La denuncia de las cámaras transportistas contra las proveedoras de gasoil, de la que se hizo eco el Gobierno, avanzará la próxima semana. El organismo encargado de la investigación llamará a las empresas a dar su versión de los hechos.
Por Tomás Lukin
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) citará a declarar a las cinco petroleras denunciadas por cobrar sobreprecios en la venta de gasoil a empresas de transporte de pasajeros y de carga. Los directivos de Repsol-YPF, Shell, Esso, Petrobras y Oil Combustibles deberán concurrir la próxima semana a las oficinas del organismo para explicar por qué el valor de combustible a consumidores mayoristas supera –según la denuncia– hasta 30 por ciento el precio en las estaciones de servicio. Mientras la investigación avanza, las autoridades del Ministerio de Planificación buscan que las compañías dejen de aplicar esas diferencias, dicen en esa cartera. Los sobreprecios que marcó el Gobierno también afectan al Estado, ya que subsidia una parte del precio del combustible consumido por los colectivos urbanos y micros de larga distancia.
El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, recibió el martes a las petroleras y, según señalaron desde esa dependencia, las empresas se comprometieron a subsanar las inconsistencias. Sin embargo, primero Shell y después YPF rechazaron las acusaciones y aseguraron que no cobran sobreprecios. En el equipo económico escucharon los argumentos de las firmas que controlan el mercado de comercialización de combustibles pero advierten que la documentación presentada por las cámaras transportistas –-Celadi, Aeta, Cetua, Acta y Ceap– evidencia los abusos.
Las distintas facturas presentadas por empresarios del transporte a las que pudo acceder Página/12 muestran sobrecostos de 30,2 por ciento en el gasoil de Esso en Nogués, provincia de Buenos Aires, 18,5 por ciento en la variedad Ultradiesel XXI de YPF en la ciudad de Córdoba y de 14,3 por ciento en el diesel de Shell en San Miguel de Tucumán. La Secretaría de Transporte estimó que el sobreprecio promedio asciende a 8,4 por ciento. La dependencia estatal calculó que las empresas se apropian irregularmente de 3500 millones de pesos anuales. Las cámaras transportistas consideran que la cifra es inferior.
Desde distintas cámaras señalaron a este diario que las diferencias entre los precios mayoristas y los valores en el surtidor existen desde fines de 2009. Sin embargo, hasta mediados de este año esas irregularidades no eran una preocupación de las empresas transportistas ya que el Estado les reconocía un precio diferencial por el producto. Esas compañías compraban el combustible y pagaban 1 peso por litro, mientras que del resto del precio se hacía cargo el Estado, que otorgaba créditos fiscales a las petroleras. A mediados de año, la lógica de esos subsidios cambió: los transportistas deben pagar la totalidad del gasoil y luego reciben un subsidio fijo por una parte del producto. Además, algunas firmas aseguran que en Transporte les anticiparon que comenzarán a reducir una parte de los subsidios.
Con ese nuevo escenario, las empresas presentaron las irregularidades al Gobierno y las autoridades llevaron el caso a la CNDC para que identifique si las petroleras cometieron abuso de posición dominante. Mientras tanto, Schiavi y el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, intentan lograr que el precio del combustible a granel no supere el precio en los surtidores.
Incluso si las petroleras cesan en las supuestas prácticas abusivas, la CNDC continuará investigándolas por discriminación de precios y la coordinación de sus actividades mediante la conformación de un cartel.
