Por Gastón Rodríguez / Tiempo Argentino .- En la Legislatura provincial se presentará el análisis de las actas de inspección a Comarsa, una de las plantas de tratamiento de residuos más importantes del país. Allí se confirma que el Estado estaba enterado de la apropiación de tierras fiscales para acopiar en “piletas” clandestinas los restos peligrosos del fracking “exponiendo así la salud de la población y el ambiente”.
(Foto: Gentileza Lucas Castillo)
Ya se sabía: los residuos petroleros provocados por el fracking en Vaca Muerta se están acumulando en cantidades industriales, poniendo en peligro a las poblaciones cercanas y al ambiente en general por su alto nivel de toxicidad. La novedad es que todo lo denunciando por los vecinos y asambleas en los últimos años de expansión hidrocarburífera –no solo el amontonamiento de basura sin tratamiento, sino también la ocupación de tierras fiscales y la construcción de piletas de almacenamiento clandestinas– ha sido advertido por el organismo de control del Estado y, en consecuencia, avalado por su inacción.
El próximo el 9 de junio, en una audiencia pública desde la Legislatura de Neuquén, se presentará el informe ““La basura del fracking en Vaca Muerta” que evidencia la larga historia de contaminación e irregularidades cometidas por Comarsa, una de las plantas de tratamiento de residuos más importantes de la Argentina.
La información proviene de las 1182 páginas que ocuparon las sucesivas actas de inspección de la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén, el organismo a cargo del control de la actividad, y que se obtuvo gracias a dos pedidos de informe solicitados por el diputado provincial Andrés Blanco (PTS-FIT) en enero pasado.
El documento, que además fue analizado por La Izquierda Diario, el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y Taller Ecologista, demuestra el conocimiento del Estado sobre la apropiación ilegal por parte de la empresa de tierras fiscales para acopiar en “piletas” clandestinas productos peligrosos provenientes de la perforación de pozos mediante la técnica del fracking en la formación de Vaca Muerta. También que la compañía mintió en reiteradas oportunidades sobre el volumen de los residuos acopiados
“La propia información de la Subsecretaría de Ambiente demuestra lo que distintas organizaciones y vecinas y vecinos de la ciudad venimos denunciando hace más de siete años: el fracking genera tantos residuos que son imposibles de tratar. También quedó comprobado el desprecio que tiene Comarsa por la vida en general y que los distintos gobiernos han respaldado”, reflexiona Fernando Cabrera, investigador y redactor del informe por OPSur.
“Contaminar descontroladamente”
A fines del año pasado, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas había denunciado en la Justicia de Neuquén a las empresas petroleras y de residuos que operan en Vaca Muerta y a los funcionarios provinciales que “permitieron el acopio de barros con hidrocarburos, aguas residuales y químicos, exponiendo así la salud de la población y el ambiente”. Según la presentación, “las autoridades gubernamentales concedieron casi 50 hectáreas de tierras fiscales para que la empresa Comarsa disponga de zonas liberadas entre Neuquén y Añelo para contaminar descontroladamente y generar un desastre con un pasivo ambiental valuado aproximadamente en $5.000.000.000 (cinco mil millones de pesos)”.
El fracking genera más residuos que la industria convencional. Por ejemplo, los pozos más grandes, como los de Tecpetrol, usan 90 millones de litros de agua en cada proceso de fractura, el equivalente a unos 3800 camiones cisternas al tope (también se pueden llenar otros 500 camiones con la arena que se gasta).
“Además de todos los químicos que inyectan en el proceso de fractura, está todo lo que arrastra desde el subsuelo, como metales pesados, plomo, arsénico, cromo, y en algunos lugares también rastros de residuos radioactivos como el uranio. Es difícil pensar que este tipo de residuos acopiados en cantidades industriales no sean nocivos para el ambiente y las personas que viven cerca”, destaca Cabrera y concluye: “Lo revelador del informe es ver desde los ojos del Estado algo que los vecinos vienen denunciando hace años”.
