El Ministerio de Energía asegura que ni hay ni ha habido solicitudes de explotación de fracking, técnica para extraer gas y petroleo de la roca. Las multinacionales estadounidenses y canadienses han abandonado los planes para extraer en España, pese al interés inicial.
Ni una sola solicitud de explotación. Este es el resultado tras seis años de polémica en España por el ‘fracking’, la técnica desarrollada en Estados Unidos para extraer gas y petróleo de donde nunca se había pensado. La fuerte oposición social y los bajos precios del petróleo han convertido al ‘fracking’ en un esfuerzo vano. El supuesto negocio no ha llegado a despegar, ni siquiera con el apoyo del Gobierno, que hace dos años modificó las leyes (Ley de Hidrocarburos) para tentar a Ayuntamientos y particulares y rebajar las críticas a un negocio controlado por multinacionales estadounidenses y canadienses.
El Ministerio de Energía confirma que nunca ha recibido ninguna solicitud de explotación. Ni antes ni después de 2015, tras la reforma de la ley de Hidrocarburos que trataba de animar el negocio. En la página web del departamento que dirige Álvaro Nadal sólo figura un permiso vinculado la utilización de la”técnica de fractura hidráulica alto volumen (inyección de agua de hasta 10.000 metros cúbicos en un pozo)”. Se trata del permiso denominado Bigüenzo-proyecto Sestero 1, de la empresa Petroleum Oil &Gas España SA en el término de Valderrible (Cantabria). El proyecto está, además, pendiente de presentación de estudio de impacto ambiental.
Todo alrededor del ‘fracking’parece cosa del pasado. Las empresas multinacionales que impulsaron iniciativas en España, agrupadas en la plataforma Shale Gas España, la misma que prometía una cobertura de 90 años de consumo y hasta nueve millones de euros por cada emplazamiento a nivel local, está prácticamente inactiva.
La plataforma empresarial
Las empresas que constituyeron la plataforma –BNK Petroleum, la estadounidense Heyco, la canadiense R2 Energy, la norteamericana San Leon y la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), del Ente Vasco de la Energía- plegaron velas el pasado año coincidiendo con las iniciativas de los partidos en el Congreso que instaban al Gobierno a prohibir la práctica . Lainformacion.com no logró contactar ni con la asociación de empresas profracking, ni con SHESA.
De todas ellas, BNK Petroleum fue la empresa que más trabajó en España. Planeó abrir hasta 12 pozos en la comarca de las Merindades en Burgos para extraer gas. Negoció con el Gobierno central y el de Castilla y León, pero no consiguió los permisos ambientales. Finalmente, la empresa renunció a sus permisos el pasado año.
Aunque la actividad no prospera, sigue en vigor la reforma de la Ley de Hidrocarburos que impulsó el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, para facilitar los proyectos. La norma pretendía seducir a particulares, comunidades autónomas y ayuntamientos con la promesa de jugosos ingresos si facilitaban el ‘fracking’.
El 1% para los propietarios del terreno
Con esa idea, la norma creó el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, un gravamen de entre el 1% y el 4% sobre la producción de gas no convencional. Además, se fijó un canon de 125.000 euros a abonar por cada sondeo de exploración y cada pozo de producción en tierra. Las cantidades recaudadas debían revertir con especial intensidad en las comunidades autónomas y en los municipios donde se ubicaran los pozos. Además, las empresas propietarias de las explotaciones debían abonar el 1% del valor de la producción a los propietarios de los terrenos situados alrededor los pozos, aunque se destinaran a otra actividad.
La norma no ha tenido efectos prácticos. Aunque desde la llegada del PP al Gobierno en 2012, las solicitudes de investigación se dispararon -llegó a haber centenares entre concedidas y solicitadas- nada se ha concretado.
Tampoco en el País Vasco, donde en 2011 –con Patxi López como presidente del Gobierno Vasco– se despertaron expectativas y polémica. Donde se hablaba de gas no convencional en cantidades que cubrían todas las necesidades de la comunidad autónoma, equivalentes a cinco años de consumo de gas de todo el país, se habla ahora de cómo salvar los muebles. EHBildu, PSOE y PP ganaron el pulso e impulsaron medidas restrictivas que, aunque no vetan la actividad de ‘fracking’, la hacen prácticamente inviable. SHESA, la empresa pública vasca mantiene permisos de extracción de gas, pero no de fracking, sino convencionales. Negocio fallido, al menos por ahora.
