunas ideas preliminares sobre una transición postextractivista señalando algunos abordajes posibles.
Eduardo Gudynas.- En Argentina es evidente el protagonismo de los llamados extractivismos, como la minería o los monocultivos, que se nutren de una apropiación intensa y voluminosa de recursos naturales para exportarlos a mercados globales. A pesar que mucho creen que esa problemática es ajena al país, la realidad es muy distinta. Es que Argentina es uno de esos casos particulares donde están presentes casi todos sus tipos: minero, petrolero, agrícola y pesquero.
Ese tipo de estrategias generan, desde un lado, una fuerte subordinación a la globalización y, desde el otro, una catarata de impactos negativos en la sociedad y el ambiente que superan largamente cualquier beneficio económico[1].
Si bien desde hace décadas se ha cuestionado la primarización en las exportaciones o la subordinación a los mercados internacionales, ahora se cuenta con mejores marcos conceptuales para entender que esos y otros problemas se derivan de los extractivismos.
Ante esta situación es indispensable buscar alternativas para salir de esa dependencia. Esas exploraciones, englobadas bajo el término “postextractivismo”, despegaron inicialmente en varios países andinos. Allí no bastó ni denunciar los impactos ni las movilizaciones ciudadanas, y se volvió necesario presentar alternativas posibles y comprensibles que pudieran reemplazar esos proyectos extractivos.
Argentina está entrando a ese tipo de discusiones. Las críticas y resistencias no bastan, ya que inmediatamente surgen reclamos tales como que sin minería no habría desarrollo, o bien, sin la soja colapsaría la economía nacional. Pero además, el postextractivismo obliga a reflexiones políticas claves, tales como hasta qué punto es una alternativa pasar de una minería transnacionalizada a una estatal.
El presente artículo comparte algunas ideas preliminares sobre una transición postextractivista en Argentina. No se pretende abordar todas sus facetas, sino apenas señalar algunos abordajes posibles. A su vez, estas son ideas que se nutren de las discusiones en marcha en los países vecinos.
Extractivistas con impactos locales y efectos derrame
Argentina es un país donde los sectores extractivistas tienen una enorme relevancia, y esto debe ser reconocido. La canasta de productos exportados lo confirma: la proporción de materias primas, los “commodities”, es muy alta, estando en el orden del 70% del total de las ventas externas. Además está concentrada en un mismo tipo de productos (la soja y otros bienes agrícolas dan cuenta del 40% de las exportaciones).
La exportación de ese tipo de bienes es tan enorme que alimentó un superávit en la balanza de comercio exterior en los últimos años (aunque intercalando algunos déficits, por ejemplo en 2015 y en lo que va de 2017). Como sabemos, esa balanza comercial se mide en indicadores monetarios (son los millones de dólares en las exportaciones y las importaciones).
Pero esa es una mirada muy parcializada. Cuando se usan los nuevos indicadores físicos, o sea las toneladas de materia exportadas contra las toneladas importadas, el resultado es otro. Sorprende encontrar un déficit desde por lo menos 1990, con una pérdida neta que pasó del nivel de los 30 millones de toneladas a inicios de ese década, a los 90 millones de toneladas en 2012.
Aquí no hay ningún superávit, y por el contrario, Argentina posee uno de los mayores déficits comerciales físicos en América Latina: debe exportar unas tres toneladas de commodities por cada tonelada de importaciones. Ese déficit nunca dejó de agravarse, se multiplicó por tres desde 1990, y en 2003 alcanzó un pico de ocho a uno (según un reciente estudio del equipo en economía ecológica de la Universidad de Barcelona[2]).
