“Se propicia crear un régimen especial, temporario, para los proyectos de desarrollo de reservorios hidrocarburíferos no convencionales, offshore, petróleo pesado, pozos profundos y de frontera”, dice el texto elaborado por los gobernadores de provincias con yacimientos de hidrocarburos.
Los gobernadores petroleros insistirán esta semana para consensuar un programa de incentivos a las inversiones con el Gobierno nacional. La contrapropuesta a la que recibieron en Olivos consiste en un régimen de promoción para los hidrocarburos “no convencionales”, abarcando también el offshore, los crudos pesados y las áreas de frontera.
Como vino adelantando Diario Patagónico, el proyecto de los diez mandatarios que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) consiste en un marco para las inversiones. El nombre tentativo es “Régimen Federal de Promoción de Inversiones y Responsabilidad Empresaria para la extracción de Gas y Petróleo no convencional”.
“La aplicación de nuevas técnicas para la explotación y desarrollo de horizontes geológicos más complejos y de gran profundidad hace necesario el dictado de nuevas normas en cada órbita de gobierno con el compromiso de coordinar y concertar un conjunto de reglas uniformes y coherentes para la actividad”, señalan los gobernadores en el proyecto al que accedió Diario Patagónico.
“Es muy difícil pensar que el problema del autoabastecimiento se resuelve con una sola norma o desde un solo lugar. Lejos de ello la solución a una situación compleja requiere aportes y soluciones que deben venir, en el marco del federalismo de concertación, acompañada por todos los niveles de gobierno”, argumentan en el texto.
“Se propicia crear un régimen especial, temporario, para los proyectos de desarrollo de reservorios hidrocarburíferos no convencionales, offshore, petróleo pesado, pozos profundos y de frontera en el marco de las leyes nacionales 17.319, 26.197 y 26.741 sus modificatorias y complementarias, aplicable en todo el territorio nacional, con un plazo para adherir al mismo”, sostienen.
“Por ello se propicia crear un Régimen Especial a los efectos que los permisionarios y concesionarios obtengan un plazo adecuado para su explotación, con reglas claras y adaptadas a las especiales exigencias de este tipo de inversiones, todo ello en el marco de un régimen de beneficios adecuados”
SEMANA MOVIDA
El gobernador Martín Buzzi, y presidente de la OFEPHI, confirmó a Diario Patagónico en la edición del sábado último que esta sería una semana de reuniones para seguir dándole forma al proyecto que pretenden desde la Casa Rosada. El primer borrador planteaba regular la explotación convencional y no convencional de hidrocarburos con una ley complementaria a la Ley Nacional de Hidrocarburos y a la Ley Corta.
Justamente, al respecto de la Ley Corta, que transfiere la titularidad de los yacimientos de petróleo y gas a las provincias, es uno de los aspectos que se subraya en el proyecto de OFEPHI. En las primeras líneas de la contrapropuesta ratifica en todos los términos la Ley 26.197.
Ayer, hubo contactos entre los gobernadores. Especialmente entre el chubutense Buzzi y el neuquino Jorge Sapag. Este último es el que más fuerte ha protestado, ya que consideró que el borrador que surgió el Gobierno nacional buscaba limitarle poder a las provincias y a las empresas provincial-estatales.
La propuesta de los gobernadores plantea la necesidad de un esquema promocional flexible, esto quiere decir que debería evaluarse la magnitud del proyecto y el tipo de yacimiento.
“Es así que proponemos ampliar los beneficios promocionales no solamente a los inversiones en yacimientos no convencionales, sino también para las inversiones que se realicen en pozos a gran profundidad y de frontera, offshore y en yacimientos de petróleos pesados”, indican los mandatarios petroleros.
“Sugerimos también que los montos de inversión requeridos para ser considerados beneficiarios de este régimen promocional, sean flexibles en función del tipo de empresa, características del yacimiento, costos de las tecnologías aplicadas, volúmenes de producción, cantidad de empelados contratados y otras variables sociales y económicas. Caso contrario se establecería un régimen promocional sólo para grandes empresas”, añaden.
