Por La Izquierda Diario / Esteban Martine .- Entrevistamos al periodista Marcelo García sobre el proyecto de zonificación minera impulsado por los gobiernos de Arcioni y Fernández en la provincia de Chubut.
Marcelo García es periodista especializado en energía, minería y economía. Es coautor de Saqueo Petrolero (2007) y de YPF, la liquidación (2012). Trabajó en distintos medios gráficos y radiales de la Patagonia. En la actualidad integra la redacción de El Extremo Sur de la Patagonia, donde escribe e investiga, entre otras cosas, sobre el endeudamiento de la provincia de Chubut y las implicancias de la ofensiva minera.
Ni bien asumió, Alberto Fernández sostuvo falsamente ante la Asociación Empresaria Argentina que en Chubut ya se había logrado la explotación minera en la meseta. Su ministro Alberto Hensel directamente oferta en el exterior yacimientos donde la actividad está prohibida. ¿Por qué creés que insisten en imponer un proyecto que tiene tanto rechazo popular?
En la minería, tanto para Chubut como para toda la Argentina, no hay grieta política. Fue una impronta productiva del kirchnerismo, retomada con aún más impulso en el macrismo y ahora vuelve a ser una de las principales aristas productivas y generadora de dólares que se propone el albertismo. Sin olvidar que la principal apertura a las multinacionales y las leyes mineras fue en los años ’90 en tiempos del menemismo. La minería es una actividad extractiva intensiva que las empresas multinacionales buscan desarrollar en poco tiempo a lo largo de todo el mundo y Argentina tiene yacimientos sin explotar muy importantes. El proyecto Navidad localizado en la Meseta central chubutense es el mayor reservorio de plata que existe en el país, por eso la insistencia constante para poder avanzar y depredar de manera saqueadora esos recursos naturales y minerales aún no explotados.
Chubut es una provincia con una fuerte actividad extractivista, que exporta petróleo y pesca, y sin embargo tiene una deuda importante en dólares. ¿A qué se debe este endeudamiento?
No hay una relación directa o simplista entre producción y exportación de recursos naturales con la deuda pública en dólares. Lo que sí es cierto es que Chubut es una provincia muy rica en recursos naturales que posee altos niveles de pobreza y que específicamente en el ámbito estatal funciona como una provincia pobre (140 mil personas por debajo de la línea de la pobreza que representan el 37% de la población) o sin capacidad de generación de recursos propios.En realidad Chubut siempre ha tenido elevados niveles de endeudamiento durante los últimos 30 años, pero desde el 2010 se tomaron 1.148 millones de dólares en las gestiones del fallecido Mario Das Neves y Martín Buzzi. Todas deudas emitidas en moneda estadounidense, a elevadas tasas de interés y con legislación extranjera; pero con la particularidad que como garantía de pago se cedieron las regalías petroleras que ingresan a la provincia producto de extracción de petróleo.A diferencia de la deuda externa nacional, la de Chubut fue emitida con fines específicos que estaban vinculados a obras de infraestructura, desarrollos productivos y la última del 2016 (gobierno de Das Neves y Mariano Arcioni) casi en su totalidad para pagar deudas de años anteriores. En esos casos se puede comprobar que muchas de esas obras o proyectos productivos no se concretaron, y en el mejor de los casos algunas están sin terminar. Por ejemplo, en el 2013 y 2015 se emitió deuda en dólares para construir esencialmente dos hospitales de alta complejidad, uno en Trelew y otro en Comodoro Rivadavia. El primero apenas está terminado en un 80% casi 8 años después y el segundo ni siquiera se empezó la edificación.Por eso es imprescindible que en Chubut se inicie un profundo proceso de investigación sobre para qué se tomó deuda en dólares y cuál fue el destino de esos fondos, además de que la misma debería dejar de pagarse y hacer responsable al poder político involucrado por el desfalco producido.A pesar de tamaño endeudamiento en dólares, al que se le debe sumar el emitido en pesos, la provincia está casi quebrada financieramente y tiene atrasos de casi tres meses de pagos en los salarios y no pagó todavía el medio aguinaldo de julio. Pero como si todo eso fuera poco tiene una enorme deuda con la caja de jubilación provincial y el Presupuesto 2021 proyecta un nuevo ajuste sobre los salarios estatales. El 2020 va a cerrar sin negociaciones paritarias ni aumentos salariales en Chubut y para el 2021 el gobierno prevé un aumento de tan sólo el 6% de toda la masa salarial cuando la inflación proyectada del 29%; a lo que se suma la depreciación salarial mensual que se produce por los pagos atrasados.En lugar de ver cómo recaudar más y mejor, el gobierno busca ajustar y achicar el Estado provincial; en ese marco encaja de manera preocupante la minería y la renegociación de una deuda que Chubut estaría por cerrar con los bonistas privados. Esa renegociación no se traduciría en ninguna quita de capital ni de intereses, por lo que terminaría pagando casi el doble de la deuda emitida en dólares hace cuatro años. No hay posiblemente en el mundo negocio alguno que de una ganancia del 100% en dólares.
Un eje del discurso del lobby minero es que aumentaría enormemente la recaudación y generaría divisas. ¿Esto es así? ¿Cuál es la relación entre el avance de la frontera extractivista y los pagos de la deuda?
