Por Guillermo Folguera* / Comunicación Ambiental .- El pasado noviembre, el gobierno de Chubut falseó un informe del CONICET con el fin de presentar un “aval científico” al proyecto de zonificación minera, que días antes había sido rechazado públicamente por las principales instituciones científicas de la provincia. Así, este campo aparece inscripto de manera cada vez más evidente en la discusión socioambiental donde se juegan intereses económicos y políticos. “Sólo se considera un tipo de saber experto que está actuando como legitimador de una forma de extractivismo”, señala el investigador Guillermo Folguera en este este ensayo. Así, se excluye tanto la experiencia de las comunidades en los territorios, como grandes disciplinas científicas, entre otras las ciencias sociales y las ecologías.
Infografía de los derrames de cianuro preparada por la Asamblea Jáchal No se Toca.
Dossier n° 2 “Política y leyes ambientales”.
1. El desafío y la necesidad de comprender las políticas públicas en problemáticas socioambientales
¿En nombre de qué saberes se justifican determinadas políticas públicas en diferentes problemáticas socioambientales en nuestro país? Aún a riesgo de realizar ciertas generalizaciones, resulta significativo interrogar acerca de aspectos comunes para este tipo de escenario. En particular, en este pequeño texto quiero esbozar uno de los aspectos que se reconocen en diferentes políticas públicas de nuestro país en las últimas décadas: la multiplicación de formas de exclusión de saberes y experiencias en las decisiones relativas a problemáticas socioambientales asociadas al extractivismo agrario, ganadero y megaminero.
2. Formas de exclusión
a) La exclusión sistemática de las experiencias de las comunidades
La experiencia de las comunidades en los territorios muy excepcionalmente es considerada en la toma de políticas públicas. Pero, ¿qué es una experiencia? Comprendamos un poco mejor eso. En principio, es significativo señalar que no toda vivencia es una experiencia. Es a partir de las vivencias que son conformadas verdaderas experiencias de las comunidades mediante la memoria colectiva. Esta experiencia, entendida en su conjunto, no se identifica con el mero conocer, sino que se trata de un verdadero modo de ser de las comunidades, una forma de existencia de naturaleza colectiva.
Esta experiencia se logra a través de una historia intergeneracional, la transmisión de una forma de sabiduría que se distancia de la mera información. Mientras la información sólo trabaja a partir de la novedad, de lo efímero dado en una siempre actualidad, la experiencia enhebra el vivir cotidiano de las comunidades tanto con el pasado como con el futuro. ¿En qué instancia la experiencia de las comunidades es recuperada? ¿De qué modo? En el recorrido realizado a través de la historia reciente de nuestro país podemos observar que predominan las formas de exclusión.
Vayamos a un ejemplo para comprender mejor de qué se trata. Quizás un caso en donde esta exclusión se hizo palpable fue el modo en el cual la Asamblea ‘Jáchal no se toca’ en el contexto de la discusión en relación con la implementación de la Ley de Glaciares tuvo que apelar a un hidrogeólogo norteamericano, Robert Moran, para poder avanzar legalmente a partir de los derrames de la Barrick Gold en la mina Veladero.
Es decir que no se trata de voluntades y buenas intenciones, sino del modo en el que las comunidades no pueden poner en juego sus experiencias en ninguna instancia en relación con las políticas públicas. Por supuesto que, aunque muy visible, lo de Jáchal dista de ser una excepción, en la medida en que prevalece la idea de que lo que sucede en los territorios sólo puede ser verificado e informado por parte de los expertos. Pero claro, no todos los expertos son considerados, en la medida en que también se hacen presente diferentes mecanismos de exclusión dentro de la propia práctica científica.
b) La exclusión de grandes disciplinas científicas
Junto con la exclusión de las comunidades en los territorios, las políticas públicas que se sostuvieron en Argentina en las últimas décadas respecto a problemáticas socioambientales privilegiaron a determinados campos del saber, excluyéndose de manera total o parcial a numerosas disciplinas.
En ese contexto, una de las exclusiones más sistemáticas fue la dada a las ciencias humanas, quienes muy raramente son consideradas en los estudios involucrados por ejemplo de impacto. A su vez, dentro de las ciencias naturales, suelen ser excluidos numerosos campos del saber, en particular aquellas disciplinas que indagan los niveles superiores de organización, tales como la biología evolutiva o la ecología, entre otras. Por el contrario, son las disciplinas que indagan los niveles inferiores de organización las que suelen ser más consideradas.
Las causas de este sesgo pueden rastrearse tanto en aspectos epistémicos como de interés económico. Por un lado, se reconoce la vigencia de una matriz de tipo reduccionista. Por otro, los estudios en estos casos involucran tanto menor tiempo como espacio, aspectos claves para maximizar los beneficios económicos.
Uno de los ejemplos más evidentes de esta exclusión es la consideración de ciertos estudios para la aprobación de los agrotóxicos, en el que se excluyen de manera sistemática campos del saber que incorporan estudios de tipo intergeneracional, o bien que indagan a nivel ecosistémico, comunitario o en el largo plazo. Por supuesto que las exclusiones se multiplican en los diferentes dominios, por lo que muy pocos saberes suelen realmente considerarse.
