Por Marcelo García / El Extremo Sur
El borrador de un proyecto de ley para exportar Gas Natural Licuado, que estaría elaborando el nuevo gobierno de Alberto Fernández junto al economista Guillermo Nielsen, contemplaría amplios beneficios fiscales para las petroleras, convenios laborales por empresa, la baja de las regalías al 5% y un 0% de retenciones a las exportaciones. Con una batería de medidas fiscales destinadas a estimular al sector empresario se propondría atraer inversiones para aumentar la producción de gas y construir un polo exportador de GNL, otorgándole a las compañías la devolución del IVA y el libre giro de utilidades.
El borrador de proyecto que circula entre los asesores del albertismo tiene como objetivo incrementar la producción gasífera, que se concentraría esencialmente en los no convencionales de Vaca Muerta. El plan es transportar el fluido hasta un polo de conversión a Gas Natural Licuado (GNL) para después poder exportarlo a cualquier lugar del mundo a través del transporte en barcos.
La impronta del nuevo gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre combina dos objetivos, el del abastecimiento interno del gas natural para conseguir bajos niveles de importación y al mismo tiempo convertir al país en uno de los grandes exportadores de GNL al mundo.
En buena medida las aspiraciones del albertismo en este terreno energético son similares a las que intentó desarrollar el macrismo durante estos últimos cuatro años, pero también deberá sortear las mismas dificultades para los convencionales, que se focalizan en la falta de infraestructura para el desarrollo masivo de los yacimientos neuquinos y la escasa capacidad de transporte, licuefacción y posterior exportación del gas extraído en Vaca Muerta.
El proyecto de ley que se estaría desarrollando en el sector energético del albertismo estaría bajo la conducción del economista Guillermo Nielsen -a quien se menciona como posible ministro de Economía de Nación o presidente de la YPF con mayoría accionaria estatal- fue desmentido inicialmente desde el entorno del ex secretario de Finanzas que negoció con el FMI la deuda externa Argentina en épocas de Eduardo Duhalde.
Donde parece no haber grieta, es acerca de Vaca Muerta y sus reservas de gas y petróleo no convencional. Para desarrollarlas el macrismo y el kirchnerismo/albertismo utilizarían las mismas herramientas, brindando seguridad jurídica e incentivos fiscales como los subsidios con fondos del Estado, además de la reducción de impuestos y regalías en beneficio de las compañías privadas del sector petrolero.
En el terreno laboral, donde para el caso de los no convencionales y en particular para Vaca Muerta ya se aplica la adenda de flexibilización laboral que redujo los costos operativos y facilitó la multiplicidad de tareas en los yacimientos, el proyecto habilita la firma de nuevos Convenios Colectivos de Trabajo “por empresas” que vayan en la misma dirección y consolidando un avance flaxibilizador aún mayor.
Producción e infraestructura
El plan para aumentar la producción y exportación de gas natural argentino a gran escala se basaría en los yacimientos de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta y para su desarrollo se implementaría una batería de beneficios fiscales tendientes a atraer a los inversores del sector privado.
Junto al desarrollo de la producción gasífera se propone la construcción de una gran planta de licuefacción -casi con seguridad localizada en Bahía Blanca- para poder condensar el gas y hacerlo transportable por barcos.
La planta necesitaría de una inversión cercana a los 6.000 millones de dólares y demandaría no menos de 4 o 5 años para su puesta en marcha.
En paralelo se deberían desarrollar la ampliación de los gasoductos de transporte y la construcción de los tramos faltantes del tren a Neuquén, que cumpliría un rol fundamental para el traslado de cañerías, máquinas y herramientas.
Por eso es preciso atraer inversiones hacia el sector petrolero pero también a otros que colaboren con el armado del entramado exportador, cosa que el macrismo no consiguió en cuatro años de gobierno.
Beneficios fiscales
Entre los principales beneficios y garantías que el gobierno de Alberto Fernández le ofrecería a las empresas del sector se destacan: la libre disponibilidad de divisas con garantía cambiaria; la deducción del Impuestos a las Ganancias y un crédito fiscal para deducir impuestos nacionales; la exención de aranceles y un 0% de retenciones a las exportaciones de GNL; la posibilidad de adelantar amortización para aquellas empresas que comprometan inversiones para la producción de GNL en toda su cadena de valor; y la reducción de las regalías al 5% por diez años.
El proyecto de ley sobre el que trabaja Nielsen busca “combinar herramientas de garantías y de promoción, ofreciendo seguridad jurídica y fomento al uso de contratos a 25 años”; términos ya escuchados con insistencia en la gestión nacional que se retira.
Al mismo tiempo intentaría que “Cada contrato incluya a uno o más beneficiarios como participantes en las diferentes etapas de la cadena de valor”.
Regalías a la baja
Otro de los rubros conflictivos que incorpora el proyecto de ley es el de las regalías, ya que las reduce del 12% actual a solamente el 5% por los primeros años.
Las provincias solo podrán aplicar una alícuota del 5% sobre el precio de venta de gas natural destinado a GNL en los primeros 10 años, para luego llevarla al 10% en los siguientes 10 años y recién llegar al 12% actual después de 20 años de desarrollo del proyecto productivo vinculado a la exportación.
Taxativamente, el proyecto asevera que “El valor agregado generado por el GNL con destino a la exportación, bajo ningún concepto podrá quedar alcanzado con el pago de regalías previstas en el art. 59 de la Ley 17.319 ni tampoco por cánones, cargos ni contribuciones de ningún tipo”.
Bloqueo de impuestos provinciales
En ese mismo sentido bloquearía cualquier posibilidad de que las provincias vinculadas introduzcan cánones o impuestos que modifiquen las ecuaciones tributarias, otorgándoles a las petroleras “estabilidad fiscal nacional, provincial y municipal por el plazo de la vigencia del contrato… Se entenderá como alteración de la estabilidad fiscal cualquiera de los actos que constituyen incrementos generales de impuestos, creación de nuevos tributos, aumento de alícuotas, tasas o montos, modificaciones en los mecanismos de determinación de la base imponible y derogación de exenciones otorgadas”.
Además eliminarían el cobro de los actuales impuestos que recaudan las provincias productoras de hidrocarburos al sector empresario, como los Ingresos Brutos y el de los Sellos, implantando que las provincias no podrán gravar con estos impuestos la exportación de GNL y se eximirán del pago de impuestos a los sellos a todos los actos, contratos y operaciones asociados al proyecto, “incluyendo contratos de suministro, transporte, construcción, operación, procesamiento y sus garantías que financien inversiones comprometidas”.
Asimismo, estipula la forma de reclamo empresarial aduciendo que “Cualquier alteración al principio de estabilidad fiscal dará derecho a los perjudicados a la compensación automática e inmediata de los aumentos tributarios o arancelarios con reducciones de los mismos conceptos, con más intereses compensatorios. Asimismo, podrán reclamar ante las autoridades nacionales, provinciales y municipales que se retengan de los fondos coparticipables que correspondan al fisco incumplidor, los montos pagados en exceso, para proceder a practicar la devolución al contribuyente”.