Esta salida neta de recursos naturales, tales como minerales o soja, exhiben un volumen o intensidad tan alta que se generan todo tipo de impactos locales. Entre ellos están, por ejemplo, la contaminación de suelos y aguas en las explotaciones mineras y petroleras, la deforestación y el deterioro de los suelos por los monocultivos, o el drama de los pueblos fumigados en las regiones sojeras. En algunos casos, esos impactos se convierten en verdaderas “amputaciones ecológicas” como se registra en la megaminería a cielo abierto (Bajo de la Alumbrera en Catamarca es un caso evidente), y ante ello plantear medidas de mitigación se vuelve un eufemismo. La evidencia sobre estos impactos locales es enorme, y proviene tanto del testimonio de comunidades locales como de relevamientos de técnicos independientes.
Esta situación dispara muchos conflictos locales allí donde los impactos son más agudos sobre el ambiente y la calidad de vida de las personas. A su vez, las empresas y el Estado hostigan, criminalizan y judicializan a esa resistencia ciudadana. Esos vecinos saben que los extractivismos no les han mejorado su calidad de vida ni les ofrecen una alternativa económica a largo plazo.
Como en otros países, también operan los llamados “efectos derrame”. Estas son modificaciones en las políticas públicas que se imponen para sostener o promover un emprendimiento extractivo, pero que tiene consecuencias que van mucho más allá de la escala local. Un ejemplo típico es reducir las exigencias ambientales para un proyecto, pero que más allá de ese caso el resultado es aceptar requerimientos más débiles para todos los demás proyectos y en todo el territorio nacional (o provincial).
Alternativas a los extractivismos
A partir de este muy breve y esquemático resumen se pueden presentar a los postextractivismos como las exploraciones de alternativas para dejar de depender de los extractivismos, pero con la particularidad de ofrecer medidas concretas, efectivas y replicables bajo el mandato de asegurar la erradicación de la pobreza, la calidad de vida de las personas y la conservación de la naturaleza[3].
Un ejemplo permite dar un primer paso en este sendero. Un componente clave del postextractivismo es detener los emprendimientos que originan los impactos más graves, allí donde destruye la naturaleza o afecta la salud pública. No pueden seguir tolerándose actividades que no puedan ser reformuladas social y ambientalmente más allá de sus supuestos beneficios económicos, y deberán ser clausuradas.
De la misma manera se deben aplicar medidas para reducir la dependencia exportadora extractivista. En un primer paso inmediato, los commodities no deberían superar el 50% de las exportaciones totales y tampoco deberían estar concentradas en un solo tipo de productos. Para avanzar en ese sentido es necesario promover otros sectores que los reemplacen, que demanden empleo, provean beneficios económicos, y acaten los requerimientos sociales y ambientales.
Debe quedar en claro que los postextractivismos no buscan suplantar un tipo de extractivismo por otro; su partido no se juega entre variedades de extractivismos, sino en salir de ese tipo de desarrollo. Esto tampoco significa demandar algo así como una naturaleza intocada, ni siquiera es una posición antiminera o antipetrolera. En cambio, postula aprovechar los recursos naturales sin destruir esa base ecológica, o dicho de otro modo, sin destruir a la Naturaleza. Son los extractivismos los que están destruyendo el patrimonio natural del país.
Por lo tanto, los aprovechamientos deben acomodarse a los límites ecológicos y a los ritmos de regeneración y recuperación del ambiente. Las transiciones postextractivistas postulan como meta alcanzar una “apropiación indispensable” que use los recursos necesarios para la calidad de vida de las personas, enmarcadas en asegurar la conservación de la naturaleza.
Estas ideas ya muestran un componente importante en los postextractivismos como es la exigencia en cumplir las normas sociales y ambientales que actualmente existen en el país. Son múltiples extractivismos que sobreviven gracias a evaluaciones de impacto ambiental de dudosa calidad, incumplimientos en los controles, ausencia de sanciones, u ocultamiento de información a la ciudadanía. Por ejemplo, a pesar de contarse con una Ley de Bosques que debería protegerlos (aprobada en 2007), de todos modos se deforestaron más de dos millones de hectáreas entre 2007 y 2014 (incluyendo 600 mil hectáreas de bosques protegidos[4]).
