Por Redacción Política / El Espectador .- El entusiasmo de que esta iniciativa saldría adelante en esta legislatura descansa en que los presidentes de las comisiones quintas, que legisla sobre temas medioambientales, son voces críticas de esta práctica extractiva.
Foto: Diego Cuevas (marcha contra el fracking)
Una vez más al Congreso de la República llega un proyecto que busca prohibir la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos (o fracking) para preservar los ecosistemas y salud de las comunidades que viven alrededor de zonas susceptibles a estas prácticas extractivas.
Lo nuevo con que llega este proyecto es con la unión de esfuerzos de la Alianza Colombia Libre de Fracking y de más de 30 congresistas de casi todos los partidos políticos, a excepción del Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Colombia Justa-Libres y MIRA.
Así mismo, para esta legislatura hay otro factor que favorece la celeridad en el trámite del proyecto y es que los dos presidentes de las comisiones quintas de Senado y Cámara son dos liberales en oposición al fracking. Con Guillermo García Realpe y Luciano Grisales encabezando las comisiones que trata asuntos medioambientales habrá, por ejemplo, garantías en la designación de ponentes y en la priorización del trámite.
La iniciativa, además de ponerle freno a los proyectos pilotos de fracking y prohibir en el futuro la práctica, también abre la puerta a nuevas alternativas energéticas renovables, según recordó el representante por la Alianza Verde, Wilmer Leal.
Y los argumentos a favor de la iniciativa se reforzaron aun más con la situación inusitada que produjo el nuevo coronavirus y la importancia del agua para combatir este virus. De acuerdo con las intervenciones de los congresistas en la rueda de prensa, basadas también en estudios a nivel internacional y nacional sobre las repercusiones del fracking, los afluentes serían los más afectados por la práctica y, en términos de salud pública, el senador y médico Juan Luis Castro, también de los verdes, explicó con las fuentes hídricas afectadas “nos incapacitaría de tener agua, recurso de suma importancia para nuestra subsistencia”.
Por su parte, la alianza Colombia Libre de Fracking explicó que las consecuencias por cuenta de la explotación de yacimientos convencionales (petróleo, entre otros) ha unido a diferentes sectores y comunidades para exigir el compromiso ambiental y social de las empresas explotadoras de recursos y el mismo Gobierno, así como ha demostrado, explica la organización social, de la necesidad de dar un paso hacia las energías renovables.
“Los yacimientos no convencionales deben dejarse bajo el subsuelo por muchas razones, entre ellas, su disminución casi total de producción en menos de tres años, su bajísima tasa de retorno energética, sus enormes contribuciones en emisiones y porque su escala de explotación y la contaminación que generan son de tal magnitud que puede poner en riesgo la capacidad de adaptación de territorios que ya son vulnerables a eventos climáticos”.
Entre los argumentos económicos, por ejemplo, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, recordó que depender económicamente de esta práctica es riesgoso es cuanto a la volatilidad de los precios del petróleo y gas, los costos operativos y la baja retribución tributaria que generarían las empresas dedicadas a esta actividad.
El llamado conjunto de los firmantes del proyecto es a preservar el medio ambiente, que a fin de cuentas el cuidado de este repercute en la vida de las personas. También la invitación que pusieron sobre la mesa para debatir en el Congreso es la transición a energías renovables y a volcar al país a su vocación agropecuaria.
Aunque en campaña el presidente Iván Duque prometió que en su gobierno no habría fracking, en marzo pasado el Ministerio de Minas expidió un decreto con el que se abre la puerta para proyectos pilotos de fracking con fines para investigación y no comerciales.
