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La obesidad energética en Venezuela y el metabolismo social

Imagen: quepasa.com.ve


Por / Observatorio de Ecología Política de Venezuela

La gula energética de Venezuela

Con base en los datos de la OPEP, sabemos que un litro de gasoil ha tenido un costo de oportunidad para la República Bolivariana de Venezuela de entre 0,27 $/litro y 0,39 $/litro, mientras que el costo del litro de fueloil ha estado entre 0,27 $/litro y 0,38 $/litro. En el estado petrolero del Zulia, se genera electricidad mayoritariamente con gasoil y fueloil. Considerando los datos de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), se estima que el kilovatio/hora, en el estado Zulia, ha tenido un costo de producción, por quema de combustible, entre 6,8¢/kWh y 10,7¢/kWh (centavos de dólar por kilovatio/hora generado). Estos costos son muy volátiles ya que dependen del precio internacional del crudo OPEP que, durante el año 2.012, alcanzó un precio de hasta 109,45 $/barril, lo que implicaría un costo del kilovatio/hora, por combustible, de 18,21 ¢/kWh. Es decir, el margen de variación del costo de la energía eléctrica en un país con gran penetración de combustibles fósiles en su matriz energética es muy amplio y está sujeto a las leyes de mercado. Dejando de lado el costo de oportunidad, el costo de producción del gasoil y fueloil en Venezuela está alrededor de los 2,7 bolívares por litro, lo que al cambio oficial se traduce en 0,014 $/litro (tanto fueloil como gasoil). Por lo tanto, considerando solo los costos por quema de combustible, el kilovatio/hora en el estado Zulia cuesta a Corpoelec 0,37 ¢/kWh.

El estado Zulia, además de ser un estado petrolero, tiene el mayor potencial en energías renovables del país, particularmente en la subregión Guajira, de acuerdo a las mediciones realizadas por Corpoelec. Sin embargo, se ha cubierto la creciente demanda del estado Zulia con un 97,4% de recursos fósiles y solo un 2,6% con renovables. Esto se debe al bajo costo relativo del combustible doméstico y a que la inversión requerida para instalar un megavatio de turbinas convencionales está entre 50% y 75% por debajo al de generación eólica. Pero fundamentalmente, esto se ha debido a la ineptitud y falta de visión estratégica de la actual burocracia del partido socialista unido de Venezuela (PSUV), en el poder desde Marzo de 2013. Esta situación se replica en otros países petroleros, miembros de la OPEP.

El consumo de petróleo en los países productores de petróleo se incrementará en 2040 en un 32% con respecto a la demanda en el año 2015. A nivel mundial, la demanda crecerá, durante este mismo intervalo, en un 20,4%. Es decir, el mayor crecimiento en la demanda energética para los próximos años se presenta en países con abundantes recursos, tanto renovables como fósiles. Al estudiar el comportamiento de estos países entre 1990 y 2013, hemos encontrado que entre los países netamente exportadores de energía el 61,1% presentan una intensidad de emisiones de CO2 superior al promedio mundial, mientras que en los netamente importadores solo 16,2% supera el promedio mundial de intensidad de emisiones. Resultados similares se obtienen para la intensidad energética, donde el 61,1% de los países exportadores y el 18,9% de los importadores de energía, superan el promedio global, respectivamente. Es decir, los países productores de energía (Venezuela, entre ellos) son mucho más ineficientes en el uso de la energía, como en el cuerpo humano, podría decirse que tienen un metabolismo más lento y consumen muchas más calorías para un menor esfuerzo productivo y, como los seres humanos, más que desarrollarnos en Venezuela con nuestros excedentes de energía, lo que hacemos es engordar y alcanzar una obesidad mórbida entre 2003 y 2012 de la cual ahora nuestra economía se ha hecho incapaz de procesar los excedentes de glucosa (energía, petrolero, electricidad) de forma productiva y padecemos ahora una especie de síndrome X económico, tenemos todos los males de una economía arruinada, nuestro metabolismo social está acabado.

¿Qué es esto del metabolismo social? ¿Qué tiene que ver con Venezuela?

La primera utilización del término metabolismo en el ámbito social se atribuye a Karl Marx (1818-1853), quien leyó extensamente a naturalistas de su época entre los que influyó, particularmente, un autor holandés llamado Jacob Moleschott (1822-1893), quien fuera reconocido ampliamente por un libro llamado “El ciclo de la vida”, escrito en el año 1852. Marx derivó del naturalismo el concepto de metabolismo, que utilizó como una de sus principales categorías en el análisis y teoría crítica sobre el capitalismo. En este sentido, Marx define al metabolismo social como el proceso a través del cual la humanidad transforma a la naturaleza externa y, durante ese proceso de transformación, también modifica su propia naturaleza y estructura social interna. La forma en que la transformación de la naturaleza externa afecta a la naturaleza de la sociedad se manifiesta en las formas concretas de organización de la sociedad global, su estructura energética, su estructura económica, su industria y las relaciones entre las sociedades de productores de materiales y energía y las sociedades de consumidores.

Considerando el concepto de Marx, nos hemos transformado como sociedad venezolana, eso es muy cierto. Entre 2003 y 2012, hemos pasado a ser el país más derrochador de energía eléctrica en América Latina, pero nuestro producto interior bruto no crecía por una mayor productividad sino por los precios del petróleo y el único motor encendido era el de la renta petrolera, el resto sólo fueron recostándose a éste y apagando su combustión interna para dejarse llevar por el inmenso influjo de petrodólares. El consumo de energía era un 70% improductivo, un gasto energético en televisores, equipos de video, equipos de sonido, secadoras de pelo, computadores portátiles (mayormente para Facebook, Twitter, YouTube y otros) calentadores de agua en Maracaibo y Aires Acondicionado en Los Andes, mientras se racionaba la energía a las industrias básicas de Guayana para mantener estos niveles de consumo ¿Es este un comportamiento racional? Hemos intoxicado nuestra economía con grasas saturadas, carbohidratos (¿hidrocarburos?) y una especie de gluten político que hizo a un pueblo adicto a las dádivas petro-dolarizadas, como en los casos de “Mi Casa Bien Equipada”, que incremento la cantidad de televisores y aires acondicionados en Venezuela hasta 10 veces por encima que antes de implementarse, sin ninguna consecuencia en educación ni calidad de vida de los venezolanos, todo grasas, todo engorde, todo obesidad energética.

Nuestra sociedad se ha transformado destruyendo nuestro entorno natural, miles y cientos de miles de pozos petroleros en el Zulia abandonados para abrir pozos nuevos en zonas ambientalmente frágiles en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), proyecto nefasto para la economía del país. Como los reyes católicos de la España medieval, tragamos petróleo del Zulia para vomitarlo , desecharlo y tragarnos el petróleo de la FPO, todo consumo, todo gasto, nada de inversión o nada de proteínas y gasto energético productivo. Mucho autores especialistas en metabolismo humano y nutrición hablan del cerebro de gordo, otros hablan del cerebro de pan. En Venezuela, entre 2003 y 2012 desarrollámos el “Cerebro de Brea”, nos hicimos adictos al chute de energía gratis en la electricidad, en la gasolina, en el gas y solo engordamos, hemos caído en una obesidad de la cual no vemos más salida sino comer y comer más energías contaminantes. El gobierno de Nicolás Maduro solo visualiza salidas por medio de más rentismo, extracción de Carbón, extracción de gas, aprovechamiento de petróleos pesados en lugar de otros livianos (obesidad y más obesidad energética) y de esta espiral no se sale sin ayuda. Debémos parar y para eso hay que tomar una decisión definitiva y radical para transformar el metabolismo social venezolano, su economía y comenzar a reducir grasas (energía excedente improductiva) actividad sectores productivos eficientes y nuevas alternativas energéticas. Para eso necesitamos una gran voluntad que no veo en el gobierno actual. En Venezuela, se aplica o que la escritora Naomi Klein aplica al mundo entero liberalizado y capitalista, ella dice: “No hemos hecho las cosas necesarias para reducir las emisiones porque todas esas cosas entran en conflicto de base con el capitalismo desregulado, la ideología imperante durante todo el período en el que hemos estado esforzándonos por hallar una salida a esta crisis (…) las acciones que nos ofrecerían las mejores posibilidades de eludir la catástrofe son sumamente amenazadoras para una élite minoritaria…” Eso es aplicable al 100% a nuestro República Bolivariana de Venezuela, pseudo-socialista y anclada en el rentismo mas atroz.

REFERENCIAS

KLEIN, Naomi (2015[2014]) Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima. Editorial Paidós. España. pp. 33. Título original en idioma inglés: “This Change Everything” (Simon & Schuster EE.UU).

MARTÍNEZ ALIER, Joan (2009[2002]). El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguaje de valores. España. Icaría Editorial S.A. pp. 345. Título original en idioma inglés: “The environmentalism of the poor. A study of Ecological Conflicts and Valuation” (Cheltenham, U.K.).

MARX, Karl (1977[1867]) El capital. Tomo I. Vol. 1. Editorial Siglo XXI. México. pp. 215-216. Título original en idioma alemán: “Das Kapital” (Alemania)

OPEC,“Share of World Crude Oil Reserves”. Disponible en: http://www.opec.org , consulta:17-09-2015.

Doctor en Sostenibilidad por la Universitat Politécnica de Catalunya, UPC (Barcelona, España), con postgrados en Generación Eléctrica a partir de fuentes renovables de energía (Pamplona, España) y en Ingeniería Energética (Madrid, España). Ha trabajado por más de 12 años en la industria energética venezolana (PDVSA y Ministerio de Energía Eléctrica). Actualmente es Investigador en el Instituto de Organización y Control de la UPC (Barcelona, Catalunya) y profesor invitado en el Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas de La Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela). Milita en el Frente de Resistencia Ecologista del Zulia (FREZ).

Nueva Zelanda prohíbe la explotación de petróleo en alta mar

El gobierno de Nueva Zelanda anunció el pasado jueves la prohibición de nuevos proyectos de explotación de gas y petróleo. Esta decisión histórica es resultado de siete años de protestas públicas.

Al poner fin a la exploración de petróleo y gas, el recientemente elegido Gobierno de la Coalición ha puesto a más de cuatro millones de kilómetros cuadrados a salvo de cualquier nueva explotación de combustibles fósiles.

“Nueva Zelanda ha dado un paso histórico y ha logrado un gran avance para el clima, impulsado por las decenas de miles de personas que han luchado durante años para proteger nuestras costas de la exploración de petróleo y gas”, dijo el director ejecutivo de Greenpeace Nueva Zelanda, el Dr. Russel Norman.

“Esto envía un poderoso mensaje: estamos terminando la era del petróleo. Así como Nueva Zelanda lo hizo en 1987 cuando se declaró libre de armas nucleares y se enfrentó al poderoso ejército estadounidense, esto demostró un liderazgo mundial audaz en el mayor desafío de nuestra época: poner a las personas por encima de los intereses de las corporaciones petroleras y la búsqueda de combustibles  fósiles que generan y empeora el cambio climático”, continuó Norman.

