Por ASL .- Algunas semanas atrás un grupo de intendentes del Frente de Todos de GBA Sur junto al Defensor del Pueblo bonaerense hicieron una presentación ante el ENRE en disconformidad por el pésimo servicio, los continuos cortes del suministro eléctrico y la demora en la reposición de este por parte de EDESUR.
Mientras tanto, a fines de junio, el presidente Alberto Fernández elogió pública y efusivamente a Marcelo Mindlin y al grupo Pampa Energía que controla, entre otros, a EDENOR.
Como telón de fondo, el gobierno confirmó una anunciada marcha atrás en el bluf de la “estatización” de Vicentin y acordó el pago sin revisión de la deuda externa con los bonistas con un tufillo de victoria pírrica que intentó disimular con impostada euforia en las redes; recibiendo las felicitaciones de la oposición del PRO y el beneplácito de los mercados.
Ahora bien, que las distribuidoras eléctricas brindan un servicio deficitario no es novedad, sino que es la constante desde la privatización en 1992; recordemos sino cuando en 1999 un desperfecto en la Subestación Azopardo (EDESUR-CABA) dejó sin suministro eléctrico a gran parte de la Ciudad de Buenos Aires, o el tórrido y oscuro verano de 2013 o, sin ir más lejos, el “apagón” nacional (con afectaciones en Uruguay, Paraguay y Brasil) en junio del año pasado. Pero si a eso le sumamos el casi 3000% de aumento durante el gobierno del PRO el combo es explosivo.
De todas maneras, en términos de tarifas, abultadas ganancias y mal servicio no se encuentran demasiadas diferencias entre las dos privatizadas (1), aunque con una mayor caída de la inversión por parte de EDESUR. Lo mismo podría decirse de EDELAP o de EDEA en la costa atlántica: empresas monopólicas, con lógicas de máximas ganancias en el corto plazo y con un plan de inversiones deficiente y escandalosamente acotado.
¿Qué se está discutiendo?
Parecería que la denuncia y el pedido de “revocación de la concesión” o “reestatización” de EDESUR por parte de los intendentes no es más que un ejercicio de negociación para determinadas obras necesarias en algunos barrios de sus municipios o, tal vez, para frenar el intento de las distribuidoras de descongelar las tarifas.
Pero no se sostendrá más allá ¿Por qué? La experiencia nos demuestra que en su anterior etapa de gobierno (2003/15), las empresas distribuidoras funcionaban igual de mal y se sostenían con no poca inyección de dinero estatal directo (en términos de plan de inversiones) como indirecto (subsidio a la tarifa para que no se disparen, pago de sueldos, etc.). Por otro lado, los cortes y la demora en restablecer el servicio son similares (2) en toda la zona del AMBA y en las dos empresas. Entonces ¿por qué se menciona sólo a una de ellas y en determinada territorialidad? ¿Cuáles son los acuerdos tras bambalinas con Pampa Energía?
La otra hipótesis pasa por pensar que sólo son fuegos de artificios y un intento de mostrarse proactivos de una fracción del Frente de Todos de cara a su base electoral.
¿Y lxs trabajadorxs?
Tanto en la propaganda del gobierno, como en comunicados y campañas de organizaciones de centroizquierda que provienen del campo popular (Frente Patria Grande) o desde algunas organizaciones de izquierda (por ejemplo, el que sacaron una confluencia de ellas (3) ) es llamativa la ausencia de la situación de lxs trabajadorxs y de su intervención en el proceso: ni siquiera se les nombra.
En los tres casos se habla de las ganancias de las empresas de distribución eléctrica; se remarca el pésimo servicio que brindan; y sólo hacen hincapié en EDESUR sin mencionar a las otras privatizadas y sin poden en discusión la matriz energética nacional.
Durante los últimos cinco años se acumularon paritarias a la baja, presiones, persecuciones, despidos arbitrarios, reducción y traslados de planteles y, como telón de fondo, el regreso de los retiros “voluntarios” convirtió a EDESUR en un reflejo de la situación que se dio en la primera etapa de la privatización (4).
El plantel de trabajadorxs se redujo de esta manera en alrededor del 25%, descartando mano de obra calificada, reduciendo costos y horarios de atención y volviendo a tercerizar varias tareas.
Primer resultado: menor capacidad técnica y numérica para atender contingencias, reparaciones, atención al usuario, etc. Segundo: peores condiciones de trabajo, aumento de bajas médicas psicológicas y por stress, incertidumbre. Tercero: aumento por esta vía de la ganancia patronal.
