Por Marcelo García / Extremo Sur .- Vaca Muerta comienza a convertirse otra vez en el epicentro de las miradas petroleras del país, tal como sucedió con el kirchnerismo en 2012 y el macrismo en 2016. El gobierno de Alberto Fernández impulsará una nueva Ley de Hidrocarburos, implementará subsidios a las petroleras y buscará reactivar la explotación de los hidrocarburos no convencionales neuquinos como epicentro productivo del país.
La política energética nacional basada en subsidios estatales y el fomento a la exportación gasífera se ha demostrado como un fracaso reiterado en el intento de resolver los grandes problemas que tiene el país. Tres claves para entender los tropiezos constantes y las perspectivas diferentes a transitar.
La impronta albertista muestra otra vez que en Vaca Muerta no aflora la grieta política y el país se encamina nuevamente a tropezar con la misma piedra imantada que atrajo a la clase dirigente a lo largo de la última década.
A poco de asumir la presidencia de la Nación, Alberto Fernández expresó en enero pasado que “Argentina se enamoró de Vaca Muerta” y cuestionó que “se desincentivó el resto de la producción convencional” de hidrocarburos.
Parecía que iba a producirse en cambio brusco de timón con respecto a los no convencionales, pero a poco de andar comenzaron a surgir las versiones de un proyecto de ley para los hidrocarburos que podrían nuevamente en la escena principal a Vaca Muerta; donde habría subsidios y amplios beneficios impositivos para las petroleras que operan en esos yacimientos de la Cuenca Neuquina (ver el artículo https://www.elextremosur.com/nota/22147).
En su visita a Neuquén de principios de junio, Fernández se reunió con el gobernador Omar Gutiérrez y manifestó que el desarrollo de Vaca Muerta “ocupa un rol central” para el país.
La vuelta al tapete del gran yacimiento de no convencionales disparó la reaparición del proyecto de ley para impulsar el sector, incluyendo el pago de subsidios atrasados a las petroleras y un nuevo Plan Gas 4, por lo que varios funcionarios nacionales comenzaron a poner otra vez a Vaca Muerta en el epicentro de la política energética nacional.
Debates ambientales y sociales: 10 millones de argentinos sin gas
Si bien hay un debate de fondo y mucho más profundo sobre los recursos hidrocarburíferos no convencionales -que implica tener en cuenta la cuestión ambiental y sus impactos sociales sobre las comunidades afectadas- se debe tratar de responder una pregunta esencial que se adentra en determinar si son necesarios para el país pagar esos altísimos costos.
En paralelo surge como otro punto de discusión que implica definir cuál debe ser la matriz productiva de Argentina. Si se incorporará valor agregado a las materias primas generadas o si solamente seguirá siendo un país exportador de commodities.
Avanzando más al fondo de la problemática social vale preguntarse si se debe pensar en una nación exportadora de gas cuando por lo menos 10 millones de personas no tiene acceso al gas natural por redes domiciliarias.
Según el INDEC, hasta el segundo semestre del 2019, en los 31 aglomerados urbanos del país un 35,3% de las personas y el 29,6% de los hogares no tenían acceso a la red de gas natural. Esos porcentajes se traducen en 9,8 millones de personas sin acceso al gas natural por redes sobre un total de 28 millones de habitantes localizados en dichos centros urbanos; todo en el marco general que la mitad de la población en cuestión no tiene acceso a alguno de los servicios esenciales como el agua, cloacas y el gas natural.
A principios de los años ’90 solamente el 52% de los hogares nacionales tenía acceso al gas natural por redes. Hoy en día, a más de 25 años, un tercio de los hogares del país sigue sin poder contar con una conexión domiciliaria al vital fluido para calefaccionarse y cocinar.
Dilucidar una nueva estrategia petrolera y energética basada otra vez Vaca Muerta puede llevar al país a tropezar por tercera vez consecutiva con la misma roca madre, y de allí la importancia de comprender algunas de claves principales que ponen en superficie la inconsistencia de un plan petrolero que busca volver a poner en el centro del desarrollo a los yacimientos no convencionales del país.