Durante la última década, algunas de las compañías petroleras más grandes del mundo han buscado explotar las reservas de combustibles fósiles de las costas aisladas de Nueva Zelanda. Shell, Anadarko, Petrobras, Statoil, Chevron y OMV se encuentran entre una lista de empresas extranjeras para realizar levantamientos sísmicos y perforaciones exploratorias en aguas profundas, que amenazan a los mamíferos marinos.

Compañías petroleras extranjeras han encontrado una fuerte resistencia del público de Nueva Zelanda, las comunidades indígenas y las ONG ambientales. En los últimos siete años, cientos de miles de personas han marchado, presentando peticiones y bloqueado en oposición a la exploración petrolera. El mes pasado, la primera ministra Jacinda Ardern fue noticia cuando aceptó personalmente una petición de Greenpeace firmada por 50,000 neozelandeses.

El gobierno de Nueva Zelanda continuará ofreciendo la región terrestre de Taranaki para exploración, y tampoco revocará ningún contrato de exploración existente.

Nueva Zelanda es uno de los primeros países en el mundo en realizar movimientos significativos hacia una prohibición permanente de la exploración petrolera. En los últimos años, la oposición pública al petróleo se ha convertido en un movimiento global, con notables campañas que incluyen oposición a la exploración de Statoil en Great Australian Bight, manifestaciones contra los planes de perforación de Total cerca del Arrecife del Amazonas y la batalla contra la construcción de nuevos oleoductos en América del Norte.

“La prohibición de Nueva Zelanda debería hacer que cualquier empresa que busque desarrollar proyectos extremos de explotación piense dos veces si es una apuesta que valga la pena tomar”, finalizó Norman.

En alianza con Greenpeace

KienyKe

Nueva Zelanda prohíbe la exploración de petróleo y gas en alta mar

Esta medida no afectará a licencias en vigor, ha anunciado la primera ministra del país.

Nueva Zelanda no emitirá nuevos permisos para la exploración de petróleo y gas en alta mar con el fin de cumplir su compromiso en la lucha contra el cambio climático, informa el medio local Stuff.

Actualmente hay 31 licencias de exploración de petróleo y gas, 22 de ellas en alta mar. La primera ministra, Jacinda Ardern (líder del Partido Laborista), anunció el pasado jueves que el nuevo reglamento no afectaría a 22 de ellas, que continuarán en vigor.

Asimismo, el Gobierno asegura que se respetará el derecho de las compañías a desarrollar cualquier descubrimiento comercial de petróleo y gas en alta mar. Lo que significa que la industria podrá continuar en el país por varias décadas más.

Además, Ardern señaló que también se regularía la concesión de licencias en tierra, generalmente en la región de Taranaki, en la Isla Norte, donde se concentra la mayor parte de la industria petrolera de Nueva Zelanda.

Lucha contra el cambio climático

“El gobierno de coalición está dando un paso importante para abordar el cambio climático y crear un futuro limpio, verde y sostenible para Nueva Zelanda”, declaró la primera ministra en la conferencia del pasado jueves con otros ministros y grupos ecologistas.

Greenpeace y la Sociedad de Protección de Bosques y Pájaros de Royal Zealand elogiaron la medida. Hubo reacciones negativas por parte del nuevo alcalde del distrito de Plymouth, Neil Holdom, quien calificó la prohibición de “una patada en las tripas”. La misma posición ha mostrado el legislador local del Partido Nacional, Jonathan Young, diciendo que se trataba de un “vandalismo económico”.

La política de Ardern se basa, en gran medida, en la lucha contra el cambio climático, que considera esencial para la seguridad de empresas y comunidades. Siendo un país libre de armas nucleares, el Gobierno de Nueva Zelanda pretende convertirse también en líder mundial libre de carbono.

Las autoridades también planean plantar 100 millones de árboles cada año y garantizar que la red eléctrica funcione completamente con energía renovable.

RT Actualidad

Energía y desarrollo en tiempos de ajuste, otros debates en el sistema de ciencia y técnica

En la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación, el ministro del área, Lino Barañao, arremetió contra quienes desde el ámbito socioambiental cuestionan el extractivismo. “La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho”, fustigó, negándole asidero a esas críticas y asumiendo como conocimiento científico, válido, sólo aquel funcional al modelo. Sin embargo en el sistema nacional de ciencia y técnica también hay quienes enfrentan las posiciones hegemónicas y plantean un diálogo abierto con la comunidad para constriuir alternativas. Ejemplo de ello son las trabajadoras y trabajadores del INTI, que en el marco del conflicto por despidos masivos en el organismo, convocaron en Neuquén al conjunto de la sociedad a debatir otros rumbos. Compartimos la intervención que realizamos cuando nos invitaron a Pensar energía y desarrollo en contexto de ajuste.

Por Hernán Scandizzo1

En 2012, en el marco de un conflicto con la dirección del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), las trabajadoras y trabajadores promovieron ámbitos de debate en la sede de Buenos Aires e invitaron a participar al Observatorio Petrolero Sur (OPSur). En aquella oportunidad destacamos el lugar central que tiene un organismo de la jerarquía del INTI para pensar y materializar -con el conjunto de la sociedad- el desarrollo tecnológico que demanda la transición hacia una matriz energética diversificada, limpia, democrática y descentralizada. Es decir, la relevancia y la necesidad de contar con un organismo como el INTI para la construcción de la Soberanía Energética. Han pasado más de cinco años y nuevamente las trabajadoras y trabajadores deben dar batalla ante los intentos gubernamentales de reducir el INTI a su mínima expresión. Y otra vez, ante una coyuntura adversa, convocan a proyectar colectivamente a pensar otros futuros, a resistir construyendo. En esta oportunidad, nos invitan para Pensar energía y desarrollo en contexto de ajuste. Un desafío mayúsculo, por lo complejo del binomio energía y desarrollo en sí, y más aún, en tiempos del empresario presidente Mauricio Macri.

Para empezar sería conveniente preguntarnos qué entendemos por desarrollo. Si lo entendemos como una continuidad -incluso sujeto a reformas- del modelo de crecimiento infinito en un planeta finito; o si entendemos que ese término alude a la vía para posibilitar una vida digna, con igualdad de oportunidades para realización individual y colectiva, asumiendo los límites del metabolismo planetario. En el OPSur queremos darle esta segunda interpretación, a pesar de que el término desarrollo para algunas corrientes de pensamiento ya no merece ser “rescatado” como una aspiración colectiva positiva.2 Ante esta invitación decidimos interpretar el término como la vía para construir otros horizontes civilizatorios, que a largo y ancho del planeta y de los pueblos se expresa con diferentes nombres y variables; enraizadas en los pueblos originarios del continente como el Sumak Kawsay, Kvme Felen, Suma Qamaña, Buen Vivir; o surgidas de las corrientes que marcaron las revoluciones del siglo XX, como el ecosocialismo.

Entendemos, entonces, que el desafío es pensar la energía en función de esos horizontes y no del extractivismo, por ejemplo, no pensar la energía como fuerza motriz para la megaminería. El proyecto minero La Alumbrera, en 2012, fue el mayor consumidor individual de energía eléctrica de Argentina, representó el 86% del consumo de Catamarca y el 35% del consumo industrial de todo el Noroeste del país. Una demanda que no guardó relación con los puestos de trabajo generados ni con los beneficios para las arcas provinciales; menos aún con la inocuidad ambiental publicitada. En 1993, Minera Alumbrera aseguraba que crearía 10.000 puestos de trabajo, mano de obra directa. Sin embargo, durante la fase de construcción de la mina, el momento de mayor demanda, se crearon 4.000 puestos de trabajo, según un informe publicado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Mientras que un estudio de la Universidad Nacional de San Martín, publicado en 2004, estableció que el empleo directo fue de 831, 795 y 894 puestos de trabajo para los años 2000, 2001, y 2002 respectivamente. Un cuadro que se completa con el marco regulatorio, reformado en la década de 1990, garantiza la apropiación privada de la renta.3 No queremos pensar la energía para seguir sosteniendo esa vía.

Es necesario también preguntarnos energía para qué, al plantear la promoción de la actividad industrial para reducir la incidencia del sector primario en la economía del país, es decir, para romper con el modelo dependiente del saqueo de los bienes comunes naturales. Por ejemplo, vale preguntarse si sería una alternativa promover la radicación de una planta para el procesamiento de aluminio primario, como lo es Aluar, instalada en Puerto Madryn desde la década de 1970.4 Si bien ésta genera en forma directa más de 2.300 puestos de trabajo,5 su consumo eléctrico equivale al de una ciudad de más de un millón y medio de habitantes. Según proyecciones del INDEC, para 2017, la población de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, ascendía a 2.793.760; es decir que el consumo de Aluar equivale a casi el 54% de lo que consume el total de los habitantes de las provincias patagónicas. Mientras que si tomamos como referencia sólo a Chubut, la planta de aluminio primario casi triplica el consumo de toda su población, estimada en 637.913 habitantes.6 Aluar abastece el mercado interno y el resto de su producción, el 73%, se exporta. Y vale la pena dar el debate porque de avanzarse con la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, se baraja promover la instalación de otra planta de tratamiento de aluminio primario, cuya producción no demanda el mercado interno, por lo que tendría como destino la exportación. Internalizando nuevamente el conjunto de la sociedad y la naturaleza los impactos de la generación de la energía y de la transformación del aluminio.7

Pero además de pensar para qué modelo productivo generamos energía, también creemos que es necesario asumir el acceso a la energía como un derecho básico, dado que impacta directamente en nuestras condiciones de vida. La energía como derecho y no como una mercancía, también implica determinar qué cuota de energía es necesaria para la reproducción digna de la vida, y cómo esa cantidad se vincula con el dinero y el mercado, es decir, si esa cuota podría recibirse sin pago alguno o no. Y asumir el acceso a la energía como un derecho básico resulta imprescindible en este contexto de aumento de las tarifas al consumo doméstico, cuyo impacto se acentuó con la quita del subsido al consumo energético, que era una forma de apropiación de renta por el conjunto de la población. Esto genera un incremento de la pobreza energética. Es decir, cada vez a los sectores de la población de menos ingresos, le insume una porción mayor de sus ingresos el acceder a la energía. Hay una transferencia de recursos de quienes menos tienen hacia los sectores más concentrado de la economía, como es el energético. Y esto queda a la vista cuando se estima que el aumento del gas en abril rondará el 40%, mientras el Ejecutivo Nacional pretende fijar la suba salarial en 15%. Son los sectores de menor poder adquisitivo los que hacen el mayor esfuerzo para abonar los tarifazos.8

