Otorgó $ 1.000 millones para Cammesa y $ 500 millones para Enarsa. El adicional se destinará a cubrir mayores costos de generación por la falta de gas
Mantener controlados los precios de la electricidad en un contexto de inflación, encarecimiento de las importaciones y falta de gas doméstico es una tarea cada vez más onerosa para el Gobierno y obliga a transferencias de recursos mayores a las previstas. Las compañías públicas encargadas de sostener el corset sobre las tarifas, como Cammesa, la administradora del mercado eléctrico, y Enarsa, el brazo operativo de la administración de Cristina Fernández para atender emergencias en el sector, recibieron ayer $ 1.500 millones adicionales, de acuerdo con el Boletín Oficial. La primera recibirá $ 1.000 millones y la segunda $ 500 millones.
Ambas compañías, bajo la órbita del ministro de Planificación, Julio de Vido, son los engranajes clave de subsidios en el sector: se encargan de importar gasoil y fuel oil para reemplazar el gas, más barato; realizan los pagos para importar ese insumo desde Bolivia y por barco y pagan la cuenta de las compras de electricidad a Brasil y Paraguay cuando el sistema está al límite.
La medida se implementó a través de una decisión administrativa del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que permite modificar la distribución del Presupuesto. Los nuevos fondos se suman a dos transferencias anteriores: una por $ 770 millones, a principios de este mes, y otra por $ 1.100 millones en mayo, que se distribuyeron entre las mismas empresas.
Así, las asignaciones extra para el sector energético en el año suman $ 3.370 millones. El número es gigante por donde se lo mire. Es el equivalente, por caso, al precio de la central eléctrica de última generación que se instaló en Campana, por u$s 800 millones, por la cual el Gobierno salió a buscar financiamiento y utilizó las deudas que mantenía con las empresas privadas del sector. Y también cubre un 13% de los u$s 6.569 millones de reservas del Banco Central que tomó el Gobierno para garantizar el pago de deuda.
Los fondos se dedujeron del Programa de Asistencia Financiera (PAF) para provincias, que dejó de implementarse este año a partir del refinanciamiento de los pasivos de las gobernaciones.
Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), las partidas adicionales “constituyen un incremento del orden del 15% respecto de los créditos vigentes para subsidios a Cammesa”, que había ejecutado un 96% de lo que tenía autorizado a mediados de año. Y representan un 100% de los créditos no devengados por Enarsa al 30 de junio.
Los recursos se destinarán principalmente a cubrir las compras adicionales de combustibles líquidos. Sucede que por las fuertes restricciones de gas –llevó a aplicar cortes totales a la industria, cercenó el suministro de GNC en algunas provincias y ocasionó pérdida de presión en hogares en los últimos días– Cammesa está obligada a comprar gasoil y el fuel oil, más caros, y suministrarlo sin costo a las centrales térmicas.
“En mayo, tuvimos 60% menos de gas que en la misma época de 2009, con una demanda 5% más alta. Eso hace que gastemos mucho más líquido”, explicó el titular de una de las mayores generadoras del país. Ayer, Cammesa dispuso de 13 millones de metros cúbicos de gas, un 23% de los 55 millones de m3 que recibe en verano.
Eso se suma a que el sector tiene un déficit crónico porque el precio de la energía tiene un tope establecido por el Gobierno de $ 120 el Mw, mientras que su costo es de al menos $ 200. Un empresario eléctrico lo puso en estos términos: “La tarifa recauda $ 5.000 millones y el sistema paga $ 20.000 millones”.
Además de los crecientes subsidios, el Gobierno les debe cerca de $ 2.500 millones a las generadoras privadas.
Cronista Comercial