Néstor Scibona.- La llegada de los primeros fríos sacó a relucir una crónica anormalidad, convertida ya en un clásico de la “década ganada” (para el oficialismo): los cortes de gas a industrias. La escasez de gas natural no es un problema que perciban los millones de consumidores residenciales (y votantes), en su gran mayoría con tarifas subsidiadas, que tienen prioridad para sus estufas, calefones u hornallas, al igual que los autos equipados con GNC. En todo caso, el problema para todos es que, como la producción nacional viene cayendo desde hace nueve años (y resulta 13,4% más baja que en 2003), obliga a importar volúmenes crecientes y costosos de gas, natural y licuado (GNL), así como de combustibles sustitutos. Y, por si fuera poco, con precios y condiciones muy poco transparentes y sospechadas de corrupción estatal, que sólo en los últimos meses comenzaron a encarrilarse.
Contra lo que muchos suponen, las importaciones de GNL ya no se realizan para cubrir faltantes en la época invernal, sino que se extienden a casi todo el año. La razón es que el gas natural representa más de la mitad de la matriz energética argentina y es la principal fuente para generar electricidad. De ahí que las compras externas (desde Bolivia, más los barcos que traen GNL) cubran una cuarta parte de la demanda total. Una prueba de ello es que en 2008 llegaron a la Argentina ocho buques tanque con GNL importado y para 2013 se prevé el arribo de 83, según datos del Estudio Montamat. Otra es que a la primitiva planta flotante instalada en Bahía Blanca para regasificar GNL e inyectarlo a la red de gasoductos, debió sumarse otra en Escobar, para abastecer a dos centrales termoeléctricas en el Litoral y no se descarta el arriendo de una tercera.
Por lo tanto, estas crecientes importaciones son un problema “estructural y no coyuntural u ocasional”, como lo plantearon los ocho ex secretarios de Energía en un documento que acaban de difundir, bajo el título La política energética 2003/2013: Diez años perdidos .
Si resulta contradictorio que ante la caída de la producción se subsidiaran las tarifas para impulsar el consumo, más aún es que los precios reconocidos a los productores locales desalentaran inversiones para aumentar la extracción y las reservas, que también cayeron. En números redondos (por millón de BTU, unidad de medida), las compañías reciben un promedio inferior a los tres dólares, elevado hace pocos meses a 7,5 dólares para la producción adicional que surja de nuevas inversiones. Pero las importaciones de gas de Bolivia se pagan unos 11 dólares y las de GNL, alrededor de 15,5 dólares. En 2011 y 2012, las importaciones de gas y combustibles promediaron los 9500 millones de dólares anuales. Y para 2013, se estiman en 12.000/14.000 millones, con lo cual el déficit comercial energético treparía de 2700 millones en 2012 a 8600 millones este año, según las consultoras Quantum y Econométrica.
Aunque estas importaciones crecientes y caras auguran controles cambiarios para rato, su combinación con subsidios que no dejan de crecer hace que su costo recaiga sobre todos los argentinos, incluso los no conectados a las redes de gas. No obstante, muchos usuarios con consumos medios y altos también pagan un cargo extra por el gas importado, que se hace sentir en las facturas -aún con subsidio- especialmente en invierno. Estos ingresos no llegan a las distribuidoras de gas, que acumulan crecientes déficits operativos. El caso más notorio es el de Metrogas, con tarifas congeladas desde hace once años, y que motivó la reciente decisión política de que YPF se haga cargo de su mayoría accionaria con una dispensa legal del Enargas.
El Gobierno no puede argumentar que alguien haya votado por un “proyecto nacional y popular” de dejar caer la producción y aumentar las importaciones de gas y combustibles, ya que Cristina Kirchner sólo exteriorizó voluntariamente el déficit energético a fin de 2011. Pero lo más grave es que tampoco controló a qué costo se concretaron. Días atrás, la renuncia de Exequiel Espinosa a la presidencia de Enarsa, reavivó las antiguas sospechas sobre el discrecional manejo de esta sociedad estatal, creada en 2004 para promover la exploración offshore de hidrocarburos y que terminó convirtiéndose en una trader para importar GNL y combustibles pesados y venderlos con subsidios, a través de una abultada caja fiscal.
Espinosa cobró notoriedad por haber fletado el avión que trajo de Venezuela a Guido Antonini Wilson, con el maletín con 800.000 dólares. Y su alejamiento se produjo cuando un funcionario de la empresa apareció vinculado con la financiera SGI en medio del escándalo por el lavado de 55 millones de euros que involucra a Lázaro Báez.
Sin embargo, esos montos son un vuelto en comparación con los que intermedió Enarsa por importaciones. Muchas compras de GNL, incluso, tuvieron como contratista privilegiado a YPF cuando era controlada por Repsol y el grupo Eskenazi no había caído en desgracia. Difícilmente esas operaciones -denunciadas en su momento por los ocho ex secretarios de Energía- pueden haber sido desconocidas por el Gobierno y menos por el ministro Julio De Vido.
El primer indicio de esto surgió a poco de la reestatización de YPF, cuando se encomendó a la compañía comandada por Miguel Galuccio la gestión de licitaciones más abiertas y transparentes para importar gasoil (en agosto de 2012) y luego (en noviembre) de GNL, por cuenta y orden de Enarsa, pero con equipos técnicos propios, mecanismos de contratación más exigentes y una comisión ligada a ahorros de costos.
ENARSA, MUY CUESTIONADA
Por entonces, la Auditoría General de la Nación (AGN) había elaborado un informe sobre la gestión de Enarsa en el período 2008/2010 con lapidarias conclusiones. Entre ellas que no dictó normas de procedimiento; que los precios del gasoil incluían un “premio” que excedía los valores de flete y seguro; que las compras a YPF-Repsol se realizaban por encima de los valores de mercado (aún cuando Enarsa solicitaba mejoras de oferta) y que las compras de GNL no establecían fórmulas de precio, ni valores de referencia, ni costos relacionados con la entrega. También que Enarsa percibía del Estado una comisión de 1,5%, pero subcontrataba compras con comisiones de 0,5% que generaban mayores costos y que existían diferencias no aclaradas entre sus ingresos y egresos.
Mientras De Vido y La Cámpora, por medio de Axel Kicillof disputan entre bambalinas la designación del reemplazante de Espinosa, la enorme masa de subsidios estatales que maneja Enarsa no dejó de crecer. Según la Asap, recibió 10.500 millones de pesos en 2011; 19.200 millones en 2012 (82% más) y 4700 millones en el primer cuatrimestre de 2013 (46% más que en el mismo período del año anterior). Quizás esto explique por qué De Vido no avanzó con el proyecto -anunciado oficialmente hace dos años- de construir en conjunto con Uruguay una planta fija de regasificación de GNL en Montevideo para los dos países y que el presidente José Mujica llevará adelante unilateralmente. Aunque la inversión inicial es significativa, a más largo plazo resulta más conveniente que alquilar dos -o tres- plantas flotantes