Otra economía
La reducción de los extractivismos tiene varias implicancias económicas y es necesario ofrecer alternativas. Comenzando por el delicado tema del empleo, un examen riguroso de los datos muestra que los extractivismos demandan relativamente poca mano de obra, y esas personas pueden ser reubicadas en otros sectores.
Se debe seguir con los mitos que presentan a los extractivismos como enormes generadores de riqueza. Eso sólo es posible porque no se contabilizan sus enormes costos económicos por impactos sociales y ambientales; por ejemplo, la contaminación del agua o la erosión de los suelos bajo la sojización tienen un costo que alguien en algún momento pagará, y que debería se descontado en las cuentas del sector agrícola, pero que es invisibilizado. Entonces, si bien una reducción de los extractivismos hace caer los dineros por exportación, esto se compensa con menores transferencias para lidiar con efectos sociales, sanitarios y ambientales.
De manera similar, los precios de los commodities no incorporan esos costos ambientales y sociales. Su valor está determinado por los mercados globales como en la bolsa de granos de Chicago o la de metales en Londres. Ese valor, pongamos por caso una tonelada de cobre, no incluye los costos de los residuos que quedan al pie de la mina, el agua o los relaves contaminados. Es por esto que los postextractivismos plantean una corrección de esos precios incorporando también esos otros costos. Como resultado el valor económico de los commodities será mucho más alto que el actual, terminará la transferencia social hacia esas empresas, y se fuerza el objetivo de reducir los extractivismos.
Otra vez aparecerán las contracríticas por los recursos económicos que se perderían. Ante ella se pueden sumar otras alternativas económicas. Unos apuntan a una reforma tributaria que sea efectiva y justa. En especial se debe terminar con los mecanismos de evasión impositiva (como las ventas trianguladas entre subsidarias o las alteraciones en los costos y beneficios que reportan las empresas).
Otros son el desmonte de los subsidios explícitos o implícitos que se otorgan a los extractivismos. Entre ellos están las subvenciones, estímulos o renuncias tributarias para sostener por ejemplo a mineras y petroleras, o ayudas como no cobrar el agua o brindar energía eléctrica barata.
Estas transferencias pueden ser enormes, como demuestra un detallado análisis para el sector petrolero argentino, que encontró que totalizaron más de 13 mil millones de pesos de 2009 a 2015[5]. Esto equivale aproximadamente a una vez y media al presupuesto en salarios de todas esas empresas (privadas y estatales). Emerge aquí la obvia alternativa de usar esos dineros en apoyar otros sectores productivos. Es más, un postextractivismo petrolero en Argentina permitiría pagar los salarios de todos esos trabajadores asignándolos a otros sectores, y aun así se ahorrarían fondos públicos.
Casos como estos se repiten en otros sectores y en todos los países, lo que muestra que no es que el Estado no tenga fondos, sino que usa buena parte de éstos para sostener financieramente a los extractivismos.
La reducción de los sectores extractivistas debe ir acompasada con una diversificación productiva. Esta es una meta que nuevamente está en el centro de muchas discusiones, y por ello es necesario precisarla desde el punto de vista postextractivista.
Es claro que Argentina tiene enormes potenciales para diversificar su producción agropecuaria rompiendo el cerco de la sojización. Pero esa diversificación debe apuntar a esquemas orgánicos y ecológicos, para así aminorar los impactos ambientales y las necesidades energéticas, y a la vez, absorbiendo mano de obra. Esto además permitiría asegurar una alimentación plena a toda la población, anulando uno de los componentes más dolorosos de la pobreza que es la desnutrición. Finalmente, esa reorganización agropecuaria permite pasar a eslabones siguientes en la industria de los alimentos.
En el sector industrial el país tiene ventajas si por ejemplo se la compara con las naciones andinas, al poseer infraestructura, tecnologías y saberes en ese campo. Pero la industria también necesita una reconfiguración social y ecológica, con más énfasis en productos necesarios y duraderos para acompasar una menor tasa de extracción de recursos naturales y consumo de energía. Este cambio impone organizar cadenas industriales donde participen también los países vecinos.
