Por Pablo Quintana / Para el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) .- El avance petrolero en Neuquén no respeta las leyes vigentes referidas a pueblos originarios. Amnistía Internacional señala la contradicción entre derechos humanos y extractivismo. La contaminación producto del fracking, el rol de YPF y el futuro Mapuche.
Foto: Martín Álvarez Mullally
Todo cambió desde que se organizó la cuarentena a raíz de la pandemia. Inclusive en aquellos territorios en conflicto como el de Vaca Muerta, esa formación geológica de shale (petróleo de esquisto o shale oil), que desde que se conjuró con la firma del acuerdo entre YPF- Chevron, en 2013, se transformó en la pesadilla de los pueblos originarios de la región.
Por un lado, la actividad extractiva se detuvo y con ello los movimientos sísmicos que se registran en la región dejaron de suceder. Pero la llegada del virus también paralizó las conversaciones que comunidad mapuches habían logrado instrumentar para exigir por sus derechos.
“La llegada de la pandemia frenó el diálogo que habíamos conseguido con la implementación de una mesa política a principio de año en la que íbamos a tratar diferentes temas en agenda”, dice Gilberto Wijipan, werken de la Confederación Mapuche Neuquina Zonal Xawvnko.
La Confederación exige a YPF diversos trabajos inconclusos que habían quedado en los diferentes territorios comunitarios como Campo Maripe, Futa Trayen, Lof Wirkaleu en Sauzal Bonito y Nehuen Curá en Rincón de los Sauces, entre otras comunidades.
El primer encuentro se materializó en febrero pasado en un salón de reuniones que concedió la Fiscalía Federal en Neuquén con la anuencia de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda. Allí comenzó a plasmarse la necesidad de contar con un protocolo para que se aplique la consulta a las comunidades, previa información de lo que se piensa desarrollar y los impactos que habrá, no sólo al ambiente sino a la cultura y a la salud.
“La presidenta del INAI así lo entendió -señala Wijipan-, por lo que nos pusimos a trabajar con la participación de YPF, sólo como escucha y sin toma de decisiones. Porque las decisiones son nuestras y del Estado argentino”.
Pese a la quietud, Lorena Maripe, como werken (vocera) de la comunidad Campo Maripe, habla de la alerta permanente a la que están sometidos. “Si bien la crisis sanitaria frenó la actividad, vemos en los anuncios de los medios que la petrolera estatal YPF quiere volver a embestir ingresando los equipos petroleros. Así que estamos en alerta y haciendo recorridas dentro del territorio para evitar que se instale. Sabemos que la conducta de la petrolera es negar nuestros derechos, de que vivimos y existimos en el territorio”, dice desde Fortín Vanguardia, a unos 15 kilómetros de la localidad de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta.
Foto: Juan Thomes
Desde hace un tiempo que el gobierno de Neuquén instaló dos sismógrafos para medir la intensidad de los temblores. Uno en Sauzal Bonito y otro en Añelo. “Cuando arrancó el tema de la pandemia en marzo se paró todo, los sismos que eran constantes cesaron. Algunos eran perceptibles y otros no”, afirma Lorena Maripe.
Cuando la petrolera angloholandesa Shell retomó los trabajos en junio volvió la actividad sísmica. Shell había firmado, en plena pandemia, un acuerdo para construir una planta de procesamiento de gas para el área llamada Bajada de Añelo, en Vaca Muerta. Estos últimos sismos fueron percibidos incluso en la zona urbana de Añelo.
Foto: Martín Álvarez MullallyVaca Muerta y violación de derechos
El virus no sólo trajo aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar su contagio, sino que en algunos escenarios profundizó la situación de vulnerabilidad y afectó los derechos de las comunidades indígenas. Así se desprende del estudio realizado por Amnistía Internacional (https://territorioindigena.com.ar/Casos) que relevó más de 20 casos en todo el país en los que las comunidades indígenas sufren desproporcionadamente los efectos de la pandemia y sus medidas.
