Por Esteban Martine / La Izquierda Diario .- El año concluye con una inicial recuperación de la actividad en Vaca Muerta, tras la peor crisis de su breve historia. Subsidios millonarios, despidos encubiertos, ataques a sus trabajadores y las consecuencias del fracking.
Lentamente parecieran ir quedando atrás las escenas de mayor parate de la explotación no convencional de hidrocarburos en Vaca Muerta.
Uno de los indicadores que más se utilizan para tomarle el pulso a la industria del fracking, es el de la cantidad de etapas de fractura realizadas por mes, que en abril se redujo a 0. Según la consultora NCS Multistage, en noviembre se completaron 545 etapas, el récord de 2020. Un 58% superior al mes de octubre, y algo más que el promedio de 535 durante 2019.
Los niveles de producción de petróleo en octubre continuaron recuperándose pero aún no alcanzan los del mismo mes de 2019. Los de gas, siguieron cayendo, pero se preparan para el nuevo festival de subsidios.
El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, vaticina que la actividad quedará “completamente reactivada” para marzo de 2021. El Secretario de Energía nacional, Darío Martínez, promete una nueva ley de promoción de las inversiones “si las empresas muestran interés”. Las petroleras hablan de optimismo y anuncian inversiones, aunque menores que las de años anteriores. Mientras piden “garantías” para hacer el “esfuerzo”. ¿Pero quién hizo el esfuerzo para que repunte Vaca Muerta?
Viven de planes del Estado
“Pasamos lo peor, estamos saliendo de la crisis”, le dijo Paolo Rocca a Martín Guzmán hace menos de una semana en el seminario de Propymes 2020, al tiempo que le pedía recortar el gasto público. Claro, siempre y cuando por “gasto público” se entienda salarios, jubilaciones, salud y educación, y no los subsidios que vive succionando su petrolera, Tecpetrol.
La empresa del “miserable” que despidió sin piedad al inicio de la pandemia, llegó a quedarse con la mitad de la torta de los subsidios macristas al gas de Vaca Muerta. Sin solución de continuidad, acaba de entrar al Plan Gas.Ar, más conocido como Plan Gas 4 con 9,94 millones de metros cúbicos por día. Cuando inyecte ese gas, lo cobrará al precio que lo ofertó, USD 3,65 el millón de BTU, algo así como USD 1,15 más que el precio promedio que hoy cubren las tarifas.
Esa diferencia la aportará el estado nacional, y representará casi 3 veces más que lo que las empresas dejarán por regalías al estado provincial de Neuquén. En el presupuesto 2021 el gobierno contempla un costo de $20.645 millones para el Plan, aunque en un documento estimó que serían USD 800 millones. De lo que no cubran los subsidios, se encargarán los tarifazos.
Así y todo, Tecpetrol prevé invertir USD 1.400 millones en cuatro años, cuando sólo en 2017/2018 invirtió USD 1.115 millones.
Otras beneficiarias de la adjudicación fueron Pan American Energy, Pampa Energía, Wintershall, Total, Petrobras, Shell, Vista Oil & Gas, ExxonMobil y Pluspetrol. Es con todos.
El bloque más grande del Plan lo aportará YPF, con 20,9 millones de metros cúbicos por día. En el caso de la sociedad anónima con mayoría estatal pero un 49% de accionistas privados (entre los que se encuentran Blackrock Inc, Wellington Management Company, Goldman Sachs Group, y los bancos HSBC, BBVA Francés, Itaú y BNP Paribas, entre otros) , recibirá además el 25% de todo lo que recaude el “aporte extraordinario a las grandes fortunas”. Se trataría de $75.000 millones.
Pero además, el presupuesto 2021 destinará $58.056 millones para continuar con el esquema macrista de la Resolución 46, el subsidio creado por el ex-ministro de Energía, Juan José Aranguren. Para las petroleras no hay ajuste.
Según cálculos de María Marta Di Paola directora de Investigación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), con los más de USD 10.000 millones de subsidios que embolsaron las empresas desde que inició la explotación de Vaca Muerta, se podrían haber pagado 18.027.071 de jubilaciones, 14.850.796 de salarios mínimos o construido 8628 jardines nuevos.
¿Quién se queda los dólares?
El discurso extractivista del gobierno de Alberto Fernández sostiene sin tapujos que es necesario desarrollar Vaca Muerta, al igual que la megaminería, no para el “desarrollo”, sino para generar las divisas necesarias para cumplir con los acreedores de la deuda externa. Más allá de que el excesivo entusiasmo (similar al que mostraba Macri) soslaya las importantes inversiones en infraestructura que harían falta para exportar gas a gran escala, lo cierto es que en un año de gestión el gobierno alentó a las empresas a exportar, pero no a dejar los dólares.
