Por Bruno Colavitto / Revista Colibrí .- Pensemos en una imagen de resistencia, de compromisos: un grupo de mujeres con pañuelo blanco le da vueltas un jueves a la Plaza de Mayo, tránsito eterno de una lucha que no le hace caso al tiempo. Y así, muchos jueves. Las Madres y Abuelas saben lo que implica poner el cuerpo al viento y al frío, al sol y al calor, al ejército y a la policía, al silencio cómplice de las instituciones, y de una parte de la sociedad que parece olvidar la importancia de defender la vida, de uno de los peores peligros, el olvido.
Hay otra imagen de ese estilo, menos conocida: En una pequeña ciudad de Catamarca, todos los sábados desde 2009, vecines de la Asamblea El Algarrobo, marchan pacíficamente por las calles. Trazan un recorrido que une las oficinas de la minera Yamana Gold con Tribunales en un perfecto resumen de la complicidad entre el poder político y judicial con la empresa extranjera. Y, así como las Madres y Abuelas nos enseñan que la memoria es lucha, desde esa ciudad llamada Andalgalá nos enseñan a no resignarnos a un futuro de contaminación y muerte. Nos enseñan a defender la consigna, cada vez más vigente y compartida con tantas otras asambleas ambientalistas del país, que el agua y la vida valen más que el oro.
El 10 de abril, la marcha número 584 terminó con una dura represión que durante los días siguientes continuó con hostigamientos, allanamientos y detenciones arbitrarias. Al 21 de abril, hay 12 personas detenidas, acusadas de graves delitos tan solo por exigir que no se permita el ingreso (ilegal) de equipos de perforación a la zona. Irónicamente, la población que defiende el cumplimiento de la ley es a quienes termina persiguiendo la policía.
Otro conflicto minero y van…
El avance de la megaminería, entre otras grandes industrias, no reconoce de signos políticos. Los gobiernos que dan vía libre a estas actividades se excusan en la necesidad de obtener dólares y generar puestos de trabajo, mientras que el ambiente y la salud terminan siendo factores secundarios. Pero a cada uno de estos avances, hay respuestas. Chubut resiste hace más de un año a un nuevo intento de cambio de la zonificación minera que habilitaría nuevas áreas para la explotación; mientras que Mendoza, a fines de 2019, puso un freno, al menos temporal, a una modificación a la Ley 7.722, que desde 2007 habilitaría el uso de sustancias tóxicas para la megaminería en la provincia; y así ahora estalla, pese al burdo silencio mediático, Andalgalá, tras la reactivación de los trabajos de exploración del proyecto Agua Rica.
¿Por qué tanto lío? Porque todo este proyecto minero está plagado de irregularidades, como lo muestra la historia reciente. Un polémico informe ambiental presentado en 2008 fue aprobado “condicionalmente”, figura que no existe en ninguna ley, y eso fue lo que encendió las alertas en la comunidad. Tras intentos de amparos y medidas judiciales, en febrero de 2010 una pueblada que terminó siendo duramente reprimida obligó a la justicia de Andalgalá a suspender las actividades hasta tanto se reestablezca la “paz social” (no por nada en once años Andalgalá no deja de marchar los sábados, que quede claro: la minería no tiene licencia social en la ciudad).
En 2016, tras años de lucha, se consiguió que la Corte Suprema avalara este reclamo y un amparo municipal puso freno al proyecto. Sin embargo, el año pasado la provincia aprobó un informe de impacto ambiental presentado por la minera para iniciar los trabajos de perforación, desconociendo la ordenanza que prohibía las actividades. Peor aún, dicho informe solo fue presentado y discutido en una consulta pública realizada en Capillitas en el marco de la pandemia y otra convocada por zoom, ambas calificadas por las autoridades de “masivas y exitosas”. La realidad pareciera estar lejos de ello, ya que les vecines denunciaron que solo tuvieron un tiempo limitado para revisar un informe técnico de gran volumen, que las consultas no fueron debidamente publicadas y que, además, el acceso al zoom limitaba la masividad de la audiencia. Como señala la abogada Mariana Katz del Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ) que acompaña legalmente a la Asamblea El Algarrobo, «hablar de participación ciudadana en estos proyectos mineros es una vergüenza».