En este sentido, es necesario explicitar que frente a las políticas de aprobación de los agroquímicos en nuestro país aparece tanto la exclusión de las propias comunidades fumigadas, los aportes que provienen de campos del saber como la ecología, como así también los informes de hospitales de todo el país que trabaja con las consecuencias sobre la salud a mediano plazo.
c) La exclusión de los saberes que señalan riesgos.
Las formas de exclusión que se señalaron previamente tienen en común el despojo de grandes dominios que no se consideran en la toma de políticas públicas frente a problemáticas socioambientales. Pero hay un tercer grupo de exclusiones que refiere directamente a la consideración sólo de los estudios que avalan los proyectos en cuestión, mientras que los enfoques o trabajos que alertan riesgos o daños suelen no ser considerados. Por el contrario, estos elementos que señalan los inconvenientes suelen ser vistos apenas como provisorios.
Esto alarma en diferentes sentidos. Por un lado, por la omisión del aspecto legal del principio de precaución. Por otro lado, no deja de ser emblemático y necesario de ser analizado que, en términos epistémicos y éticos, la carga de prueba sea explícitamente invertida.
Continuando con el ejemplo de los agroquímicos, las instituciones de control en nuestro país suelen sólo considerar trabajos que permiten su aprobación. Así, por ejemplo, en una entrevista realizada en el 2018 en el marco de una investigación dirigida al análisis de la aprobación de insecticidas de tipo neonicotinoide, Guillermo Heit (uno de los responsables del Dirección de Agroquímicos y Biológicos de SENASA) señaló que no se rigen por el principio de precaución sino por uno que sopesa los beneficios respecto a potenciales daños. En esta dirección, Heit no negó que existieran posibles objeciones a estos insecticidas, sólo que al ser los supuestos beneficios de mayor envergadura, su Dirección había decidido aprobarlo.
De este modo, las objeciones y riesgos no son incorporadas a través de una decisión que pondera beneficios que supuestamente se están obteniendo. Las exclusiones en ningún caso son excepciones, son parte de una política sistemática que debe ser comprendida y discutida.
3. Cierre y apertura
Cuando las formas en que se toman decisiones instituciones en el ámbito común actúan de manera sistemática y dirigida a ciertos objetivos que inciden directamente en la vida colectiva es que estamos frente a una verdadera política pública. En este sentido, ni la exclusión es un evento que se reconoce en una problemática en particular, ni aquello excluido toma forma errática. Por el contrario, se reconocen patrones claros de exclusión, una política sistemática que se rige por la prioridad de una lógica de mercantilización de los cuerpos y territorios.
De ese modo, es separado todo aquello que no permite su ponderación económica y/o que atenta contra los beneficios económicos. Sólo se considera un tipo de saber experto que está actuando como legitimador de una forma de extractivismo, que mientras silencia de manera total a las comunidades, es parte de un proceso de jerarquización y/o ponderación de los diferentes dominios de la propia práctica científica que no permite habilitar la diversidad de saberes en la toma de políticas públicas en las problemáticas socioambientales.
En los últimos meses tuvimos otro ejemplo paradigmático en nuestro país: el caso de las megafactorías de cerdos. A partir del anuncio por parte de Cancillería en el mes de julio del 2020, diferentes sectores sociales señalaron múltiples objeciones que van desde los riesgos de contaminación, resistencia bacteriana, potencial de riesgo zoonótico, incremento en la desigualdad social hasta el deterioro de la diversidad de la matriz productiva o la merma de los pequeños productores.
A pesar de esos señalamientos, el actual Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas se limitó a señalar que no ve “ningún aspecto negativo”. Ya no se trataba de ponderar beneficios y daños, las objeciones fueron marcadas como enunciados sin sentido. Así, la incorporación de diferentes saberes, sectores y experiencias se trata de una deuda de nuestra democracia. Aparece como un elemento fundamental con vistas a mejorar la calidad de vida de nuestros territorios y de las comunidades.
Luego de un principio de diagnóstico, las dos preguntas asociadas que se abren son: 1) si es un escenario deseable y 2) si acaso puede imaginarse alguna alternativa. Por supuesto que en todos los casos resultan claves los objetivos que se tracen. El escenario actual sólo recupera un tipo de saber profesional dirigido a validar decisiones que ya se consideran previamente, y en las que la pluralidad y la toma de decisiones colectivas no representan ningún tipo de valor. Pero que en ningún caso la justificación sea de tipo pragmática en la medida en que se considere que no pueden imaginarse otras formas de decidir. A partir de lo mencionado, las políticas públicas deben incorporar la multiplicidad de saberes y experiencias para lograr un bienestar común.
* Sobre el autor
Guillermo Folguera es Doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es Licenciado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) y en Ciencias Biológicas (FCEN), ambas en la UBA. Actualmente se desempeña como investigador independiente CONICET en la temática de Filosofía de la Ciencia. Es Profesor Adjunto de la disciplina de grado Historia de la Ciencia y de la de postgrado Filosofía de la Biología en la FCEN-UBA. A su vez, coordina el Grupo de Filosofía de la Biología con temáticas asociadas a las problemáticas ambientales y sociales.
