Presentó un recurso administrativo ante Comercio Interior y una medida cautelar en la Justicia. Si su reclamo no tiene efecto, presentará un recurso de amparo
En medio de la disputa que mantiene con el Gobierno, la filial local de la petrolera Shell, al mando de Juan José Aranguren, presentó ayer un recurso administrativo ante la Secretaría de Comercio Interior –está al mando de Guillermo Moreno, quien el miércoles le ordenó retrotraer los precios de los combustibles a los niveles del 31 de julio– e interpuso una medida cautelar ante la Justicia Federal para suspender la orden del funcionario.
En paralelo, mantuvo los combustibles en surtidores:
$ 3,969 para el litro de nafta súper, $ 4,659 para la premium y
$ 3,599 para el gasoil.
La empresa, que habitualmente responde a las consultas de la prensa, prefirió en esta ocasión esperar la respuesta de la Justicia. Y se limitó a explicar en un comunicado que “debido al carácter urgente de nuestro requerimiento, aguardamos para el día de mañana (por hoy) una resolución judicial, a partir de lo cual adoptaremos las medidas que correspondan”.
Según pudo saber El Cronista, si la compañía no tiene éxito con la cautelar presentará un recurso de amparo, aunque en ese caso la determinación de los jueces demorará mucho más.
La resolución de la Secretaría de Comercio se dirige a todas las compañías pero en la práctica sólo afectó a Shell, que fue la única que subió sus precios en agosto, en dos oportunidades. Los ajustes no superan los 7 centavos.
Shell intentará agotar todas las instancias posibles por diversos motivos. Entre ellos, la negociación casi permanente que tiene con las empresas proveedoras de petróleo –su principal materia prima–, como Pan American Energy y Chevron, entre otras.
En noviembre, el crudo le costaba u$s 47 el barril en su variedad de mejor calidad, hoy está en u$s 54,2 y terminará el año en u$s 57,6, un 22% más. De la mejora en esos valores dependen las inversiones de las empresas productoras, las regalías que reciben las gobernaciones y la paz social que garantice el poderoso gremio petrolero.
“La empresa va a tener que mostrarle a sus proveedores que hizo el mejor esfuerzo para encontrar una solución a la embestida de Moreno”, explicaron fuentes bien informadas en el mercado petrolero.
También comenzó a gestarse una tímida respuesta empresaria. Shell forma parte de la Cámara de la Industria del Petróleo junto a la brasileña Petrobras, Esso y otras empresas de menor tamaño (YPF abandonó ese organismo). Ese último lote se reunió ayer para emitir una posición conjunta sobre la avanzada de Moreno, pero no llegó a un acuerdo. Hoy volverán a verse las caras.
Representantes de las cámaras que agrupan a los dueños de las estaciones de servicio con la bandera de Shell no recibieron ninguna comunicación oficial de la compañía. “No sabemos si esto significa que lo dejarán a criterio de cada uno”, se preguntó Raúl Castellano, directivo de Cecha (Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos).
“De todas forma, la decisión que tome Shell no libera de responsabilidad a los expendedores de combustible. Lamentablemente las multas van al dueño de la estación”, agregó Castellano. Es que la resolución se aplica a “todos los integrantes de la cadena de comercialización”.
Desde Cecha y Fecra, otra de las entidades del sector, señalaron que no se registraron casos de inspecciones o multas en estaciones de servicio. El Cronista intentó confirmar esta información con la Secretaría de Comercio pero no obtuvo respuesta.
La resolución (número 295/2010) fue cuestionada por especialistas. “Si la suba de precios ocurre porque los intervinientes en la cadena de expendio del combustible se cartelizan o hacen un abuso de posición dominante existe la Ley de Defensa de la Competencia. Y si se debe a un problema estructural, el Congreso declara a la actividad como servicio público”, detalló el abogado Oscar Aguilar Váldez, socio del Estudio Beccar Varela.
Cronista Comercial
