El Gobierno de La Rioja podrá imponer multas de hasta 2,5 millones de euros a quienes pongan en práctica en el territorio de la comunidad la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. El polémico ‘fracking’ quedará, pues prohibido en la región una vez que el Parlamento apruebe el proyecto de Ley que recibió ayer el visto bueno del Ejecutivo en su reunión semanal.
Según explicó el consejero de Medio Ambiente, Íñigo Nagore, el proyecto de Ley del Gobierno riojano en esta materia se rige por los principios de «acción preventiva y cautela» por los que apuesta la Unión Europea en materia de protección ambiental.
«Nos oponemos a esta técnica porque consideramos que todavía existen muchas dudas acerca de los efectos de la misma sobre el medio ambiente y la salud humana, y además existe un vacío legislativo sobre su utilización». «Ante el riesgo de que se pudiera utilizar hemos optado por prohibirla, invocando varias de las competencias que otorga a La Rioja su Estatuto, como las de protección del medio ambiente, de régimen minero y energético y de sanidad e higiene, así como la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio», detalló.
La Ley que plantea el Ejecutivo cuenta con cuatro artículos. El primero de ellos es el que prohíbe el uso del ‘fracking’ para investigación, exploración y extracción de gas no convencional y su almacenamiento geológico, así como los permisos para ello.
El tercer artículo es el que establece el régimen sancionador, con multas de entre 250.000 euros y 2,5 millones como infracción muy grave (tanto el empleo del ‘fracking’ como la concesión de permisos para su uso). La sanción podría incrementarse, además, hasta el doble del beneficio obtenido por quien utilice la fractura hidráulica.
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La Rioja prohíbe por ley usar el fracking como método de investigación y extracción de gas
El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy un anteproyecto de Ley que prohíbe el uso del “fracking” o fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional en el territorio riojano, ha afirmado hoy su consejero de Medio Ambiente, Íñigo Nagore.
Nagore, en una rueda informativa, ha añadido que esta futura norma se sustenta en los principios de acción preventiva y cautela ante el empleo del “fracking”, recoge como infracción grave la concesión de permisos o el empleo de esta técnica y establece sanciones de hasta 2,5 millones de euros.
Se trata de un proyecto de Ley “tajante” y “claro” en esta materia y con un régimen sancionador específico, ha precisado el consejero, quien ha insistido en que el Gobierno de La Rioja siempre ha mantenido una oposición “radical” al uso del “fracking”.
El objetivo de la aprobación de esta ley es prohibir la utilización del “fracking” en tanto no exista una base científica o datos concluyentes que determinen con exactitud si esta técnica tiene una repercusión sobre el medio ambiente y la salud.
El Gobierno riojano ha aplicado los principios de acción preventiva y cautela que propugnan la Unión Europea (UE) en materia de protección ambiental.
El principio de acción preventiva implica la posibilidad de adoptar medidas de protección del medio ambiente antes de que se haya producido el daño, siempre que se constate científicamente la existencia de un peligro real de deterioro ambiental.
La autorización ambiental integrada o la evaluación de impacto ambiental serían técnicas preventivas, ha añadido el consejero, para quien el principio de cautela refuerza esa acción preventiva al permitir la actuación en aras de la reducción de los posibles riesgos ambientales, sin necesidad de que exista plena certeza científica.
Este principio, tal y como argumenta el anteproyecto de Ley en su exposición de motivos, se refiere a casos en los que se han identificado riesgos potencialmente peligrosos para el medio ambiente derivados de un fenómeno, producto o proceso, pero la información científica es “incierta”, por lo que no puede asegurarse con certeza cual es el nivel de gravedad.
Ha incidido en que en La Rioja no se ha autorizado ni se ha utilizado la técnica de fracturación hidráulica porque, como ocurre en el yacimiento de Sotés, se trata de gas convencional, por lo que se recurre a la técnica de extracción tradicional que no es agresiva para el entorno, los acuíferos o el paisaje.
A partir de la entrada en vigor de la ley, que se remitirá al Parlamento regional para su debate y posterior aprobación en lectura única y por el trámite de urgencia, el empleo de la fractura hidráulica y la concesión de permisos para su uso se considerarán infracciones muy graves, que podrán ser sancionadas con una multa de entre 250.000 y 2,5 millones de euros.
En el caso de que la cuantía de la multa sea inferior al beneficio económico obtenido por la infracción, la sanción podría incrementarse, como mínimo, hasta el doble del importe del beneficio obtenido.
También está prevista la imposición de multas coercitivas si una vez realizado el requerimiento por parte de la administración, no se suspende la actividad o no se repara el daño realizado.
El debate social y científico que se ha generado en torno a los posibles efectos nocivos que ocasiona en el medio ambiente o la salud ha motivado que varios países europeos, como Francia, Holanda, Alemania y Bulgaria, hayan establecido moratorias o prohibiciones sobre el uso del “fracking” para la investigación y extracción de gas no convencional.
En España, el Gobierno de Cantabria ha sido el primero en aprobar una Ley que prohíbe el empleo de esta técnica, ha subrayado Nagore, quien se ha referido a que existen dudas sobre los efectos del “fracking” en el medio ambiente y en la salud; además de que existe un vacío legislativo al respecto.