Por este tipo de condiciones la reflexión sobre postextractivismo otorga una enorme atención al marco externo. Ir más allá de los extractivismo pasa por una desvinculación selectiva de la globalización como modo necesario para recuperar autonomía frente al capital. Esto requiere de un nuevo tipo de articulaciones entre países, en unos casos potenciando instrumentos que se dejaron de lado en los últimos años (como la coordinación en la oferta, comercio y precio de las materias primas) e instalando otros de nuevo tipo (como las coordinaciones productivas entrelazadas con complementaridades ecológicas)[6].
Todas estas transformaciones productivas deben ir de la mano con abandonar el consumismo que derrocha en materia y energía. Es necesario promover un consumo más austero pero más efectivo en asegurar la calidad de vida, enfatizando el uso antes que la posesión, y que aproveche bienes más durables. Medidas postextractivistas como alargar el tiempo de obsolescencia de los electrodomésticos eran criticadas hasta hace poco, pero ahora son aceptadas como necesarias e incluso algunos países comienzan a aplicarlas.
Entramados conservadores y progresistas
Los extractivismos requieren sin duda muchos cambios en los escenarios y dinámicas políticas. Muchos de ellos avanzan violando los derechos humanos, y por ello un postextractivismo insiste en salvaguardarlos plenamente. También se mantienen gracias a la corrupción, usándola de variadas maneras, tales como acceder a contratos o evitar las sanciones (como evidencia la conexión argentina de los sobornos de Odebrecht para tener el contrato de la red de gasoductos[7]. El postextractivismo es entonces el mejor antídoto ante esa corrupción anulándola en su propio origen.
Pero una cuestión más compleja se debe a que los extractivismos proliferaron bajo distintas condiciones políticas y eso ofrece muchas lecciones para pensar las alternativas. Sin olvidar sus raíces históricas, en el pasado más reciente los extractivismos fueron promovidos por los gobiernos kirchneristas primero, y ahora por el macrismo. El avance en la sojización fue alentado por Néstor Kirchner, y la apertura al fracking se redobló con Cristina Fernández de Kirchner. Los dos, además, sostuvieron una minería bajo mínimos controles. Su implementación es parte de los llamados “extractivismos progresistas” que, entre otras cosas, tenía cierta participación estatal (con la creación de Enarsa o la reestatización de YPF).
Bajo el gobierno Macri se refuerzan los extractivismos pero se instrumentalizan de otra manera: el Estado retrocede dejando mayores espacios al mercado, a los inversores extranjeros y a las corporaciones transnacionales. Es un caso de “extractivismo conservador”. Entre sus componentes destacados están los apoyos a los monocultivos y al fracking en el sur. En la misma línea opera el reciente “Acuerdo Federal Minero” que es una medida típica de los extractivismos conservadores actuales porque acepta algunas medidas ambientales, casi siempre cosméticas[8]. En el acuerdo se indica que se clausurará la minera que alcance tres faltas ambientales graves, una promesa que comprensiblemente es tomada con escepticismo (ya que esas faltas ocurrieron con Veladero y desde el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, al poder judicial nacional y provincial, no impusieron esa sanción[9]. El grueso del acuerdo promueve la megaminería y favorece a sus capitales, en línea con la meta gubernamental de alcanzar los US$ 25 mil millones de inversiones mineras, para lo cual deberá flexibilizar los requisitos ambientales (como ha ocurrido en Perú y Bolivia, por ejemplo)[10].
Por lo tanto, los extractivismos argentinos actuales son una mezcla progresista y conservadora, kirchnerista y macrista. Se confirma así una advertencia clave en recientes estudios que indican que más allá de la instrumentalización, sea progresista o conservadora, todos los extractivismos mantienen una misma esencia en sus ideas sobre el desarrollo como crecimiento económico basado en una apropiación masiva de la Naturaleza.