Ese es uno de los argumentos centrales que esgrime el lobby prominero y el propio Gobierno provincial sobre la necesidad del desarrollo de la minería en Chubut, argumentando que se generarían importantes ingresos y puestos de trabajo para la región norte de la provincia. En realidad aún no hay claridad de cuáles serían las alícuotas concretas a cobrar pero si fuera de tan sólo el 3% de regalías máximas permitidas por ley y algún porcentaje adicional extraordinario que se baraja establecer la recaudación anual que dejaría la minería por el proyecto Navidad alrededor de 20 o 30 millones de dólares anuales. Esa cifra representaría tan sólo un mes de regalías petroleras que cobra Chubut por la producción de sus yacimientos en tiempos de pandemia o con el ritmo normal de años anteriores.A priori no hay un vínculo estrecho entre minería y deuda, pero en un Estado provincial desbordado por la crisis económica y por los pagos en dólares que debe afrontar las dos principales ideas que maneja son las de habilitar la minería y la de ajustar el gasto público reduciendo los salarios de los empleados públicos y los jubilados provinciales; además de recortar los fondos para los servicios esenciales que brinda el Estado.
Otra promesa es que la megaminería solucionaría los elevados índices de pobreza y desocupación. ¿Qué nos podés decir teniendo en cuenta las experiencias de Catamarca y San Juan?
El argumento del lobby prominero no se adentra tanto en el tema de la pobreza sino más bien en el de la generación de empleo, tanto directo como indirecto. Las versiones son múltiples y los números que se barajan van desde lo coherente hasta cifras completamente infladas. Si bien es cierto que sin trabajo hay menos posibilidades de dejar de ser pobre, tampoco es una garantía indiscutible. En el norte provincial se registran los mayores niveles de pobreza y desocupación, ni que hablar en la zona la Meseta donde ni siquiera el Estado puede resolver esas problemáticas; pero lo cierto es que no existen proyectos productivos sustentables y rentables para el Estado porque todo lo que se busca implementar tiene como prioridad la habilitación al capital privado y la generación de ganancias para los mismos. Además en el caso del proyecto Navidad la vida útil del mismo es de tan sólo 10 años, luego quedaría un enorme pasivo ambiental y un enorme retroceso económico y social al que nuevamente no habría herramientas para darle contención y respuestas para mejorar la calidad de vida de los pueblos.En Chubut lo que hace falta es patear el tablero y reformular por completo el entramado socioproductivo de la provincia. Hoy por hoy las multinacionales son las grandes ganadoras y el Estado está completamente hundido en la crisis. Las petroleras tienen enormes ganancias, lo mismo sucede con las pesqueras o Aluar que es la principal fábrica de aluminio del país; pero el Estado se queda con una pequeña tajada tributaria. Se deben reformular los esquemas tributarios, incrementando los ingresos de la provincia, pero además se deben cobrar tributos inexistentes como a las energías eólicas que no pagan nada o efectivizar el cobro del Impuesto Inmobiliario rural para los grandes y medianos terratenientes que están eximidos desde el 2003. En Chubut hay 193 terratenientes que concentran 7,2 millones de hectáreas productivas y la mayoría de ellos no pagan el tributo porque el Estado no sabe quiénes son los propietarios o los eximió desde hace más de 15 años.Junto a ese proceso tributario la provincia debe encarar un proceso de desarrollo que se proponga la incorporación de valor agregado a las materias primas provinciales. Chubut exporta petróleo sin procesar en lugar de combustibles o derivados; exporta lanas sucias o lavadas en lugar de confecciones textiles, exporta rollos o láminas de aluminio en lugar de envases; exporta pescados y mariscos sin procesar en lugar de buscar incorporarle en tierra valor agregado. Todo esto debe incluir la sostenibilidad con el medio ambiente y la inclusión de mayores tributos a las grandes empresas, ni que hablar de la propiedad y administración estatal de muchos de esos proceso; pero este esquema de pensamiento está completamente bloqueado en la clase dirigente política que desde hace décadas gobierna Chubut.
¿Cuáles son las empresas que se beneficiarían con esta nueva avanzada minera y de dónde provienen?
El proyecto de zonificación minera en Chubut busca habilitar la extracción en dos departamentos del norte provincial, los de Gastre y Telsen. Allí hay muchos emprendimientos en proceso de exploración y cateo, pero los dos principales son los de Navidad que pertenece a la canadiense Pan American Silver y el de Mina Ángela que fue adquirido por la británica Patagonia Gold. Esas serían las dos multinacionales mineras que se beneficiarían esencialmente con la extracción de plata en el primero y oro en el segundo; lo demás se vincula esencialmente al uranio pero por ahora quedarían fuera de la habilitación que busca imponer sin licencia social la zonificación que impulsa el gobierno de Mariano Arcioni y el nacional de Alberto Fernández. Si se llagara a abrir la región de la Meseta a la minería, seguramente surgirían muchísimas más empresas beneficiadas.
Si tuvieras que mencionar algunos de los principales impactos ambientales de un eventual avance de esta zonificación. ¿Cuáles serían?
El impacto ambiental de la minería es ampliamente conocido por su choque abrupto con el medio ambiente, especialmente en este tipo de proyectos que busca habilitar la zonificación donde se termina habilitando la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Millones de toneladas de cerros, montañas y tierra volada para hacer enormes boquetes en la tierra para llegar hasta las vetas que contienen minerales son una de las principales consecuencias; pero también está el enorme riesgo de contaminación de los cursos de agua dulce que recorren la zona en cuestión, además del impacto social sobre la decena de comunidades mapuche-tehuelches que habitan en las inmediaciones de los proyectos mineros y que verían afectada su relación y dependencia de la tierra o mapu como denominan al territorio en el que habitan.
