Casi todos los delegados se resignaron y avalaron la flexibilización firmada por Avila.
Por Marcelo García (Exclusivo/El Extremo Sur).
El cuerpo de delegados petroleros avaló por mayoría la firma de la adenda flexibilizadora que concretó el sindicalista Jorge Ávila. Los argumentos son similares a los utilizados por Antonio Cassia para la privatización de YPF en 1992.
Finalmente, las operadoras y los funcionarios nacionales macristas consiguieron doblegar a los petroleros del Sur. Al veloz Guillermo Pereyra le darán la ART de Vaca Muerta y U$S 165 millones para una clínica modelo. ¿Habrá algo para los chubutenses?
Por el lapso de dos años se aplicarán modificaciones a los convenios colectivos que venían reclamando el empresariado y la CEOcracia. Así, aumentarán los ritmos de explotación de los trabajadores en aras de la productividad y la eficiencia.
Los últimos atisbos de resistencia a la avanzada empresaria no fueron suficientes para revertir e complejo panorama laboral que se abre para los petroleros chubutenses.
Tras casi 7 horas de idas y vueltas, negociaciones y no muchos debates, incluyendo algunos forcejeos, la votación terminó con un amplísimo margen en favor de Avila: 248 a 5- Varios delegados que rechazaban lo firmado cambiaron su posición y algunos hasta llegaron a pedirle disculpas al secretario general por sus cuestionamientos.
En las inmediaciones del sindicato se dieron cita entre 400 y 500 obreros que esperaban un rechazo por parte de los delegados. Allí se vivieron los mayores momentos de tensión, cuando los encolumnados con el oficialismo pugnaban por desmovilizar a los trabajadores de base que reclamaban la marcha atrás de la “adenda” que había firmado su secretario general a principios de la semana pasada.
Desconociendo todos los mecanismos planteados en los estatutos del propio gremio que conduce Avila, no se convocó a una asamblea general para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo tal como lo estipula el artículo 15 sobre las Asambleas Ordinarias.
El inciso H de dicho artículo establece taxativamente que es atribución de la asamblea “Considerar los anteproyectos de convenciones colectivas de trabajo que suscriba la asociación”.
Esa metodología se utilizó durante los últimos años para definir acuerdos salariales y en junio de 2008 se convocó a una asamblea general donde 7.000 afiliados votaron la desafiliación del sindicato chubutense de la Federación Nacional, capacidad que está especificada en el inciso C.
El triunfo de Avila y los suyos podría convertirse en una victoria pírrica, algo así como pan para hoy y hambre para mañana. El dirigente petrolero pasará a la historia junto a su par de Jerárquicos (José LLugdar) como quienes argumentaron en contra de la flexibilización laboral que había iniciado Guillermo Pereyra en Vaca Muerta, con 2.000 despidos incluidos por anticipado, pero que finalmente terminaron acompañando a los empresarios y al gobierno nacional con un acuerdo de similares características. A la foto de los que avalaron la flexibilización también se suma el jerárquico neuquino Manuel Arévalo.
Ávila: “este problema es mío”
Luego de largos meses de negociaciones y declaraciones altisonantes que quedaron solamente en eso, Avila asumió su responsabilidad en la firma de la flexibilización. “Este problema es mío y me voy a hacer cargo como dirigente gremial, sabemos que esto no trae trabajo sino que nos pone en la cancha a pelear” admitió el sindicalista pero no explicó por qué no resolvió enfrentar el avance de las operadoras.
Durante la última semana Avila expresó en reiteradas oportunidades que el acuerdo que pulveriza las conquistas de los últimos 15 años “No es lo ideal pero por lo menos permite mantener inversiones”, para admitir que “No me siento orgulloso ni feliz por esto, pero indudablemente entre todo lo mal que estamos es la mejor salida, la que le permite a los chubutenses mantener los puestos laborales y pensar que va a haber un futuro”.
El argumento de la defensa de los puestos de trabajo es la misma que utilizó Pereyra en Neuquén para estampar su firma en la “adenda”, y vale recordar que inmediatamente después el gobierno nacional de Macri y la administración provincial de Omar Gutiérrez le anunciaron que le entregarán 165 millones de dólares para la construcción de una clínica petrolera y le otorgaron al sindicato el manejo de la ART en Vaca Muerta.
“¿Qué le darán a los sindicatos de Chubut?
Por ahora no se sabe si existirán anuncios similares para Avila, Llugdar y los sindicatos petroleros chubutenses; aunque no faltan especulaciones de todo tipo y hasta se rumorea con insistencia que como moneda de cambio por el acuerdo habrían en danza 5 millones de dólares; aunque ninguno de los consultados efectivizó públicamente la denuncia.
Buscando camuflar el histórico acuerdo que tira por tierra casi 15 años en que los petroleros chubutenses le disputaron palmo a palmo la rentabilidad a las operadoras, la actual dirigencia señaló que intentará que la “adenda” se aplique solamente a los nuevos trabajadores petroleros que ingresen a los yacimientos y que en caso de someterse a los actuales petroleros a la flexibilización laboral los delegados estaban facultados para realizar paros y enfrentarse con las empresas con el aval del sindicato.
¿Sin derecho a huelga?
Aunque algunas de las resoluciones del plenario de delegados son contradictorias con lo firmado por Avila y lo aprobado el sábado, entre los puntos que se buscarán cambiar o aplicar se destacan: evitar nuevos despidos y suspensiones solamente por el plazo de 180 días producto del temporal que afectó a Comodoro; instrumentación de los subsidios tipo REPRO para los petroleros despedidos en el 2016; eximición del impuesto a las ganancias; prórroga de los beneficios del Plan Gas; reducción a sólo cinco dólares en las cotizaciones internas entre el crudo tipo Escalante chubutense y el Medanito neuquino; y reinstalación de sus reembolsos por los puertos patagónicos.
Los delegados de los trabajadores de operaciones especiales plantearon que no están dispuestos a aceptar el artículo 4 de la “adenda”, declarándose en estado de alerta y movilización frente a su aplicación, porque allí se limitan los derechos constitucionales a realizar medidas de fuerza.
Los argumentos de 1993
Aunque transcurrieron 25 años de la privatización de YPF, los argumentos y las metodologías de los dirigentes sindicales parecen repetirse, dejando una huella indeleble que termina siendo recordada a pesar del paso del tiempo.
El secretario general del SUPE, Antonio Cassia, afirmó en 1993 que “la participación sindical en el proceso de privatización era la única alternativa que quedaba a los sindicatos, en el contexto de la reforma del Estado, para poder confrontar la combinación de un creciente desempleo y la caída del poder político y financiero de las organizaciones que encauzan las demandas de los trabajadores, ya que las huelgas no resultaban efectivas”*.
Cualquier similitud con los dichos y las argumentaciones de la actualidad, no es pura coincidencia, sino una conducta dirigencial que se repite y termina instalando a los trabajadores como la máxima variable de ajuste y sometidos a condiciones de mayor explotación.
* Los dichos de Cassia fueron obtenidos por la investigadora Victoria Murillo y publicados en su trabajo denominado “La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado en la primera presidencia de Menem” (1997, página 432).