La ley de “solidaridad” de diciembre de 2019, que suspendió la movilidad jubilatoria, redujo las retenciones al sector del 12 al 8%. Ya durante la pandemia, con el decreto 488/20 que estableció el precio sostén del barril criollo, directamente eliminó las retenciones (sólo pagarían entre 0 y 8% en caso de subir los precios). Es por eso que cuando en julio las empresas exportaron un 40% de la producción de crudo neuquino, lo hicieron sin pagar ni un centavo de derechos de exportación.
Los voceros de las multinacionales quieren perpetuar las retenciones 0%. En un reciente artículo de opinión el abogado Tomás Lanardonne, Socio Fundador y Manager en el estudio Martínez de Hoz & Rueda, reivindica como un “punto de partida” el Decreto 929/13 redactado bajo el gobierno de Cristina Fernández por encargo de Chevron, y la ley 27.007 de Hidrocarburos, votada en 2014. Pero sostiene que para ir a fondo, entre otras cosas, habría que eliminar todo derecho de exportación hasta que el precio internacional del barril supere los USD 75 (hoy el Brent ronda los USD 50). Si superase los USD 75, deberían cobrarse retenciones sólo por la porción que exceda ese precio. Se verá cuántas de estas pretensiones incluirá una eventual nueva ley de hidrocarburos.
Por lo pronto, en el articulado del Plan Gas, el ejecutivo instruyó al Banco Central de la República Argentina a, flexibilizar para las petroleras el acceso al mercado libre de cambios (MLC), permitiéndoles la “repatriación de las inversiones directas y sus rentas y/o la atención de servicios de renta o principal de endeudamientos financieros del exterior”.
Un informe de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, Gustavo García Zanotti explica, entre otras cosas, cómo se financiaron YPF – Chevron y Tecpetrol para explotar Vaca Muerta con la costosa técnica del fracking. En ambos casos, además de percibir enormes subsidios, recurrieron a créditos intra-firma con un entramado de empresas en guaridas fiscales. En el documento, sostiene: “Cuando hablamos de guaridas fiscales y capitales fluyendo entre estos espacios extraterritoriales (…) la inversión productiva necesaria para el despegue del sector energético podría transformarse en un negocio financiero que deviene en generador de rentas financieras. En este sentido, existen flujos y reflujos del capital desde las guaridas fiscales y, por ende, estos capitales no podrán ser retenidos por los países periféricos.”
Con las disposiciones del BCRA, hoy Tecpetrol Argentina puede acceder a la compra de dólares justificando la cancelación de deudas… con la propia Tecpetrol. No hay que olvidar que son varias las petroleras que se ubican entre las 100 empresas que más dólares fugaron en la era Macri, según el informe del BCRA que publicó Verbitsky en mayo. La pregunta obligada es, entonces… ¿Quién se va a quedar los dólares?
Ajustan, despiden y flexibilizan
Semanas atrás, un trabajador petrolero, operador de fractura, comentaba a Izquierda Diario cómo están trabajando en los yacimientos. “Cuando empezó la pandemia la mayoría de los sectores frenaron las actividades a casi cero, sólo continuaron los que ya estaban en producción. Ahora que volvió algo de movimiento, lo están haciendo con la mitad de la dotación de gente”.
Las empresas aprovecharon la crisis para ajustar. No sólo el salario, sino también las condiciones de trabajo. Receta calcada de la dupla Macri – Aranguren. Una vez más gracias a la predisposición del eterno secretario general de Petroleros Privados, Guillero Pereyra, el gobierno logró, a través de YPF,imponer un nuevo avance en la flexibilización laboral.
El primer paso fue “limpiar” a los trabajadores “sobrantes”. Como el propio Pereyra reconoce, hoy su sindicato tiene 1.800 afiliados menos por “retiros voluntarios” (o despidos encubiertos). “El gremio no se puede meter porque es una decisión que toma la familia, el compañero consulta con su esposa, busca otro camino que no sea el de petrolero“. Su sindicato fue el que acordó las suspensiones con recorte salarial más importantes del país: un 40%. Muchos de los trabajadores, frente a la imposibilidad de pagar sus deudas y a las extorsiones y amenazas de despidos cuando dejara de regir el DNU que los “prohibía”, terminaron aceptando indemnizaciones, y no precisamente por “buscar otro camino”, sino por no encontrar su sueldo.
