Por Meliyara Consuegra*
En Colombia el sector petrolero ha ocupado un lugar muy importante en la economía desde la década de los noventa, importancia que en la actualidad se ha incrementado. Para 2010 este sector absorbió el 42 por ciento [1] de la Inversión Extranjera Directa (IED) y representó el 41,4 por ciento [2] de las exportaciones totales del país. Colombia es el quinto productor de petróleo a nivel latinoamericano, por debajo de Venezuela, México, Brasil y muy cercano a los niveles de producción de Argentina y Ecuador.
Colombia posee una división político territorial en 32 departamentos (ver mapa). El 80 por de la producción petrolera nacional se concentra en cuatro de ellos: Casanare, Meta, Arauca y en menor medida, Huila; todos ellos con baja densidad poblacional [3].
Debido a la importancia que ha adquirido este sector en las últimas dos décadas, la preocupación por recaudar ingresos fiscales por esta actividad se ha incrementado. El principal ingreso fiscal de la producción petrolera se denomina regalía, definida como una contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de un recurso natural no renovable cuya producción se extingue en el transcurso del tiempo. Las regalías oscilan entre el 5 y el 25 por ciento de la producción y se deducen del valor de la producción en boca de pozo, es decir, excluyendo los costos de transporte, trasiego, manejo y refinación. Por ley los recursos de regalías deben ser destinados a la inversión en proyectos municipales contenidos en el plan de desarrollo “con prioridad para aquellos dirigidos al mejoramiento de los servicios públicos básicos esenciales” [4].
Contribución del sector petrolero en el desarrollo
En Colombia, por ley desde hace 16 años, la mayor parte de las regalías (aproximadamente un 70 por ciento) se han concentrado en los cuatro principales departamentos productores de petróleo. Estas regalías suponen alrededor de un 50 por ciento de sus ingresos fiscales [5] y un 8 por ciento del PIB [6]. Esta significativa entrada de regalías, según marca la ley, debería haberse traducido en que los departamentos petroleros gozasen de signifi- cativos aumentos en el bienestar social y económico. En términos de PIB per cápita, los tres principales departamentos petroleros se destacan como los primeros del país y se encuentran por encima de la media nacional. Sin embargo, en términos de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) [7], tres de los principales departamentos petroleros (Casanare, Arauca y Huila) se encuentran en peores condiciones que la media nacional.
Arauca, el departamento más antiguo del país en producción petrolera presentó en 2005 un NBI de 35,91, mientras que la media nacional fue de 27,78. Su tasa de mortalidad infantil aumentó entre 2000 y 2005, y la tasa de cobertura de educación se redujo considerablemente del 82 a 74 por ciento, lo cual demuestra un retroceso en sus variables de bienestar social. Adicionalmente, la diversificación productiva de esta región es bastante baja y concentrada en el sector primario, su PIB depende en aproximadamente un 70 por ciento de la extracción de hidrocarburos y el resto se conforma por el sector agropecuario y servicios. Huila al igual que Arauca, ha presentado desmejoramiento en el desarrollo de sus variables de bienestar social.
En la última década los departamentos de Casanare y Meta han mostrado mejorías en sus variables de NBI, tasa de mortalidad infantil y cobertura de la educación, pero sus indicadores no se destacan al compararlos con el resto de departamentos del país. El principal sector productivo es la explotación de hidrocarburos, que para 2009 representó 60 por ciento en el caso de Casanare, y 45 por ciento en el Meta.
Como vemos, las regiones petroleras colombianas no han mostrado altos niveles de desarrollo, muestran cada vez mayor dependencia del sector petrolero, y son fundamentalmente extractivistas, ya que su actividad económica depende principalmente de la extracción de un producto primario.
Lo más preocupante es que la producción petrolera, a su vez, es dependiente de las decisiones de inversiones extranjeras, y la mayor parte de su producción es exportada, por lo que su demanda es externa. Según Hernández “Colombia depende casi exclusivamente de la voluntad de los inversionistas extranjeros para el impulso de este sector, lo que deja al país en una posición de relativa desventaja para el desarrollo individual de esta actividad y para manejar su economía petrolera en un marco seguro y estable de autosuficiencia a largo plazo” [8].
Implicaciones de situar al sector energético-minero como motor económico
El último Plan Nacional de desarrollo en Colombia (2010-2014) confía en que el sector minero-energético es la oportunidad que tenemos para “generar crecimiento sostenible y mayor equidad social, regional e intergeneracional”.
A pesar de lo expuesto anteriormente, el gobierno insiste que el sector petrolero es clave para el desarrollo nacional y al no tener mucho control sobre su producción, ha decidido reformar de manera radical la ley de regalías. Esta nueva ley asegura que el mejor manejo de las regalías se logrará a través de la inclusión “como beneficiarios de las regalías a todos los colombianos y para determinar los lineamientos generales para la distribución de éstas” [9]. Es decir, las regalías que antes pertenecían a los departamentos productores ahora pertenecerán a toda la nación. Si el impacto de las regalías ha sido bajo hasta ahora, no parece que tendrá un mejor futuro.
Es un error considerar que la mejor forma distribuir las regalías es privando a los departamentos productores de las mismas, especialmente si se considera que estos recursos tienen como objetivo compensar, al menos en parte, los impactos socioeconómicos de la explotación y transporte de estos recursos naturales. Tampoco se puede creer que estas regalías beneficiaran a todas las regiones del país cuando no ha logrado beneficiar a cuatro pequeños departamentos que solo concentran a 5 por ciento de la población nacional.
Es necesario un mejor manejo de los recursos petroleros, controlar el mal uso de estas rentas es importantísimo pero esta nueva ley parece contribuir más al mayor despilfarro de estos recursos que al mejor manejo de los mismos. No está claro cómo el sector petrolero contribuirá al desarrollo nacional ni tampoco está claro como las regalías contribuirán al bienestar de todo el país.
*Meliyara Consuegra es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad y del Máster de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid.
Este artículo ha sido publicado en el nº 49 de Pueblos – Revista de Información y Debate, especial diciembre 2011.
Notas
[1] Datos del Banco de la República de Colombia.
[2] Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
[3] Estos cuatro departamentos (Casanare, Arauca, Meta y Huila) representan el 5,2% de la población nacional según datos del DANE, censo 2005.
[4] Ley 141 de 1994.
[5] Datos Departamento Nacional de Planeación (DNP).
[6] Datos DANE, Ecopetrol, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
[7] Definido por la CEPAL como indicador que sirve para la identificación de ciertas carencias de la población y la caracterización de la pobreza. El índice tiene una escala de 0 a 100, lo más cercano a 0 indica menor carencia del hogar y lo más cercano a 100 indica mayor carencia de los hogares.
[8] G.H. Hernández Leal, Impacto de las regalías petroleras en el departamento del Meta, Ensayos sobre economía regional, Villavicencio, Centro Regional de Estudios Económicos, 2004.
[9] FEDESARROLLO, Reflexiones sobre el proyecto de reforma a las regalías y el de ordenamiento territorial. Economía y Política análisis de la coyuntura legislativa, Bogotá, 2010.
