Por Emiliano Teran Mantovani / Observatorio de Ecología Política de Venezuela
Cada vez que se firma un nuevo conjunto de convenios entre Venezuela y China, prosigue una nueva ola de alabanzas oficiales respecto a la relación con el llamado “gigante asiático”. El presidente Maduro declaraba en Beijing el pasado 13 de septiembre que su visita marcaría “una nueva era en las relaciones entre China y Venezuela”, asegurando que se va a “engrandecer todo lo que ya construimos junto al comandante Chávez”. El Gobierno chino, por su parte, insistió en su ya tradicional axioma de las alianzas en pie de igualdad y respeto mutuo, de acuerdo con el principio de beneficio recíproco.
Sin embargo, antes que sólo un salvador o un buen aliado, la realidad es que China también es uno de los varios responsables de la grave crisis que vive Venezuela en la actualidad, en la medida en la que ha sido un actor clave en la profundización de los males del rentismo/extractivismo y de nuestra condición de dependencia y vulnerabilidad sistémica. El gobierno chino no sólo ha dirigido sus créditos e inversiones fundamentalmente al sector primario y de infraestructura –destacando que su patrón de inversiones directas en América Latina se dirige en casi un 90% a la extracción de recursos y energía–, sino que ha configurado un tipo de encadenamiento bilateral de sumisión basado en convenios de endeudamiento progresivo por parte de Venezuela, que son pagados con envíos diarios de petróleo, calculados en montos en divisas (US$) estimados según el precio del barril del día (bases de funcionamiento del Fondo Chino-Venezolano).
Esta fórmula en un primer momento (2007-2014) conformó la conexión desarrollismo-endeudamiento, colocando al crudo que será extraído en el futuro como principal garantía de pago (creando de hecho una situación hipotecaria), para así poder financiar el delirio desarrollista/extractivista de la “Venezuela Potencia Energética Mundial” (Plan de la Patria), basado fundamentalmente en el crecimiento de la producción en la Faja Petrolífera del Orinoco – FPO (Plan Siembra Petrolera). Esta expansión del extractivismo, en teoría, garantizaría el cumplimiento simultáneo de las amortizaciones de la deuda; la necesaria estabilidad e incremento del consumo interno, para así expandir la exportación de productos chinos a Venezuela (habiéndose previamente establecido en las líneas de crédito que una parte de los préstamos se gastarán en el consumo de mercancías asiáticas); y la ampliación de la oferta de petróleo venezolano, tomando en cuenta que China es el segundo consumidor mundial de crudo y que tiene interés en diversificar sus suplidores.
El apetito de China por los “recursos naturales” va más allá del petróleo. Es el principal consumidor mundial de hierro por vía marítima, carbón térmico, acero acabado, plomo refinado, aluminio primario, zinc refinado, cobre refinado y níquel refinado, por mencionar los rubros más importantes para este país. De ahí su fuerte orientación a la expansión del extractivismo en toda América Latina. En Venezuela, ha sido China el principal financista hacia la expansión de la mega-minería en nuestra nación, mucho antes de que fuese mencionado el Arco Minero del Orinoco (AMO) por Chávez en 2011 y que comenzara el colapso económico con el que se quiere justificar hoy este proyecto. Recordemos que a fines de 2009, China Development Bank firmaba con Venezuela un convenio de 1.000 millones US$ para financiar a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); mientras que la empresa china Citic fue contratada (2010) para la elaboración del llamado Mapa minero de Venezuela –“la exploración geológica de las reservas minerales en el país”–, al tiempo que se establecía un acuerdo en 2012 con esta misma compañía para participar en la empresa mixta que explotaría la mina de oro Las Cristinas (hoy ubicada dentro del AMO).
Mientras su socio venezolano hablaba de “Independencia” (el Objetivo I del Plan de la Patria), el tipo de encadenamiento bilateral subordinado que había establecido China con éste, encerraba al país aún más en su limitada función extractivista. Surgían para entonces las preguntas: ¿qué supondría, un hipotético derrumbe de los precios internacionales del crudo, como ya había ocurrido en 2009? ¿Qué implicaría tener que asignar un mayor porcentaje de la producción petrolera nacional para lograr cubrir el pago de los préstamos, si se abriera un escenario de contracción y crisis económica?
