Por Autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la Deuda .- El Gobierno nacional anunció un acuerdo con el Club de París. Pero los reclamos del Club de París son absolutamente cuestionables: una parte importante de esa deuda fue contraída por la dictadura cívico-militar-eclesiástica, y otra corresponde a los negociados de la estatización de deudas de empresas privadas. Rechazamos un acuerdo que reconoce un endeudamiento fraudulento sin investigarlo.
Los países del Club de París tienen una larga relación como usureros de la Argentina. No tuvieron reparos en prestarle a la última dictadura y ahora intentan cobrar helicópteros que nunca se enviaron y submarinos que no funcionaron. Sus reclamos protegen el desfalco de empresas privadas que pasaron sus deudas al Estado. El último acuerdo de pago, firmado en 2014 por el entonces ministro de economía Axel Kicillof, se realizó sin que se publiquen detalles sobre la deuda reconocida, los intereses aceptados y otras condiciones: la presunta deuda pasó de los USD 6.706 millones que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que iba a pagar, en 2008, a los 9.690 MD acordados, sin explicación clara.
Este acuerdo, mientras siguen las negociaciones con el FMI por el gigantesco préstamo contraído por el Gobierno entreguista y antiobrero de Mauricio Macri, tiene como supuesto objetivo evitar mayores zozobras en la economía local, postergando nuevamente el “default”. Ni así son suficientes esas concesiones para las calificadoras de riesgo que aumentan el chantaje, bajando al país de la categoría de “emergente” a “standalone”. Estas negociaciones, acuerdos y concesiones, condicionan la economía nacional y condenan a nuestro pueblo a la continuidad del ajuste en curso, más pobreza y miseria, menos salud y educación, y a la profundización del modelo extractivista y depredador de la naturaleza.
El acuerdo con el Club de Paris (postergar el pago de USD 2.000 millones al menos hasta marzo y pagar, entre julio y febrero, USD 430 millones) demuestra que no se tratan de simples operaciones comerciales, sino que hay intereses geopolíticos que buscan imponer determinadas medidas de política económica junto a nuevos negocios para sus empresas. Es un gesto de los gobiernos de Europa y Japón en línea con la política del imperialismo yanqui que observan con agrado el actual ajuste del gasto público y aspiran a que el Gobierno se someta a las exigencias del FMI.
Lo anunciado muestra las contradicciones de la política del Gobierno nacional. Por un lado, denuncia por fraude a los funcionarios del Gobierno de Cambiemos, y pide que se investiguen las responsabilidades legales por la deuda con el Fondo. Pero más allá de estos dichos, en la negociación con el FMI y el Club de París acuerda pagar sin analizar el origen y usos de esas supuestas deudas.
Un camino que defienda nuestros intereses y derechos debería comenzar por la investigación de la legitimidad y legalidad de todos los reclamos de deuda, suspendiendo los pagos mientras esa investigación se lleva adelante. Tenemos derecho a no pagar lo que el pueblo no debe, y el Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, deberían obrar en ese sentido.
La Deuda es con el Pueblo y la Naturaleza, no con el FMI, el Club de París o los especuladores.
