En el Senado de la Nación, específicamente en la comisión de Pueblos Indígenas, está trabada la discusión acerca de extender la vigencia de la ley 26.160, que entrara en vigencia en 2006, y cuyo vencimiento será en noviembre de este año.
La ley 26.160 fue sancionada el 1 de noviembre en 2006, y fue anunciada como parte de la “reparación histórica” para los pueblos originarios. Prohíbe los desalojos de comunidades indígenas durante cuatro años y ordena al estado realizar el relevamiento y demarcación de sus tierras, reconociéndolas como de uso público, tradicional y actual de la comunidad, y determina la tierra que esta bajo la posesión de las comunidades.
Por su muy demorada aplicación, fue prorrogada en noviembre de 2009 (a través de la ley 26.554), hasta la fecha. Según un informe de Endepa, (Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen) a pesar las prórrogas, aún no se ha cumplimentado con los objetivos, quedando más del 40% de las comunidades en el país sin este relevamiento, siendo que una de las obligaciones principales que tiene el estado Argentino es reconocer el derecho que tienen los pueblos indígenas a sus tierras y territorios.
La ley, además de proteger a las comunidades de cualquier desalojo en sus territorios, debe relevar el territorio ancestral y el que actualmente ocupa. Hasta ahora, se han llevado adelante de forma intermitente e irregular, y en algunos casos, como el del lof Campo Maripe en la provincia de Neuquén, es anulado por parte de funcionarios, ya que el resultado no favorece al poder político provincial.