Todo este proceso de retroceso en las condiciones de trabajo hubiese sido imposible sin la complicidad de la conducción burocrática del Sindicato de Luz y Fuerza que, no sólo no promovió ni organizó medidas de lucha defensivas básicas, sino que desmovilizó a las bases y delegaciones gremiales que intentaron tener iniciativas diferentes. Los pocos focos de denuncia y acción directa que las bases pudieron desarrollar fueron a pesar de la burocracia y, muchas veces, sufriendo amenazas veladas o directas.
En este contexto, donde la dirección del sindicato no emite opinión sobre el pésimo servicio de las empresas, sobre el tarifazo y sobre el deterioro en las condiciones de trabajo es que el planteo de organizar y luchar por levantar la alternativa de una empresa pública de gestión o cogestión de lxs trabajadorxs y control popular podría parecer contradictorio.
Sin embargo, se debe recuperar la experiencia de Autogestión de SEGBA entre los años 1974/76, donde se logró tener representantes obreros tanto a nivel de dirección de la empresa estatal como en cada nivel de gestión de los sectores de trabajo y las diversas secciones, con una amplia participación de las bases. No es un tema extraño la intervención de lxs trabajadores (5) en los tiempos de trabajo, en la gestión de conflictos, en el control de la tercerización o en la discusión con las jefaturas acerca de los trabajos a realizar. El “control y/o gestión de lxs trabajadorxs” no debe tomarse aquí como algo “extraño” o “ultra” como evidentemente fue considerado por las organizaciones antes nombradas, donde sólo se deja ver una tímida propaganda “ciudadana” sin siquiera amagar con esbozar una perspectiva de clase, donde se invisibiliza a lxs trabajadoxs y sólo se aporta a la agenda del partido de gobierno acríticamente y sin independencia política.
¿Qué deberíamos discutir?
Hay dos cuestiones urgentes que deberían estar en debate: la matriz energética a nivel nacional y la energía eléctrica como un derecho.
La generación eléctrica sigue dependiendo mayoritariamente de la quema de hidrocarburos en centrales térmicas (alrededor del 70%), con poca intervención de hidroeléctricas y sólo un 8% renovable; más allá de los discursos y de algunos proyectos “verdes” durante el macrismo (6).
Con respecto al segundo punto, una verdadera campaña que deberíamos desarrollar desde las organizaciones sociales, políticas, de trabajadores y usuarios es sobre incorporación de la energía eléctrica como un derecho básico y elemental para la supervivencia y el bienestar popular.
Estas tareas, en el camino de la soberanía energética para la clase trabajadora, nos llevan a plantear la necesidad de que la generación, transmisión (transporte) y distribución de la energía eléctrica debe tener una función social y que de ninguna manera puede desarrollarse en un contradictorio escenario donde conviven, a nivel federal, la participación monopólica de empresas privadas, una serie de “cooperativas” municipales o excepciones de empresas estatales a nivel provincial.
Asumimos que el eje más sensible es, definitivamente, la distribución en el AMBA; tanto por concentración como por repercusión mediática y política.
Cuando se privatizó SEGBA (Servicios Eléctricos Gran Buenos Aires) en 1992 una de las resoluciones fue desguazar la compañía en varios pedazos y segmentos; tanto en distribución (EDESUR, EDENOR, EDELAP) como en generación (Central Costanera, Central Puerto y Cetral Dock Sud). Es desde esa reconstrucción y recuperación que tendría sentido cualquier posibilidad y alcance de “reestatización” o de cancelación por incumplimiento del contrato de concesión.
En ese marco la correcta línea a desarrollar es la necesidad de construir una empresa de distribución de energía eléctrica pública con función social y con gestión de lxs trabajadorxs y un necesario control de las organizaciones territoriales de la zona de influencia de la empresa; desde el AMBA pero con una proyección federal.
(1) Ver informe del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV -Agosto 2020
(2) Ambas medidas en gran parte por las sanciones económicas que aplica el ENRE (irrisorias, dicho sea de paso).
(3)https://www.facebook.com/abriendo.caminos.argentina/posts/2670295996631796
(4) Solamente en la privatización de SEGBA se perdieron casi 14.000 puestos de trabajo, un 63% del plantel (ver http://www.tel.org.ar/lectura/privarg.html)
(5) Esto se dio en diferentes momentos de las empresas de distribución eléctrica y en diversos países. Por ejemplo, en la actualidad y luego de un feroz desguace de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas de ese país está debatiendo en estos mismos términos una salida popular, desde abajo y con gestión de lxs trabajadorxs para el problema de la distribución de energía eléctrica en el DF.
