Digo “sería” porque hay un enconado debate sobre los efectos de estas iniciativas ciudadanas. Para el Gobierno Nacional, no tendrían validez porque el petróleo y los minerales son de propiedad de la nación (lo que es cierto), de suerte que las autoridades y los ciudadanos locales no podrían tomar ninguna decisión que interfiera con su explotación (lo que es muy discutible, como veremos).

Por eso el Gobierno expidió un decreto y una circular con admoniciones contra los alcaldes que obedezcan el mandato popular de proteger el agua y el medio ambiente. Por eso también envió una misión ministerial de alto nivel a Tauramena para tratar de conjurar la consulta a último momento. Y la Procuraduría, cómo no, se ha pronunciado contra la posibilidad de someter a voto las preocupaciones de las comunidades locales sobre el futuro del agua, los páramos o la agricultura afectada por las industrias extractivas.

A favor de las consultas hay sólidas razones políticas, jurídicas y ambientales. En cuanto a las primeras, para que la democracia participativa tenga sentido, debe operar en el nivel local, donde los ciudadanos pueden involucrarse directamente. Para que sea relevante, debe decidir asuntos importantes, como la vocación económica del lugar.

Los motivos jurídicos comienzan con la Constitución (que le apostó a la democracia participativa) y siguen con las leyes de ordenamiento territorial, que les permiten a los municipios regular el uso del suelo. Con razón, cada vez más municipios se preguntan: ¿para qué un plan de ordenamiento territorial que proteja las fuentes de agua, si el Gobierno autoriza una mina de oro que las contamina? O como me lo dijo una líder campesina, con lógica incontestable: ¿de qué sirve ser dueño de la casa pero no de lo que hay adentro?

Los argumentos ambientales de las consultas también son persuasivos. Mientras que las regalías se reparten por todo el país, los efectos ecológicos se concentran en la zona de explotación. Además, se siguen sintiendo muchas décadas después de que se cierra la mina o el pozo. Es apenas lógico y justo que los potenciales afectados puedan opinar, incluso decidir, sobre ellos.

De ahí que la participación ciudadana sea un pilar del derecho ambiental internacional, encarnado en el Principio 10 de la Declaración de Río y en las varias normas que lo han desarrollado, como la Convención de Aarhus.

En muchos lugares, como Estados Unidos, los municipios pueden vetar la minería en su territorio y han estado al frente de movimientos contra el fracking y otras formas riesgosas de explotación de recursos no renovables.

De modo que las consultas tienen bases firmes. Así lo entienden las comunidades que planean organizar una como la de Tauramena o Piedras, y ejercer la democracia ambiental.

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Tauramena, el primer municipio en rechazar la explotación petrolera

