El asesinato de un pescador en medio de los reclamos del sector contra la construcción de un gasoducto de Petrobrás ha agudizado las protestas de trabajadores y ambientalistas.
Río de Janeiro. Ambientalistas, activistas humanitarios y otras organizaciones sociales se movilizan en Brasil por el esclarecimiento del asesinato de Paulo Santos Souza, un sindicalista de la pesca que denunciaba irregularidades en la construcción de un gasoducto para Petrobras.
La Asociación Hombres de Mar (Ahomar), de la cual Santos Souza era su tesorero, y otros sindicatos y grupos de la sociedad civil convocan para este miércoles una manifestación frente a la sede de la firma estatal Petrobrás, en Río de Janeiro.
Reclaman también que se interrumpan las obras del gasoducto que se construye a unos 60 kilómetros de Río de Janeiro, ante denuncias de irregularidades de la licencia ambiental y ante la certeza, indican, que se perjudica la flora y fauna del manglar de la bahía de Guanabara, escenario de los trabajos.
La construcción del futuro Complejo Petroquímico de Petrobrás está a cargo del Consorcio GLP Submarino, integrado por las empresas Oceánica Ingeniería y GDK S.A.
El presidente de Ahomar, Alexandre Anderson, asegura que las obras, que comenzaron a fines de marzo, perjudicaron especialmente la actividad de los pescadores, que se redujo 70 por ciento desde entonces.
Aunque ese sindicato no se atreve a vincular directamente el asesinato a ese hecho, le llama la atención que justamente su tesorero fue muerto el viernes, el mismo día que la alcaldía de Magé, a través de su Secretaria de Medio Ambiente, interdictó la obra por la falta de la documentación necesaria.
“La semana pasada denunciamos ante la presidencia de Petrobrás la presencia de hombres armados en las obras que estaban haciendo amenazas y que había riesgo de muerte, y horas después ocurre el asesinato del compañero”, relató a IPS, Ronaldo Moreno, del Sindicato de Petroleros de Río de Janeiro (Sindipetro).
Santos Souza, de 44 años, fue muerto en la noche del viernes pasado por tres hombres, que, después de allanar su casa en Magé, en la llamada Baixada Fluminense, en presencia de la familia, fue golpearlo y llevado a la calle donde los ejecutaron de cinco balazos en la cabeza.
Los hombres no identificados, huyeron luego en un automóvil sin identificación. Según la familia del sindicalista, antes de matarlo lo interrogaron y preguntaron por documentos de la asociación de pescadores.
El asesinato se perpetró después que varios miembros de Ahomar, incluido el tesorero, habían sufrido amenazas de muerte, indicó a IPS Anderson, quien afirmó que él salió ileso de un atentado el 1 de mayo, cuando dos hombres le dispararon cuatro tiros desde el cantero de las obras del gasoducto.
IPS intentó una respuesta respecto de estos comentarios de los sindicalistas de parte de la asesoría de prensa de Petrobrás. Se respondió que, en relación a la muerte del pescador, es un caso que cabe resolver a la policía.
En cuanto a las supuestas irregularidades de la obra en cuestión, los portavoces de Petrobrás señalaron a IPS que se debía consultar al consorcio conformado por Oceánica Ingeniería y GDK S.A, responsables de la obra.
En tanto, en un comunicado oficial enviado a IPS, el Consorcio GLP Submarino indica que no “no ven motivos para manifestarse” sobre la muerte del pescador “a no ser para lamentar profundamente lo ocurrido y desearle pésames a su familia”.
Agrega que Ahomar ya realizó anteriormente manifestaciones contrarias a las obras realizadas en la playa Mauá, en Magé. “En aquella oportunidad el consorcio se posicionó estrictamente dentro de la ley, recurriendo al apoyo de la justicia para garantizar los trabajos y la integridad de sus colabores y su patrimonio”, recuerda.
El consorcio finaliza diciendo que “repudia vehementemente los intentos –muchas veces amparados por un confortable anonimato– de vincularlo a un acto tan vil”.