Otro aspecto fundamental es asumir los impactos sociales y ambientales de la generación de energía, y no evitar la discusión con una cerrada negativa de la existencia de estos. Es necesario pensar el manejo de las fuentes para el contexto de crisis civilizatoria, no se lo puede pensar del mismo modo que décadas atrás, cuando la crisis no estaba planteada como en los términos actuales. La explotación del gas y petróleo contenido en Vaca Muerta es presentada como una oportunidad irrepetible de generación de divisas y “progreso”; pero también es una bomba de gases de efecto invernadero, cuya liberación a la atmósfera agravaría el problema del calentamiento global. Eso no puede ser obviado, no se trata de un detalle irrelevante. Los recursos totales estimados de la formación Vaca Muerta, junto a su similar Los Molles, ascienden a 19.900 millones de barriles de petróleo y 583 billones de pies cúbicos de gas, que representan alrededor de 50 mil millones de toneladas de CO2.9 Para tener un valor de referencia, el promedio anual de emisiones de dióxido de carbono per cápita en Argentina es de 4,58 toneladas.10

Cabe recordar que ya en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en Cancún, México, en 2010, la comunidad internacional acordó limitar el incremento de la temperatura a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Para tener una probabilidad del 50 % de mantener la temperatura por debajo de este límite, el contenido de CO2 en la atmósfera debe ser mantenido en 450 partes por millón. Avanzar seriamente hacia esa meta es posible sólo si el 88 % de las reservas de carbón actualmente confirmados permanecen en el subsuelo, junto a una tercera parte del crudo y la mitad de las reservas de gas natural.11

Promover la desfosilización de la matriz energética ya no sólo forma parte del repertorio ecologista, es una necesidad para alcanzar las metas que se fijan en las cumbres climáticas internacionales, donde intervienen la mayoría de los gobiernos. Es una discusión que está planteada en el seno del capitalismo, en 2017 el Banco Mundial anunció que desde 2019 no financiaría proyectos de gas y petróleo, aunque no descarta excepciones para atender cuestiones energéticas de países en desarrollo.12 Que en nuestro país esta discusión no tenga un alcance masivo no significa que Vaca Muerta quede al margen de las metas climáticas y de las medidas que se tomen para alcanzarlas.

Es claro que la desfosilización de la matriz energética no sucede de un día para otro, que quizá por los próximos 40 años, el consumo de hidrocarburos siga siendo preponderante en la matriz, pero no podemos permitirnos pensar que con la sola disponibilidad de hidrocarburos tenemos garantizada la prosperidad de la cuenca Neuquina y la Argentina toda, dado que no se piensa en Vaca Muerta en términos de autoabastecimiento sino como la vía directa a la abundancia. Más que partir de la certeza de que tenemos la vaca atada, sería sensato contemplar la posibilidad de que en realidad la vaca está muerta, imaginar, promover otros horizontes productivos.

Sería saludable, también, por un momento, abrir la vista al mundo y asumir que Vaca Muerta no es el único mega reservorio de hidrocarburos que existe a nivel global. En el portafolio de proyectos de las trasnacionales que operan en el país, no necesariamente Vaca Muerta es el negocio más tentador. Entonces es necesario salir de la euforia y evaluar el proceso de transformación territorial que se está dando en el norte de la Patagonia para que desembarque una actividad cuyo alcance no se define en nuestro país. Es decir, se realizan ajustes espaciales aquí en función de decisiones finales que se toman en otros lugares, a varios miles de kilómetros, ni siquiera en Buenos Aires.

En los últimos 20 años, en más de una oportunidad el gobierno neuquino planteó, por ejemplo, la necesidad de la diversificación de la matriz productiva, ante la caída del horizonte de reservas y/o la merma de ingresos por la baja en la cotización de los hidrocarburos. Incluso en la segunda mitad de la década de 1990, en tiempos del Plan Neuquén 2020, cuando se impulsaba la diversificación con eje en la agroindustria,13 se advirtió que los impactos de la producción de hidrocarburos sobre el agua y el suelo imponían límites a esas aspiraciones. “Las emergencias ambientales -sostenía el informe- constituyen una evidente desarticulación en la relación sociedad–naturaleza, ya que resultan de la no consideración de la constante interacción entre los aspectos naturales, sociales, económicos y políticos referidos a la elevación de la calidad de vida. (…) [Esas] situaciones limitan y devalúan el efecto beneficioso de las actividades económicas para la provincia y amenazan las condiciones para un desarrollo sustentable, hecho agravado por la no renovabilidad de los recursos hidrocarburíferos”.14

En 2006 también lo advirtió el COPADE en el Plan Estratégico Territorial, Argentina 2016. Y fue reiterado en 2010, en el primer avance del informe El riesgo de desastres en la planificación del territorio del PNUD, realizado en el marco del Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial del Ministerio de Planificación de Federal de la Nación. “Los procesos de degradación que afectan la base productiva (sobre todo el recurso suelo) son de importancia central, si se tiene en cuenta que el modelo deseado territorial planteado por Neuquén propone un cambio en la matriz productiva, pasando de una economía basada en la actividad hidrocarburífera a otra más diversificada e integrada verticalmente, con predominio de la actividad agroindustrial. Este cambio también supone, hacia el futuro, una acción sobre los problemas de contaminación ligados a la explotación de hidrocarburos”.15

Sin embargo cuando los sectores críticos al desarrollo masivo de yacimientos no convencionales como la única vía para el “desarrollo” de Neuquén y Argentina, pusieron reparos, en sintonía con lo expresado años antes por el COPADE y el PNUD, éstos fueron caricaturizados desde ámbitos gubernamentales. Si en ese momento considerábamos central recordar las advertencias hechas por esos organismos, hoy todavía más lo ambiental debe ser central, dado que los contextos de ajuste, históricamente, implicaron dejar hacer a las empresas para reducir costos. Porque esa es la otra cara de la moneda, se ajusta por el lado de los y las trabajadoras y se relajan los controles ambientales.

Las consecuencias de ese dejar hacer son conocidas y de tanto en tanto emergen en los discursos oficiales en momentos en que desde el Estado se intenta presionar a las empresas en el marco de alguna negociación: prórrogas de contratos, pago de indemnizaciones por expropiaciones… En esas instancias se ponen sobre la mesa de negociación los daños y pasivos ambientales generados por las empresas, a pesar de existir una legislación ambiental aplicable y mecanismos públicos de control y fiscalización. Y no es un problema exclusivo de Neuquén, meses atrás, en el marco de una actividad organizada por las universidades Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y Kassel (Alemania), en Comodoro Rivadavia, el ministro de Ambiente de Chubut, Ignacio Agulleiro, afirmó: “el poder político siempre definió que lo principal era la producción y no la remediación de los pasivos”.16 Más allá de ser algo ‘sabido’, no dejaba de ser novedosa la confesión de parte.

Por otra parte, la promoción de Vaca Muerta como la gran posibilidad de dinamizar la economía del país, atrajo a la región contingentes de trabajadores que, en el marco del lento despegue de la explotación de no convencionales, no encuentran empleo. Esto ha dado lugar a la paradoja de que en Neuquén, que recibe la mayor parte de las inversiones en el sector petrolero en el país, se registran peores indicadores sociales que en Comodoro Rivadavia, donde se vive una retracción de la actividad por la merma de inversiones y trabajadores del sector se trasladan a los yacimientos del norte de la Patagonia, no siempre con contratos asegurados. A esa conclusión arribaron Silvya Bucci y César Herrera, investigadores del Observatorio Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, luego analizar estadísticas del Indec y del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina del primer semestre de 2017.17 Si bien recientemente se conocieron nuevas mediciones con reducción de los índices, la tendencia se mantiene.

No podemos pensar la energía en un contexto de ajuste escindida de quienes la generan, a las personas que hacen posible que ésta fluya. La flexibilización laboral en el sector hidrocarburífero a través de la adenda del Convenio Colectivo de Trabajo, que se tradujo en una pérdida de ingresos y condiciones de trabajo, a cambio de la promesa de reactivación del sector. Tiempo atrás, en una entrevista a Sirley García, titular de la Secretaría de la Mujer del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, planteaba que en tiempos de baja del precio del barril de petróleo “se recortan las normas de seguridad para garantizar la rentabilidad”.18

En un contexto de ajuste, donde además de la flexibilización de las condiciones de trabajo, se producen despidos y jubilaciones anticipadas, las demandas de empleo de los sectores desocupados son una consecuencia directa. Una situación que se potencia con la llegada de trabajadoras y trabajadores de otros puntos del país atraídos por la promesa de bienestar con que se asocia a Vaca Muerta. Un conflicto social que además es presentado por las empresas como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Vaca Muerta, el otro son las demandas territoriales de las comunidades mapuche. En junio de 2017 la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) pidió terminar con los bloqueos a los yacimientos porque “perjudican a la economía de la región”, destacando que veían “con preocupación la última serie de medidas adoptadas por líderes de las comunidades Kaxipayiñ y Campo Maripe en áreas productivas de Neuquén”.19 “La CEPH hace un llamado a la reflexión e insta a los líderes de las comunidades a mantener la paz social como condición indispensable para el desarrollo de una actividad estratégica para el abastecimiento energético del país”, demandaba la entidad que agrupa a más de 30 empresas líderes del sector petrolero del país.

En sintonía, desde la prensa regional, se presentó a las demandas mapuche como una de las causales del estancamiento de Vaca Muerta y la caída de puestos de trabajo, en un contexto de cortes de ruta en demanda de puestos de trabajo.20 Echando combustible al fuego, y dirigiendo las responsabilidades sobre el eslabón más débil de la cadena, evitando analizar las responsabilidades tanto de las autoridades públicas como de las empresas en la generación de los conflictos.21

En ese marco de tensión, desde el gobierno nacional está claro en base a qué doctrina pretende resolver los conflictos sociales. Por eso también las alarmas que encendieron los intentos de calificar las demandas territoriales mapuche con actos de terrorismo, y la reciente decisión de incrementar la presencia de Gendarmería Nacional tanto en Neuquén, con acceso rápido a Vaca Muerta, como también en Comodoro Rivadavia, cabecera de la cuenca del Golfo San Jorge.

Más que plantear respuestas, la convocatoria a Pensar energía y desarrollo en contexto de ajuste, nos lleva a preguntarnos energía para qué desarrollo e intentar pensar el ajuste en varios órdenes, en relación a los derechos laborales, los derechos territoriales, el derecho a gozar de un ambiente sano -que ya no se puede seguir diciendo que es una demanda de “panzas llenas” dado que es imposible pretender calidad de vida en un ambiente tóxico, degradado. Para pensar y avanzar hacia esos otros futuros son muy necesarios los organismos de ciencia y técnica que planteen miradas y propuestas divergentes a la investigación modelada por el interés de lucro por parte de empresas trasnacionales, como en muchos sentidos hacen las y los trabajadores del INTI y la Universidad Nacional del Comahue.

