Los subsidios previstos para este año suman $54.499 millones, aunque seguramente serán más. De este total, el 54% va al sector energético y el 27% al transporte
Claudio Lozano
Resulta increíble que un rubro como el energético, donde la Argentina posee ventajas comparativas por la disponibilidad de hidrocarburos, sea el que mayores desembolsos demande. Más allá del desarrollismo discursivo, los subsidios en el presente gobierno apuntan a sostener la renta extraordinaria de las petroleras como extensión de la privatización noventista. Situación esta que ha puesto en riesgo el autoabastecimiento energético y que obliga a destinar una parte importante de los recursos a importar energía para asistir al mercado interno.
En el mismo sentido, la expansión de los subsidios al transporte, que suelen presentarse como una estrategia para beneficiar a los pasajeros, choca con la evidencia empírica de que están dirigidos a los concesionarios. Las empresas, lejos de garantizar la calidad del transporte, financian sus operaciones como proveedores de insumos, no cumplen con inversión alguna y condenan a los pasajeros a viajar como ganado.
También se transfieren $2.553 millones al sector agroalimentario y $2.650 millones al sector rural y forestal. En ambos casos, beneficiando a las principales empresas y llevando al absurdo lo ya dicho para la energía, al subsidiar a otro sector donde el país tiene ventajas manifiestas.
Cabe consignar, también, que al observar la evolución de los subsidios en el primer trimestre de 2011 versus el mismo período de 2010, se ve el diferente trato que se otorga a aquellos destinados a los sectores económicos de los que tienen por destino la problemática social. Mientras los primeros crecieron un 107%, los segundos sólo aumentaron un 4%. Se trata de un comportamiento irracional si se toma en cuenta que la tasa de crecimiento económico superó el 8% y que la pobreza afecta a un 30% de la población.
Obviamente, una estrategia redistributiva hubiese implicado una asignación distinta. Es indudable que los subsidios constituyen una herramienta de la política pública, ya sea para atender las problemáticas sociales más urgentes como para inducir un desarrollo deseable. El caso argentino poco tiene que ver con esto. Revela una estrategia de intervención regresiva que valida las posiciones dominantes de la cúpula empresarial, alentando un comportamiento especulativo, que favorece la desinversión y que nada tiene que ver con redistribuir los beneficios del crecimiento y promover una nueva estrategia productiva.
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