Frente a la caída de la extracción de gas, el gobierno se trazó el objetivo de recuperar las inversiones del sector. Esta tarea enfrenta a dos grandes desafíos.
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En primer lugar, la apuesta por Vaca Muerta en los últimos años aparece hoy como un problema: los pozos no convencionales, que ya explican el 44% del total de gas extraído, se agotan rápido y las empresas deben perforar continuamente para sostener los niveles de extracción. Es así que el sector requiere cada vez un mayor nivel de inversiones para evitar la caída de su producción.
Por otra parte, hay una tensión, que se profundiza en un escenario de inestabilidad cambiaria, entre los estímulos dolarizados que piden las empresas y las tarifas pesificadas que necesitan los sectores productivos de la economía.
Durante los gobiernos kirchneristas las inversiones se sostuvieron con subsidios a las empresas. En la gestión de Cambiemos se optó por reemplazar los aportes estatales por un cuadro tarifario que permitiera transferir del Estado a los usuarios la carga de los estímulos. La pertinencia de estos estímulos no estuvo en discusión, cambió la forma de financiarlos.
En ambos casos, sea por subsidio o por tarifas, los estímulos se pagaron en pesos, pero su monto se fijó en dólares. Cuando el país entró en un ciclo de fuertes devaluaciones, a partir de 2018, el equilibrio se volvió inalcanzable: los estímulos se redujeron, las inversiones se frenaron.
El gobierno trabaja sobre un nuevo programa de incentivos para evitar que las importaciones de gas se disparen el año que viene. Nuevamente se trataría de un esquema de estímulos fijados en dólares. El Estado, mediante subsidios, se haría cargo de la diferencia entre el precio que pagan los usuarios, congelado hasta fin de año, y el precio que reciben las empresas.
Este plan precisa de una relativa estabilidad cambiaria. Frente a una devaluación importante, el monto de los subsidios estatales crecerá rápidamente y la sostenibilidad del esquema entraría, una vez más, en tensión.
