YPF ya perdió u$s 3.200 millones en valor de mercado

Desde que trascendió el plan nacionalizador del Ejecutivo, a fines de enero, la compañía pierde en la bolsa más del 20%. Peligra el repago de préstamos del Grupo Petersen
Por Leandro Gabin | Cronista
El operativo oficial contra la mayor petrolera del país ya tiene un costo financiero para la empresa. Sucede que el valor de mercado de YPF, desde que trascendió el plan nacionalizador hasta ayer, se hundió en u$s 3.200 millones. El dato surge de tomar la capitalización bursátil de la petrolera en Nueva York, que pasó de u$s 15.685 millones el 27 de enero (última rueda en la bolsa antes del rumor) a u$s 12.499 millones al cierre de ayer.
El precio de la acción de YPF pasó de valer u$s 39,88 cada una a u$s 31,77 en Wall Street. Esto implica una caída del 20,33% por la batería de medidas lanzadas desde el Ejecutivo. Ayer, por caso, en otro capítulo del magaoperativo oficial, la AFIP prohibió a la petrolera realizar operaciones de importación y exportación por supuestas deudas tributarias de u$s 8 millones. Los papeles de YPF perdieron 2,66% en EE.UU. mientras que en la plaza local amplificaron el impacto y cedieron 4%.
La escalada contra YPF, en realidad, viene de vieja data. El Gobierno está presionando a las compañías petroleras (entre ellas YPF) para que aumenten las inversiones. Poco después de deslizar a través de un diario su plan de nacionalizar YPF, el Ejecutivo eliminó un programa de incentivos fiscales que afecta principalmente a la petrolera. Antes en el tiempo, en octubre del año pasado, habían ordenado a las petroleras y empresas de gas, repatriar los ingresos por exportaciones como parte de un esfuerzo para frenar la fuga de capitales.
Está claro que el giro de utilidades está virtualmente vedado para casi cualquier sector. En el caso de YPF, ya en noviembre del año pasado el director por el Estado, Roberto Baratta, había votado en negativo al pago de dividendos. La dificultad para que la compañía gire dólares por dividendos atenta contra el repago de la deuda que tiene el Grupo Petersen. Sucede que para hacerse de una porción de la empresa (tienen el 25% actualmente), el grupo tomó préstamos garantizados por Repsol y un consorcio de bancos internacionales. La forma estipulada para el repago de eso es, precisamente, mediante dividendos. De ahí la preocupación de la familia Eskenazi. Se calcula que los pagos ascienden a entre u$s 700 millones y u$s 1.000 millones anualmente.
El futuro del papel de YPF en el mercado es más que incierto. Si bien la petrolera intentó calmar las aguas con un operativo de marketing más que inteligente (comunicando las inversiones récord en 2011 y aumentando previsiones para el yacimiento de Vaca Muerta), que le valió una suba de entre 8% y 10% (en la bolsa local y en Wall Street, respectivamente) tan solo ese día, la recuperación se agota. Por lo menos, la semana pasada el papel recuperó más del 5% en el mercado local.
Si bien pareciera que se disipan los riesgos a una nacionalización de la compañía, aún se mantendrían las presiones oficiales para lograr mayores inversiones por parte de YPF. De ahí que en el mercado, si bien creen que el papel tiene potencial de suba, sean más que cautos a la hora de recomendar. Esperan, por caso, ver qué próxima ficha moverá el Gobierno.
Cronista
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La petrolera hace su juego y va a la Justicia por el gas
Por Antonio Rossi | Clarín
Más allá de la posición defensiva que parece haber adoptado ante la embestida oficial, la petrolera YPF no se quedó quieta y por una vía inesperada logró asestarle una estocada al reciente ajuste tarifario que el Gobierno dispuso para el sector gasífero.
La petrolera -cuya mayoría accionaria está en manos de la española Repsol, pero que es conducida por grupo local Eskenazi que posee el 25%- salió a atacar en la Justicia el fuerte incremento en el cargo de importación de gas que la administración kirchnerista comenzó a aplicar desde diciembre a los usuarios industriales de toda la Argentina.
Por medio de dos petroquímicas -Profertil y Mega- que están bajo su control, YPF acudió a los tribunales para frenar la suba de hasta el 726% que aprobó el Enargas para el valor del cargo tarifario de importación de gas que deben pagar las industrias.
En el caso de Profertil -que produce fertilizantes a partir del gas-, YPF y su socia Agrium ya obtuvieron un amparo favorable de la justicia de Bahía Blanca que le permite esquivar transitoriamente el ajuste tarifario .
En tanto, la compañía Mega – que YPF comparte con Petrobras y Dow y que se dedica al fraccionamiento de los componentes pesados del gas natural-,tiene una medida cautelar en curso que la Justicia tiene que resolver en los próximos días.
La jugada de las empresas controladas por YPF también fue imitada por otras industrias que son grandes consumidoras de gas. La química Dow y la petroleras Refinor y Pluspetrol resolvieron ir a la Justicia para no pagar la fuerte suba en el cargo de importación de gas que -según sus planteos- las deja fuera de mercado .
Junto con la eliminación de los subsidios para determinadas industrias y servicios que entró a regir en diciembre, el Gobierno estableció para los grandes usuarios una suba de entre 7 y 8 veces en el cargo tarifario que habia sido creado por decreto en 2008 para cubrir las importaciones de gas.
Desde que comenzó a aplicarse, dicho cargo cosechó varios fallos judiciales en contra por el hecho de que se trata de un impuesto que debe ser aprobado por ley y no por decreto como hizo la administración kirchnerista. En Salta y Tucumán, la mayor parte de las industrias y empresas mineras tienen desde hace tres años amparos que las eximen de pagar dicho cargo hasta que se resuelva la cuestión constitucional de fondo.
Otro que también obtuvo un paraguas judicial para no abonar el polémico cargo es Cristóbal López, uno de los empresarios K que más ha crecido en los últimos años en el negocio de los casinos y el sector petrolero. Desde 2009, Alcalis -la productora de carbonato de sodio que controla López- cuenta con dos amparos para no pagar el cargo de importación de gas y el adicional tarifario correspondiente a la ampliación de los gasoductos que recae sobre todas las industrias.
Clarín