A través de una consulta popular, el pasado fin de semana, le dijo ‘No’ a los hidrocarburos.
Dos días antes de que Tauramena se convirtiera en el primer municipio en prohibir la exploración de hidrocarburos, William Eslava se oía agobiado, atrapado en la incertidumbre. Sus palabras rápidas, de sílabas cortadas, no podían explicar con claridad lo que pasaría el domingo.
La vacilación se le cruzaba en todas las frases porque, tal vez, ganar esa batalla de más de dos años no resultase ahora tan fácil. “Porque -asegura- decirle no al petróleo fue un debate que arrancó con las compañías, pero al final resultó ser una discusión con todo el Gobierno”.
Por eso, en medio del afán, él, integrante del Comité en defensa del agua -ese grupo de veinte personas que lideró la iniciativa-, titubeaba de vez en vez al explicar las dimensiones de la votación que se realizaría el fin de semana.
Quizá, temía que la visita que el miércoles pasado hicieron los ministros de Minas y Medio ambiente, acompañados por la Viceministra del Interior y el presidente de Ecopetrol, hubiese logrado su propósito: disuadir a la población para que, por lo menos, aplazara la consulta popular que le podría poner freno al proyecto Odisea 3-D de exploración sísmica. Un proyecto que de concretarse -explica Eslava- afectaría el nacimiento de varios afluentes que alimentan el acueducto.
Pero, en realidad, de poco sirvieron las palabras conciliadoras de los funcionarios frente a más de mil personas de aquel pueblo del suroeste de Casanare. Tampoco resultó útil la invitación que el Gobierno les había hecho hace un par de semanas a 18 líderes de la región, en la que les propuso declarar la zona como reserva forestal si se suspendía el proceso. La idea, expuesta en el Ministerio del Interior en Bogotá, no tuvo ningún efecto y la consulta popular del tercer domingo de diciembre resultó, entonces, ineludible.
Inevitable también fue que ese 15 de diciembre Tauramena empezara a desperezarse invadida de una especie de alegría. “El hecho de no tener presión política -dice ahora William, con voz pausada, serena-, de no tener que elegir a ningún candidato, permitió que la gente votara con cierta tranquilidad, sin miedo”.
Incluso, como pocas veces, varios seguidores del partido de la U, del Polo Democrático y de la Unión Sindical Obrera, se unieron para impulsar la iniciativa. Las 17 mesas, repartidas en cuatro puntos de votación, arrojaron alrededor de las 7:30 de la noche unos resultados contundentes: por el ‘No’ se inclinaron 4.426 personas y 151 por el ‘Sí’.
Y si bien es cierto que solo el 34.48% de los habitantes sufragaron (4.610 de 13.362), también es verdad que la abstención es usual en el municipio. Es más: según dijo el alcalde Alexander Contreras a medios locales, los votos superaron la suma con la que él resultó elegido.
Una vieja disputa
La histórica elección no es, de ninguna manera, el desenlace de una discusión nueva. Desde febrero de 2010 ya se habían comenzado a evidenciar ciertos problemas en Cusiana, el entonces principal yacimiento de Colombia, ubicado también en Tauramena.
En aquella ocasión una movilización de más de 400 trabajadores paralizó por más de un mes la producción petrolera del pozo operado por la multinacional British Petroleum. El despido de mil trabajadores y la contratación por parte de terceros, fueron los motivos que impulsaron esa vez a los manifestantes.
Justo ese año se interpuso una acción popular para detener el proyecto Odisea 3D y, ante la negativa de las autoridades, los líderes de la comunidad empezaron a organizarse para llevar a cabo una consulta popular que, finalmente, autorizó el Tribunal contencioso administrativo de Casanare.
En palabras de Tatiana Roa, directora de Censat Agua Viva, fue la inconformidad frente a los temas laborales y la preocupación por el medio ambiente, lo que hizo que llegaran a estas instancias. “Aunque son evidentes los avances en infraestructura -asegura Roa, que estuvo el domingo en el proceso electoral- hay deterioro en el ecosistema. Además, tienen como referente a Yopal, donde desde hace tres años el recurso hídrico escasea”.
Ese miedo y esa prevención es el resultado del mal manejo que se le ha dado a la explotación petrolera en el país. O esa es, por lo menos, la conclusión de Sergio Lopera, ingeniero de petróleos y profesor de la Universidad Nacional sede Medellín.
“Si bien los procesos de exploración sísmica pueden, en ocasiones, causar daños dependiendo de la cercanía con los acuíferos, generalmente no generan problemas críticos. El problema está en que el Estado ha abandonado esas regiones y a veces hay serios problemas de contaminación que no se reparan. Además, por el abandono también se genera una dinámica de conflicto armado y un crecimiento desorganizado de los municipios que se usan como campamento. Y eso -asegura Lopera- genera una reacción”.
Reacción que se tradujo en una clara oposición que Amylkar Acosta,ministro de Minas y Energía, consideró “improcedente e innecesaria”, porque “ponía en riesgo las inversiones dado que rebasa las competencias del municipio para disponer del aprovechamiento de un recurso natural no renovable”.
Pero, lo cierto, es que los pobladores de Casanare ya tomaron una decisión que nada puede echar para atrás y que, según le contaron a EL TIEMPO algunos habitantes, piensa expandirse a cinco municipios más: Chámeza, Recetor, Agua Azul, Monterrey y Nunchía.
“Estamos acogidos a la Constitución -afirma William Eslava- y tenemos derecho a manifestarnos popularmente. Estamos luchando por el agua, un derecho fundamental. Las palabras del Ministro no son justas, porque dijimos no de una forma civilizada. Si no, no tenemos problema en cerrar la vía por donde pasa el crudo y salir a protestar. Protestar para hacernos respetar”.
El Tiempo