Notas

1 La ponencia fue revisada y actualizada para esta publicación.

2 Para profundizar puede consultarse Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo (2012). Más allá del Desarrollo, Ciudad de México, Fundación Rosa Luxemburgo – Ediciones Abya Yala.

3 Wagner, L.S. (2014) “Argentina en debate: Las paradojas del extractivismo”, en Marco Gandarillas Gonzáles [Editor General] Extractivismo: Nuevos Contextos de Dominación y Resistencias, Cochabamba, CEDIB, pp. 158-159.

4 J. Nudler. “Capitalismo abollado”, en Página/12, 31/08/2002.

5 C. Cisera. “Aluar”, en Salvador Di Stefano · Analista de negocios. (s/d).

6 Scandizzo, H. (2017) “Las luchas contra el extractivismo energético ante la encrucijada del capitalismo verde”, Punto de Debate Nº 12, agosto, BsAs, Fundación Rosa Luxemburgo.

7 La represa de Futaleufú se construyó para abastecer exclusivamente a esta planta de procesamiento de aluminio primario. Sobre los impactos sanitarios puede consultarse “Hugo Trovant: ‘El personal de Aluar sigue expuesto a carcinógenos‘”, Jornada, 16/03/2014.

8 Ver García Zanotti, G., Kofman, M., López Crespo, F. (2017). Ganadores y perdedores en la Argentina de los hidrocarburos no convencionales. Informe Económico, Enlace para la Justicia Energética y Socioambiental.

9 di Risio, D. (2017), “Vaca Muerta Megaproject. A fracking carbon bomb in Patagonia”, EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, en Observatorio Petrolero Sur, 5/02/2018.

10 Emissions Database for Global Atmospheric Research (2017), Fossil CO2 & GHG emissions of all world countries. Joint Research Center, European Comission.

11 Heinrich Böll Foundation y Friends of the Earth International (2015). The Coal Atlas. Berlin / London.

13 Secretaría de Estado del COPADE (1997). Neuquén 2.020. Crisis y Oportunidad. Documento preliminar. Provincia del Neuquén, Patagonia Argentina.

14 Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y Provincia del Neuquén (1998). Proyecto ARG/97/024 Emergencia Ambiental, Hidrocarburos -Compensación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Neuquén. Resumen Ejecutivo.

15 PNUD (2010) El riesgo de desastres en la planificación del territorio, Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial, Ministerio de Planificación de Federal de la Nación, Buenos Aires, p.313.

16 H. Scandizzo.“Petróleo y medioambiente, el caso de Argentina”, Observatorio Petrolero Sur, 12/10/2017.

17 Bucci, S. y Herrera, C.V. (2017), Vaca muerta arranca pero no “derrama”, Observatorio Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur – F.C.E. – U.N.P.S.J.B., Comodoro Rivadavia. R. Nahuel Peña, “La desocupación de Trelew y Rawson trepó al 8,9%; es la más alta de la Patagonia y superó a la nacional”, El Extremo Sur, 26/03/2018.

18 Scandizzo, H. “Petróleo…

20 Hay 200 empleos frenados por el conflicto mapuche”, en La Mañana Neuquén, 2/07/2017. F. McDougall; “Para el intendente de Añelo, el reclamo mapuche puede atentar contra la actividad petrolera”, en iProfesional, 15/10/2017.

Qué había detrás de la visita de Macri a Chubut: denuncian negocio ilegal con los parques eólicos

Por Rodolfo Nahuel Peña

Los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade denunciaron al presidente Mauricio Macri y funcionarios del Gabinete nacional por “un negocio multimillonario e ilegal” de 48 millones de dólares vinculado a los parques eólicos de Chubut.

Los legisladores reclamaron que la Justicia Federal investigue la presunta existencia de “tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y uso de información privilegiada”.

La denuncia que recayó en el Juzgado Penal del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi y será investigada por el fiscal Eduardo Taiano, consta de 11 páginas donde los legisladores -por Río Negro y Buenos Aires respectivamente-solicitaron a la Justicia que se investigue la supuesta obtención de ganancia “ilegal” que llegaría a los 48 millones de dólares por parte del Grupo Macri, que se habría visto beneficiado por información privilegiada que manejan el primer mandatario nacional y funcionarios de su gestión.

Basándose en las investigaciones periodísticas del Diario Perfil, realizadas por Emilia Delfino, los diputados del Frente Para la Victoria sostuvieron que los “actos irregulares” podrían configurar delitos que le habrían posibilitado al Grupo Macri beneficiarse a través de un mecanismo que se vincularía a una compra y venta por un total de 48 millones de dólares.

En los considerandos de la presentación sostuvieron que “funcionarios del gobierno nacional

favorecieron de manera ilegal a distintas sociedades vinculadas al grupo económico de la familia del presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos por los que obtuvieron ganancias por casi 50 millones de dólares en pocos meses”.

Los parques investigados

Los parques eólicos investigados son Loma Blanca I, II, III y IV, en Chubut, adquiridos a la compañía española Isolux Corsán en octubre de 2016; y los parques Loma Blanca VI y Miramar, que Isolux obtuvo un mes después en el Plan RenovAr 1.5 y que luego transfirió a sociedades vinculadas a la familia presidencial; cinco de los cuales fueron vendidos a la empresa china Goldwind y uno a la compañía Genneia.

Para Doñate y Tailhade, el contador Mariano Payaslian es una pieza clave en el entramado ya que fue síndico de las empresas Sideco Americana y IECSA, firmando los balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores por la constructora que hasta el año pasado presuntamente perteneció a Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri.

Tomando como punto de partida las dos investigaciones periodísticas de Delfino, afirman que entre diciembre de 2015 y septiembre de 2016, Payaslian constituyó cuatro empresas que luego intervendrían en el tema eólico. Ellas fueron Usir Argentina, Parques Eólicos Miramar, Sideli y Sidsel.

Los españoles de Isolux

En octubre de 2016 y como producto de una crisis financiera y denuncias de corrupción, la firma española Isolux vendió a Sideli y Sidsel los desarrollos de energía renovable vinculados a los Parques Eólicos Loma Blanca, en la zona valletana de la provincia de Chubut (en sus fases I, II, II y IV) por un valor de 25 millones de dólares en operaciones aprobadas por Enarsa y el Banco Nación.

A pesar de la crisis, Isolux volvió a ganar en noviembre de 2016 una licitación para explotar otros dos nuevos parques eólicos en el programa Renovar 1.5 del gobierno de Cambiemos; el de Loma Blanca VI y el parque eólico de Miramar.

“Uno de los parques, Loma Blanca IV, fue vendido por alrededor de US$ 40 millones a Genneia, la compañía del banquero Jorge Brito -indagado en el caso Ciccone-, entre mayo y septiembre de 2017. El resto de los parques adquiridos a Isolux los vendieron a la china Goldwind en mayo de 2017, en coincidencia con el viaje de Macri a China ese mismo mes… Loma Blanca I, II y III fueron vendidos a la china Goldwind, también en mayo de 2017, por otros US$ 33 millones. Las ganancias para las empresas de la familia presidencial y sus socios alcanzan entonces los US$ 48 millones”, según las estimaciones de Perfil.

Ante la consulta de Perfil, el contador Payaslian, presidente y socio de las empresas, informó que un 10 % o 12 % de este conglomerado es de Sideco Americana. Las sociedades también están integradas por Socma -Sociedades Macri-, otra empresa del holding, en un porcentaje más pequeño.

En sus conclusiones, los diputados Doñate y Tailhade afirmaron que “La trama descripta no parece ofrecer dudas sobre la pertinencia de la denuncia, es decir estamos ante la posible comisión de delitos como tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y uso de información privilegiada que fueron el marco fáctico sobre el cual se edificó un negocio multimillonario e ilegal que favoreció a la familia presidencial”.

El Extremo Sur

Los cortes de luz reavivan el debate sobre el futuro de la política energética

A diferencia de otros países de la región, la Argentina tiene una matriz que depende mayormente de recursos cada vez más escasos, costosos y contaminantes, como el petróleo y el gas. Especialistas opinan sobre la necesidad de apuntar a las fuentes renovables

En distintos sectores de la Provincia y la Capital Federal se volvieron a vivir cortes de luz en pleno verano. La realidad no dista demasiado de la que viven otras provincias del país. De hecho, un estudio realizado por la exdiputada nacional Liliana Schwindt, quien hasta fines del año pasado era presidenta de la comisión de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores de la Cámara Baja, reveló que las interrupciones de energía eléctrica crecieron un 60% en el último año, comparando diciembre de 2017 con el mismo período de 2016.

A su vez, el aumento sostenido de las tarifas de estos servicios, que se viene implementando en los últimos dos años, junto a la posible venta de acciones que el Estado tiene en empresas energéticas (ver aparte), vuelve a poner en el centro de la escena el debate sobre el presente y el futuro de la producción y el consumo de energía en la Argentina.

El grupo de estudio especializado en el tema, Observatorio Petrolero Sur (OPSur), indica que el país tiene una dificultad primaria en la escasa diversificación de su matriz energética. “El principal problema, que no es exclusivo de este Gobierno, es la alta fosilización de la matriz. Si bien 2017 se consideró el año de las energías renovables y se habían anunciado mayores beneficios para ese sector, poco se ha hecho en poner límites a la extracción de hidrocarburos, que es lo necesario hoy en día por cuestiones de clima y de diversificación de la matriz energética”, afirmó a este medio el investigador Diego Di Risio, coordinador de dicha organización.

En efecto, más del 85% de la energía que consumen los argentinos se origina en la combustión de petróleo y gas, mientras que el 72% de la electricidad que se utiliza proviene de hidrocarburos que alimentan centrales térmicas. Además, solo el 0,22% de las fuentes primarias de energía son renovables.

Esto va a contramano de lo que sucede en otros países de la región que, al igual que el nuestro, no se especializan en la producción de esos recursos. “La Argentina tiene un peso igual de hidrocarburos que el de los países productores de petróleo, como Venezuela, Ecuador, Colombia. Es decir, la matriz energética no se condice con el nivel de incidencia económica y productiva que tienen los hidrocarburos en nuestro país. En cambio, Perú, Uruguay, Chile o Brasil tienen un porcentaje mucho menor”, señaló el especialista.

A su vez, el uso y la distribución de la energía es otra pata del problema. La mayor parte de la misma es consumida por el transporte, un 29%. De acuerdo a lo que indican desde OPSur, esto se debe a que el transporte de larga distancia tanto de pasajeros como de mercancías es mayormente automotor. “El consumo energético que implica transportar una tonelada de carga en camión es entre 3 y 4 veces mayor que hacerlo en tren diesel. La diferencia sería aún mayor si se utilizaran trenes eléctricos”, señalan.

