En la última década el uso de la palabra “verde” para adjetivar ambientalmente variadas iniciativas gubernamentales, empresariales o institucionales ha ido extendiéndose hasta ocupar un lugar importante en el discurso político, corporativo y de los organismos internacionales. Se habla así de las “compras verdes”, en referencia a las compras del sector público; las “energías verdes”, como sinónimo de las llamadas renovables; los “edificios verdes”, los “impuestos verdes”, el “turismo verde”, las “industrias verdes” y hasta de las “ciudades verdes”. Esta difusión del enverdecimiento del mundo económico y social, como política ambiental, expresa el despliegue a nivel internacional de lo que se ha denominado “economía verde”, impulsada desde parte de las elites del capitalismo central para entender e intervenir sobre la problemática ambiental.
Por José Seoane*
La Argentina no es ajena a este proceso. Bajo el gobierno de Mauricio Macri la ciudad de Buenos Aires se convirtió en una de las primeras latinoamericanas en bautizarse como “verde”. Una vez en la presidencia de la Nación, Macri acordó promover una agenda verde, en el marco de la visita del mandatario estadounidense Obama en marzo de 2016. A fines de año, durante la inauguración del Primer Congreso sobre Economía Verde, organizado por la ONG estadounidense Fundación Advanced Leadership, desarrolló esta perspectiva, señalando que permitía cuidar el medio ambiente y, simultáneamente, generar oportunidades de trabajo e inversión. En esa instancia también convocó a la población a ahorrar agua, luz y apagar los aires acondicionados, afirmaciones que, lejos de ser originales, vienen planteando los organismos internacionales promotores de la economía verde, desde, por lo menos, 2008.
En esta dirección, el neoliberalismo no sólo supone una profundización y agravamiento de la cuestión social y ambiental, sino que asimismo promueve una manera particular de entender e intervenir sobre este deterioro y destrucción del ambiente y las condiciones de existencia de la vida humana y no humana. Propone así una propia política ambiental neoliberal. Justamente este artículo plantea algunas reflexiones sobre las significaciones y consecuencias de la economía verde, entendida como nuevo paradigma del tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental.
La aparición de la economía verde en el debate del desarrollo sostenible
La propuesta de la economía verde comenzó a desplegarse desde fines de los años ’80 a partir del trabajo de académicos vinculados al campo de la economía ambiental, que propone un cruce entre lo ambiental y la economía liberal. Este grupo realizó un trabajo de investigación encargado por el gobierno británico sobre lo que implicaba el desarrollo sostenible (Pearce, Markandya y Barbier, 1989). Recordemos que desde 1987 –con la presentación del Informe Bruntland– el desarrollo sostenible se propuso y fue convirtiéndose en el paradigma internacional dominante para abordar la cuestión ambiental.
Este camino, el desarrollo sostenible, implicaba de por sí una neoliberalización del ambiente. Por un lado, porque diluía la contradicción entre crecimiento económico y protección del ambiente. Por el otro, porque tendía a identificar la problemática ambiental con la naturaleza; por ejemplo, con la difusión del término “medio ambiente”, que todavía tiene un uso extendido y que promueve una concepción del ambiente como sinónimo de un “mundo natural” diferente, e incluso, opuesto al social o la sociedad. Pero la supervivencia de la noción de desarrollo y una visión centrada en la conservación de la naturaleza, sus bienes y ecosistemas despertó simultáneamente debates y cuestionamientos de parte de las visiones más liberales. Interviniendo en esta discusión sobre la interpretación del desarrollo sostenible emergió, a fines de los ´80, la propuesta de la economía verde.
La misma pretendía resolver los límites que imponía a la economía una visión conservacionista de la naturaleza, así como la tensión todavía existente entre economía y ambiente, integrando definitivamente este último a la primera, de manera subordinada. Es decir, restringe la cuestión ambiental a una simple modificación de las prácticas económicas. La atención de la problemática ambiental se transformaba así en un cambio en los tipos o ramas de la actividad económica, sin alterar, sino confirmando la racionalidad del lucro, la competencia y el mercado. Lejos de implicar el enverdecimiento de la economía suponía, entonces, la economización de lo verde; dimensión que aparece claramente en la promoción que hace la economía verde de todos los procesos de valorización (monetaria) del ambiente –tan presentes en las prácticas de la contabilidad ambiental, de la construcción del capital natural y los servicios ecosistémicos. Al mismo tiempo afirmaba la primacía de los mecanismos de mercado en el tratamiento de las problemáticas ambientales con, por ejemplo, los mercados de carbono respecto del cambio climático. Un movimiento típico del arte de prestidigitación neoliberal, donde el tratamiento de las consecuencias que conlleva su implementación sirve a reafirmar la profundización de estas mismas transformaciones.
