El 10 de octubre de 1947, Gendarmería cometió una matanza en las comunidades indígenas de Formosa. El recuerdo sobrevivió en la región, pero el Estado nunca pidió disculpas. El juicio comenzó hace doce años aunque no avanza.
Darío Aranda.- Fue en la tarde del 10 de octubre de 1947, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. La Gendarmería Nacional abrió fuego sobre comunidades indígenas en Formosa. Cientos de pilagá asesinados, violaciones de mujeres, muerte de ancianos y niños. La matanza fue invisibilizada durante años, pero permaneció en la memoria regional como la “masacre de Rincón Bomba”. El Pueblo Pilagá nunca olvidó, ni perdonó. Ningún gobierno pidió perdón ni propuso reparación. Ninguno de los tres poderes de Estado dio respuesta, y el juicio lleva doce años cajoneado. Hoy, a 70 años de la masacre impune, el Pueblo Pilagá reitera: “La memoria sigue, solo falta justicia”.
Luciano Córdoba (su nombre indígena era Tonkiet) era un sanador para los pilagá. Su presencia convocaba a cientos de indígenas. Y así sucedió a inicios de octubre de 1947, cuando las comunidades originarias se movilizaron hasta el paraje La Bomba (en las afueras de Las Lomitas) en busca de sanación.
La Gendarmería Nacional, bajo el falso argumento de “malón”, llegó hasta el lugar y fusiló con rifles y ametralladoras. Incluso un avión disparaba y asesinaba pilagá desde los cielos. No fue solo el 10 de octubre, al menos 20 días duró la matanza. Los gendarmes persiguieron a los indígenas hasta monte adentro, los fusilaban y violaban a las mujeres y niñas. A los heridos los dejaban morir sin atención médica ni agua. Hubo cientos de detenidos, que fueron trasladados a las colonias de Bartolomé de las Casas y Francisco Muñiz, que funcionaron como campos de concentración, donde fueron obligados a trabajo esclavo, 134 años después de ser abolida la esclavitud en Argentina.
“Para nosotros, hace más de 500 años la justicia es muy lenta. Ya han muerto la mitad de los testigos de esta terrible matanza. Nos sentimos profundamente tristes ya que hemos esperado 12 años desde que iniciamos la demanda judicial. Nos entristece ver que nosotros, como Pueblo Pilagá, hemos esperado mucho para ver un juicio que se posterga durante años. Queremos justicia para los ancianos que ya no están y para los que aun esperan con su salud frágil, como así también para los hijos y nietos de los sobrevivientes”, denunció la Federación Pilagá en abril pasado, ante el fallecimiento de uno de los acusados, Carlos Smachetti, de la Fuerza Aérea, que ni siquiera fue llamado a declarar en la causa.
Valeria Mapelman es la no-indígena que más ha hecho para visibilizar la matanza de Rincón Bomba. Realizadora del documental y el libro “Octubre Pilagá. Relatos sobre el silencio”, acompaña a las comunidades indígenas desde hace más de una década y realizó una investigación detallada que confirmó la decisión política de asesinar a los pilagá, dejó en evidencia que el malón no existía y perforó el silencio mediático que ocultaba el asesinato masivo de indígenas.
“La masacre de La Bomba no es un hecho aislado, se inscribe en un proceso genocida, y convive con otros hechos similares. Este proceso no tiene una fecha de caducidad y podemos ver su continuidad en la falta de reconocimiento de las víctimas como tales, la falta de acceso a la justicia, y el silenciamiento de estos casos que ni siquiera cuentan con el acompañamiento de organismos de derechos humanos y ONG. El Pueblo Pilagá jamás recibió ningún reconocimiento oficial por los crímenes sufridos. Sin embargo sus memorias han logrado penetrar la historia oficial. Ancianos y ancianas atestiguaron y transformaron la historia probando que la prensa de la época y el relato de Gendarmería que los acusaba de haber realizado un ‘malón’ era totalmente falso”, afirmó Mapelman.
La investigadora detalló que el ministro de Guerra, Humberto Sosa Molina, ordenó la movilización de tropas, incluso el despegue de un avión desde El Palomar. Fue una decisión política del Gobierno. Los efectivos contaban con fusiles y ametralladoras pesadas que disparaban hasta 5000 balas por minuto. De la reconstrucción que realizó Mapelman junto a los ancianos pilagá estiman que había unas 4000 personas y escaparon 500. “Falta saber qué pasó con 3500 personas”, alertó. Es el trabajo que debiera hacer el Estado, para determinar el número de víctimas. Se hallaron tres fosas comunes pero se abrió solo una, y se encontraron 27 cuerpos. El Pueblo Pilagá afirma que fueron “cientos” de asesinatos.
“La masacre de La Bomba fue ocultada porque como tantas otras masacres contra pueblos originarios es la vergüenza de una Nación. Se ocultó también para encubrir a los asesinos y sus cómplices”, alertó Mapelman.
Denunció la demora del juicio y destacó la lucha de los pilagá, pilar fundamental para visibilizar el crimen. Un ejemplo de esa resistencia es la recuperación territorial que hicieron las comunidades pilagá Oñedie y Penqole. Luego de la matanza de 1947, Gendarmería Nacional se apropió del territorio indígena que fue epicentro de los asesinatos, en Las Lomitas. Las comunidades indígenas volvieron a su lugar ancestral. “Aquí la sangre pilagá fue derramada”, solía resumir Julio Suárez, abuelo indígena, sobreviviente de la matanza, que dedicó sus años a recordar y difundir lo sucedido.
En el mismo lugar hoy habrá conmemoración de la masacre.
