Energéticas serán obligadas a ser más transparentes

La nueva ley de reforma financiera en EE.UU. exigirá que revelen cuánto pagan a gobiernos extranjeros.

Por Kara Scannell.- Las companías energéticas de Estados Unidos manifestaron su desacuerdo con una norma de divulgación de información añadida a última hora a la nueva ley de reforma financiera. Las firmas dicen que revelar sus pagos a gobiernos extranjeros podría perjudicar a su negocio.

La disposición en la ley Dodd-Frank obliga a las empresas a divulgar las regalías, bonificaciones y otros pagos a los gobiernos para “el desarrollo comercial de crudo, gas natural o minerales”.

La norma, apenas discutida en el debate de varios meses sobre el proyecto de ley, tomó por sorpresa al sector. Dos senadores -el demócrata Ben Cardin, de Maryland; y el republicano Richard Lugar, de Indiana-la incluyeron con el apoyo de activistas que alegan que la información ayudará a asegurar que los países usen los fondos obtenidos para ayudar a sus pueblos en lugar de enriquecer a líderes corruptos.

El artículo se vió impulsado por una serie de casos de sobornos en los últimos años. En uno de ellos, la firma francesa de ingeniería y construcción Technip acordó pagar US$338 millones en daños civiles y sanciones penales para resolver acusaciones de las autoridades federales estadounidenses de que sobornó a funcionarios nigerianos para adjudicarse contratos para construir una planta de gas natural.

Las empresas estadounidenses, entre ellas ExxonMobil Corp., afirman que apoyan los esfuerzos de transparencia pero se oponen a la nueva ley, alegando que permitir que sus rivales sepan cuánto pagan por los derechos a explotar yacimientos las coloca en desventaja.

“En momentos en los que EE.UU. teme a la competencia internacional, esto crearía una nueva desventaja competitiva”, escribió Ken Cohen, representante para asuntos gubernamentales de Exxon, en el blog de la compañía.

Algunos datos sobre los pagos ya están disponibles a través de una iniciativa global lanzada en 2002 por una coalición que incluye actualmente a 50 compañías, 31 países y grupos de accionistas. Los países divulgan informes en los que se detallan los pagos recibidos de todas las mineras y petroleras participantes.

Sin embargo, el grado de divulgación de información varía por país y algunos alegan que existen discrepancias entre sus datos y los que reciben de las compañías. Los partidarios de la nueva ley afirman que la información adicional permitirá mejorar la situación.

Bono, el cantante del grupo U2 comprometido con las campañas contra la pobreza en África, dijo en un comunicado que la divulgación de la información puede “asegurar que las grandes riquezas del continente acaben ayudando a la gente, y no llenando los bolsillos de cualquier cleptócrata”.

La ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (conocida como FCPA, por sus siglas en inglés) ya prohíbe a las compañías estadounidenses ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros. Además, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) han redoblado sus esfuerzos para combatir estas prácticas.

Los grupos de activistas llevan muchos años abogando por una mayor transparencia para combatir la “maldición de los recursos”, por la cual las naciones subdesarrolladas reciben miles de millones de dólares por los derechos de explotación minera o petrolera, pero fracasan en reducir la pobreza entre sus ciudadanos. Estos grupos han citado casos en los que mandatarios africanos acumularon grandes patrimonios apropiándose de fondos estatales.

La nueva ley exige tanto a las compañías de EE.UU. como a las extranjeras cuyas acciones se negocian en las bolsas estadounidenses que divulguen la cantidad pagada por cada proyecto, qué división de la empresa financió el costo, y la cantidad total pagada a cada gobierno. La SEC aún debe escribir las reglas que detallen los nuevos requisitos y un portavoz dijo que la agencia aún se encuentra en la “fase inicial” del proceso.

La ley exige que las normativas estén finalizadas para abril de 2011. El American Petroleum Institute, un grupo de presión integrado por las principales petroleras de EE.UU., ha mostrado su preocupación por el hecho de que compañías como la petrolera rusa OAO Gazprom y la estatal china China National Petroleum Corp. no deban acatar las normas estadounidenses y puedan usar los datos para superar las ofertas de las rivales estadounidenses.

El senador Cardin defiende la norma, argumentando que “protegerá a los inversionistas de los riesgos excesivos asociados con los gobiernos corruptos o inestables en países ricos en petróleo o minerales”.

La Nación