Por Mariángeles Guerrero / Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas .- Basureros con residuos tóxicos, incendios, accidentes petroleros y sismos configuran un peligro para la salud de la población. Desde el Estado continúa la apuesta por el desarrollo hidrocarburífero más grande del país, a pesar de las consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.
Foto: Greenpeace
¿Es posible un modelo de “soberanía energética” sin respetar derechos? En 2013, el acuerdo YPF-Chevron comenzaba a consolidar el megaproyecto Vaca Muerta en la patagonia argentina y era presentado discursivamente como un “milagro” que potenciaría la soberanía en términos de energía. Siete años después, un nuevo anuncio del Plan Gas muestra que -pese al repudio del extractivismo en términos socioambientales-, para los distintos gobiernos Vaca Muerta sigue siendo una apuesta ligada a un concepto de desarrollo que soslaya el cuidado de la vida y la salud.
ABC y discurso oficial
Los reservorios llamados “shale” son aquellos en las que el petróleo o el gas está atrapado en las rocas en forma de gotas microscópicas. Estas rocas no son lo suficientemente permeables y, para realizar la extracción, hay que recurrir al fracking o fractura hidráulica. Esta tecnología consiste en la inyección a alta presión de agua, arena y productos químicos en el suelo -a una profundidad que oscila entre 2500 y 4000 metros-, con el fin de incrementar la permeabilidad y mejorar la extracción. También incluye perforaciones horizontales.
Vaca Muerta es la formación de “shale” más grande del país. Abarca una superficie de 30 mil kilómetros cuadrados que se extiende por cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. En ese territorio viven 21 comunidades mapuches.
“Vamos a volver a poner de pie a un país que había quedado muy lastimado», dijo Alberto Fernández a mediados de octubre, durante el anuncio del Plan Gas en Loma Campana (Neuquén). «Vaca Muerta es la oportunidad de convertirse en exportador neto de energía», prometió Miguel Galuccio en junio, en sintonía con el discurso que mantuvo en 2013, cuando era el CEO de YPF y Vaca Muerta se presentaba como el as de la política económica y energética. Prometía una política con “impacto ambiental cero”.
Sin embargo, también por esos años, comunidades originarias, activistas, ambientalistas, personas vinculadas a la vida académica y a la investigación comenzaron a visibilizar las consecuencias del fracking. Esa técnica que se conoce desde los años 50, pero que en Argentina se utiliza de forma intensiva y comercial a partir de 2014, en la formación de Vaca Muerta como su enclave más importante.
Formas de vida diferentes
“El conocimiento mapuche tiene una forma de vida muy relacionada con el lugar, en el cual no nos ubicamos como el centro de la existencia sino agradeciendo y con un gran respeto por el equilibrio de la naturaleza y por cada una de las vidas que existen”, relata Lefxaru Nahuel de la Confederación Mapuche de Neuquén.
“La industria petrolera y particularmente el fracking es todo lo contrario a esa forma de vida. Dinamita el subsuelo, destruye las napas de agua, elimina las plantas y los animales que hay en el lugar y contamina de una manera feroz. No solo que destruye el lugar sino que destruye cualquier posibilidad de futuro”, denuncia.
El uso del agua, la sismicidad inducida, los basureros con residuos altamente tóxicos y las emisiones de carbono conforman una agenda propia y variada de amenaza y defensa de los recursos naturales y de las poblaciones que habitan esos territorios. Los incendios, los derrames y las explosiones también encienden la alarma sobre esta forma de extractivismo.
Foto: Juan Thomes
Agua y sismos
Según el informe “Externalidades del Megaproyecto Vaca Muerta”, elaborado en 2017 por Martín Álvarez Mullally, Lisandro Arelovich, Fernando Cabrera y Diego di Risio, la extracción del gas y petróleo no convencional utiliza mayores volúmenes de agua que el convencional: puede emplear de 9 a 29 millones de litros por cada pozo. Desde el Estado y las empresas relativizan esa cifra, aduciendo que es un porción ínfima de la demanda provincial de agua. Al dato del volumen se suma un interrogante: ¿cuál es el tratamiento que recibe el agua una vez utilizada, la llamada “agua de retorno”?
“Entre el 20 y el 80 por ciento de ese agua puede volver a la superficie”, indica Fernando Cabrera, integrante del Observatorio Petrolero Sur (Opsur) y uno de los autores del informe. “Ese líquido vuelve con elementos propios de la tierra que desconocemos”, agrega. Es decir: hidrocarburos, metales pesados e incluso posibles sustancias radiactivas contenidas en el subsuelo.
La inyección de un caudal importante de agua a alta presión, la extracción de ese líquido y la disposición final en sumideros subterráneos significa un problema en términos de residuos y también a nivel del subsuelo. Estos mecanismos impactan ocasionando sismos en zonas no sísmicas, como en el pueblo neuquino de Sauzal Bonito. “Una de las cosas que hacen prever que los sismos están relacionados con la intervención humana es que su epicentro ocurre a 3000 o 4000 metros de profundidad, cuando los sismos tienen un epicentro mucho más profundo”, explica Cabrera. Desde el gobierno provincial prometieron 20 sismógrafos para medir el impacto de la industria hidrocarburífera, pero hasta ahora solo llegaron dos.
