El Congreso inició ayer la fiscalización de las cuentas de la compañía estatal Petrobras, cuyo directorio presuntamente podría haber cometido irregularidades. La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), instalada ayer en el Senado, está sin embargo dirigida por el oficialismo.
A la cabeza de esta CPI, el oficialismo logró colocar a sus hombres en los puestos clave: en la presidencia está el legislador del PT Joao Pedro. Y como coordinador de las averiguaciones fue designado Romero Jucá del partido del Movimiento Democrático Brasileño o PMDB, íntimo aliado de Lula da Silva.
La comisión parlamentaria tiene atribuciones para pedir investigaciones (policiales incluidas) y convocar tanto a directivos de la empresa y a cualquier ciudadano que aparezca ligado a ella.
“El Congreso brasileño tiene el derecho y el deber de fiscalizar a Petrobras. No queremos transformar esto en una campaña política” dijo el senador Alvaro Dias, de la principal organización opositora, el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB)).
En realidad, a un año y tres meses de las elecciones presidenciales (octubre de 2010), la oposición esperaba contar con un buen caudal de historias de corrupción reveladas para usar en el juego denuncias propio de cualquier proceso electoral.
Para Dias, cuyo partido el PSDB (de Fernando Henrique Cardoso y José Serra) promovió esta investigación, el comando de la CPI por el oficialismo garantiza “el blindaje más eficiente para la dirección de la petrolera estatal y sobre todo, blinda al gobierno”.
Sin embargo, los adversarios del gobierno de Lula cuentan con algunas armas: “Vamos a usar la CPI para dar transparencia hecho por hecho. Eso va a obligar a la Comisión Parlamentaria a investigar”.
Entre los presuntos delitos que los socialdemócratas y los conservadores del Partido Demócratas quieren averiguar, figura la transferencia de fondos de Petrobras, como patrocinio de Organizaciones No Gubernamentales, a la Fundación José Sarney que dirige el ex presidente; hoy titular del Parlamento. De acuerdo con los opositores esos recursos fueron desviados a empresas fantasmas.
El senador Sarney, quien liderada la cámara alta enfrentó ayer en sesión plenaria pedidos de renuncia, incluso de su propio partido.
“Yo digo, con la mayor tristeza y dolor, que a esta altura no tiene sentido que el presidente Sarney tome licencia; él debe renunciar”, dijo el senador Pedro Simon, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) al que pertenece Sarney.
También pidieron su renuncia los senadores Cristovam Buarque, del Partido Democrático Trabalhista; José Nery, de Socialismo y Libertad, y Arthur Virglio, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal opositor al gobierno de Lula.
Algunos analistas dicen que el proceso de investigación nace contaminado. Es que el Senado, en su conjunto está bajo sospecha de grandes irregularidades.
“No son muchos los legisladores de la Cámara Alta con una foja de servicios impecable”, argumentó un especialista consultado por Clarín. De hecho, la oposición se ensañó contra la figura de Sarney y prácticamente lo desvistió de las honras pasadas.
Pero la oposición tampoco puede tirar la primera piedra. Ni siquiera en el tema de Petrobras. Cuando el PT propuso investigar a la compañía desde el gobierno de Cardoso, los opositores pusieron el grito en el cielo: solo quieren averiguar lo que pasó a partir de la asunción de Lula da Silva.
Fuente: Clarín.com