Agua Rica es un proyecto de minería a cielo abierto para explotar oro y cobre que se ubica en las nacientes del río Andalgalá, en la provincia de Catamarca. El proyecto tiene el nombre de MARA e implicaría también transportar el material extraído unos 35 km a través de la sierra del Aconquija para procesarse en las instalaciones de Bajo La Alumbrera. Como muestra el Inventario Nacional de Glaciares, las nacientes del río Andalgalá se ubican dentro de un área llamada “periglaciar”, donde existe un tipo especial de cuerpos que contienen hielo subterráneo, denominados glaciares de roca. En esta región de altura, donde no hay nieve permanente ni glaciares de hielo, el derretimiento de ese hielo subterráneo es muy importante porque aporta agua fresca al caudal del principal curso de agua de la ciudad. La destrucción del suelo, las explosiones, la apertura de caminos y los riesgos de contaminación hídrica que implica el uso de sustancias tóxicas en estas actividades son algunos de los principales problemas que podrían deteriorar significativamente la dinámica del río Andalgalá. El agua no quedaría ni rica ni fresca, si así fuera, para les habitantes de la zona. Además, cualquier excusa de progreso y prosperidad asociada a esta actividad minera se cae a pedazos si vemos la realidad de Catamarca hoy: desde 2010 a 2020 la pobreza aumentó desde el 21% al 43%, acompañada de un 53% de niños menores de 6 años pobres y un cuarto de la provincia cobrando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Entonces, el agua rica, ¿para quién?
En el caso de la minera Agua Rica, son tres las empresas que se asocian para explotar el yacimiento: la suiza Glencore y las canadienses Goldcorp y Yamana Gold. Sin embargo, las operaciones mineras, ya sea en este caso como en tantos otros en el país, requieren de beneficios particulares de parte de funcionarios y jueces locales que hagan la vista gorda cuando sea necesario. Lo vimos en Chubut y Mendoza, ahora en Catamarca. Como dijimos antes, para el tema minero no se distingue color político, a gobernadores peronistas, radicales o del PRO, a ninguno le tiembla el pulso para firmar estos proyectos, que engordan sus bolsillos, corrupción mediante. La complicidad de estos funcionarios con empresarios nacionales e internacionales habla de los intereses cruzados y el lobby que despierta el negocio minero en nuestro país.
Citaremos un ejemplo, solo para entender el peso específico de algunas de las partes involucradas. Eduardo Elstzain es el accionista mayoritario del gigante inmobiliario IRSA, de bajo perfil y amigo de George Soros. Y es uno de estos empresarios que recientemente ha comenzado a involucrarse en el tema minero. Su interés lo llevó, en noviembre de 2017, a sentarse con el entonces Presidente Mauricio Macri y otros empresarios del sector para impulsar cambios en la Ley de Glaciares y así atraer inversiones (buenos muchachos). En 2020, en plena crisis económica-sanitaria global, recomendaba a sus socios de Wall Street invertir en oro como moneda fuerte. Al poco tiempo, se asoció en Chubut con la empresa Yamana Gold para la extracción de oro del proyecto Suyai. Yamana Gold, la misma empresa canadiense que opera en Agua Rica (ven, el mundo es un pañuelo, ¿no?).
Este fue un ejemplo de varios, como para ponerle cara a quiénes continúan acumulando riquezas a costa de nuestra calidad de vida y del daño al ambiente. Una rueda, redonda como una alianza de 24 quilates, que lejos de beneficiar nuestra salud y calidad de vida, alimenta la bicicleta especulativa de estos magnates. Sin embargo, si hay resistencia, hay esperanza. La pandemia nos puso en alerta en nuestra relación con el ambiente. Esta lucha no aceptará un futuro de ríos y aire contaminados, de incendios y de pandemias. Esta lucha seguirá sumando voces de solidaridad y compromiso de quienes pelean por el derecho a una vida digna en cada rincón del mundo, como las Abuelas y Madres, como en Andalgalá.
12 detenides de Andalgalá:
Matías Paz
Eduardo Villagra
Walter Mansilla
Rubén Sachetti
Jorge Ramos
Enzo Brizuela
Damián Abel
Augusto Brizuela
Aldo Flores
Ailen Saracho
Sara Fernández
Oscar Martiarene
* Bruno Colavitto es científico investigador sobre riesgos naturales y docente de geología en la facultad de Exactas de la UBA. Intenta aportar desde su profesión y sus deseos militantes de cambiar la mirada y relación con la naturaleza.
