Nuevos aportes estatal al negocio privado, determinados por funcionarios neuquinos que actúan como CEOs
El presidente de la estatal Hidrocarburos de Neuquén SA (Hidenesa) participó del armado inicial de la empresa Servicios Ambientales del Neuquén SRL para capitales privados en 2014, de la que retuvo un porcentaje de las acciones a través de su esposa. La propia provincia buscó y tramitó la tierra necesaria para montar –a las afueras de Añelo— la infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos provenientes de la explotación de los hidrocarburos. Con el estudio de impacto ambiental aprobado, el funcionario provincial y su contacto local vendieron sus acciones a un grupo empresario de Buenos Aires, ya inserto en el mercado del tratamiento de residuos contaminantes y, sobre todo, en el cartelizado mercado de la emisión de seguros de caución ambientales exigidos por la legislación nacional vigente. 2018 fue un año clave para la afirmación de este proyecto empresario en Neuquén y copar la emisión de certificados ambientales a las grandes empresas generadoras de residuos, que los requieren al día para su dinámica financiera.
Sergio Schroh, presidente de Hidenesa, ex intendente de San Martín de los Andes por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), fue el funcionario público que tomó en sus manos el armado del negocio que prometía crecer al ritmo del petróleo y gas shale. Lo conversó con un abogado que mantiene activa su cartera de contactos, aunque no ejerce la profesión replegado en un complejo de cabañas para el turismo en SMA. Por ese abogado Schroh pudo llegar a José Giménez Burló, español radicado en Buenos Aires desde hace décadas, representante de Befesa, de capitales alemanes y españoles especializados en saneamiento cuyo paso por Neuquén ya relatamos. Su participación accionaria quedó a nombre de María Adela Pfeffer, su esposa.
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) habilitó en 2018 las compañías aseguradoras para la contratación del seguro ambiental previsto en el artículo 22 de la Ley Nacional Nº 25.675: Alba Caución, TCP Seguros SA, Boston Seguros, Testimonio Compañía de Seguros SA, El surco Seguros, FOMS Seguros SA, Nación Seguros SA y Sancor Seguros SRL. Las ocho habilitadas fueron, en rigor, siete, ya que los capitales propietarios de Testimonio compraron Boston. Esos mismos capitales compraron en 2018 la parte accionaria de SAN que no controlaban; al mismo tiempo, obtuvieron la habilitación por parte de la subsecretaría de Medio Ambiente para empezar a operar en Añelo.
En Neuquén, el armado cuasi monopólico de los certificados ambientales se acompaña de una reestructuración y reducción de las empresas privadas que tratan los residuos peligrosos y su disposición final, procesos simultáneos y concurrentes que ya dejaron fuera del mercado local al menos a tres de las firmas más viejas que no lograron ingresar a la era del fracking. Aunque fue desestimada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la documentación de una denuncia contra los socios Gustavo Darío Roldan, Fernando Javier Mauro y Gustavo Gabriel Mauro es reveladora del comportamiento de este grupo empresario en relación a los SAO en otros segmentos de los residuos peligrosos.
Teoría y práctica del derrame
Así como emergió el mercado local de las arenas silíceas para el fracking, el tratamiento y disposición con sus SAO son parte de la infraestructura de servicios que demanda Vaca Muerta.
“Los rellenos de seguridad son las ultimas instalaciones en desembarcar en VM, regulados por el Decreto N° 2263/15 que permitió la inversión en el segmento que faltaba dentro de la cadena de la gestión, como instalaciones que permiten la disposición final responsable, controlada y trazable de los residuos, sin emisiones gaseosas, sin lixiviaciones, con menor impacto visual. Se realizan también tratamientos in-situ por parte de compañías especializadas, principalmente para atender derrames de hidrocarburos sobre el suelo, mediante técnicas de biorremediación para suelos con hasta 7% de concentración de hidrocarburos, en los repositorios”, indicó Juan de Dios Luccelli, subsecretario de Medio Ambiente de la provincia, en su respuesta de junio de este año a un pedido de informes presentado por Lucila Crexell, senadora nacional (MPN).
YPF SA es el principal generador de residuos peligrosos con el 52% del volumen total, cifra que no consignó el funcionario. Tecpetrol produce el 26%, PAE el 10%, Exxon 5% y Chevron, Vista y Pluspetrol el 2% cada una. En total, 254 generadores registrados. Ese es el mercado de los SAO en disputa, para el que tanto SAN SRL como Testimonio Seguros juegan bajo la tutela estatal neuquina.
La disposición final la hacen únicamente SAN, habilitada desde hace dos años para operar a 7 kilómetros de Añelo, y Ecopolo Argentina SA desde el año pasado a 17 kilómetros del ejido municipal con un volumen de tratamiento mucho menor. En el caso de SAN, la autoridad de aplicación aclaró que le renovó la licencia anual con alcances técnicos mayores a los del proyecto original. Ambas empresas contrataron el seguro a Testimonio. Pretenden ingresar a este jugoso negocio Treater SA (solicitud iniciada en 2018, con planta habilitada el año pasado y una denuncia penal por contaminación archivada) e Industria Argentina de Reciclado SA (expediente del año pasado). También inició el trámite Soluciones Ambientales de la Patagonia SA, la firma que inició Nicolás Crexell al vender su parte de SAN, con la que opera en Río Negro.
La respuesta de Luccelli apenas alcanza para definir los contornos de este negocio. De Baradero, arribó a Neuquén en 2003 con Skanska. Antes, el funcionario se desempeñó ocho años en Gas y Petróleo del Neuquén SA, firma estatal que al igual que Hidenesa son herramientas para que los hombres de gobierno operen más como CEOs que como funcionarios públicos.
Tierra pública para el sacrificio
Leandro Bertoya, actual intendente de San Patricio del Chañar, era ministro de Desarrollo Territorial cuando aportó la solución a la necesidad de tierra para emplazar SAN. Anticipándose a futuros movimientos de su propio gobierno, eligió una parcela sin ocupación efectiva de pobladores. De Bertoya dependía toda la estructura de Tierras y de Catastro que armó el andamiaje para adjudicar a Luis Humberto Mora una tierra que nunca había ocupado, con la condición expresa que le revendiera una fracción de 200 hectáreas a SAN. El decreto de adjudicación de la tierra a Mora es simultáneo a otro que estableció restricciones y distancias mínimas respecto a centros poblados, respuesta institucional a los graves incidentes ambientales registrados con residuos en el parque industrial de Neuquén capital.
El control estatal de la tierra pública disponible es un resorte fundamental para orientarlo como recurso al servicio de un proyecto extractivista que necesita una zona de sacrificio medioambiental, epicentro del fracking. Ese es el eje Rincón de los Sauces-Añelo.
Desentrañar los mecanismos actuales del despojo desde el Estado es imprescindible para comprender la relación directa entre la mercantilización de los bienes de la naturaleza, su destrucción a gran escala y la negación sistemática de los derechos de los pueblos a la vida plena en el territorio tradicional. Cada caso, cada conflicto ofrece piezas que releemos con los testimonios y el silencio oficial. Schorh, por caso, no quiso brindar su versión de los hechos reconstruidos con otras fuentes.
La dependencia estructural de los ingresos por regalías de los hidrocarburos posterga este debate siempre para más adelante. Y por delante está el daño, acaso irreversible.
(Javier Grosso, geógrafo investigador de la Universidad Nacional del Comahue, realizó el análisis catastral y la cartografía para este informe)
