Frente a los abusos del sector eléctrico cada vez surgen más iniciativas de organización ciudadana en busca de justicia energética.
Por: Marta Luengo Genoveva López / Ilustraciones: Patricia Bolinches
José María Aznar, Ángel Acebes o Pedro Solbes son algunos de los cargos públicos de alto nivel que han terminado ejerciendo de consejeros en los confortables sillones de las grandes eléctricas españolas al terminar su carrera política. Endesa, Iberdrola o Unión Fenosa están más que acostumbradas a las investigaciones, las denuncias y las multas, pero estas representan poco frente a los beneficios millonarios que obtienen en su cuenta de resultados.
“El Gobierno ha legislado sistemáticamente para ralentizar el cambio de modelo energético, poniéndose al servicio del statu quo”, comenta Mario Sánchez-Herrero, uno de los fundadores de Ecooo Revolución Solar, entidad que promueve el cambio de modelo energético. Sin embargo, el statu quo se está quedando obsoleto y hay en juego una tarta muy jugosa: las renovables.
El sistema eléctrico es mucho más que la venta de luz, es un proceso que comienza con la generación de la energía y llega al consumidor en distintas fases. Las grandes compañías copan todas esas fases, asegurándose pingües beneficios, un alto poder de presión política y condenando a la pobreza energética a capas cada vez más amplias de la población. “Por eso las alternativas deben ser integrales y abarcar, no solo todas las etapas del proceso, sino impulsar transición energética y nuevas políticas sociales vinculadas a la desigualdad en el acceso a la energía”, señala Pablo Cotarelo, de la cooperativa de asesoría económica y energética Ekona.
La Unión Europea ha establecido como objetivos vinculantes para el año 2020 que los Estados miembros reduzcan en un 20% los gases de efecto invernadero respecto a 1990, mejorar en un 20% la eficiencia energética y conseguir que el 20% de la energía utilizada en la UE sea renovable. La carrera por las renovables no ha hecho más que empezar.
“Los gobiernos se han aliado con las grandes compañías eléctricas para perpetuar un modelo fósil y centralizado”, señala Sánchez-Herrero, quien añade que, sin embargo, “ha habido dos subastas de potencia renovable que ha promovido el Ministerio de Energía porque no íbamos a cumplir con el compromiso de renovables en 2020”.
Iniciativas locales
Gracias a los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, se ha abierto una grieta en la legislación que abre la puerta a las alternativas al oscuro sistema energético español. Alternativas que demuestran que encender la luz puede ser un acto de desobediencia, de organización e iniciativa ciudadana. Muchas de estas iniciativas surgen de la propia iniciativa ciudadana de manera colectiva, al margen de lo público.
Una de ellas es Viure de l’aire del cel, que se materializó el 13 de marzo. Es el primer y único aerogenerador de propiedad compartida y se encuentra en el término municipal de Pujalt, en Barcelona. El aerogenerador está compartido por unas 454 personas, familias, asociaciones o pequeñas empresas que han juntado alrededor de dos millones de euros.
“Esto en España no había ocurrido aún, pero ya existían experiencias en Alemania, Francia, Reino Unido y otros países; en Dinamarca, la energía eólica nació ciudadana”, comenta Josep Puig, uno de los promotores. “El objetivo es unir a la ciudadanía en la lucha contra el cambio climático. Se les invita a participar con una cantidad económica que, invertida en el molino, genere la energía que ellos utilizan en la vida cotidiana —comenta Puig—, con lo cual puedes decir que a lo largo de la vida útil de molino, que son 25 años, estás libre de emisiones”.
La electricidad que genera el molino se vende a la red eléctrica después y los beneficios se reparten entre los inversores de manera proporcional a sus aportaciones. “Si queremos democratizar el sistema energético, lo primero que tenemos que hacer es apropiarnos de las tecnologías. Apropiarse de un molino es difícil y la única manera de abordar esto es colectivamente”, afirma Puig.
Ecooo Revolución Solar es una organización que promueve la participación ciudadana en la implantación de un nuevo modelo energético, invirtiendo en plantas fotovoltaicas con aportaciones desde los 100 euros.
Además de las inversiones en plantas fotovoltaicas, Ecooo apoya a ayuntamientos a implementar plantas de energía solar, tiene proyectos educativos en colegios de eficiencia energética de los edificios y promueve el autoconsumo en hogares. No obstante, en Ecooo lo tienen claro: “Lo importante es activar ciudadanía y eso tiene que tener un componente local”, afirma Sánchez-Herrero.
El componente local está garantizado gracias a las cooperativas que están surgiendo a lo largo de todo el Estado. Som Energia, Goienero Nosa Enerxia son algunas de las iniciativas que han nacido para poder garantizar energía renovable. La Corriente, otra entidad de energía, “surgió al no existir una cooperativa renovable en Madrid”, dice Julio Campo, uno de sus promotores. “Todas comercializaban aquí, pero no teníamos la nuestra”, añade. “En Madrid no hay un arraigo cooperativista grande, falta el carácter identitario”, puntualiza Campo.
