Un peón rural que tiene enfermedades atribuidas a la explosión en un pozo gasífero en Allen, pidió celeridad a la Justicia y que dicte una resolución favorable sobre la causa.
Rubén Ibáñez, un peón rural que padeció en carne propia las consecuencias de la explosión de un pozo de gas en Allen a 40 metros de su casa, llegó esta mañana a Roca a reclamar a la Justicia rionegrina por el avance de la investigación por presunta “violación a la Ley de Residuos Peligrosos”, abierta hace más de tres años.
El hombre, de 65 años, vive en un vivero donde se desempeñaba como cuidador sobre calle 11, un kilómetro al sur de la Ruta Nacional 22. Padece EPOC y otras deficiencias atribuidas a emanaciones de gases generadas por el “accidente” en el Pozo 141 “Estación Fernández Oro” (administrado por la ex Apache – YPF), el 19 de marzo de 2014.
Ahora, tiene comprometidos ambos pulmones y su diagnóstico sigue empeorando, a metros del yacimiento en plena producción. Está desocupado y sin obra social, ya que fue despedido. Sus ánimos cayeron esta mañana al enterarse que su expediente está “extraviado” entre los papeles de la Fiscalía Temática N° 3, según comentó a “Río Negro” luego de la visita a tribunales.
Acompañado por dos integrantes de la “Asamblea Permanente del Comahue por el Agua”, sostuvo que se trata de una “irregularidad” más dentro de todas las que ocurrieron en el caso.
Juan Carlos Ponce, referente de la asamblea, dijo con sus propias palabras: “una secretaria nos dijo que el cuerpo del expediente está extraviado, que no lo pueden encontrar”.
Además, aseguró que en la fiscalía le informaron que “está trabado” porque en 2015 se le había pedido un informe a la intendenta de Allen y aún no contesta. “Ahora, no saben en qué situación está el expediente. Son muchas cosas que se nos están escondiendo”, opinó.
“Primero tuvieron que allanar el hospital para recuperar la historia clínica de Don Ibáñez y cuando lo fueron a buscar estaba sólo la tapa, no tenía hojas. Ahora lo que se pierde es el cuerpo del expediente”, fustigó la asambleísta Lidia Campos.
“¿Cómo puede ser si en Río Negro hay una Ley de acceso a la información pública donde el funcionario tiene un plazo para responder y si no lo hace es pasible de una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público?”, se preguntó la mujer.
“Todos los estudios que me fui haciendo los fui llevando a Fiscalía, tengo todo demostrado”, señaló el propio damnificado. “Me duele que ahora me pierdan el expediente, me hace sospechar muchas cosas. Siempre estuvo en el medio la política y la intendenta”, polemizó Ibáñez.
Desde la Asamblea, Lidia Campos y Juan Carlos Ponce, denunciaron la situación ante este medio y pidieron que aparezca urgente el expediente y que la causa avance y tenga resolución inmediata. “No tengo donde ir y no voy a perder mi dignidad”, concluyó el hombre con dificultades para respirar.