Los CEO’s se golpean el pecho afirmando que lograron bajar el “lifting cost”, o costo operativo por barril. Lo que no dicen es que, una vez más, se lo deben a los trabajadores, a quienes no sólo les bajaron los sueldos (y aguinaldos) sino que los sobre-explotaron más en los pozos.
Una de las condiciones del acuerdo de productividad que analizamos en detalle en este diario, además de la reducción de dotaciones, y la habilitación para subcontrataciones de personal fuera de convenio, fue la realización de desmontaje, transporte y montaje (DTM) nocturno, sin especificar las tareas habilitadas. Desde los campos nos comentan que eso “genera mucho riesgo, muchos accidentes fatales ocurrieron de noche y más en DTM”.
Desde la adenda al convenio petrolero para el fracking, firmada en 2017, murieron en los pozos Agustín Navarrete, Matías Sánchez, Daniel Torres, Miguel Angel Fernández, Mario Segura, Ariel Marcelino Sajama, Maximiliano Francisco Zappia y Cristian Nicolás Baeza. Nada bueno se puede esperar de este nuevo acuerdo.
Durante el 2020 no hubo paritarias, sólo un bono que representa $5.000 por mes. Hoy, frente a la bronca que se multiplica por abajo, el sindicato exige un bono de $50.000 por única vez. Nada recuperará lo perdido.
¿De qué “desarrollo” hablan?
Cada vez que se reactivó la hidrofractura en Vaca Muerta, nuevos sismos se sintieron con epicentro en las áreas de explotación. La coincidencia espacio – temporal es evidente. La relación entre sismos y fracking empieza a ser tomada en serio incluso por los medios de comunicación desde los que las petroleras hacen su lobby. El equipo de investigadores que estudia el tema, continúa acumulando evidencias y trabajando conclusiones que pronto dará a conocer en trabajos científicos.
El discurso del “fracking seguro” no se sostiene: derrames, incendios de magnitudes que tardan semanas en controlarse, contaminación del agua, filtraciones de gas y fluidos, accidentes radiactivos, venteos sin ningún tipo de control, pozos sumideros y basureros petroleros emanando tóxicos que respira la población. Todo esto sin contar con el enorme volumen de gases de efecto invernadero que se emiten tanto en el consumo de la energía, como para su extracción, en momentos en que la crisis climática recorre el mundo. Para todo este desastre, fue necesario desplazar y criminalizar a comunidades del pueblo nación mapuche, como en el caso emblemático del Lof Campo Maripe.
Este año quedó al descubierto que las supuestas bondades del extractivismo desenfrenado, no eran tales. La economía neuquina, hiperdependiente de la producción de hidrocarburos, fue de las más impactadas por la crisis. Según los datos de septiembre, publicados por el Ministerio de Trabajo, Neuquén fue la provincia en la que más cayó el empleo registrado, un 11,1%, casi cuatro veces más que el 2,9% promedio que se contrajo a nivel nacional.
La desocupación superó la media nacional: 35.000 empleos se perdieron sólo en Neuquén – Plottier en un año. La pobreza se acercó a la nacional. Para las y los estatales, el MPN terminó con la actualización por IPC: los salarios perdieron durante todo el año. Mientras tanto, la provincia sigue pagando deuda en dólares, a altas tasas y con bonos garantizados por las regalías petroleras.
Pero además, la crisis puso en evidencia la Neuquén silenciosa, invisible. La de las 105.000 personas que cobraron esos míseros $30.000 de IFE distribuidos en 8 meses. La de quienes viven en casillas en tomas sin servicios esenciales como el gas que se extrae del suelo que pisan.
Hay que parar este saqueo
En momentos en que el pueblo de Chubut copa las calles enfrentando el extractivismo megaminero, hay que plantear una alternativa al saqueo, que parta de la nacionalización de toda la industria hidrocarburífera bajo control de trabajadores y trabajadoras, comunidades y pueblos originarios que han sido afectados por la producción, junto a profesionales de universidades públicas y organizaciones socioambientales.
Quitando la ganancia capitalista de la ecuación, la energía debe dejar de ser un negocio y ser pensada racionalmente, como un derecho. Hay que prohibir el fracking e iniciar una transición a una matriz energética sustentable, desfosilizada y diversificada, que reduzca drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero, y que combine distintas fuentes en función de las potencialidades de cada región. Para eso es necesario planificar no solo la producción, sino también el consumo de la energía, con un plan de obras públicas que permita construir viviendas eficientes y la reconversión de las industrias y el sistema de transporte, financiado en base al no pago de la deuda externa.