Claves para entender los constantes tropiezos con Vaca Muerta
Clave 1: Pila de subsidios estatales a petroleras privadas
Los altos costos de producción que insume la técnica del fracking (fractura hidráulica de la roca madre) sólo podrían ser soportados por la industria petrolera con altos precios del crudo internacional, algo que no está sucediendo en la actualidad y por ende debe suponerse que el Gobierno nacional avanzará nuevamente en un esquema subsidiado para la explotación de los yacimientos convencionales.
Ese esquema de subsidios estatales a la industria privada no solamente se direccionó a Vaca Muerta en los últimos años ni fue patrimonio exclusivo de los cuatro años de gobierno del macrismo, sino que arrancó en 2008 durante el primer mandato de Cristina Kirchner.
Los incentivos estatales fueron en un primer momento a la producción de petróleo y luego fueron virando a la de gas focalizándose en Vaca Muerta desde 2013, para alcanzar sus puntos más elevados en 2016 y 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.
Si se toman los últimos 11 años de subsidios a las compañías petroleras, el total de los montos transferidos para incentivar la actividad privada (para el petróleo y gas, tanto convencional como no convencional) ronda los 24.000 millones de dólares.
Estos datos surgen de las elaboraciones propias en base a los informes de ASAP y el minucioso trabajo elaborado por Ejes – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (“El Estado, ¿rehén o planificador?: Transferencias económicas al sector hidrocarburífero”, de diciembre de 2016).
Según los datos difundidos por la Asociación Argentina de Presupuesto, hasta el 31 de diciembre de 2019 el Estado nacional transfirió a las petroleras subsidios para la explotación gasífera que ascendieron a un total de 27.647 millones de pesos.
De ese total, 24.967 millones de pesos correspondieron a subsidios del Plan Gas no convencional (Resolución 46/2017) focalizado esencialmente en Vaca Muerta y que representaron un 295% de los entregados en el 2018. Mientas que el por el ex Plan Gas la suma fue de 2.680 millones de pesos, un 23,6% menos que en el año anterior.
En tanto que hasta el 30 de abril el Estado liquidó 66,9 millones de pesos por el Plan Gas no convencional (-98,3%).
En plena pandemia, según publicó el portal EconoJournal, el actual gobierno de Fernández pagó a las petroleras 18.500 millones de pesos en subsidios a la explotación de gas no convencional adeudados de gestiones anteriores.
“El Ministerio de Desarrollo Productivo trabaja contrarreloj: quiere presentar oficialmente el Plan Gas 4.0 el 1 de agosto para reactivar la perforación durante el último cuatrimestre de 2020. Para eso debe reconstruir la reputación del Estado, que desde 2008 incumplió -al menos parcialmente- los plazos de pago de los subsidios involucrados en los diferentes planes de incentivo que se pusieron en marcha a partir de ese año (el primero fue el Gas Plus). Con ese antecedente, la primera variable que el Ejecutivo debe despejar es de confianza”, dio a conocer el sitio especializado en hidrocarburos y energía.
Desde hace más 10 años la industria petrolera que extrae crudo en yacimientos concesionados por los Estados provinciales viene recibiendo subsidios estatales para mejorar o desarrollar los niveles de extracción de petróleo y gas.
Esa situación se ha profundizado en los últimos años y deja más beneficios para el capital privado que para los verdaderos propietarios de las concesiones, en lo que debe denominarse como un rotundo fracaso de las políticas privatistas de los años ’90 cuando se desguazó la YPF estatal y se dejó al sector en manos del mercado.
Clave 2: Producir hidrocarburos para el mercado interno o para exportar y pagar la deuda
El gobierno nacional de Alberto Fernández da muestras de encaminarse en la misma dirección e inclusive profundizar lo acontecido desde 2016 con el macrismo poniendo el epicentro nuevamente en Vaca Muerta.
“Vamos a lanzar la Ley de Hidrocarburos a la salida de la pandemia”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas a mediados de junio; con la mira puesta en darle prioritariamente garantías y horizontes a los inversores privados nacionales e internacionales del sector petrolero.