Luego, el consumo en los hogares representa un 27,5% del total del uso de la energía, pero no todas las familias gastan lo mismo: casi la mitad de los argentinos no cuenta con conexión a una red de gas. Después, aparece el sector industrial, con un 23,2%, donde se destacan actividades como la megaminería que ostenta un nivel de utilización alarmante. Así, por ejemplo, en su período de mayor actividad, la minera Bajo la Alumbrera consumía el equivalente al 170% de la electricidad de la provincia de Catamarca.

Energías renovables

Hay otros puntos que cruzan el debate estratégico sobre la política energética, como la regulación y el control de las inversiones de las empresas privadas que intervienen en el mercado energético (ver aparte), la política tarifaria, el rol del Estado y la forma de apostar a otro tipo de energías.

Sobre este último punto, Di Risio señaló: “Vemos preocupante la envergadura y la prioridad que tiene Vaca Muerta dentro de la estrategia energética del Gobierno, no solo en lo referido al abastecimiento nacional sino también en lo que el Gobierno está pensando como polo exportador en un mediano y largo plazo”.

Como contrapartida, remarcó que en el sector de las energías renovables “tienen que participar una diversidad mayor de jugadores y de instituciones; no solamente grandes empresas a través de fondos de inversión. Todavía queda un gran debate por dar sobre cómo en este tema juega más fuerte la participación de la industria nacional, los municipios y pequeñas organizaciones”.

Radiografía del sector energético

Producción de Energía

-Alrededor del 85% de la energía que consumimos se origina en la combustión de petróleo y gas

-El 72% de la electricidad del país proviene de hidrocarburos que alimentan centrales térmicas

-Solo el 0,22% de las fuentes primarias de energía son renovables

Distribución del consumo

-El 29% lo consume el transporte

-El 27,5% lo utilizan los hogares *

-El 23,2% es para el sector industrial (tanto las pequeñas empresas como aquellas de uso intensivo de energía)

-El 8,4% corresponde al sector comercial y público

-El 6,2% refiere a la maquinaria agrícola

-El 5,7% es para otros usos

Destacan mejoramiento en la región

La calidad del suministro de electricidad en la región ha tenido un mejoramiento en el último año, de acuerdo a Edelap.

La empresa informó que al comparar 2017 con 2016, los cortes de luz se redujeron un 25% y que la restitución del suministro eléctrico bajó su duración en un 56%.

Edelap distribuye energía eléctrica en  La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio, y destacaron que el mejoramiento descripto obedece a una inversión de 420 millones de pesos realizada en 2017.

Desde la entidad, en diálogo con diario Hoy, explicaron que para este año se proyectó una inversión de 920 millones de pesos. Con esos recursos se llevarán a cabo obras en la Subestación Ensenada de Barragán; en la Subestación Villa Elisa con capacidad para abastecer a 40.000 hogares; en la Subestación City Bell para brindar suministro en dicha delegación y en Arturo Seguí.

También habrá mejoras en Los Hornos, Tolosa, Ringuelet, Gonnet, Hernández, Gorina, Melchor Romero, Olmos, Abasto y zona norte del casco histórico de La Plata.

Polémica por la venta de acciones del Estado en empresas energéticas 

La noticia de que el Gobierno avanzaría con la venta de las acciones que tiene el Estado en algunas empresas energéticas generó rispideces dentro del propio armado de Cambiemos, ya que las máximas autoridades de la UCR salieron a cuestionar la iniciativa, particularmente en lo referido a la compañía Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener).

A través de una carta al ministro de Energía, Juan José Aranguren, los radicales manifestaron que los resultados económicos de la compra de aquellas acciones “fueron altamente convenientes para el Estado argentino y, para Enarsa, la mejor operación económica de toda su historia”.

“Desde la compra de Enarsa en 2016, Transener ha mejorado su performance económica y técnica, ya que el abandono de las políticas de congelamiento tarifario impuestas por la administración de los presidentes Kirchner desde la salida de la convertibilidad sacó a la empresa de la situación de crónico quebranto a la que fue sometida en los últimos tres lustros”, remarcaron.

En ese sentido, concluyen que “mientras se garantice que la intervención del Estado no va en desmedro del correcto funcionamiento y la eficiencia de la empresa, ¿por qué el Estado debería retirarse en un momento en que los resultados de dichas acertadas intervenciones comienzan a dar frutos?”.

Palabras autorizadas

“Se necesita crear una agencia nacional para controlar inversiones”

El exsecretario de Energía de la Nación, Alieto Guadagni, se refirió a la situación del sistema energético en diálogo con diario Hoy. “Hace 15 años teníamos más reservas de petróleo y de gas que ahora. Estamos en niveles mínimos. En el horizonte es probable que la producción de gas comience a reflotar, sobre todo en Neuquén por el shale gas, pero probablemente siga cayendo la producción petrolera, lo cual puede llevar a aumentar las importaciones”.

En ese sentido, afirmó: “En primer lugar, es necesario garantizar la seguridad en cuanto al horizonte de inversiones y lograr que las áreas petroleras y gasíferas otorgadas a las empresas privadas sean debidamente explotadas y hagan las suficientes inversiones. Esa es una responsabilidad primaria de las provincias. Yo creo que se necesita crear una agencia nacional para hacer control de reservas y nivel de evolución de las inversiones”.

A su vez, se refirió a la importancia de las energías renovables: “Es crucial para abatir las emisiones contaminantes propias de los combustibles fósiles, como son el petróleo, el carbón o el gas”.

“Hay que ir al concepto de abastecimiento seguro y económico”

Con una visión más favorable hacia las políticas gubernamentales, tanto en términos tarifarios como en la orientación hacia la explotación de hidrocarburos no convencionales, el exsecretario de Energía, Emilio Apud, afirmó a diario Hoy que “el sector energético va a estar a punto otra vez desde la perspectiva económica más o menos para el año 2020 o 2021. En dos o tres años las tarifas que va a pagar el usuario son las que reflejan los costos”.

Además, polemizó con el concepto de autoabastecimiento energético, al asegurar: “Hay que ir al concepto de abastecimiento seguro y económico, más que al autoabastecimiento a cualquier precio”. En ese sentido, explicó que hay momentos del año en los cuales “hay gas de sobra, como en verano, y otros en los que la capacidad está al máximo”. “Lo mejor es hacer un sistema inteligente tal vez con Chile, con swap (intercambio) entre invierno y verano, entregarle gas cuando nos sobra y que ellos nos devuelvan en invierno”.

“Hoy tenemos el disparate de que todavía estamos importando el 20% de nuestras necesidades de gas, eso en breve va a desaparecer y vamos a tener que salir a buscar demanda. No solo tenemos gas para nosotros y para nuestros vecinos, sino para exportar a nivel mundial, porque lo de Vaca Muerta es una cosa seria”, señaló.

“Estamos cambiando de la era petrolera a la era energética”

El abogado y economista especializado en energía, Félix Herrero, señaló en diálogo con diario Hoy que se está viviendo en el mundo una crisis de los hidrocarburos. “Estamos cambiando de la era petrolera a la era energética. Una prueba es que las empresas que más cotizan en Nueva York y en Europa ahora son las tecnológicas. Por ejemplo, en el caso de las petroleras, Exxon Mobile está número 11 en Estados Unidos en este momento, cuando hasta hace diez años era la primera”.

En ese marco, criticó la orientación de la política energética al asegurar que “este Gobierno la implementa a través de los CEO o presidentes de empresas que son funcionarios y están en competencia con intereses públicos. Se hace una política favorable a las empresas y no necesariamente al interés general. Por eso continúan con inversiones en Vaca Muerta, se sigue importando gas natural licuado a precios elevados y sufriendo los cortes de electricidad a pesar de que habían asegurado que iban a ser menores. Es que no hay inversión suficiente”.

Herrero remarcó la necesidad de cambiar el rumbo estratégico: “Nosotros tenemos que apostar a muchas energías: la eólica, sin negociados de por medio; la solar, la térmica y la eléctrica. Esto se tiene que agregar a la tradicional energía petrolera y gasífera, pero tratando de desarrollar nuestras propias fuentes antes de que tengan menor valor porque están siendo abandonadas en muchos países del mundo”.

Hoy

EJES N°14 – El fracking en debate

En este número de EJES hicimos foco en la provincia de Mendoza, donde la Legislatura discute un proyecto de prohibición del fracking presentado por asambleas que buscan defender el agua. El mismo objetivo persiguen las organizaciones uruguayas que no confían en la integridad de los pozos exploratorios ya realizados y en cuyo subsuelo se extiende el acuífero Guaraní. Señalamos cómo las empresas internacionales tienen injerencia en la toma de decisiones de las políticas públicas del sector energético que hoy apuestan por el desarrollo del gas. También analizamos la desregulación de los precios de los combustibles y el aumento de las importaciones. En relación a las corporaciones del sector, Pan American Energy y Axion Energy anunciaron su fusión y todos los caminos conducen a los paraísos fiscales.

— Boletín EJES Nº 14 – Octubre 2017 —

En Argentina y la región se registra un derrotero político de creciente violencia. Especialmente sobre aquellos y aquellas que obstruyan el camino del mercado. América Latina ya cuenta con la mayor cantidad de asesinatos en conflictos socioambientales a nivel global, donde proyectos de minería e hidrocarburos son la principal causa.

Hasta dónde llega el Estado de derecho y sus garantías para la población es una pregunta abierta. Hasta dónde el conflicto social será criminalizado, también. En este sentido, la agenda que empujan las empresas sobre Vaca Muerta ha ido virando a medida que obtuvo victorias (subsidios, marco regulatorio y la flexibilización laboral). Si bien cada punto debe actualizarse a medida que las compañías lo necesiten, es ahora donde la infraestructura y los conflictos sociales aparecen como los próximos temas a discutir, tal como señaló hace unos días en Neuquén, el CEO de Shell Argentina Teófilo Lacroze. En ambos casos el sector corporativo no confía exclusivamente en las capacidades estatales.

En cuanto a la infraestructura, la propuesta más clara son los acuerdos público-privados, herramienta que permite una gestión mixta de los activos. Tal instrumento es promovido fuertemente por el ministerio de Finanzas y forma parte de la agenda que discutirá el G20 el año próximo. En relación al  conflicto social (o “bloqueos” como lo denominó Lacroze), la estrategia es más difusa por los altos costos políticos que implica. El desalojo reciente de la comunidad mapuche Fvta Xayen y la reapertura de causas contra Campo Maripe en Neuquén pone en el ojo de la tormenta a las comunidades mapuche. Por lo pronto, la campaña mediática anti-mapuche está creciendo también en Neuquén, foco que ya había priorizado el mismo ministerio de Seguridad a fines del año pasado. Sin brindar cobertura previa, el portal corporativo iProfesional publicó cinco notas (1, 2, 3, 4, 5) en poco más de dos meses y el programa de Jorge Lanata hizo lo suyo en agosto. Una nota en Perfil cuantificó en US$ 60 millones el “costo mapuche”. Las organizaciones mapuche aparecen como preocupantes amenazas para el desarrollo de Vaca Muerta porque según el discurso mediático atentan de forma “cuasi mafiosa” con sus “intereses empresarios”.

