Analistas españoles: una nacionalización de YPF costaría US$ 16.000 millones

Las acciones se desplomaron en la semana 16,8% en Buenos Aires y 2,3% en Madrid. Analistas ven más amenazas que posibilidades

Por Hebe Schmidt | Perfil

Los analistas españoles que siguen a Repsol en España no creen que prospere una nacionalización de YPF, que representa el 57% del negocio de Repsol. Atribuyen las versiones de re-estatización de la compañía a una modalidad del gobierno de Cristina Kirchner para presionar a la petrolera a invertir más o a que “haga público su programa de inversiones”. También advierten que la situación energética y económica de la Argentina, requeriría necesariamente, de inversiones extranjeras debido al problema estructural de producción de hidrocarburos que viene declinando en el país desde 1998.

“La nacionalización de YPF es un escenario que no barajamos”, asegura tajante Jorge González, analista del Banco Sabadell de España. Entre los principales factores que hacen pensar como casi imposible la re-estatización de la empresa se cuenta el suculento desembolso que debería operar el Estado argentino por la compañía que, “para empezar, está valorada en aproximadamente US$ 16 mil millones”, explicó. Además, para desarrollar zonas no convencionales, la Argentina “va a necesitar socios extranjeros que tienen mejor acceso al mercado de capitales y equipos de punta para exploración y producción de hidrocarburos”, agrega.

En este contexto, los analistas de Repsol consideran que re-estatizar YPF significaría “un buen dolor de cabeza” porque “la Argentina no es Venezuela, que es exportador y no necesita el entorno internacional para subsistir, mientras que la Argentina es, en recursos energéticos, un importador neto. Cada año el coste del gas importado es superior. Dentro del país está a US$ 2,5 por millón BTU (Unidad de gas), pero lo está importando a más de 14 dólares”. “El gobierno argentino quiere inversiones pero no se atreve a subir los precios internos de la manera que sean rentables”, agregó González.

Declive y precios. “No creo que vayan a nacionalizar YPF. La balanza energética argentina requiere de inversiones y el gobierno no tiene capacidad de hacer que esto sea más eficiente”, dice Álvaro Navarro, analista del Grupo Cimd. “Máxime, teniendo en cuenta que Repsol, a través de YPF, va a aumentar sus inversiones en la Argentina en más de US$ 2.400 millones anuales en exploración y producción e instalación de refinerías”.

“El problema de YPF en la producción se ha agravado por el conflicto social y las huelgas en el sur del país”, apunta González. “La peor manera de incentivar inversiones es alarmar al sector como lo están haciendo”, agrega Navarro.
Para González, “el Gobierno argentino tiene razón en que hay compañías que han invertido muy poco y que merecerán un tirón de orejas”, pero aclara que si quiere que se invierta en gas va a tener que organizar “un programa que al final va a tener que ser traspasado de alguna manera al consumidor”.

Los especialistas coinciden en señalar que el Gobierno conocía muy bien todos estos datos desde hace rato.¿Entonces por qué la ofensiva? “El mensaje viene orientado más hacia la opinión pública porque pedirán esfuerzos importantes a los argentinos y quiere demostrar que les exige a las empresas”, asegura González.

Experto en Economía y responsable del informe inversiones españolas en Latinoamérica del Instituto de la Empresa de Madrid (IE), Juan Carlos Martínez cree que el gobierno argentino tiene “un afán recaudatorio”. Y advierte que la movida “perjudica no sólo a la Argentina sino a toda la región, porque países como Perú o Chile también están buscando acercar a los inversores y hechos como éstos no hacen más que alejarlos”. Para Martínez, “el mensaje del gobierno de Cristina Kirchner, denota tintes chavistas”.

Julimar da Silva, profesor de Economía Aplicada del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), entiende que “los países emergentes tienen cada vez mayor capacidad de intervención en este tipo de situaciones porque no les queda otra que regular para evitar los abusos del poder económico y grandes corporaciones y la interminable lista de compromisos incumplidos por éstas, pero cuando esto sucede son tildados de estatistas y populistas.

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