Por Emilce Heredoa Chaz*
Durante agosto del año 2000, y con sólo ocho días de diferencia, tuvieron lugar dos grandes escapes, de cloro primero y amoníaco después, en las plantas de Solvay Indupa y Profertil, respectivamente. Dichos escapes se convirtieron en un acontecimiento trascendente. La población de Ingeniero White irrumpió frente a las intensas transformaciones que experimentaban sus condiciones de trabajo y de vida a causa de la privatización y expansión del polo ferroportuario e industrial bajo las políticas neoliberales. Nacieron asambleas populares, organizaciones ambientales, consignas como “la industria o nosotros”, movilizaciones callejeras, piquetes en los accesos de las plantas industriales, pedidos de puestos de trabajo, solicitudes de un mayor control sobre las petroquímicas, juicios contra las empresas, entre algunas de las novedosas acciones desplegadas. El choque de fuerzas que se produjo en ese momento abrió las grietas que posibilitaron comenzar a pensar nuevos modos de vida en que se establezcan relaciones diferentes entre industria y sociedad.
A partir de entonces, el sector empresario petroquímico instrumentó una serie de medidas tendientes a viabilizar su presencia en el lugar. En 2001 fue creada la Asociación Industrial Química Bahía Blanca (AIQBB). Conformada por PBB Polisur, Solvay Indupa, Compañía Mega y Profertil, esta asociación pasó a ejecutar las políticas conjuntas de RSE. El sector empresarial petroquímico irrumpió con una diversidad de acciones: copas de leche y pintura para las escuelas, donación de medicamentos e insumos hospitalarios, intervención en numerosas instituciones whitenses, entre otras prácticas. A través de estas acciones, se configuró un dispositivo de intervención social con capacidad para actuar sobre las diversas áreas de la vida. Frente a las múltiples acciones de la sociedad y la proliferación de nuevas posibilidades de vida, emergió la AIQBB como una estrategia para la desmultiplicación de los posibles. Su lógica de funcionamiento procuró ser la destrucción o antiproducción de todo lo que vaya por fuera del marco de una relación armónica entre industria y sociedad, y todo lo que allí pueda encontrarse de conflictivo, peligroso, transformador.
Más allá de ser un simple sistema de asistencialismo, el modelo de gestión de la RSE nació como un dispositivo que, haciendo uso de las necesidades sociales, respondió a la necesidad empresarial de gestionar la conflictividad social que constituía una amenaza para el desarrollo eficaz y eficiente de sus actividades. De allí que, lejos de ser un mero discurso de segundo orden, dicho método de intervención comunitaria tiene que ser comprendida en tanto parte constitutiva del proceso productivo de estas grandes transnacionales y con una función estratégica en la administración del conflicto social. La interrelación de sus impactos socioculturales, políticos, ambientales y económicos hacen de la conflictividad social un elemento indisociable de sus sistemas de producción. Continuamente hay un conflicto que requiere ser anticipado, administrado, gestionado, y las polí- ticas de RSE responden a esta necesidad corporativa.
Al analizar al Polo Petroquímico de Bahía Blanca nos encontramos ante un conjunto de prácticas encauzadas a la gestión de la conflictividad social, que no es otra cosa que la gestión de la vida. Así, la contaminación del Polo Petroquímico no resultó exclusivamente medioambiental. Frente a la proliferación de nuevas posibilidades de vida, el sector se movió de la responsabilidad a la contaminación social, actuando por medio de la degradación del espacio social en la búsqueda de destruir o evitar el surgimiento de aquello que podía constituir una amenaza para sus utilidades. De este modo, al mismo tiempo que la actividad industrial conllevó la degradación del medio ambiente, el funcionamiento de la ingeniería social produjo la contaminación de las relaciones sociales. De allí que todo accionar con ansias descontaminantes no pueda limitarse al campo de la ecología natural, y ha de enfrentar también el trabajo de una ecología social y política.
*Historiadora, becaria doctoral del Conicet, Universidad Nacional del Sur
Ver nota central: La gestión privada de lo público en Vaca Muerta
Este artículo fue publicado en la edición Nº5 de Fractura Expuesta. [Descargar revista]