Basureros petroleros
Otro de los problemas son los basureros donde se disponen los desechos que genera la explotación. A fines de 2018, Greenpeace descubrió que la compañía Treater S.A., proveedora de empresas petroleras internacionales, estaba desechando residuos industriales tóxicos provenientes del fracking en piletones de un tamaño equivalente a 15 canchas de fútbol. “En Vaca Muerta hay más de mil pozos y cada uno genera entre 600 y 850 metros cúbicos de residuos que circulan hasta las plantas tratadoras, atravesando ciudades, comunidades, zonas productivas y cuerpos de agua”, advierten desde Greenpeace. “Estos desperdicios se descartan directamente sobre el suelo y sin tomar medidas de seguridad, como si fueran verdaderas cloacas petroleras”, aseguran.
Greenpeace aportó un muestreo de los residuos de los basureros tóxicos donde se encontraron metales pesados como plomo y bario con alto impacto en el ambiente y en la salud. En los lodos que conforman los residuos de la perforación también se hallaron metales pesados y elementos radioactivos como radón o uranio de origen natural.
“Estas sustancias tóxicas se liberan al aire o al agua y, además de los efectos sobre la salud causados por el impacto de las emisiones en el aire y el agua, tienen efectos sobre el ambiente. Más del 40 por ciento de las sustancias causan impactos que dañan a la vida acuática y a la fauna”, afirman desde la organización ambiental.
“El fracking extrae petróleo y gas de una manera mucho más difusa y complicada. Ese rompimiento de la piedra libera el gas y el petróleo y también el agua contaminada que se utiliza para la ruptura, donde se usan distintos químicos. Es por eso que es tan contaminante la extracción petrolífera y de gas en Vaca Muerta”, argumenta Leonel Mingo, de Greenpeace, en diálogo con el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Mingo indica que actualmente se encuentran a la espera de un fallo judicial en relación a las denuncias presentadas por los basureros tóxicos de Vaca Muerta.
El referente de la ONG también aludió además a la emisión de gases de efecto invernadero. En este sentido, sostuvo que “la principal emisión de gases del efecto invernadero proviene de los combustibles fósiles: gas, carbón, petróleo”. Estima que Vaca Muerta generará 50.000 millones de toneladas de dióxido de carbono durante toda su vida útil. En ese marco, recordó los compromisos internacionales de Argentina en disminuir las emisiones, tal como lo establece el Acuerdo de París. “Es imposible que pueda reducir los gases de efecto invernadero mientras se siga apostando a la generación de energía a través de los combustibles fósiles”, afirmó Mingo.
Derrames
Otra arista del problema tiene que ver con los accidentes y derrames ocurridos en Vaca Muerta y donde, como en las otras situaciones, el Estado provincial y las empresas desdibujan las consecuencias y las responsabilidades.
En Loma Campana, epicentro del megaproyecto operado por YPF-Chevron, el 2 de septiembre de 2014 se produjo un derrame petrolero durante 16 horas. Cerca de allí se encuentra la comunidad mapuche Campo Maripe.
“La gran presencia de comunidades en esas zonas se debe a la Campaña del Desierto, en la cual fuimos desplazados de los lugares que eran fértiles porque eran pretendidos por el valor exportador. Ahora vivimos en estos lugares donde hemos sobrevivido con la pequeña ganadería caprina y las huertas y son pretendidos por las petroleras”, explicó Lefxaru Nahuel.
Los “accidentes” se repiten año a año. En 2015 en la localidad de Allen explotó el pozo EFO 280, operado por Yacimientos Petrolíferos del Sur (YSUR, una subsidiaria de YPF).
En 2016 se conoció lo que YPF informó como un “derrame menor” en la localidad de Fernández Oro, zona de producción de manzanas y peras rionegrinas. El Departamento Provincial de Agua de Río Negro constató “la pérdida de 240.000 litros de agua de inyección con alto grado de salinidad, con presencia de hidrocarburos y con valores altamente tóxicos para los cultivos y las napas”, según refiere Fernando Cabrera en su artículo “Vaca Muerta, entre el desastre socioambiental y los argumentos ecologistas”.
En octubre de 2018, en Bandurria Sur, donde operan YPF y la estadounidense Schlumberger, un derrame de petróleo duró 36 horas. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace cuantificaron 77 hectáreas afectadas, mientras que la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén aseguró que fueron 45. La misma dependencia oficial indicó que, entre 2015 y 2018, ocurrieron 3368 “incidentes ambientales” por la explotación petrolera en Vaca Muerta. En septiembre de 2019 se incendió el pozo LLL X-2 de YPF en Loma La Lata, en Neuquén, a escasos metros del lago Los Barreales. Fueron necesarios 24 días de trabajo para apagar el fuego y frenar los derrames.
Falta de control y daños irreparables
“En la meseta de Neuquén hay familias que no acceden al gas, pero a la noche se ven los venteos de gas de las empresas que están extrayendo a pocos kilómetros. El objetivo de Vaca Muerta no es proveer ni abastecer de una mejor calidad de vida a la gente que vive acá sino continuar el saqueo, el empobrecimiento y la contaminación”, define Lefxaru Nahuel.
Impactos en el agua, el aire y la tierra. Afectación de la salud, el territorio y la vida. El desarrollo del proyecto energético de Vaca Muerta se basa en la vulneración de derechos de las y los pobladores. “Sin embargo, ninguna investigación judicial ha prosperado porque hay un blindaje mediático y político hacia las empresas”, señalan desde la Confederación Mapuche. “La falta de control ambiental es una de las garantías que les da el gobierno provincial en detrimento de los derechos del Pueblo Mapuche. Que no hayan avanzado las causas judiciales es una muestra de eso”, dice Lefxaru Nahuel. Y, una vez más, advierte: “Ojalá haya justicia porque las consecuencias y los daños son irreparables”.