Fondo de reparaciones de BP acusado de fraude

Por Dahr Jamail.- Por primera vez, víctimas del derrame de crudo en el Golfo de México denunciaron por fraude, negligencia y enriquecimiento ilícito al administrador del fondo de compensaciones de la empresa británica British Petroleum (BP).

La demanda fue presentada en un tribunal estatal de Florida, en el sudeste del país, contra Kenneth Feinberg, administrador del fondo de 20.000 millones de dólares de la BP y de la Gulf Coast Claims Facility (Oficina de Reclamaciones de la Costa del Golfo).

El abogado Brian Donovan, con sede en la ciudad de Tampa, presentó el litigio contra Feinberg, contra su bufete Feinberg Rozen, LLP y contra la Oficina de Reclamaciones a nombre de Pinellas Marine Salvage, una empresa dedicada al rescate y reparación de embarcaciones, y de John Mavrogiannis, su propietario.

Los litigantes acusan a los denunciados de negligencia, fraude, incentivo fraudulento y enriquecimiento ilícito.

“Feinberg y la Oficina de Reclamaciones han hecho más daño que el derrame de crudo”, dijo Donovan a IPS. “Mi cliente confió en lo que Feinberg dijo que haría. Hicieron promesas que no cumplieron. A la empresa de John se le prometió dinero que no recibió”.

“Estamos hartos de evasivas. Me cansé de las mentiras de Feinberg. Está manipulando el sistema y no está bien”, dijo Mavrogiannis a IPS.

Él no es el único que no ha recibido compensación por las pérdidas económicas sufridas desde que comenzó el derrame de crudo en el Golfo de México.

Hace poco se supo que más de 130.000 reclamos serán rechazados por Feinberg, quien argumenta que esas solicitudes no están respaldadas por la documentación pertinente.

El hidrocarburo comenzó a diseminarse el 20 de abril de 2010, cuando la plataforma de exploración Deepwater Horizon, que BP arrendaba a la firma suiza Transocean, sufrió una explosión y, dos días después, se hundió. Sólo en julio pudo detenerse el derrame. En ese lapso se vertieron cinco millones de barriles (de 159 litros) de crudo, que causaron un serio daño ambiental y sanitario en una extensa zona del Golfo.

Los gobiernos de los estados de Florida, Alabama, Mississippi y Lousiana acusan a Feinberg de demorar los procesos, de agravar las penurias de las empresas locales y de subestimar las pérdidas provocadas en las zonas costeras.

Para Donovan, Feinberg no hace más que cumplir con la responsabilidad que BP le asignó. “Está haciendo su trabajo. Es un abogado defensor que representa a BP. Pensar de otro modo es ingenuo. Como abogado defensor está desarrollando una gran labor. Pero lo que ellos dicen es ‘haga lo que decimos o demándenos’”.

El bufete de Feinberg, con sede en Washington, ha recibido de BP un pago mensual de 850.000 dólares para administrar el fondo de compensación y procesar los reclamos de los habitantes y pescadores del Golfo.

El 7 de enero se hizo público el contrato de 46 páginas entre la BP y Feinberg, cuando fue presentado en el tribunal federal de la ciudad de New Orleans en el juicio que se sigue contra la petrolera británica por su responsabilidad en el derrame.

Según ese contrato, el pago del bufete “será acordado de común acuerdo entre las partes cada en forma trimestral antes del primer día de cada trimestre”.

A raíz de esta cláusula, muchos creen que Feinberg podría ganar más si entrega menos dinero a los reclamantes del fondo de 20.000 millones de dólares y vincula esos pagos a su éxito en reducir la responsabilidad de BP.

Todo el dinero que quede de los 20.000 millones volverá a BP, en virtud de un acuerdo al que llegó la empresa con el gobierno de Barack Obama. “Entiendo que si los 20.000 millones son suficientes y sobra dinero, éste será retenido por BP”, ha dicho Feinberg a la prensa.

En diciembre, llegó a anticipar a Bloomberg Television que la mitad de esa suma, unos 10.000 millones de dólares, serían suficientes para cubrir todos los reclamos de pérdidas económicas.

Donovan cree que no se habían presentado hasta ahora denuncias contra Feinberg “por razones políticas”.

“Lo único que se me ocurre es que tiene conexiones políticas. No me imagino por qué más gente no ha ido contra Feinberg, cuando es obvio que deberían hacerlo”, sostuvo.

“Los únicos abogados que conozco trabajando en el derrame son los que intentan organizar a las víctimas para presentar demandas de acción colectiva”, indicó. “Es comprensible, puesto que menos de tres por ciento de las 470.000 empresas y personas que presentaron reclamos a la Oficina de Reclamaciones cuentan con asistencia legal para negociar”.

Mavrogiannis cree que su demanda es sólida “porque Feinberg nos ha mentido varias veces. Si me hubiera dicho desde el comienzo que trabajaba para BP, yo hubiera llevado de inmediato a juicio a la BP. Yo creí que él era imparcial, pero me engañó, y eso es fraude”.

“Perdí mi negocio y mi casa porque no pude pagar las cuotas de mi hipoteca debido a que Feinberg no me ha pagado. ¿Quién me va a compensar por esto?”, añadió Mavrogiannis, que está a punto de ser desalojado de su vivienda.

“Los denunciados emplean la estrategia de demorar, negar y defenderse. Es la que usan las compañías de seguro inescrupulosas: demorar el pago, hambrear al afectado, y luego ofrecer un porcentaje minúsculo de todos los daños sufridos a un reclamante ya debilitado económica y emocionalmente”, dice la demanda.

“Si el reclamante quebrado rechaza el arreglo ofrecido, debe litigar”, añade.

Hasta ahora, el monto medio pagado a cada afectado es de unos 16.000 dólares. Según cifras oficiales, en 2009 una familia estadounidense de tres miembros era pobre si percibía ingresos anuales menores a 18.310 dólares.

IPS