La emergencia y gestación de la crisis que se vive en Venezuela en la actualidad, de las disputas políticas y el auge de la corrupción, con la muerte de Chávez y las diversas formas de injerencia del Gobierno de los Estados Unidos en Venezuela, se va a desarrollar teniendo como marco un proceso de severa distorsión de la economía nacional (que se intensifica entre 2009-2013): agudización de la primarización, alta vulnerabilidad alimentaria, socavamiento del valor real de la moneda, expansión de las expectativas de gastos y consumos rentistas, altos niveles de endeudamiento público sin contrapartida productiva, entre otros. Con la mira puesta en sus objetivos estratégicos regionales, China ha sido parte activa en el formato de subordinación neo-extractivista de los últimos años para Venezuela, y por tanto tiene incidencia en las consecuencias que se derivan de este.
China también ha marcado la ruta de la actual desregulación y flexibilización económica en Venezuela
En el segundo momento (2014-actualidad) de este encadenamiento bilateral de sumisión China-Venezuela, se conforma el vínculo endeudamiento-ajuste. La emisión masiva de préstamos ha sido uno de los principales mecanismos de relacionamiento imperial por parte del país asiático con los llamados “países en vías de desarrollo” o “emergentes”, con lo cual ha conseguido establecer formas de penetración de estas economías y el atenazamiento de estas “nuevas” áreas de influencia. China Development Bank, Export-Import Bank o el Banco de China, son los principales medios financieros con los cuales el gigante rojo, desde la crisis financiera mundial de 2008, ha prestado más dinero a estos países que el propio Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo. Además de Venezuela, China ha también establecido préstamos por petróleo con otros países de América Latina, como Ecuador y Brasil.
Lo que resalta es que, en tiempos de crisis, la dominación financiera –o esta expresión del neo-colonialismo– permite no sólo incrementar la dependencia de las economías satélites a los centros imperiales, sino también incidir –o hasta dirigir– en procesos de re-estructuración económica llevados adelante en estos países, que suelen apuntar a la desregulación y flexibilización, y por tanto a formas de acumulación por despojo. Esta ha sido, por ejemplo, una de las formas típicas de operación del Fondo Monetario Internacional, en el marco del llamado “Consenso de Washington” y, sin duda, una lógica fundamental para la expansión de la influencia geopolítica de China y el crecimiento y consolidación de su imperio.
De esta forma, ante las limitaciones para el pago de los préstamos o incluso la posibilidad de impagos por parte de Venezuela, se han acordado reestructuraciones de la deuda –expresados en “Protocolo de Enmienda” sobre el Fondo conjunto chino-venezolano–, en los cuales se aliviana la carga en términos del número de barriles de petróleo enviados al día o de los plazos de pago. Pero estas concesiones no se hacen sin costo. La creciente vulneración financiera de Venezuela facilita una ampliación de la incidencia y participación china en la gestión política y económica del país. No es casual, por ejemplo, que apenas un mes después de formalizado el Cuarto Protocolo de Enmienda de los pagos de la deuda (octubre de 2014, justo con el inicio del derrumbe de los precios internacionales del crudo), se decreten en el país el surgimiento de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), una de las figuras emblemáticas del neoliberalismo con rostro chino (Consenso de Beijing) para concretar una liberalización radical de territorios, donde sólo importa el desarrollo acelerado del capital (de facto, adiós a los derechos sociales y ecológicos, y a la soberanía nacional). El AMO surgió formalmente en 2016 como un tipo de ZEE.
Los anuncios recientes (sept. 2018) de nuevo créditos chinos a Venezuela (5.000 millones US$) vienen acompañado de medidas como la cesión por parte de PDVSA del 9,9% de las acciones de la empresa mixta petrolera Sinovensa (en la FPO), en favor de su contraparte China National Petroleum Corporation (CNPC); acuerdos para la exploración y explotación de gas (China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation y PDVSA), así como un contrato marco para la explotación de oro con la empresa Yankuang Group (en el AMO), entre otras. Por si quedaban dudas, el Gobierno venezolano declaró que China brindará una asesoría permanente del más Alto Nivel del Consejo de Estado chino y del Banco de Desarrollo Chino para llevar adelante el llamado “Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad” propuesto por el Ejecutivo en agosto de este año.