“Seguimos viendo el mismo potencial en Vaca Muerta, lo mismo que para todo el sector hidrocarburífero de Argentina. Está en condiciones de ser una palanca para el desarrollo para la próxima década”, dijo Kulfas hace tres semanas atrás ante un grupo de empresarios reunidos vía Zoom por la Fundación Mediterránea.
“Seguramente una de las tareas que vamos a emprender a la salida de la crisis es el envío al Parlamento de una ley de inversiones hidrocarburíferas para estimular un salto productivo en Vaca Muerta y en otros proyectos productivos”, insistió el ministro Kulfas y explicó que desde el gobierno ven el recurso natural como “una palanca para el desarrollo del entramado productivos industriales, tecnológicos, integrado por cientos de pymes en todo el país”.
De ahí que se instale la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos y que el flamante CEO de YPF, Sergio Affronti, haya asegurado en las últimas horas que la compañía “va a liderar la industrialización de Vaca Muerta, agregándole mayor valor al crudo y el gas no convencional”.
Con una caída significativa del consumo de hidrocarburos y derivados, tanto a nivel mundial como nacional producto de la cuarentena que originó la pandemia; surgen interrogantes sobre cuáles debieran ser los objetivos centrales del desarrollo hidrocarburífero nacional.
Por un lado, no es posible obviar a esos 10 millones de argentinos localizados en centros urbanos que no tienen acceso al gas natural por redes y que por ahora no parecen tener prioridad de conexión para el gobierno nacional. En paralelo Argentina tendría que plantearse qué tipo de industria quiere desarrollar y en qué tipo de condiciones sociales y económicas.
En la etapa post pandemia, que por ahora parece lejana producto de la trepada constante de la curva de contagios de Coronavirus especialmente en el AMBA, el país se encontrará ante el desafío de hacer avanzar sus industrias, reconstruir el mercado interno y ampliar el tejido social inclusivo. Todas tareas enormes y no concluidas desde hace muchas décadas.
Conseguir la recuperación económica y productiva no será simple, pero tampoco imposible. En una misma dimensión debería repensarse cuál tendría que ser la estrategia hidrocarburífera, apostando al autoabastecimiento perdido, la incorporación de valor agregado sobre ese tipo de recursos naturales y a la vez una mejora redistributiva de los ingresos que se traduzcan en la calidad de vida de los argentinos.
Desechando buena parte de estas premisas, la otra lógica que se ha impuesto en los últimos años es la de desarrollar los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta para así conseguir un mecanismo de producción, exportación y captación de dólares que servirían para pagar la enorme deuda externa que padece desde hace años Argentina.
Lo que dejó entrever el ministro Kulfas es que la implementación del Plan Gas 4 buscará brindar certezas en los precios del gas natural extraído esencialmente en Vaca Muerta para así obtener dólares a través de la exportación.
Por eso que manifestó que “la idea es poder encontrar un mecanismo para contractualizar a largo plazo la demanda de gas a los productores a un precio razonable y que pueda garantizar la rentabilidad del sector como el desarrollo de inversiones”.
Vale mencionar que para desplegar ese mecanismo productivo y exportador, Vaca Muerta se encuentra en una situación compleja de infraestructura que ni el macrismo con sus millonarios subsidios e inversiones estatales en infraestructura pudo solucionar en cuatro años. Quedaron pendientes e inconclusos proyectos de gasoductos troncales, el tren Neuquén a Bahía Blanca y sin avances significativos en la planta de GNL en el puerto de la costa bonaerense (ver el artículo de 2018 https://www.elextremosur.com/nota/vaca-muerta-produce-mas-pero-corre-riesgo-de-estancarse-por-falta-de-inversion-en-produccion-e-infraestructura-social/).
Con las caídas pronunciadas de la demanda mundial de hidrocarburos y los bajos precios internacionales, a lo que se le debe sumar la contracción económica inversora planetaria producto de la pandemia, conseguir hacer realidad ese proyecto productivo y exportador parece poco probable o cuanto menos ilusorio en el futuro cercano.
Clave 3: La lógica de rentabilidad privada frente al beneficio social común
Desde 1992 cuando se privatizó YPF y durante casi 30 años Argentina ha retrocedido en materia de hidrocarburos dejando en manos del capital privado la liberalización del mercado, perdiendo reservas de crudo y gas, achicando hasta casi su extinción el rol estatal y perdiendo el autoabastecimiento.
