Manuel Robles Sosa.- Los conflictos se reactivaron a mediados de año en Perú, con especial intensidad y evidentes ingredientes de descontento político y social, y sin encontrar plenas y duraderas soluciones.
En esa reactivación destacaron a nivel nacional las manifestaciones de trabajadores estatales contra la Ley del Servicio Civil, que busca reordenar la administración pública con un nuevo régimen laboral.
Según el gobierno, la nueva ley apunta a capacitar y dar opciones de mejora en el ingreso e incentivos a quienes se integren competitivamente al nuevo modelo, así como hacer más eficiente al aparato estatal.
Sin embargo, la Confederación General de Trabajadores (CGTP) y las centrales sindicales de empleados públicos afirman que la legislación elimina o afecta derechos laborales importantes como los de huelga, estabilidad en el empleo, organización sindical y negociación salarial colectiva.
Las conversaciones entre esas organizaciones no han dado resultados en sus primeras sesiones, pues los trabajadores exigen la anulación de la ley o al menos el cambio de artículos que afectan los citados derechos, y el gobierno solo acepta hacer algunas aclaraciones en el reglamento pendiente y promete que no habrá despidos masivos.
A ese conflicto se sumó el rechazo de las universidades estatales y privadas, así como del movimiento estudiantil a un proyecto de ley en proceso de aprobación en el Congreso, el cual establece una instancia de supervisión académica que según los autores busca velar por la excelencia académica y el correcto manejo económico de esos centros.
El rechazo sostiene que la norma no apunta a mejorar la educación superior y combatir sus graves problemas de corrupción, en el caso de muchos centros estatales, o lucro desmedido y falta de calidad en el de las excesivamente numerosas universidades privadas.
Ante las reacciones, el Ejecutivo ha decidido marcar distancias del proyecto que el oficialismo apoya en el parlamento y ha invitado a los alumnos a dialogar, con el fin de lograr una reforma universitaria de consenso, mientras la Federación de Estudiantes de Perú condiciona su aceptación a que el proyecto cuestionado se descarte.
Los citados conflictos se expresaron en manifestaciones de protesta que tuvieron un ingrediente político, el del descontento y el rechazo al nombramiento parlamentario de nuevos jueces constitucionales, defensor del Pueblo y directores del Banco Central de Reserva, por cuotas partidarias en la medida del número de sus legisladores.
Particular repudio motivaron la nominación del exabogado del expresidente Alberto Fujimori, Rolando Sousa, como miembro del Tribunal Constitucional, y la polémica y también cuestionada Pilar Freitas, del partido del exmandatario Alejandro Toledo, Perú Posible, como defensora del Pueblo.
También en julio, una huelga médica exigía el pago de aumentos salariales pactados por el ministerio de Salud tras un paro similar en octubre de 2012.
Mejora que el gobierno dijo postergar para que se enmarque en una reforma de la salud pública que la Federación Médica Peruana considera neoliberal y privatista.
Al cumplir su tercera semana, la huelga no encontraba solución, el gobierno ofrecía el aumento para septiembre y la citada organización sindical rechazaba la oferta por considerarla engañosa, a tiempo de amenazar con el abandono de los hospitales públicos.
Coincidentemente hicieron huelgas las enfermeras de los servicios estatales de salud, por reclamos similares a los que plantean los galenos y los tecnólogos médicos, por reclamos profesionales.
Analistas políticos de izquierda, como el periodista Raúl Wiener, consideran que un ingrediente fundamental de las protestas es el desencanto de los trabajadores y otros importantes sectores de la población, ante lo considerado incumplimiento de promesas electorales del presidente Ollanta Humala, de cambios para mejorar la situación social.
Desde la derecha, el político y empresario Pedro Pablo Kuczynski sostiene que se ha desatado una andanada de demandas en el aparato estatal por el “embalse salarial”.
Kuczynski sostiene que ese embalse fue dejado por el neoliberal expresidente Alan García (2006-11) y se ha prolongado en el actual hasta llegar a siete años de salarios congelados en la administración pública.
Según afirma, hay casos extremos como el de las enfermeras, que no reciben una mejora salarial desde hace más de siete años, desde el gobierno del igualmente neoliberal Alejandro Toledo (2001-06).
Pero los problemas no se limitan al sector estatal, pues los conflictos sociales más importantes de los dos primeros años del gobierno de Humala son los llamados socioambientales, consistentes en las reacciones sociales a proyectos extractivos, principalmente mineros y petroleros, los cuales las comunidades en las que se ejecutan consideran que atentan contra el entorno.
Si bien ha habido importantes entendimientos entre empresas mineras y pueblos afectados por sus actividades, que han concertado acciones de mitigación y compensaciones, hay problemas latentes, principalmente en el sur del país, según un reciente estudio del Observatorio de Conflictos Mineros, el cual apunta a las regiones de Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa.
El informe indica que es en Apurímac donde pueden focalizarse este tipo de confrontaciones, porque allí están los proyectos mineros con mayores inversiones, por un total de cinco mil 200 millones de dólares.
El Observatorio considera recientes normas que simplifican, apuran o hasta eliminan exigencias legales, por ejemplo de protección ambiental y cultural, fijadas para esos proyectos en el afán de facilitar las inversiones, y esto puede agudizar los problemas sociales.
Un informe de la Defensoría del Pueblo de mayo pasado consignó un total de 225 conflictos, entre activos y latentes, de los cuales la mayoría, 62,2 por ciento, son socio-ambientales, y entre estos 72,5 por ciento resultan casos vinculados a la minería.
Ese tipo de conflictos han generado las mayores conmociones, como el caso de las resistencias sociales al proyecto aurífero Conga, de capital mayoritario norteamericano y que proyecta una inversión de cuatro mil 600 millones de dólares.
El proyecto se encuentra virtualmente congelado desde mediados de 2012 por el fuerte rechazo social, que ha costado al menos cinco vidas en operaciones policiales contra las manifestaciones y dos crisis ministeriales.
El gobierno ha señalado que la ejecución de Conga, proyecto que apoya, dependerá de que la empresa a cargo, Yanacocha, cumpla con las exigencias ambientales y sociales para ganarse la confianza y el aprecio de la población, habida cuenta que la compañía y en general la minería tienen un grave prontuario de depredación de tierras y aguas.
La complejidad de los conflictos en la minería se evidencia también en el caso de la provincia surandina de Espinar, donde el alcalde, Ôscar Mollohuanca, está siendo sometido a juicio por diversos delitos, al apoyar en 2012 la protesta de ese pueblo contra la contaminación de las aguas por la explotación de cobre que realiza la empresa minera canadiense-suiza Xstrata.
Estudios oficiales verificaron que los campesinos tenían razón y los dirigentes, incluido el alcalde, han mantenido negociaciones con la compañía en busca de remediar la situación y compensar a la población por los daños sufridos.
Pese a ello, un fiscal pidió 10 años de cárcel para Mollohuanca y otras penas de cárcel para varios de los dirigentes comunales, lo que dificulta la solución del conflicto.
*Corresponsal de Prensa Latina en Perú.
