El anuncio prepara el terreno para sancionar a YPF si no cumple con el normal abastecimiento, tal como la propia firma reconoció que podría ocurrir. La creciente presión oficial es para que la petrolera invierta más
Por Fernando Krakowiak | Página/12
El ministro de Planificación, Julio De Vido, informó ayer que se pondrá en marcha un control de stock de combustibles en las estaciones de servicio para detectar posibles faltantes. El anuncio prepara el terreno para sancionar a la petrolera YPF si no cumple con el normal abastecimiento, tal como la propia firma le advirtió el martes al Gobierno que podría ocurrir debido a las trabas que le ponen algunas dependencias oficiales para comprar las divisas que requiere para importar gasoil. Pese a ello, fuentes del mercado informaron a este diario que la demanda del campo fue menor a la prevista debido a la sequía. Por lo tanto, YPF aún conserva un stock suficiente de gasoil para garantizar el abastecimiento durante los próximos días sin necesidad de importar. Diferente será la situación si el problema se extiende, pero el gobierno pareciera no estar dispuesto a ceder en su presión hasta que la petrolera invierta más.
De Vido comunicó la novedad luego de reunirse con Raúl Castellano, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro (Fecac). Castellano es el estacionero que el jueves dijo que en YPF le habían adelantado que sólo les quedaba gasoil para tres o cuatro días porque el Gobierno no le autorizaba la compra de dólares para importar. Luego de esa declaración, el ministro reconoció que YPF ya le había planteado el problema, pero al mismo tiempo difundió una carta del secretario de Energía, Daniel Cameron, donde éste le responde a la empresa que “le resultan totalmente ajenas las consideraciones relativas al mercado de cambios, cuestiones que YPF deberá solucionar, en caso de que el derecho le asista, por la vía que corresponda”. En ese texto Cameron culmina advirtiéndole a la compañía que “adoptará las más enérgicas medidas ante la evidencia de falta de cualquier tipo de combustible”.
Como señaló Página/12 ayer, la intención del Gobierno es aplicarle a YPF la Ley de Abastecimiento que prevé multas y hasta cuatro años de prisión si la falta adquiere “especial gravedad”, pero para ello es necesario probar que se registraron faltantes. Ahí es cuando van a entrar en escena las estaciones de servicio. De hecho, el encuentro que De Vido mantuvo ayer con Castellano es el primer paso. El próximo miércoles el ministro recibirá a estacioneros del interior, cámaras empresariales del sector y representantes de las provincias para definir cómo se van a hacer los controles. “La iniciativa es valiosa y nosotros vamos a apoyarla porque el objetivo es asegurar el abastecimiento”, afirmó Castellano, quien además es secretario de Asuntos Institucionales de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines. También se sumarán el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Universidad Tecnológica Nacional que habitualmente analizan la calidad de los combustibles y ahora dedicarán parte de su tiempo a relevar los volúmenes de abastecimiento.
YPF tiene stock para afrontar la demanda de gasoil durante los próximos días, pero si el Gobierno le sigue bloqueando el acceso al mercado de divisas se verá en problemas porque prácticamente todo el gasoil premium que comercializa lo importa de Estados Unidos. Sólo una pequeña parte lo produce en su refinería de Luján de Cuyo, en Mendoza. Esa variedad, que ofrece en el mercado local con el nombre de fantasía Eurodiesel, es requerida por los autos de alta gama y las maquinarias agrícolas con motores de última generación. La Secretaría de Energía es responsable también de esta situación, pues a pedido de las propias petroleras postergó durante varios años la entrada en vigencia de una resolución de 2001 que obligaba a las refinadoras a incrementar la calidad de los combustibles. Sin embargo, Cameron dejó en claro en la carta que le envió a YPF que deberá abastecer el mercado aunque no pueda acceder al mercado de cambios. De Vido incluso dio a entender que los españoles de Repsol deberían utilizar los dólares que ganaron en Argentina durante los últimos años. “Que una empresa que el año pasado remitió utilidades por 1200 millones de dólares diga que no tiene divisas para importar combustibles suena por los menos irrisorio”, afirmó el jueves.
El Gobierno ya dejó en claro que su intención es que YPF deje de repartir utilidades e invierta más en el país para incrementar sus niveles de producción y reservas. Por eso presiona a la petrolera con todo tipo de acciones y deja trascender incluso la posibilidad de estatizar la firma si los españoles no dan el brazo a torcer. Desde el punto de vista político, la nacionalización sería pura ganancia para el kirchnerismo, pero el precio de la compañía hace que ese objetivo se vuelva muy difícil de alcanzar, sobre todo en un contexto de recorte de gastos como el actual. Más efectiva es la amenaza de quitarle las concesiones de aquellos yacimientos donde la firma no haya cumplido con su plan de inversiones. El acuerdo con los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas deja en evidencia ese plan. Algunos analistas creen que es sólo una carta de presión porque ni los Estados provinciales ni el gobierno nacional están en condiciones de desembolsar los recursos que demanda la actividad de exploración. Sin embargo, el ministro De Vido se reunió el jueves en Brasilia con su par de Minas y Energía de Brasil, Edison Lobao, y dejó trascender que Petrobras se mostró interesada en desarrollar explotaciones de gas no convencional en el país. Además de Petrobras, podrían aparecer otras multinacionales dispuestas a ocupar el lugar de YPF. Tal vez sea sólo una amenaza, pero los españoles podrían perder mucho si siguen tensando la cuerda para comprobarlo.
Página/12