No solo lo identitario es un problema. Las integrantes de la cooperativa Mujeres con Energía trabajan por incluir la visión de género este terreno. El proyecto plantea distintos ejes, uno de los cuales está centrado en estudiar y promover la presencia de las mujeres en el sector de la energía, otro es la generación de energía solar. “El proyecto tiene vocación local, cooperativa y transfronteriza, queremos cooperar a nivel europeo”, comenta Yolanda Picazo, miembro del grupo promotor Mujeres con Energía, que por ahora cuenta con mujeres de Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, y algunos lugares de Portugal.
Las discriminaciones que han identificado son varias y agudas. La horizontal, que coloca a las mujeres en puestos administrativos y no tanto en los técnicos; la vertical, que impide a las mujeres llegar a los órganos de decisión; la discriminación directa, por embarazos por ejemplo; o indirecta, con los micromachismos que sufren las mujeres de manera cotidiana. “En la nuestra solo hay mujeres en los órganos de decisión y participamos en todos los procesos, queremos que todas las fases del proyecto estén diseñadas por mujeres”, afirma Picazo.
Luz municipal
Otra de las opciones que están surgiendo en la actualidad parte de la iniciativa pública, en concreto de los municipios. Ante los abusos del oligopolio eléctrico que incrementa los precios de forma desmedida, no hace los deberes contra el cambio climático y permite que la pobreza energética se extienda, muchos ayuntamientos están buscando nuevas vías de suministro eléctrico.
El movimiento es internacional pero en España coge fuerza en 2014, tras la aprobación de la Ley del Sector eléctrico, que penaliza la generación renovable y asegura un incremento de precio que supuso una vuelta de tuerca en las presión sobre los diezmados presupuestos de los ayuntamientos.
En los primeros meses de 2018 se han sucedido distintos acontecimientos en algunos ayuntamientos que buscan crear una nueva política energética. En marzo se publicaron los pliegos con las condiciones del acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica renovable para edificios municipales y equipamientos del Ayuntamiento de Madrid. En ellos se exige que la futura suministradora eléctrica del Ayuntamiento debe vender únicamente energía renovable. Este requisito no lo cumplen Iberdrola, Endesa ni Gas Natural, según el etiquetado de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, con lo que, de un plumazo, quedarían excluidas de la convocatoria.
Como era de esperar, las grandes compañías se afanan en estos momentos en encontrar los resquicios legales por los que tumbar el acuerdo, como ya hicieran con el presentado en el verano de 2017, tras un recurso de Gas Natural Fenosa. Consideran discriminatorio que el Consistorio les exija que no solo la energía que suministran sea renovable sino toda la que comercializan. Desde Madrid, en cambio, se defiende la medida asegurándose que forma parte de los “compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”, según el nuevo concejal de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño.
Trabas como las que sufre Madrid son habituales, dado el poder del lobby de la electricidad, pero son muchos los ayuntamientos que se han propuesto cambiar las reglas del juego. En términos municipales, un modelo integral de política energética requiere ir mucho más allá del consumo de energía renovable. Otros municipios han avanzado hacia la creación del llamado operador energético, iniciativa que se quiere desarrollar en Córdoba, Rivas Vaciamadrid, Pamplona o Barcelona. En febrero, estos dos últimos anunciaron finalmente su creación.
Estos operadores serían “un paso para construir un modelo de gestión municipal de la energía integral, transparente, participativo y sostenible”, según afirman desde el Ayuntamiento de Pamplona. Son el germen de una comercializadora pública de energía que, además, suministrará electricidad al alumbrado y edificios públicos y a las familias consideradas en situación de pobreza energética.
Para Pablo Cotarelo, que ha asesorado en temas energéticos a Barcelona y Pamplona, “se trata de hacer una verdadera política energética desde los municipios, algo que no ha ocurrido realmente en el pasado”. Esta política debería perseguir la soberanía energética ya que “solo con ella las alternativas serán realmente emancipadoras y podrán cumplir los objetivos de lucha contra el cambio climático y control democrático”.
Dentro del ámbito de lucha contra la pobreza energética y contra la desigualdad en el acceso a la energía, los consistorios que asuman un enfoque integral podrían impulsar las rehabilitaciones energéticas de edificios, medidas de reducción de la demanda energética mediante asesoramiento gratuito, instalaciones de autogeneración a costes muy reducidos y la venta de energía con tarifas adaptadas. “Este aspecto ampliaría considerablemente la actual concepción de la política energética, haciéndola capaz de integrar el principio de distribución de la riqueza”, según Cotarelo.
La Energía como bien común
Detrás de las nuevas políticas y de las cooperativas energéticas late un mismo proyecto: considerar el suministro energético como un bien común. Los bienes comunes trascienden la dicotomía propiedad pública-propiedad privada y abren el horizonte a la gestión democrática de los recursos que pertenecen a la propia comunidad que es la que regula su uso.
Otro de los pilares de la concepción comunal de la propiedad y de la energía es impulsar un empleo verdaderamente ecológico de los recursos, priorizando tanto la energía renovable como una nueva relación con el medio ambiente a través de usos realmente eficientes y frugales. “Un modelo energético público-comunitario podría aprovechar las sinergias de unir las experiencias de las cooperativas, que han puesto la soberanía energética en el centro, con el sector público, quien ha de dirigir esta hacia la necesaria transición energética”, concluye Cotarelo.