Esto tiene enorme importancia para las opciones postextractivistas. El horizonte de cambio no está en ir desde los extractivismos conservadores basados en el mercado (como los del macrismo) a unos extractivismos progresistas más estatales (imitando, pongamos por caso, aquellos de Ecuador o Bolivia). Toda la información comparativa internacional muestra que incluso bajo los extractivismos progresistas se repiten los impactos sociales y ambientales, que la obsesión con generar rentabilidad en las empresas estatales termina en las mismas manipulaciones sobre los trabajadores, las comunidades locales y el ambiente, llegando a la criminalización y persecución. Y por si fuera poco, también deberán subordinarse a los mercados globales para poder exportar esas materias primas. Todo esto apunta a que los postextractivismos deben brindar alternativas tanto a las posturas progresistas como conservadoras.
Hay quienes defienden los extractivismos progresistas sosteniendo que nada se puede hacer ya que los países del sur están atrapados dentro de la globalización (como piensa, por ejemplo, Alvaro García Linera en Bolivia y que en Argentina repite Atilio Borón). Bajo esa mirada ya no hay alternativas radicales, sólo queda la resignación al desarrollo dependiente con la esperanza de un Estado que reparta de mejor manera los dineros, o sea, aceptar alguna variedad de un capitalismo benévolo. En cambio, los postextractivismos sostienen que hay alternativas posibles, ya que nuestros países no están condenados a ser proveedores de materias primas.
Perspectivas de los postextractivismos
Los debates sobre alternativas postextractivistas están en marcha en varios países. Se nutren de muchas experiencias locales que ofrecen ejemplos notables, y ofrece marcos conceptuales para sumarlas y organizaras en propuestas de transformaciones sustanciales. Se brindan instrumentos concretos para políticas públicas precisas que permitan avanzar hacia esas alternativas.
La mayor barrera que enfrentan los postextractivismos no está ni en la escasez de antecedentes ni la ausencia de otros instrumentos o políticas, sino en lo que podría llamarse barreras “culturales”. Son los mitos y prejuicios ampliamente compartidos, y que anteceden a las ideologías partidarias convencionales, y que resultan en la fatalista aceptación de ser extractivistas. Las alternativas radicales se juegan ahora en esa otra frontera, y los postextractivismos son uno de sus principales frentes de exploración.
* El autor es investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo, Uruguay.
Referencias
[1] Una biblioteca con artículos, reportes y libros sobre extractivismos, incluyendo sus definiciones e impactos, se puede encontrar en Extractivismo, concepto y tendencias.
[2] Samaniego, P. y colaboradores, Commercial and biophysical déficits in South America, 1990-2013, en Ecological Economics, 2017
[3] Una biblioteca con textos y otros recursos sobre postextractivismo está disponible en Transiciones. Alternativas al desarrollo.
[4] Desmontes S.A. Parte 3. El mapa del delito forestal en Argentina. Greenpeace, 2016.
[5] López Crespo, F. y colaboradores. Transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina. Ejes, Observatorio Petrolero del Sur y Taller Ecologista, 2016.
[6] Una introducción a los aspectos internacionales de los postextractivismos en Gudynas, E. La dimensión continental y global de las transiciones hacia las alternativas al desarrollo, en “Transiciones y alternativas al extractivismo en la región andina”, A. Alayza y E. Gudynas, eds, RedGE y CEPES, Lima, 2012.
[7] Odebrecht: revelan que De Vido acordó coimas por US$ 25 millones, H. Alconado Mon, La Nación, 18 junio 2017.
[8] Macri y las provincias firman el postergado “Nuevo Acuerdo Federal Minero”, Perfil, 13 junio 2017. El acuerdo está disponible en Ministerio de Energía y Minería.
[9] Nuevo derrame de Barrick Gold en San Juan, La Izquierda Diario, 13 enero 2017.
[10] El Gobierno apuesta a duplicar la inversión en minería, G. Sued, La Nación, 30 enero 2017. La Justicia habilitó a Barrick Gold a operar en Veladero. Infobae, 16 junio 2017.
