Si falta combustible, llegarán las sanciones a Repsol-YPF

La petrolera informó que tiene dificultades para comprar las divisas para importar combustible. El Gobierno busca que utilice una parte de los dólares que giró al exterior en los últimos años en concepto de utilidades. Si no abastece el mercado, la multará

Por Fernando Krakowiak | Página/12

La disputa entre el Gobierno y la petrolera YPF sumó ayer un nuevo capítulo. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, atribuyó las versiones sobre posibles faltantes de gasoil durante el próximo fin de semana largo a “una nueva operación mediática” que “esta vez parecería estar impulsada por la empresa YPF usando a los estacioneros como voceros”. La reacción fue a raíz de una nota publicada ayer en el diario La Nación donde se reproducen declaraciones de Raúl Castellano, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro. “En YPF me dijeron que ya están vendiendo lo último que les queda porque el Gobierno no les autorizó la compra de divisas. Calculan que en tres o cuatro días no va a haber más Eurodiesel en todo el país”, afirmó. “Que una empresa que el año pasado remitió utilidades por 1200 millones de dólares diga que no tiene divisas para importar combustibles suena por lo menos irrisorio”, sostuvo De Vido, quien reveló que YPF ya le había planteado la situación. Si en los próximos días se registran faltantes, la Secretaría de Comercio Interior sancionará a la petrolera por violar la Ley de Abastecimiento.

El martes pasado, el apoderado de la petrolera controlada por Repsol, Mauro Dacomo, le envió una carta privada a Cameron donde le comunicó que “YPF está teniendo inconvenientes para el normal acceso al mercado de cambios”. Allí hace referencia a dos notas que la corporación envió a distintas dependencias del Gobierno el 19 de enero y el 10 de febrero de este año advirtiendo sobre esta situación y menciona además “otras trabas y/o demoras que esta compañía ha estado sufriendo al momento de tramitar el ingreso de distintos bienes importados”. A raíz de ello, Dacomo aseguró que está en riesgo la importación de gasoil y la implementación de proyectos de inversión. Por lo tanto, le pidió a Cameron “efectuar las gestiones necesarias ante las distintas autoridades de modo de permitir a nuestra compañía su normal operatoria de comercio internacional”.

Cameron le contestó el miércoles, también por carta privada, que la empresa tiene la obligación de abastecer su porción de mercado y que si para hacerlo debe importar combustibles es “porque su producción de petróleo ha descendido por causas que serían imputables a YPF y que esta secretaría se encuentra analizando”. Luego le recriminó “haber postergado inversiones necesarias para ampliar y modernizar sus instalaciones de refinación” y recordó que, pese a ello, el Estado colaboró con la empresa “a fin de facilitarle el cumplimiento de sus obligaciones de suministro e inversión”. Entre las concesiones que se le otorgó a la firma, el secretario de Energía menciona el artículo 26 de la Ley 26.728 que les permite a los importadores vender en el mercado interno sin tributar el impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural establecido en la Ley 23.966, lo cual le posibilitó a YPF mantener sus precios en línea con los del resto del mercado nacional.

Además, Cameron recuerda en la carta que la empresa también se benefició con el Programa Refinación Plus, a través del cual el Estado otorgó ayuda económica para la realización de las inversiones en instalaciones de refinación, “sin que ello permita exhibir aún los resultados esperados”. Incluso el funcionario le remarcó que el margen bruto que se obtiene actualmente en la actividad “hubiera cubierto razonablemente las inversiones indicadas así como un beneficio razonable sobre ellas”. Por último, Cameron respondió en la carta que “le resultan totalmente ajenas las consideraciones relativas al mercado de cambios, cuestiones que YPF deberá solucionar, en caso de que el derecho le asista, por la vía que corresponda” y culmina advirtiéndole que “adoptará las más enérgicas medidas ante la evidencia de falta de cualquier tipo de combustible”.

Después de este intercambio, se conocieron las declaraciones de Raúl Castellano. El estacionero dijo que desde YPF le habían avisado que en tres o cuatro días se iba a acabar en todo el país el eurodiesel, el gasoil premium que comercializa la firma, lo cual fue interpretado por el Gobierno como una operación de YPF destinada a alarmar a la población. En un comunicado difundido ayer, De Vido aseguró que la versión sobre posibles faltantes de gasoil fue la respuesta que dio YPF a la contestación que le hizo llegar Cameron. Por tal motivo, decidió hacer públicas la carta del apoderado de la empresa y la de Cameron. En ese mismo comunicado es donde calificó como irrisorio que una empresa que remitió utilidades por 1200 millones de dólares el año pasado ahora tenga dificultades para conseguir las divisas necesarias para importar. El mensaje oficial es claro. Busca que Repsol financie la compra del combustible que necesita YPF con una parte de los dólares que recibió de su filial argentina en los últimos años.

La jugada es parte de la presión que está ejerciendo el Ejecutivo para lograr que los españoles incrementen sus inversiones en el país. Si Repsol-YPF se mantiene en su postura y, tal como dejó trascender, se empiezan a comprobar faltantes de combustibles en el mercado interno, la Secretaría de Energía le va a dar intervención a Comercio Interior para que sancione a la petrolera por violar la Ley de Abastecimiento. Es la misma herramienta que el Gobierno utilizó en los últimos años para tratar de disciplinar a la petrolera Shell. Entre 2006 y 2009, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, abrió 117 expedientes contra la firma angloholandesa y en la mayoría de los casos le aplicó multas por un millón de pesos argumentando que no había cumplido con el abastecimiento de gasoil. La compañía informó el 8 de marzo de 2010 que hasta entonces 45 de esos 117 expedientes habían llegado a la Justicia, la cual se había expedido en 31 casos, condenándola sólo en ocho.

