Nicolas Gandini.- Tras intentar infructuosamente convocar a todos los productores gasíferos dentro del Plan Gas -la iniciativa que triplicó el precio del gas nuevo, pero fijó fuertes penalidades para las empresas que pierdan producción-, el Gobierno comenzó a trabajar en una nueva propuesta regulatoria a fin de elevar las inversiones del sector.
La oferta de gas cayó un 7,5% entre enero y julio de este y se convirtió en la obsesión de los funcionarios del área energética, cada vez más preocupados por el descenso de extracción local y la fenomenal expansión de las importaciones desde Bolivia y de LNG por barco. En lo que va de 2013 el Ejecutivo selló acuerdos con seis petroleras – YPF, Total, PAE y Wintershall, Sinopec y Roch- bajo la órbita de la resolución 1/2013 de la Comisión de Planificación de Inversiones Hidrocarburíferas, presidida por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, que habilitó el pago de US$ 7,50 por millón de BTU para la inyección excedente del fluido. Por su parte, las empresas aceptaron cumplir con fuertes penalidades en caso de no alcanzar los niveles de producción comprometidos: deberán solventar, de acuerdo a la lógica ‘deliver or pay’, la importación de LNG en forma proporcional al descenso de su oferta gasífera.
Cerrar esos contratos fue una jugada importante, dado que permitió dinamizar inversiones de los grandes jugadores del mercado gasífero, en especial Total e YPF, que cuentan ahora con mayores estímulos económicos para evitar la declinación de sus yacimientos y buscar nuevas alternativas productivas. Sin embargo, la Comisión no logró avanzar con el resto de las petroleras,entre las que figuran importantes productores gasíferos, como Petrobras, Pluspetrol, Apache, Tecpetrol y Enap Sipetrol.
Por eso, funcionarios de la Secretaría de Energía están preparando nuevo incentivos económicos para estimular la inversión de esas compañías. Así lo indicó Miguel Galuccio, CEO de YPF, durante su presentación la semana pasada en el Club del Petróleo. “Lo importante es determinar cuál es el valor de reposición de las reservas de gas. Nuestra visión es que con US$ 7,50 por millón de BTU podemos desarrollar el tight gas, pero sé que esa realidad no aplica a todas las empresas. Por eso, se está estudiando algún tipo de modificación (del esquema de precios) para el resto de las compañías”, explicó el directivo.
La producción de gas cayó un 7,5% en 2013
Desde la Secretaría de Energía se expresaron en la misma línea. “Se está empezando a estudiar algún esquema para incentivar la producción de gas de las empresas que quedaron fuera del Plan Gas”, explicaron a El Inversor Online. Técnicos de la cartera que dirige Daniel Cameron mantuvieron en las últimas semanas dos reuniones con ejecutivos de petroleras para avanzar en esa dirección. Sin embargo, advirtieron que las conversiones son incipientes y exigirán un tiempo de maduración.
La idea sobre la que trabaja la Comisión gira en torno a replicar, con algunas modificaciones significativas, el modelo inaugurado por el programa Gas Plus, que habilita a las empresas a vender más cara la nueva producción de gas. El Plan Gas II -según la denominación elegida en Energía- se montará, conceptualmente, sobre ese esquema, pero buscará agilizar su funcionamiento y ganar masividad.
El Gas Plus se mueve en el ámbito de los privados. Su metodología establece que, una vez que el Energía certifica que la oferta proviene de un nuevo desarrollo productivo, la petrolera beneficiada debe encontrar un comprador privado -por lo general, un usuario industrial- para ese recurso. La iniciativa que está en estudio apunta, en cambio, a que el Gobierno sea el comprador -a través de Cammesa- de esa producción adicional de gas.
“Se están estudiando las posibilidades. Lo complejo es discriminar, a la hora de remunerar, qué gas exige mejores precios para ser producido y cuál no. No queremos que nos pasen elefantes por entre las piernas”, graficó un funcionario del Ministerio de Planificación. Con todo, de las fuentes de Gobierno consultadas se desprende que antes de fin de año se publicará una nueva resolución de la Comisión que explicitará nuevas condiciones de compra-venta de gas