Pero no todo se resuelve de forma tan sencilla sino que es producto de los conflictos y la lucha: Argentina tendrá que responder ante la ONU por las implicancias climáticas y de derechos humanos del Megaproyecto Vaca Muerta. Si bien sabemos que el gobierno de Mauricio Macri no es propenso a respetar el marco jurídico internacional de derechos humanos, también sabemos que necesitaremos todas las instancias de protección a nivel nacional e internacional.

Bienvenidos sus comentarios y sugerencias.

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La gestión privada de lo público en Vaca Muerta

Las poblaciones que viven en las inmediaciones de los yacimientos son convertidas por las empresas en destinatarias de su “responsabilidad social empresaria” (RSE). Estas políticas corporativas permiten, paradójicamente, que quien ofrece la ayuda sea también quien obtiene los principales beneficios. La RSE en la Cuenca Neuquina.

Por: Fernando Cabrera Christiansen / Dibujo: Pablo Delcielo

Esta es una empresa que se preocupa por el entorno, por el medio ambiente y por los vecinos que viven en Plottier. Nos prestan tráileres, nos ceden máquinas para reparación de calles, además de aportar bateas con material para relleno de calles cuando las condiciones del tiempo anegan las superficies”, ensalzó el intendente comunal Andrés Peressini a la petrolera Pluspetrol, tras la firma de una donación de caños tubing que el municipio reacondicionó como juegos infantiles (La Voz del Neuquén, 19/05/2017).

En localidad, vecina a la ciudad de Neuquén, tres escuelas primarias y dos centros de salud tienen pozos gasíferos a metros de sus edificios, y miles de personas a menos de dos cuadras de sus casas. En ese contexto, como estrategia de responsabilidad social empresaria (RSE), Pluspetrol, además de donar ca­ ños, gestiona dos tráileres de atención médica, oftalmológica y odontológica, que se trasladan por distintos puntos de la ciudad. También ha entregado más de tres mil pares de anteojos, planta árboles, regala mobiliarios, computadoras e instrumentos musicales a escuelas, y mantiene proyectos en conjunto con ONGs, instituciones escolares y la Universidad Nacional del Comahue.

Estas son sólo algunas de las acciones con las que Pluspetrol pretende atenuar las inquietudes de vecinos y vecinas que conviven con los pozos. Las apreciaciones del intendente parecen demostrar que logran su objetivo. Si bien la particularidad de este caso está dada porque es la zona perforada con mayor población en las inmediaciones, el accionar de Pluspetrol es sólo un ejemplo de la relación que las petroleras establecen mediante sus respectivas políticas de RSE con quienes viven sobre o en las inmediaciones de los yacimientos. Casi todos los grandes actores del sector han definido políticas de RSE en las cuencas hidrocarburíferas. Así lo demuestra un reciente informe del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), que señala que en Neuquén, donde más expectativas e inversión se ha depositado después de la expropiación parcial de YPF, es la provincia en la que más acciones comunitarias realizaron las empresas en 2015. Le siguen empatadas Chubut y Salta y, en tercer lugar, Santa Cruz y Buenos Ares (IAPG 2016). “Las comunidades vecinas a los principales emplazamientos industriales poseen importancia crítica. Por lo general lindan con los principales centros productivos y se ven afectadas por sus impactos sociales y ambientales”, fundamenta un informe de un centro de investigación empresarial de la Universidad de San Andrés (Berger y Agrest, 2015: 31). La “importancia crítica” y el ser “afectados” convierte a quienes viven en las inmediaciones de zonas de operación hidrocarburífera en destinatarios de RSE.

Pozo de Pluspetrol entre las casas del barrio Valentina Norte Rural, en Neuquén

Lejos de la difundida humanización corporativa, estas políticas no poseen el objetivo de superar la condición desfavorable de quien recibe la ayuda, sino que tal objetivo es apenas una fachada detrás de la que esconden fines menos altruistas. Estas estrategias permiten, paradójicamente, que quien ofrece la ayuda sea también quien obtiene los principales beneficios. Incluso desde las publicaciones empresariales se puede ratificar esa afirmación. Así, por ejemplo, la mencionada investigación del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés explica los motivos de las corporaciones para desarrollar estrategias de RSE. “Los principales ‘drivers’ han sido la necesidad de: a) integrarse a la comunidad local, b) devolverle a la comunidad parte de lo que ella le ha dado a la firma, c) ganar y mantener la licencia para operar, y d) mejorar la imagen y reputación corporativa”, se­ ñala el informe (Berger y Agrest, 2015: 7). La enumeración de una publicación que dista mucho de ser crítica, destaca dos objetivos de la implementación de estas estrategias vinculados con obtener la legitimidad necesaria para operar. Habría que analizar, además, cuánto pesan en la decisiones de las compañías que este tipo de erogaciones sean deducibles del impuesto a ganancias.

Más allá de los problemas de emisiones de gases, explosiones, ruidos y degradación general del ambiente que se sufre al lado de los pozos, quienes habitan las localidades que se convierten en epicentros de zonas de explotación, y no necesariamente conviven diariamente con la explotación, “se ven afectados” de una forma particular. El aumento de todos los costos de la vida diaria, la dificultad de acceso a bienes y servicios por la multiplicación de personas, la masculinización de las localidades, el desplazamiento de las actividades económicas anteriores a la hidrocarburífera, entre muchos otros, son los impactos que no suelen ser analizados por economistas o ingenieros pero que constituyen un malestar generalizado y son el objetivo último de las estrategias de RSE.

Como lo ejemplifica la relación Pluspetrol-Plottier, la expansión de la lógica de la responsabilidad social empresaria extiende el dominio corporativo sobre espacios de la vida de los que permanecía alejado. Es por eso que algunos autores proponen que esas intervenciones sobre lo social sean denominadas “acción social empresaria” (Roitter y Carmello, 2005). Buscan así dar cuenta de la injerencia en ámbitos de lo que habitualmente se entiende como lo social, y que hasta hace poco estaba circunscrito casi con exclusividad al dominio estatal, comunitario y/o religioso.

Fondos privados, manejos públicos

La reforma de la Ley Nacional de Hidrocarburos en 2014 definió que los proyectos que ingresaran bajo el régimen de promoción -que esa modificación establecía- debían aportar, con destino de RSE, el 2,5% de la inversión inicial del proyecto a la provincia donde se instalaran. Se estableció así un virtual nuevo impuesto a través de una norma que también puso tope a las regalías y a los cánones provinciales, en beneficio de las compañías (YPF entre otras). Desde entonces, la provincia debegestionar esos fondos de una articulación privadoestatal. Así como YPF era una empresa con lógica privada pero propiedad estatal (García Zanotti, 2017), con esa reforma legal los fondos empresariales van al Estado para que éste los maneje como parte de la responsabilidad social corporativa. Un mixtura privado-público difícil de desentrañar.

Como antecedentes a esa norma, durante el proceso de acuerdos entre Chevron-YPF-Neuquén para iniciar el primer proyecto piloto de explotación de hidrocarburos de formaciones de lutitas en Latinomérica, se estableció, entre otras obligaciones, que YPF debía distribuir US$ 45 millones de programas de RSE. El destino de esos recursos estuvo sujeto a lo acordado por los funcionarios públicos y la Fundación YPF, en un claro ejemplo de los nuevos roles, responsabilidades y funciones que la empresa mixta propone.

En ese marco, el Ministerio de Energía y Servicios Públicos de Neuquén y la empresa YPF firmaron un acuerdo por el que ésta comprometió aportes por $ 1000 millones en concepto de RSE para realizar obras de infraestructura en diferentes localidades de la provincia afectadas por la creciente actividad, fundamentalmente en el área centro norte -Centenario, Rincón de los Sauces, Buta Ranquil, Zapala, El Cholar y Chos Malal-, pero focalizando principalmente en Añelo, epicentro de la actividad en Vaca Muerta, donde, entre otras cosas, se construiría el hospital. En concordancia con esa lógica, en 2015 se conoció que Chevron financiará parte del plan de salud en Añelo, al que destinará en los tres primeros años 750 mil dólares. Según se supo, la empresa aportaría en equipamientos y cuatro profesionales para el hospital. Sería el primer ejemplo en la provincia de un hospital público patrocinado por una petrolera.

La Fundación YPF, creada en 1996, puede dividir su actividad en dos grandes tareas: Educación y Comunidad. En lo que se refiere a la Educación, propone incentivar, educar y desarrollar nuevos profesionales a través de un programa llamado Sembrar Vocaciones, que otorga becas para fomentar carreras relacionadas con las áreas de petróleo, mecánica, física, ciencias de la tierra, medio ambiente, química y electrónica, entre otras. Sobre el eje Comunidad comprende talleres de pintura, percusión, fotografía y murga. Otras de las actividades que realizaría, según su página institucional, son las jornadas deportivas y motivacionales para niños, niñas y docentes, en las que convocan a alguna figura de renombre.

Durante el año 2015, la Fundación ejecutó algo más de $ 31 millones, de los que el 59% correspondió al área de Educación, un 15% a Proyectos Comunitarios y un 26% a Gastos de Estructura, Funcionamiento y Comunicación. El presupuesto 2016 tuvo un monto similar. Si bien esos números parecen abultados, al cotejarlos con los de la compañía, se modifica la idea inicial. Así, por ejemplo, en 2016 YPF facturó en el segmento upstream $18.745 millones, es decir, que el presupuesto de la Fundación es el 0,17% de lo facturado en sólo uno de los segmentos de la empresa.

Las capacitaciones de Shell

En paralelo con su arribo a la cuenca en 2011, Shell dio inicio a una serie de cursos de formación en las localidades de San Patricio del Chañar y Añelo en conjunto con los municipios. Se dictaron en ese marco capacitaciones en administración de empresas y en recursos humanos, también para mecánicos y soldadores, y cursos de oficios para mucamas y mozos. En 2015 hubo 159 egresados y hasta entonces se habían formado 350 personas en esos cursos.

“Este tipo de convenios de colaboración público-privada tienen un valor sumamente importante, pues las empresas y los gobiernos locales tenemos como objetivo común colaborar con el desarrollo sostenible de las comunidades y con el crecimiento y la formación de las personas, especialmente los jóvenes”, destacó Verónica Staniscia, directora de Asuntos Públicos de Shell Argentina, en la entrega de certificados (Futuro Sustentable, 14/12/2016). “No somos una localidad petrolera, Shell cambió nuestros horizontes”, había celebrado tiempo antes el intendente de San Patricio del Chañar, municipio que supo ser eje de un proyecto diversificación productiva a comienzos de 2000, cuando con préstamos oficiales se instalaron grandes bodegas: Schroeder, del Fin del Mundo y NQN (Vaca Muerta News, 07/07/2015).