La economía verde supuso también otra cuestión. La problemática ambiental que en los años ´70 era consideraba por muchos como vinculada a la pobreza, la desigualdad, la explotación, la colonialidad y las formas productivo tecnológicas capitalistas o de las sociedades pretendidamente desarrolladas; ahora quedaba reducida al color de la clorofila. Posiblemente, no podía pretenderse mayor desocialización de la noción de ambiente que transformarla en un adjetivo de color. Ambos procesos –simultáneos y complementarios– distinguen al tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental expresado en la economía verde: por un lado, la mercantilización (o capitalización) de la naturaleza; por el otro, la naturalización del ambiente.
La internacionalización de la economía verde
Años después de su consideración académica, la economía verde llegó finalmente como recomendación política al sistema de Naciones Unidas y al debate internacional. En 2008 el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) lanzó la Iniciativa Economía Verde, en 2009 presentó el informe Un New Deal verde global, y en 2011 el documento Hacia la economía verde. Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, orientado a incidir en los debates de la Cumbre mundial de Río+20 del año siguiente.
El arribo de la economía verde al PNUMA tuvo lugar en un contexto particular marcado por una crisis económica global con epicentro en EE.UU. y Europa, disparada por el colapso del mercado de las hipotecas inmobiliarias. Esa crisis fue considerada, en estos documentos internacionales, una oportunidad para impulsar el enverdecimiento de la economía. Sin embargo, el “New Deal verde” propuesto –en engañosa referencia al rooseveltiano de los años ´30– lejos de suponer mayor intervención estatal, gasto público o políticas sociales, significaba solamente reorientar parte de los planteados rescates públicos al sistema financiero para promover (o financiar) actividades económicas consideradas “verdes”. Así, reafirmando el significado construido en los años anteriores, la economía verde reducía la intervención sobre la cuestión ambiental a una mera modificación de la composición del capital manufacturado. Se podía presentar entonces, como decíamos al principio, como una oportunidad de abordar simultáneamente lo ambiental y promover la inversión y los negocios.
Pero además, los documentos de Naciones Unidas sobre la economía verde proponían impulsar todos los procesos de valorización de los activos ambientales, así como las soluciones de mercado, para el tratamiento de la problemática ambiental. Como puede fácilmente entenderse, esta monetarización de un conjunto de bienes naturales, formas de vida y ecosistemas que permanecen aún fuera del mercado y la propiedad privada, justificada ahora por la urgencia de la cuestión ambiental, resulta un paso necesario a su mercantilización y explotación privada. Y, ciertamente, puede pensarse que no es una casualidad que estos mismos años de crisis económica global se caracterizaran también por una intensificación y extensión de los procesos de apropiación privada de bienes naturales en el Sur del Mundo, que fueron denunciados por Vía Campesina en su campaña contra el acaparamiento de tierras, especialmente dramático en África, y que para la realidad latinoamericana significó una verdadera ofensiva extractivista.
Más allá de la fuerza de sus promotores, las resistencias planteadas por los movimientos sociales y los países del Sur del Mundo en la Cumbre de Río+20 circunscribieron la economía verde a sólo 5 de las 59 páginas que tuvo el documento final. Sin embargo, sus dispositivos particu- lares avanzaron, entre ellos, la propuesta de reformar los sistemas de cuentas nacionales, incor porando la contabilidad ambiental; la conside- ración y valorización de la naturaleza como capi tal; la construcción y medición de los ecosistemas en tanto servicios; y los acuerdos de conformación de mercados ambientales internacionales para el tratamiento del cambio climático. Entre todos ellos, se destaca la llamada gobernanza ambiental y sus instrumentos más conocidos: la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y los procesos de mediación y negociación de conflictos. Examinemos esto más de cerca.
La gobernanza ambiental
El término gobernanza –traducción de la palabra anglosajona governance– apareció como reemplazo del concepto clásico de gobierno y se difundió aceleradamente en los años ´90, en el contexto del despliegue de la llamada globalización o, de lo que llamaríamos más propiamente, un nuevo ciclo de mundialización capitalista y de construcción de un mercado mundial, esta vez bajo el signo del neoliberalismo. Por gobernanza se entendía así una serie de mutaciones que redefinían la autoridad y poder de los Estados nacionales, particularmente en el Sur del Mundo. De esta manera, se refería a que la regulación de la sociedad dejaba de ser monopolio del Estado para pasar a ser una función compartida; por una parte, a nivel global, con los organismos internacionales (incluidos los acuerdos de libre comercio y protección de inversiones); y, por la otra, a nivel nacional y local, con un conjunto de actores privados que abarcaban tanto a las empresas como a las llamadas organizaciones no gubernamentales –consideradas ahora los representantes legítimos de la sociedad civil. La gobernanza se inscribía así en los procesos de privatización, desnacionalización y desdemocratización del Estado y lo público, propios del neoliberalismo. En este proceso, el término gobernanza ambiental se difundirá una década más tarde, en los años 2000, para remitir a los mismos procesos en relación con los bienes comunes naturales y la naturaleza.
