Una serie de medidas administrativas al comienzo del gobierno, parecían prever que Cambiemos traería nuevos aires a la política estatal indígena. Dos años después esos aires se transformaron en un humo que dejó una estela de represiones, desalojos y juicios, configurando una “chilenización” de la política indígena. Acá repasamos las principales medidas de Macri contra el Pueblo Mapuche que terminan con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel asesinados.
Por: Felipe Gutiérrez Ríos*
La noticia fue como una bomba que hizo implosionar al movimiento indígena. El 3 de noviembre de 2015, tres semanas antes de la segunda vuelta presidencial, Mauricio Macri era recibido por Félix Díaz en el acampe indígena que a esa altura llevaba nueve meses instalado en el centro de Buenos Aires.
La foto era mucho más que un simbolismo. Féliz Díaz qarashé (autoridad) del pueblo qom, es uno de los principales referentes indígenas de las últimas décadas en Argentina y había sostenido una férrea oposición al gobierno de Formosa y, por extensión, al de Cristina Fernández. En torno a él se había articulado el grueso del movimiento indígena en oposición al kircherismo a partir de 2010, fortaleciendo sus lazos con la izquierda.
Por eso el triunfo electoral de Macri fue un verdadero parteaguas en el movimiento indígena que aún hoy no supera la fragmentación en pequeños espacios sin capacidad de articularse nacionalmente, como había logrado hacerlo durante el segundo mandato de Cristina Fernández.
A partir de ese encuentro, Macri estableció una serie de acuerdos con el sector originario que se mantuvo junto a Díaz. Los más importantes fueron la constitución de una Mesa de Trabajo y Diálogo cuyo carácter supuestamente vinculante, prometía ser el nuevo rector de las políticas indígenas. De paso, el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) fue traspasado desde el Ministerio de Desarrollo Social a la Secretaría de Derechos Humanos, cumpliendo una antigua demanda indígena, mientras que la Secretaría de Ambiente de la nación -organismo clave en la disputa de los pueblos originarios- tomó rango ministerial.
Hasta ahí parecía que el gobierno de Cambiemos iba a llevar adelante una acelerada reforma de abordaje neoliberal de la cuestión indígena, centrada en el reconocimiento de una serie de aspectos culturales que son folcklorizados sin una perspectiva de derechos. En otras palabras: la reivindicación de una serie de prácticas (como bailes, vestimentas e idiomas tradicionales) como elementos de una diversidad cultural que “enriquecen a la Argentina” pero sin entregar derechos concretos para que los pueblos puedan ejercerlas y mantenerlas. Ni hablar del territorio.
Los países de la costa del Pacífico, como Chile, Perú, Colombia y en particular México, son las principales referencias del tratamiento neoliberal de la cuestión indígena, usualmente denominada como multiculturalismo. Esto es, el reconocimiento de la existencia de culturas diferentes en una sociedad, sin que ello signifique que desde el Estado tome decisiones políticas para romper la asimetría derivada de la colonización.
La chilenización de la política indígena
Además del multiculturalismo otra característica que destaca, en este caso en el modelo chileno es la represión. Enfrentado de manera directa con las comunidades que se oponen al desarrollo principalmente de empresas extractivas, los distintos gobiernos chilenos han diseñado una verdadera política de Estado que trasciende a los sectores políticos que lo administran. De una parte la política focalizada en extrema pobreza sobre comunidades que son intervenidas e integradas a distintos sectores del mercado; de la otra represión a las que no quieren ser parte de ese proceso. Zanahoria y garrote. “Combate a la pobreza” o represión.
No sabemos bien en qué momento la administración macrista, asumió el garrote como una posibilidad real sabiendo que la represión lo alejaba de su principal objetivo inicial que era no irse de la Rosada en helicóptero. En ese sentido, es posible que la chilenización de la política indígena no haya sido programada sino que sea una consecuencia, por ejemplo, de la importancia que tomó en el gabinete el sector duro de la política policial, representado en la figura de Patricia Bullrich. O tal vez, fue envalentonada por el buen desempeño electoral en plena crisis por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Otra posibilidad es que surgiera de los buenos consejos recibidos en reuniones como la de Macri con Bachelet en junio, donde probablemente hablaron de los conflictos con el pueblo mapuche. O en la reunión de Bullrich con el Subsecretario del Interior chileno Mahmud Aleuy, encargado de la seguridad en ese país, donde el conflicto mapuche fue el único tema en discusión.
El caso es que la estrategia de la zanahoria de desvaneció en actos administrativos que no fueron ni un caramelo en comparación con la quita de retenciones a la minería y los productos agroindustriales y el sostenimiento de los altos precios del barril interno del petróleo, todas políticas de alto impacto en los territorios indígenas.