Ver recuadro:  La contaminación social y política del Polo Petroquímico de Bahía Blanca

*Investigador del OPSur

Este artículo fue publicado en la edición Nº5 de Fractura Expuesta. [Descargar revista]

Fuentes

Berger, Gabriel y Agrest, Carolina (2015). “Patrones de compromiso social empresario industriales con alto impacto local”. En la Sociedad Internacional de Investigación para el Tercer Sector, Julio. Buenos Aires.

Futuro Sustentable (14/12/2016). “Entregan diplomas y certificados de cursos de capacitación en San Patricio del Chañar y Añelo”.

García Zanotti, Gustavo (2017). “El contrato entre YPF y Chevron: una forma desdibujada en la relación entre el Estado y el mercado”. En Cuadernos de Economía Crítica n° 6. Buenos Aires: Sociedad de Economía Crítica.

La Voz del Neuquén (19/05/2017). “Plottier: nueva donación de la empresa Pluspetrol de caños tubing”.

Oróstegui Durán, Sandra y Duarte Moreno, Ronald (2011). “La lógica de la ayuda: Una crítica a las políticas sociales”. Ponencia en X Congreso Nacional de Sociología, Colombia.

Roitter, Mario y Marcelo Carmello (2005). “Corporate Social Action in a context of crisis: Reflections on the Argentine Case”. En Cynthia Sanborn y Felipe Portocarrero (comps.). Philanthropy and Social Change in Latina America. Harvard University Press.

Río Negro (29/11/2015). “Las leyes de Sapag que quedaron en el olvido”.

Vaca Muerta News (07/07/2015). “RSE: Shell y su compromiso con San Patricio del Chañar”. 

Córdoba: “Porta nos quitó la alegría de vivir”

A pocos días de la audiencia por el amparo ambiental por la ilegalidad y contaminación de Porta Hnos., y la inacción de la Secretaría de Energía y Minería de Nación, recorrimos barrio San Antonio, y frente a la planta escuchamos los relatos de las vecinas que denuncian desde hace 5 años la emergencia sanitaria. En un micro documental radiofónico, compartimos para el Enredando las mañanas algunas de sus historias, producido en el marco de las cobertura colaborativa que comunicadores y medios alternativos y populares llevamos adelante desde la ciudad de Córdoba.

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En la ciudad de Córdoba existe una Planta de bioetanol a sólo 6 kilómetros del centro, que vecinxs y organizaciones denuncian que es la única en el mundo que se encuentra en medio de una ciudad.

Es la planta de Porta Hermanos una empresa familiar de capital cordobés, conocida por sus productos de consumo masivo como Fernet 1882, vinagres Casalta, vodka Nikov, ron Jamaica y alcohol Bioalcohol, entre otros. Se instaló en 1995 en barrio San Antonio tras tener que erradicarse del centro de la ciudad por una explosión. Allí continuó con la fabricación de licores y fraccionamiento de alcohol de uso medicinal, a lo que fue sumando vinagres y otras bebidas alcohólicas. Pero es desde 2012 que produce 100 mil litros diarios de etanol a base de maíz transgénico fermentado, actividad para la cual no esta habilitada, por lo cual: funciona de manera ilegal.

Rosa Acuña relata que vive hace 50 años en barrio San Antonio, pero desde que Porta Hnos. empezó a producir perdió el “derecho a tener una vida tranquila”. Para Rosa el comienzo de esta lucha contra el “monstruo” como le llaman tiene día y hora: “un día nos despertó una fuerte explosión. Es como si un avión aterrizara arriba de mi casa. No solo yo lo sentí, todo el barrio. Salimos a la calle desesperados para ver qué pasaba. Todos miramos a la empresa Porta que era una alcoholera. Fuimos a pedir explicaciones ese día en la empresa, qué era lo que estaba pasando. Donde nos recibieron y nos dijeron que nos quedáramos tranquilos, que estaban probando unas válvulas, que no pasaba nada”.

Pero lxs vecinxs no se quedaron tranquilxs, y comenzaron a organizarse, y aprender. “Así nos empezamos a reunir con los vecinos. Empezamos a investigar, a ver. Reunión en un casa, en otra. Fuimos a la Municipalidad. Que lo primero que nosotros pensamos es que la municipalidad nos podía ayudar al saber que esta empresa estaba emanando gases al aire. Las explosiones. Hace 100 mil litros de alcohol diarios. No sabíamos que era una planta de bioetanol. Ellos jamás, jamás consultaron a los vecinos”.

El amparo ambiental que tendrá a Porta Hermanos dando explicaciones en la Justicia Federal es porque no tramitó su habilitación ante el Ministerio de Energía y Minería de Nación, siendo que es el órgano administrativo competente. Pero a esto se le suman otras irregularidades: no presentó la Evaluación de Impacto Ambiental en la Secretaría de Ambiente de la provincia y no se realizó una Audiencia Pública como prevé la Ley General del Ambiente sobre la participación ciudadana.

Las palabras de Rosa nos enseñan dos cosas: el rápido impacto en salud en el mismo año en que empezó la producción de etanol, y la importancia de no creer que es un problema individual. Rosa recuerda que “Más o menos abril, marzo de 2012 comenzaron a producir ellos. Y después hablando con los vecinos: todos teníamos los mismos síntomas. A uno le ardían los ojos, otro tenía dolor de cabeza, picazón en el cuerpo. Eran los primeros síntomas que se sintió en los cuerpos de uno. Y empezamos a hablar con uno de más allá, la otra cuadra. Al final todos estamos enfermos”.

Rosa también nos cuenta cómo las enfermedades que trajo la producción de etanol en el barrio desató otros problemas con inscripciones afectivas, laborales y económicas: “Mi nieto nació a fin del 2012: se tuvo que ir por prescripción médica. Vivía internado permanentemente, pobrecito. Se ponía bien en la clínica, volvía a casa y volvía con el mismo problema. Tenía 7 medicaciones. Le digo a mi nuera: por qué no le decís al médico lo que está pasando en el barrio. Y el médico le dijo: mandate a mudar del barrio. Se tuvieron que ir. A mi me afecto tanto: era mi primer nieto, era una felicidad. Tuvieron que abandonar la casa acá en el barrio, que habían puesto una prefabricada. Lo perjudico laboralmente porque laburaba de Porta más adelante, económicamente se endeudó con la casa, y emocionalmente a toda la familia. A toda la familia nos afectó muy mucho”, continúa Rosa.

Otro de los puntos que marcan especialistas y vecinxs es el impacto en las generaciones futuras a través de los recurrentes abortos espontáneos y las malformaciones congénitas. Nos relata Rosa que “había un chico, Nacho que nació sin diafragma. Una locura. Sabiendo que en la Bio4 [la planta de Porta Hnos en Río Cuarto] nació un bebé sin diafragma y murió en el acto. A este bebé gracias a dios lo tenemos vivo. Pero hoy en día hay muchos que fallecieron”.

Mirta Caon, “la Gringa”, vive en barrio San Antonio hace 30 años, y afirma que lo ama y lo va a defender: “quiero el barrio que teníamos antes, el barrio antes de Porta. Me gustaría que esto volviera a ser como antes para que se vuelvan todos los vecinos que se han ido por las enfermedades. Que vuelva mi hija al barrio porque no pudo seguir adelante en su casa que estaba arriba de la mía. Porque ella tiene cáncer de piel, porque mis nietos también se contagiaron de esta porquería”.

Mirta, como todxs lxs vecinxs de barrio San Antonio tienen muy en claro el valor del trabajo, pero no desde los discursos vaciados de la cultura del trabajo, sino desde quienes saben que es lo único que tienen para el sustento de sus familias. Pero también sabe, que el cese de la producción es una urgencia. “Queremos paz, queremos que la planta se vaya, queremos que se erradique. Queremos que no echen a ningún empleado porque la fuente laboral es muy importante. Pero la planta se tiene que ir. Es la única que esta acá metida dentro de un barrio, la única fábrica en el mundo. Queremos que vuelva la gente, no nos queremos quedar solos la gente más grande. Queremos que nuestra juventud pueda seguir viviendo aquí”.

La planta de bioetanol de Porta produce enfermedades y muertes. Generó que se disparen los casos de cáncer, enfermedades respiratorias, oculares, dérmicas y abortos espontáneos. Los dos estudios sanitarios de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, realizados en 2013 y 2016 demostraron la rápida proliferación de enfermedades. Y el último informe encontró que: el 53% de la población padece trastornos respiratorios, el 31% conjuntivitis, el 27% cefaleas, el 23%  enfermedades en la piel, el 22% enfermedades en el sistema digestivo. Siendo en los totales: los niños y niñas quienes más están afectados. Y el dato más alarmante es que en el último año el 28% de los nacidos tiene malformaciones congénitas.

Mariel Castagvno se mudó al barrio en 2008, “buscando tranquilidad”. Pero hoy vive en alerta y bajo el fantasma permanente de que alguien de su familia sea el próximo en contraer una enfermedad grave. Por eso, con su esposo y sus tres hijos menores de edad son vecinxs amparistas. Mariel nos relata cómo vive siendo vecina de Porta Hnos.: “Hay un olor insoportable y nauseabundo que no te permite estar en la vereda, tomar un mate en el patio o comer un asado en el patio. No podemos hacer nada que sea a puertas abiertas, a puertas afuera. Estamos encerrados por el ruido, el olor. Porque, además, todo el tiempo la planta se está ampliando. Entonces todo el tiempo hay ruido a máquinas. Además del ruido de la producción que es constante. No tenemos más tranquilidad porque tenemos miedo que explote. Porque esta planta esta ilegal, no esta controlada. Hay explosiones, humo negro. Cada tanto pasa eso y salimos todos los vecinos a la calle, y lo primero que uno hace como ciudadano de la ciudad de Córdoba es llamar a los bomberos. Los bomberos no pueden entrar a la planta. Entonces uno esta inseguro e intranquilo por donde lo mires. Y también la intranquilidad que produce que se nos van enfermando y muriendo vecinos todo alrededor de nuestra casas. Yo vivo a una cuadra y media, 150 metros en diagonal a Porta, y se han muerto tres vecinos de páncreas y uno de cáncer de colon. Tengo los cáncer más graves alrededor de mi casa. No quiero que le pase nada a mis hijos. No quiero tener que irme. No sería justo”.

Estudios demostraron lo que primero manifestaron los cuerpos de lxs vecinxs: que el aire del barrio esta contaminado con residuos peligrosos. Formaldehidos, tolueno y xilenos se encuentran en el aire de la zona 1000 veces por encima de lo permitido. Estos compuestos son cancerígenos y altamente inflamables, condiciones que propician el aumento en la tasa de enfermedades y el constante peligro de explosión.

Silvia Cruz, una de las vecinas de San Antonio que tocó todas las puertas posibles en busca de ayuda comparte que su “deseo enorme es que nuestro barrio vuelva a ser el que era. Porque Porta nos quitó la alegría de vivir. Por tantos niños que se fueron, por tantos vecinos que se fueron”.