Ese antecedente podría llevar a presuponer que la disputa con YPF será larga y no del todo favorable para el Gobierno. Sin embargo, en esta oportunidad el Ejecutivo viene desplegando una batería de acciones para forzar a la petrolera a incrementar sus inversiones. La Ley de Abastecimiento sería una carta más y ni siquiera la más importante. La principal apuesta es la alianza con los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas. Los mandatarios firmaron el jueves pasado un documento donde se comprometieron a establecer en las próximas semanas una serie de metas que las petroleras deberán cumplir si no quieren perder las concesiones de los yacimientos que explotan actualmente. Esa iniciativa le apunta directamente a YPF, poniendo en riesgo la fuente de sus ingresos.

Página/12

Nación dice que garantizará el suministro

Afirman que YPF recibirá sanciones en caso de que falte combustible. De Vido habló de operaciones mediáticas

El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, afirmó ayer que “el Estado Nacional garantizará el abastecimiento de combustible como siempre lo ha hecho”, en tanto que el secretario de Energía, Daniel Cameron, advirtió que el Gobierno “adoptará las más enérgicas medidas” si se produce algún tipo de faltante.

De Vido dijo que las versiones sobre faltante de combustibles son “una nueva operación mediática en la previa de un fin de semana largo para llevar alarma a la población”, y subrayó que “esta vez parecería estar impulsada por la empresa YPF usando a los estacioneros como voceros, víctimas habituales de sus prácticas discriminatorias”.

Cameron, por su parte, aseguró las causas por las que YPF actualmente debe importar combustibles para abastecer la demanda interna se deben a que la producción de la empresa descendió durante los últimos años “por causas imputables” a la compañía.

Versiones
Con sus declaraciones, el ministro salió al cruce de una nota publicada ayer en el matutino porteño La Nación, en la que se señala que “podría faltar gasoil por las trabas a YPF para importar”.

“El Estado tiene todas las herramientas para garantizar la necesidades de combustibles que no cubran las empresas, a pesar de que tienen la obligación de hacerlo”, indicó De Vido a través de un comunicado.

Allí recordó que “esta situación nos llevó el año pasado a tener que importar por unos 9.000 millones de dólares”.

Señaló que “estos incumplimientos de las petroleras, que en lugar de importar deberían cubrir la demanda con producción local, son los que llevaron a un grupo de gobernadores, junto con el Estado nacional y los trabajadores, a exigirles la plena producción de los yacimientos”.

“No podemos seguir perdiendo divisas porque las petroleras no cumplen sus obligaciones de abastecer el mercado como corresponde”, aseguró el titular de la cartera de infraestructura.

Consideró que “una empresa -por YPF- que el año pasado remitió utilidades por 1.200 millones de dólares, diga que no tiene divisas para importar combustibles suena por lo menos irrisorio”.

Importaciones
En tanto, Cameron remitió una nota al apoderado de YPF, Mauro Dacomo, en respuesta a un escrito en el que la firma petrolera le manifestó al secretario, los “inconvenientes” que viene teniendo “con relación a diversas importaciones de distintos productos”, relacionadas con el desarrollo de sus actividades.

La compañía mencionó problemas para el normal acceso al mercado de cambios y demoras al momento de tramitar el ingreso de distintos bienes importados, entre otras cuestiones.

La nota cursada por YPF también alertó que “de no contar con una pronta solución podría verse afectado el normal suministro de combustibles a los diferentes mercados”.

Cameron recordó que la competencia de su Secretaría es la de ejercer “el control de las empresas del sector, en lo que refiere al adecuado cumplimiento de las normas específicas que hacen a la actividad de producción, refinación, transporte y comercialización de combustibles”.

“En ese orden de cosas, debo recordarles que YPF se encuentra en obligación de mantener el abastecimiento de su porción de mercado, en función de los establecido en el marco legal vigente”, agregó el secretario.

La Mañana Neuquén

Autorizan a De Vido a tomar deuda por $ 3.100 millones

Por Tomás Canosa | Clarín

El Gobierno autorizó a que el Ministerio de Planificación emita deuda por 3.100 millones de pesos. Servirá para pagar anticipos a proveedores y contratistas del Estado. La decisión administrativa, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, lleva la firma del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina- El Gobierno aprobó el Presupuesto 2012 pocos días antes de que comience el año. A pesar de que pasó tan poco tiempo, el oficialismo autorizó ayer una modificación de las partidas y habilitó a la cartera dirigida por Julio de Vido a emitir deuda en moneda extranjera por $3.100 millones (US$ 711 millones).

Según lo publicado en el Boletín Oficial, estos fondos servirán para realizar obras de infraestructura energética para ampliar la capacidad de transporte de los Gasoductos Troncales . De los $3.100 millones, $3.050 millones serán para pagar adelantes a proveedores y contratistas a largo plazo y $49,8 millones servirán para gastos corrientes del Ministerio.

El Gobierno públicamente siempre rechazó la posibilidad de financiarse en los mercados internacionales de crédito. Sin embargo, durante los últimos años utilizó otras alternativas colaterales a través de la ANSeS o del Banco Nación para conseguir dólares.

La decisión administrativa, que también lleva la firma del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, también destina $72,5 millones para el Programa de Administración de Recursos Técnicos de Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones y $28,1 millones para el de Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicación.

Esos dos programas depende de la Comisión Nacional de Comunicación.

Los funcionarios también aprobaron reforzar en $50,8 millones los fondos de la Dirección General de Fabricaciones Militare s y disminuir en la misma cuantía las autorizaciones para gastos de capital, según el informe que elaboró la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Clarín