Nada bueno sucedió a lo largo de tres décadas. Por momentos el país que abastecerse a través de las importaciones de gas a costos elevados. Tampoco se revirtió significativamente la problemática con los procesos de “argentinización” o expropiación parcial de YPF.
Si bien es cierto que con la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF la compañía cambió su postura frente al esquema productivo en los yacimientos convencionales, eso no fue suficiente para modificar sustancialmente el rol de la empresa insignia que supo tener el Estado nacional. Desde la expropiación en 2012, la nueva YPF no le ha dado grandes beneficios al país y se manejó como una empresa privada más en el mercado.
Además de haber en este nuevo siglo 10 millones de argentinos sin gas natural, los precios de los combustibles son elevados y se rigen en el país por la ley de la oferta y la demanda. Siguen respondiendo a variables el como valor internacional del crudo o la cotización del dólar, sin retroceder cuando alguno de los ítems decrecen.
Nada diferente ha sido ese mecanismo trasladado a los servicios públicos de gas y luz, primero subsidiados por el Estado y ahora dolarizados en favor de las ganancias de las distribuidoras y generadoras energéticas.
A ese panorama se suma el uso de los fondos estatales subsidiando al capital privado hidrocarburífero o inclusive llevando a cabo las mayores inversiones en infraestructura o desarrollos productivos y exploratorios en yacimientos convencionales o no convencionales.
El rol de la actual YPF está lejos de la comandada por Repsol desde las oficinas corporativas en Madrid, pero más distante se encuentra aún de la visión estratégica y social que desempeñaba la YPF estatal antes del desguace menemista.
Embarcar, como ha sucedido hasta ahora, a YPF como punta de lanza en Vaca Muerta no ha demostrado ser la estrategia más fructífera para la compañía ni tampoco para el país. Hasta el momento la hipótesis de que con el desarrollo de los no convencionales se posibilitaría fomentar la industria nacional o conseguir los dólares para el pago de la deuda no está demostrada en lo más mínimo.
El propio Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, remarcó que es inviable la idea de avanzar con “el fenómeno Vaca Muerta asociado a una salida en donde la Argentina fuera exportadora de gas no convencional y que esto permitiera un salto importante en el ingreso de dólares”.
Se debe considerar que en Vaca Muerta se viene llevando a cabo el máximo experimento empresario privado para la obtención de ganancias y maximización de la rentabilidad.
Es allí donde se modificaron los convenios colectivos de trabajo para flexibilizar a los obreros petroleros y reducir los costos laborales, con la consiguiente derivación altísimos costos en vidas de trabajadores que en menos de un año y medio se tradujeron en 8 obreros fallecidos en los yacimientos neuquinos (ver el artículo https://www.elextremosur.com/nota/20198). En los últimos 20 años murieron trabajando nada más y nada menos que 100 petroleros en todo el país.
Una cuota importante de responsabilidad tiene frente a este panorama la dirigencia sindical del sector, que permite que estos “accidentes” cuesten vidas humanas y en muchas oportunidades luchan solo por conquistas salariales -para nada menores o despreciables- pero que en tiempos de crisis funcionan con la lógica empresarial y con la excusa de defender los puestos de trabajo terminan reduciendo salarios o entregando conquistas laborales históricas.
Estas problemáticas no parecen ser tenidas en cuenta por la administración de Alberto Fernández, ni estarían incluidas en el proyecto de nueva ley o de desarrollo productivo de los hidrocarburos en el país.
Por ahora no aparecen explicitados como objetivos del gobierno nacional -es cierto, ahogado por la pandemia y la deuda externa- lograr un país autoabastecido con hidrocarburos, sin muertes por súper explotación laboral en los yacimientos, con tarifas y combustibles accesibles para el conjunto de la población, con gas por redes para todos los habitantes del país. Aparece lejano un nuevo Estado que no solamente intervenga en el mercado como un jugador más entre privados sino como un organizador, generador del empleo y desarrollador de PyMES locales, además de definir las políticas energéticas estratégicas.
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