El próximo  7 de agosto convocan a acompañarlxs a la audiencia que Silvia define que es: “por la vida de mis hijos y por las vidas de mis vecinos”. El próximo lunes tendrán lo que les negaron estos 5 años: la oportunidad de dar testimonio y ser escuchadxs por la Justicia.  Luego de años de reclamos desoídos por el Gobierno Municipal a cargo de Ramón Mestre, y del Provincial repartido entre José Manuel De la Sota y Juan Schiaretti,  y una denuncia cajoneada por la Justicia provincial cuando el Fiscal José Mana archivó la causa contra la planta de Porta. Lxs vecinxs exigen la erradicación de la planta sin que se pierda ningún puesto de trabajo, la remediación del ambiente, y la reparación para los y las afectados por la contaminación.

RNMA

Megarepresas: matar al Río Santa Cruz

Desde el Enredando las Mañanas nos comunicamos con Nazarena Paschetta, desde Calafate, guía de turismo e integrante de un Colectivo de Vecinos y Vecinas Autoconvocados por el Río Santa Cruz, que a su vez articulan con vecinos y vecinas de Río Gallegos y de Luis Piedrabuena. El tema son las represas.

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ELM: Aparentemente, el proyecto de las dos represas, “Presidente Néstor Carlos Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”, sobre el Río Santa Cruz se reactivaría en las próximas semanas, o por lo menos es la intención del gobierno. Lo primero que nos interesa preguntarte es qué es lo que está en juego para el río con estas dos represas.

Nazarena Paschetta: Acá, en realidad, uno tiene que entender el ecosistema que forma este río. Es una cuenca muy grande, una cuenca que nace del campo de hielo patagónico sur. Dentro de lo que es la Cordillera de Los Andes, en esta zona nosotros tenemos el campo de hielo patagónico sur, son casi 13.000 km2 de hielo que tenemos ahí en la montaña. Es la tercer reserva de agua dulce que nosotros tenemos en el plantea. Está la Antártida, Groenlandia, y después tenemos, en superficie, de estas características, el campo de hielo patagónico sur. Se comparte entre ambos países, hay vertientes que descienden hacia Argentina y forman justamente el Lago Argentino, el Lago Viedma, el Lago del Desierto, mucho lagos que tenemos acá, que están conectados todos a través de ríos. Toda el agua va dar al Lago Argentino, y termina en el Océano Atlántico por el Río Santa Cruz. O sea, que el Río Santa Cruz es un río glaciario, con casi 380 km de recorrido. Y justamente en ese río es donde tenemos este tema con la represas.

Hablamos de un proyecto que tiene muchísimos años, se viene planteando desde hace más de 50 años atrás. En un comienzo era para acopiar agua, en otro momento para hacer riego, en otro momento para generar energía. En los ’70 fue el gran momento de decir que esto iba a ser el proyecto que iba a desarrollar Santa Cruz, y seguimos con el mismo discurso hasta el día de hoy. Es un proyecto que en realidad plantea dos grandes represas en el río Santa Cruz, la Néstor Kirchner y Cepernic, con el objetivo de generar energía hidroeléctrica. Estamos hablando de megarepresas.

Las megarepresas hoy en el mundo son proyectos que en muchos países incluso se están desmantelando, porque el costo que tienen y el daño ambiental no se relaciona con una energía limpia, o sea, son lo que se llaman energías renovables convencionales, pero que dañan muchísimo al ambiente. Justamente eso es lo que nosotros estamos planteando, que no queremos esas represas porque somos muy conscientes del daño que están generando.

En el 2015, cuando se aprobó el proyecto anterior que tenía muchísimas falencias, generaba inundaciones en el lago Argentino, había un montón de cosas que no se habían tenido en cuenta, la cota era muy alta y demás. Cuando tuvimos el cambio de gobierno, este proyecto se cambia nuevamente y tienen que hacer de nuevo los estudios de impacto ambiental. De por medio tuvo que haber un amparo, la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia tuvieron que presentar un amparo en la Corte Suprema para que no siguieran con los trabajos, porque a pesar de que habían cambiado un proyecto y no habían hecho el estudio, seguían con los trabajos.

La última instancia de este estudio es la audiencia pública que fue la semana pasada. Allí se presentaron todos los estudios. A nosotros nos dieron muy poco tiempo para leerlos pero los leímos y ahí nos encontramos con un montón de falencias, que es lo que se presentó en la audiencia pública.

ELM: Estamos mirando el estudio del impacto ambiental, que tiene la perlita de encabezar diciendo “aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz”, término que te traslada a una interpretación “ociosa” de un elemento al cual habría que sacarle el jugo de alguna manera. ¿Podrás mencionarnos algunas de las falencias de este nuevo estudio de impacto ambiental?

NP: Nosotros somos un grupo de vecinos autoconvocados de acá de Calafate que como bien dijiste, trabajamos junto con la gente de Río Gallegos, que es Río Vida, con la gente de Luis Piedrabuena, donde hay comunidades mapuche-tehuelches, y también está las ONGs que trabajan desde Buenos Aires. Después de la audiencia pública se presentó una denuncia de 130 hojas donde se plantean todos los errores que tiene este estudio de impacto ambiental. Hay errores que tienen que van desde la sedimentación, que tiene que ver con todos los minerales y sedimentos que traslada el río Santa Cruz. Si vos ves el color del río, es de color celeste, igual que el lago Argentino. Eso es porque lleva un material que se llama la leche glaciaria, que es un polvo que generan los glaciares al rozar la piedra, como que la pulverizan en el avance y todas estas cosas es fundamental que lleguen. Los ríos son sistemas que la naturaleza “diseñó” con una razón, como resultado de miles de años de evolución y de cambios. Entonces todo esto que el río va arrastrando y que llega hasta el mar, es fundamental para muchos tipos de animales. O sea, por ejemplo, hay un documental que se llama “Matar al río” en donde el Instituto de Conservación de Ballenas nos habla de que esto hasta puede afectar a las ballenas, como para hablarte de un mamífero grande, pero tenemos toninas, y algo que es muy importante para nosotros es el tema de macá tobiano, que es un ave exclusiva de la provincia de Santa Cruz.

Justamente el macá pasa los inviernos en la desembocadura del Río Santa Cruz. Si nosotros hacemos una modificación en el río, se puede llegar a ver afectado. Ellos presentan estudios e información sobre el macá, pero el tema es que no existe la información suficiente porque es una de las últimas especies que se descubrió, la reducción en la población es enorme y al día de hoy se están haciendo estudios para ver bien cómo es su comportamiento, pero esos estudios no son suficientes ni concluyentes como para asegurar que la represa no va a generar ningún daño.

Después tenemos algo que es gravísimo, que lo expuso una compañera nuestra de aquí de Santa Cruz que es guía del Parque Nacional como yo, que tiene que ver con las cotas del Lago Argentino. Hay algo que era fundamental que tuvieran en cuenta que era el desacople entre el Lago Argentino y la represa Néstor Kirchner, hay una diferencia de 5 km entre un lugar y el otro y que no se podía subir el nivel del lago Argentino por los glaciares. Nosotros tenemos glaciares que están en un retroceso total. Si nosotros le subimos el nivel del agua al lago Argentino, estamos ayudando a que los glaciares se sigan yendo para atrás. Estamos afectando una reserva de agua dulce que es un patrimonio de la humanidad destacable.

La cuestión es que hubo errores con respecto a la medición de las cotas del lago. Las reglas con las cuales se tomaban estas mediciones se modificaron en enero de este año porque estaban mal tomadas. El Instituto Geográfico Nacional hizo una nueva medición y los ingenieros del Ebisa que son los que presentan este estudio de impacto ambiental, se ve que se les pasó el tema de que había estos cambios, entonces las medidas están mal tomadas. Si las medidas allí están mal tomadas, ese proyecto está mal hecho. Entonces eso es uno de los puntos principales, dentro de muchas cosas más que se han tenido en cuenta.

ELM: Eso quiere decir que esta audiencia pública que se desarrolló en esta semana en dos días, no es solamente un trámite como el gobierno preveía, sino que va a tener alguna consecuencia, va a impactar sobre este proyecto.

NP: Sí, en realidad a nosotros nos asustó mucho cuando escuchamos a Aranguren decir que esto era un mero trámite. Fue terrible, porque en realidad hace un mes atrás salía en todos los medios en diarios y demás, salía “el proyecto de las represas ya está listo, vamos a empezar a trabajar después de la audiencia pública”. Nosotros decíamos que hay una ley que dice que esto recién se resuelve después de la audiencia pública, no pueden estar anunciando un proyecto sin pasar por los pasos que deben.

Eso fue algo que se planteó en la audiencia, que se reclamó, que esto no es un mero trámite y que tienen que tener en cuenta estas cosas. Después de la audiencia pública, la verdad es que escuchando a las partes, nosotros nos sentimos muy felices a pesar de todo, porque hubo mucha gente que alzó la voz. Todos los que se presentaron como particulares para poder exponer en esa audiencia plantearon su postura en contra de las represas y porqué, porque siempre hay un fundamento. No es decir, a ver estos eco-terroristas que se les ocurre que no quieren tener desarrollo, no se trata de eso. Los fundamentos fueron muy claros, de decir nosotros acá vivimos de otras cosas y necesitamos otro tipo de desarrollo que no implique el daño de nuestro ambiente. En función de esto se presentaron muchos estudios. Si no se resuelve anular este estudio de impacto ambiental se seguirá por la parte judicial con denuncias para que tengan en cuenta que no está bien hecho.

ELM: Este tema del desarrollo te vamos a convocar en otro momento para poder desarrollarlo, para saber los vecinos y las vecinas de Calafate cuál es la idea de desarrollo que tienen y qué significan estas represas dentro de ese concepto. Te agradecemos mucho tu intervención y el esclarecimiento que nos hiciste.

NP: Muchas gracias a ustedes, para nosotros es muy importante que los medios se involucren y que nos den lugar a comentar este tipo de cosas porque sabemos que hay mucha gente que desconoce la situación de la Patagonia.

Una de las cosas que escuchamos mucho es que en la Patagonia no hay nada, que hay que llevar cosas, que en la Patagonia no vive nadie. Vivimos un montón de personas y hay muchas que elegimos este lugar para vivir, hay mucha gente que nació acá y lo sigue eligiendo y no nos pueden venir a decir que no estamos, hablar como si nosotros no existiéramos. Y el tema del desarrollo y el tema del trabajo es muy importante también para tener en cuenta, porque nos prometen cosas que en realidad no son. Así que si en algún momento quieren hablar de eso, sería fantástico. Muchas gracias.

ELM: Por supuesto, además les están proponiendo algo que ustedes no necesitan, que son esas dos represas. Muchísimas gracias Naza, la seguimos.

RMNA