“La política indígena es una agenda invisibilizada, no prioritaria, no hay política seria indígena que haya asumido ningún Gobierno hasta el día de hoy. Y no sólo traducido en políticas territoriales de propiedad comunitaria. Argentina tiene la gran trayectoria y liderazgo a nivel internacional en materia de Derechos Humanos pero puertas afuera es un discurso y hacia adentro es otro. El indígena está afuera de esa cartera. Y la verdad que el Covid vino a demostrar justamente lo mismo, que no hay una política de abordaje. Reconocemos el trabajo comprometido de (Magdalena) Odarda, pero sin capacidad de gestión y sin articulación con las provincias es difícil”, sentencia la abogada, especializada en Derecho Internacional y directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey.
De ese informe se desprende que en comunidades ubicadas en Chubut, Neuquén y San Juan el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no fue posible concretarlo por las distancias y la falta de acceso a la información, pese a lo dispuesto por el INAI (que reclamó realizar de manera proactiva un relevamiento integral en las comunidades indígenas del país a los fines de asegurar la efectiva prestación de ese beneficio).
“Vaca Muerta es el ejemplo más paradigmático de vulneración de derechos indígenas incumpliendo todos los que están vigentes y que se exigen en la Argentina. O sea, derecho territorial, cogestión de los bienes naturales, derecho a la consulta, lo que yo le llamo la tríada maldita porque son los que más recurrentemente vulneran los Estados con respecto a comunidades indígenas”, es el veredicto que señala la abogada Silvina Ramírez.
“Es cierto que después de la noche del macrismo, el Gobierno puede aparecer como más sensibles a determinados reclamos. Pero el panorama sigue siendo oscuro porque más allá de las buenas y malas intenciones, hay una estructura del Estado y un sistema económico que sigue vulnerando el derecho indígena. El actual modelo económico y su matriz energética son incompatible con esos derechos. Siempre el costo se paga con la vulneración de los derechos indígenas”, sustenta.
Integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derechos Indígenas (AADI), Ramírez remarca que es muy difícil avanzar sobre los derechos de los pueblos indígenas si se sigue apostando a este modelo extractivista, sea el Gobierno que sea. “Sí, podés tener algunas diferencias que uno podría remarcar como no menores, pero al final se van produciendo los despojos. Aunque no azucen a las fuerzas de seguridad en contra de las comunidades como pasó en el 2017 con los casos de Santiago (Maldonado) y Rafael (Nahuel)”, ejemplifica.
Ramírez recuerda que antes de la pandemia hubo una suerte de mensaje por parte de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, instando a generar mesas de diálogo. Menciona como ejemplo las gestiones que se realizan en torno al Lof Buenuleo en Río Negro o con el Pu Lof Pailako Futalaufken Mew en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut). Aunque reconoce que son procesos complicados, donde muchas veces el estado nacional y las provincias tienen juegos complejos en el que no articulan. “Ahora podemos pensar que las fuerzas de seguridad como Gendarmería o Prefectura no saldrán a reprimir como lo hicieron durante el gobierno macrista, pero también es cierto que no hay una solución ni respuesta claramente satisfactoria a los pueblos originarios, fundamentalmente en conflictos territoriales”, señala.
Al momento de escribir esta crónica se produjo la irrupción en territorio mapuche por parte de efectivos del Ejército en un territorio que pertenece a la comunidad Millalonco-Ranquehue, en la región de San Carlos de Bariloche, con una fuerte campaña de los medios de comunicación demonizando a la comunidad indígena.
El futuro llegó
En Vaca Muerta también hay una magnificación sobre los supuestos beneficios. “Hay muchos espejitos de colores, por los costos que implicaría la extracción de esos bienes naturales, sin mencionar la caída de los precios de los commodities, que lo hace inviable económicamente”, reseña Ramírez, autora del libro “Horizonte político del movimiento indígena”.