La misma se entiende habitualmente como un conjunto de procesos e instituciones, tanto formales como informales –que incluye normas y valores, comportamientos y modalidades organizativas– a través de los cuales las empresas, las ongs y diversos actores sociales, y las instituciones públicas, articulan sus intereses, median sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones en relación al acceso y usos de los bienes naturales. En conclusión, la promoción de la gobernanza culmina desplazando y asignando funciones antiguamente propias del gobierno a las empresas, así como se propone configurar, desde ciertos modelos legítimos, la participación de la sociedad civil.
De esta manera, la extendida percepción de que las grandes corporaciones extractivas actúan en los territorios como un propio Estado dentro del Estado no es, entonces, un error o un exceso, sino el efecto específico de una buscada reformulación del Estado y del poder bajo el neoliberalismo. Instrumento y ejemplo de ello es la llamada responsabilidad social empresaria o corporativa (RSE). Parecida a la caridad o filantropía oligárquica del pasado, se diferencia por concebirse también como una forma de hacer negocios. Así, el financiamiento corporativo de establecimientos escolares o sanitarios en los territorios donde impera el extractivismo – que es uno de los ejemplos más conocidos de RSE–, no sólo implica la intervención directa de las empresas sobre las poblaciones, que opera en el desmantelamiento y ausencia estatal. Es también la contrapartida oposición patronal a cualquier incremento de las contribuciones fiscales y regulaciones estatales, incluso si las mismas constituyen una de las primeras demandas de la movilización y protesta de los pobladores, como suele ocurrir.
Así, siguiendo a la economía verde, la gestión de la problemática ambiental es, simultáneamente, una oportunidad de negocios y ganancias. Y, en el sentido de lo planteado por la economía verde, la gobernanza ambiental –o la RSE– promueve un proceso de economización de un ámbito de la vida humana; pero esta vez se trata de lo político, de la privatización de la autoridad común, en consonancia con la mercantilización de los bienes naturales comunes. Ciertamente, señalamientos similares pueden hacerse respecto de los dispositivos de mediación de conflictos, donde el Estado se transforma en un facilitador de la negociación entre intereses particulares de la sociedad civil, entre actores privados considerados iguales; habitualmente entre grandes corporaciones trasnacionales y las poblaciones de los territorios afectados por esos emprendimientos. La mediación, así como todo un conjunto de políticas e instituciones, han sido desplegados en las últimas décadas para enfrentar la creciente conflictividad que despiertan estos procesos de destrucción de las condiciones de existencia social; incluido, claro está, el ejercicio de una violencia estatal y paraestatal, tan presente en los territorios del extractivismo latinoamericano, con su trágica serie de muertes, desapariciones, detenciones y migraciones forzadas.
A pesar de ello, la conflictividad frente a los emprendimientos extractivistas, la mercantilización y despojo de los territorios y la vida, no ha dejado de crecer en nuestra región. Y con estos cuestionamientos y denuncias también ha emergido, se ha extendido y constituido, una extremadamente valiosa programática de cambio y crítica a estos procesos, desde las visiones del Buen Vivir a las experiencias de defensa y construcción del carácter público común de los bienes naturales y sociales y de las formas de la vida social y de la autoridad colectiva. La nueva ofensiva neoliberal que se despliega trágicamente en Nuestra América en estos últimos años –con sus cuotas de violencia y profundización del extractivismo– no alcanza para disipar ni borrar estas prácticas y los horizontes alternativos que han postulado y que –como las utopías, parafraseando a Eduardo Galeano– siguen alumbrando en la dirección por donde avanzar.
Este artículo fue publicado en la edición Nº5 de Fractura Expuesta. [Descargar revista]
* Sociólogo, doctor en Ciencias Sociales. Integrante del Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL), profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires.
Bibliografía
AA.VV. (2012) Capitalismo verde. IEETM, Quito Pearce, David;
Markandya, Anil y Barbier, Edward (1989) Blueprint for a green economy. Earthscan, Londres.
Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (2011) Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Síntesis para los encargados de la formulación de políticas públicas.
PNUMA, Nairobi. Seoane, José (2017) Las (re)configuraciones neoliberales de la cuestión ambiental. Una arqueología de los documentos de Naciones Unidas sobre el ambiente 1972-2012. Ed. Luxemburg – IEALC, Buenos Aires. Puede descargarse gratuitamente de http:// gealyc.blogspot.com.ar/
