La denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presuntas irregularidades en el acuerdo entre la estatizada YPF y la multinacional petrolera Chevron llegó a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, que resolverá si la causa sigue adelante o es archivada, tal como postuló la fiscalía.
La decisión quedó en manos de la Sala Segunda de la Casación, integrada por los jueces Angela Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar, que en reiteradas ocasiones ha fallado en consonancia con las posturas del Gobierno. El fiscal general Germán Moldes presentó un escrito para que Casación defina la situación de la jefa de Estado, luego que la Cámara Federal ordenó a mediados de mayo avanzar en la investigación. La Presidenta fue denunciada por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa por la firma del decreto 929/2013 que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y que luego dio permitió el acuerdo YPF-Chevron.
Tras el análisis de los antecedentes del caso, el fiscal de primera instancia Eduardo Taiano, no impulsó la investigación y dictaminó por la desestimación de la denuncia. Pero la jueza María Servini de Cubría declaró nulo ese dictamen y la Sala II de la Cámara Federal, por mayoría, entendió que había motivos para iniciar una causa. El fiscal general Moldes apeló a Casación la decisión por considerar que la Constitución Nacional le otorga autonomía a los fiscales y que son estos quienes deciden si impulsan o no una denuncia y no los jueces. La Cámara rechazó el planteo de Moldes pero el fiscal insistió en su postura para que intervenga Casación por lo que ahora presentó un recurso de queja para que directamente intervenga ese tribunal.