A dos años del inicio del gobierno macrista se dio la lógica: no hubo ni una sola política en favor de los pueblos indígenas. La promesa de que el INAI fuera traspasado a los dirigentes originarios no se cumplió, la mesa vinculante no vinculó nada y la ley de emergencia territorial indígena, que supuestamente prohíbe los desalojos en comunidades, fue prorrogada a regañadientes para luego cajonearla. O quizás, en el mejor de los casos, hacer lo que hizo el kirchnerismo con ella: subejecutarla.
Enumerar, en cambio, las políticas antindigenas del macrismo resulta mucho más fácil.
Derechos cercenados: de Guatemala a Guatepeor
En sintonía con la histórica política de Estado argentino, el macrismo no avanzó en reconocimiento de derechos elementales de los pueblos indígenas, como la efectivización del consentimiento previo, al que se comprometió en 2000 con la aprobación del Convenio 169 de la OIT. Por el contrario, ha habido un inédito retroceso de derechos, los que de por sí ya estaban en un nivel muy bajo de aplicación durante el kirchnerismo.
Es el caso del aniquilamiento de la Ley de Medios, que coartó el desarrollo de nuevos medios de comunicación indígenas, o la eliminación de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, una de las medidas de la “nueva Campaña del Desierto educativa” del ex Ministro Esteban Bullrich. Aún más grave es el desconocimiento de una serie de derechos territoriales, fuente de más de 200 conflictos a lo largo de todo el país.
Represión, desalojos y criminalización al “enemigo interno”
En noviembre de 2016 el periodista Horacio Verbitsky hizo público en Página/12 una presentación interna del Ministerio de Seguridad que analizaba la “problemática mapuche”. El documento hacía explícita una búsqueda por situar a las “reivindicaciones territoriales mapuches de las provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut como amenazas para la seguridad social”, según denunciaron organizaciones indígenas y de Derechos Humanos en un comunicado.
Se importó así, otra política chilena: la construcción de ese enemigo público, el “mapuche terrorista”. Esta supuesta amenaza trae posibilidades de convenios en políticas del combate al terrorismo con países como Estados Unidos e Israel. Algo que representa una jugosa caja que se justifica con la imperiosa necesidad de combatir a ese enemigo interno construido, inducido, fabricado.
En este caso, la construcción del enemigo interno se centró en la criminalización de un sector del movimiento mapuche principalmente en torno a la figura de Facundo Jones Huala y las comunidades en conflicto con Benetton en Chubut; y los Lof emplazados sobre la megaformación Vaca Muerta en Neuquén.
En Chubut, tras la primera liberación de Facundo Jones Huala cuyo juicio de extradición fue anulado en agosto de 2016, se avanzó con la represión hacia la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, que dejó brutales escenas de violencia en enero de este año. En junio fue nuevamente detenido Facundo Jones Huala para iniciarle un nuevo proceso de extradición y el 1 de agosto, durante un corte de ruta exigiendo la libertad del referente mapuche, fue asesinado Santiago Maldonado por parte de la Gendarmería y ocultado por el Gobierno durante casi 80 días.
La represión se extendió entonces a los grupos que se solidarizaban con Facundo y Santiago, totalizando 50 detenciones en marchas en Mendoza, Buenos Aires, Bariloche y Cushamen. Varias de las personas detenidas fueron posteriormente procesadas. La persecución “antiRAM” incluyó también el allanamiento de casas de militantes sociales en Neuquén y Cipoletti, debido a supuestas amenazas de bomba en dos pozos petroleros. Además de los allanamientos en Cushamen, han sufrido intentos de desalojos las comunidades Fuxa Trayen, Campo Maripe y Raquituwe (Neuquén) y la quema de una casa en el Lof Vuelta del Río (Chubut).
Este combo represivo y criminalizador, tomó características nacionales, con casos como las detenciones de Milagro Sala en Jujuy y Agustín Santillán en Formosa, y el desalojo de la Comunidad Lule Vilela, Sin Fronteras, en Santiago del Estero.
En definitiva el gobierno de Macri no mostró la cara de una derecha renovada sino que tuvo los elementos más clásicos del rancio conservadorismo. Macri se transformó en una especie de Gildo Insfran, pero de la política nacional. Argentina es su feudo. El problema es que ya se vislumbra este avance represivo como una avalancha que debe ser frenada ahora, porque mañana es tarde.
Mientras tanto en el sur, en el Wallmapu, estas dos nuevas muertes prueban, una vez más, la resilencia, la solidaridad, la capacidad de lucha y supervivencia del pueblo mapuche. Dos vidas que cayeron al lado de un leufú y un lafken, un río y un lago, espacios trascendentes para el mapuche. Quizás una metáfora de ese nuevo torrente que circulará por las venas de la resistencia indígena.
*Investigador del Observatorio Petrolero Sur, miembro de la Corriente Social y Política Marabunta. Edición: Martín Álvarez y Mario Quinteros.
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