La contaminación ya está en curso, entonces ¿cómo aplicar el derecho a la consulta previa (pilar del derecho indígena)? Para Ramírez existe un juego sucio por parte del Estado: “Se busca la consulta para legitimarse. Es decir ‘cumplimos con la normativa vigente’, pero ¿se consulta después de cuántos años? Cuando el territorio ya está contaminado. Uno de los ingredientes del artículo que regula la consulta y el consentimiento es que sea previa, libre e informada. Eso no se cumple”.
García Rey, de Amnistía Internacional, pronostica que “si el horizonte, como avizoramos, tiene que ver con este modelo de profundización de las actividades extractivas sin respetar los derechos vigentes, las tensiones van a recrudecer”. Y precisó el vínculo que tienen las fuerzas de seguridad con las comunidades indígenas: “Están pensadas desde este modelo económico, desde una idiosincrasia que tiene mucho de discriminación y xenofobia profunda”.
Para explicarse puso como ejemplo el caso de la localidad de Fontana (Chaco), sucedido en junio pasado, donde un grupo de policías atacó con inusitada violencia a una familia qom y tras la brutal agresión continuó con torturas en la comisaría a cuatro jóvenes, una de ellas menor de edad.
Foto: Martín Álvarez Mullally
Leyes para incumplir
Tierra y territorio es la única forma de garantizar otros derechos para los pueblos originarios. Pero la Ley 26.160, que fue sancionada en 2006 con el objetivo de relevar las tierras de las comunidades indígenas, nunca se cumplió.
“La ley de relevamiento territorial parecía un horizonte que allanaba el camino y terminó siendo una cuestión interminable, muy manoseada”, indica García Rey.
¿Cómo se explica que una ley de emergencia que fue pensada en el 2006 para ser ejecutada en cuatro años lleva 14 años y con final incierto? “Sólo se explica por falta de voluntad política y desidia. El tema indígena no está en la agenda pública y sólo tiene cabida cuando pasa algo tremendo, como cuando fue la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado o el asesinato de Rafael Nahuel”, sintetiza Ramírez.
La abogada sostiene que la ley quedó tan mancillada que si los casos se judicializan hoy la Ley 26.160 no necesariamente es vinculante, ni siquiera inicia el trámite en sede administrativa de titulación colectiva. “Frena los desalojos, pero no va a resolver el tema territorial en Argentina. Pero es cierto que sin esa ley podríamos estar peor”, admite.
Para la integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) es imprescindible una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena para resolver el tema de los territorios y sobre todo para solucionar la titulación colectiva, que “es darles seguridad jurídica a las comunidades, sino están como hojas al viento, no se sabe cuándo los vienen a desalojar”.
Se deberían alinear todos los planetas partidarios para que eso suceda. Hay cuatro proyectos que pierden estado parlamentario en diciembre y que hasta entonces no serán tratados. “Es imprescindible porque más allá del inciso constitucional que reconoce la propiedad comunitaria indígena y la Ley de Emergencia que perdió potencia y legitimidad después de 14 años, no hay otra cosa”, expone.
Futuro Mapuche
El virus frenó todo. Menos la resistencia mapuche. “No vamos a abandonar esa agenda, vamos a seguir por los títulos comunitarios, vamos a seguir exigiendo que las provincias no tienen por qué reconocer a las comunidades mapuches, no tienen por qué inventar un ‘mapuchómetro’ para decir si nos reconocen o no legalmente. Nosotros somos preexistentes. Que hayan querido invisibilizarnos es otro tema”, dice Wijipan.
El Pueblo Mapuche vuelve a reivindicarse para exigir y sostener sus derechos. Como Lorena Maripe y la longko Mabel Maripe, que estuvieron contagiadas del Covid y se recuperaron. “No llegamos a necesitar un respirador, pero los dolores fueron intensos”, describe Lorena. Recobraron fuerzas, como lo hicieron tras las diversas tentativas de desalojo, para decir presente en el territorio mapuche.
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