La larga ruta de reformas legales, normativas, políticas y medidas económicas en Venezuela (con mecanismos de flexibilización, desregulación, financiarización, mayores sesgos hacia la exportación y el mercado mundial, avance de fronteras de la extracción, reinserción de modos de gestión empresarial, entre otros), que va dándole cada vez mayor cabida a formas de acumulación neoliberal –lo que hemos llamado el Largo Viraje–, ha sido en muy buena medida marcada y orientada por China. La crisis que vive Venezuela es también funcional al gigante asiático, aunque en sus disputas geopolíticas en la región no le conviene de ninguna manera asfixiar ni acosar a sus socios. Antes que el garrote, la carta de presentación china es la chequera. Una que se presenta como una chequera amiga.
Epílogo. China es lo que es: un imperio
Para que China haya logrado hegemonizarse en el este y el sureste de Asia, ser el principal socio comercial y la mayor fuente de inversiones en África (siendo protagonista en el proceso de acaparamiento de tierras que se desarrolla en ese continente), incrementar su influencia en Medio Oriente –principalmente con Arabia Saudí–, además de su ya reconocido posicionamiento en América Latina, tuvo que impulsar radicales procesos de acumulación por despojo en su propio país (la llamada ‘Revolución Industrial china’ desarrollada desde la década de los 80), incrementando las desigualdades sociales, con altos índices de explotación y sobre-explotación de la fuerza de trabajo, generando enormes devastaciones ambientales y sofisticando formas de control y represión social; y posteriormente impulsar dichas modalidades (bajo formatos de relacionamiento internacional) en otras partes del mundo, en busca de garantizar los vínculos de subordinación con sus “nuevas” colonias.
Hoy promueve la llamada “Nueva Ruta de la Seda” (One Belt One Road Initiative), una enorme red de rutas marítimas y terrestres (obras viales, puertos, proyectos energéticos, cableado tecnológico) para conectar Oriente con Occidente, que se concretaría a través de inversiones, préstamos, acuerdos comerciales y zonas económicas especiales, que involucrarían cientos de miles de millones US$ provistos por China. La iniciativa implicaría una nueva escala de la expansión del gigante asiático, y se ha propuesto también para América Latina –planteado inclusive un proyecto de corredor bioceánico Atlántico-Pacífico–, siendo que Venezuela ha anunciado su integración a este proyecto.
Mientras se hablado demagógicamente de una “alianza de civilizaciones”, o una “nueva potencia no imperialista”, van creciendo en todo el sur global (y claro está, en América Latina) conflictos socio-ambientales provocados por los proyectos impulsados por China, sea por los impactos futuros o bien los ya causados en los territorios y sus pobladores. Ante su necesidad intrínseca de obtener materias primas, mercados, y espacios para externalizar costos, pero sobre todo ante las dimensiones de su economía –la más floreciente del mundo–, China es hoy la fuerza más dinámica en el reforzamiento de los patrones coloniales/imperiales.
Ciertamente estamos en medio de una intensa disputa geopolítica, radicalizada por la guerra comercial que se desarrolla entre China y Estados Unidos, y que presiona aún más a la re-colonización de América Latina. Pero no bastará sólo con acobijarse al “mejor” imperio. La geopolítica de las diplomacias gubernamentales, de las disputas interestatales, dejan completamente al margen las luchas de los pueblos y la defensa de los territorios. Este es un ámbito vital, de fuerzas vivas, que luchan contra toda forma imperial, sea de los Estados Unidos, China, Rusia, India o hasta ciertas expresiones de Brasil.
El escenario es más que complejo, pero implica pensar en todas las alternativas que existen ante la crisis actual, que pasan desde los modos de relacionamiento e inserción con los mercados internacionales, hasta llegar a las diferentes luchas de pueblos, comunidades, organizaciones que, desde abajo, resisten a todas estas formas de (re)colonización, agudizadas en este fin de ciclo en América Latina.