Mientras, Moreno, del sindicato petrolero, reitera que se le dijo a Petrobrás “que la situación era grave y que tenía que tomar medidas urgentes”.
A su vez, Anderson sostuvo que el sindicato de pescadores prefiere “no hacer especulaciones, pero estamos muy preocupados porque estamos siendo amenazados desde que comenzamos a hacer denuncias de crímenes contra la fauna y la flora de la bahía de Guanabara, por las obras del polo petroquímico”.
“Siempre que ejercemos presión y luchamos por nuestros derechos fuimos amenazados”, enfatizó el presidente de la asociación de pescadores en conversación telefónica con IPS, pues actualmente está con paradero desconocido junto a su familia para evitar más represalias.
También Moreno alertó que “la intranquilidad es grande, y pensamos que puede haber más asesinatos”. Añadió que Sindipetro también ha denunciado la tercerización de las obras del gasoducto por parte de la petrolera estatal, y la falta de garantías y seguridad laborales que ello implicaba.
Sindipetro y Ahomar participaron el 16 de este mes de una manifestación contra la obra del gasoducto, que, según recordó Moreno, fue reprimida violentamente por la policía.
En esa ocasión, las autoridades confiscaron redes y cuatro embarcaciones de los pescadores que participaban de la protesta, en un despliegue “inusual y exagerado”, según Moreno, con la utilización de helicópteros.
Los pescadores argumentan que desde que Petrobrás inició la construcción del gasoducto, precisamente en el lugar donde los pescadores arrojaban sus redes, están impedidos de trabajar.
Anderson calcula en 70 por ciento los perjuicios de los pescadores de la región, una actividad que sustenta a unas 3 mil familias y que se realiza de modo artesanal “en barcos sólo a remo”.
“Ahora es casi imposible pescar en la región. Muchos pescadores están pasando necesidades financieras y tuvieron que cambiar de oficio”, precisó Anderson.
Los pescadores se dedican a la pesca de taina, corvina y camarón, como principal fuente de ingreso para su sustento.
Después de las amenazas, el caso ya era seguido de cerca por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea legislativa de Río de Janeiro, e investigado por la policía de Magé.
Según declaró a la prensa local el presidente de la Comisión, el diputado Marcelo Freixó, del Partido de Socialismo y Libertad, es poco probable que el asesinato no esté vinculado a las denuncias ambientales.
La construcción es parte del Proyecto de Gas Liquidificado e Petróleo (GLP) en el marco del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) del gobierno nacional de Luiz Inácio Lula da Silva.
Fuente: Diario La Jornada
La Asociación Hombres de Mar (Ahomar), de la cual Santos Souza era su tesorero, y otros sindicatos y grupos de la sociedad civil convocan para este miércoles una manifestación frente a la sede de la firma estatal Petrobrás, en Río de Janeiro.
Reclaman también que se interrumpan las obras del gasoducto que se construye a unos 60 kilómetros de Río de Janeiro, ante denuncias de irregularidades de la licencia ambiental y ante la certeza, indican, que se perjudica la flora y fauna del manglar de la bahía de Guanabara, escenario de los trabajos.
La construcción del futuro Complejo Petroquímico de Petrobrás está a cargo del Consorcio GLP Submarino, integrado por las empresas Oceánica Ingeniería y GDK S.A.
El presidente de Ahomar, Alexandre Anderson, asegura que las obras, que comenzaron a fines de marzo, perjudicaron especialmente la actividad de los pescadores, que se redujo 70 por ciento desde entonces.
Aunque ese sindicato no se atreve a vincular directamente el asesinato a ese hecho, le llama la atención que justamente su tesorero fue muerto el viernes, el mismo día que la alcaldía de Magé, a través de su Secretaria de Medio Ambiente, interdictó la obra por la falta de la documentación necesaria.
“La semana pasada denunciamos ante la presidencia de Petrobrás la presencia de hombres armados en las obras que estaban haciendo amenazas y que había riesgo de muerte, y horas después ocurre el asesinato del compañero”, relató a IPS, Ronaldo Moreno, del Sindicato de Petroleros de Río de Janeiro (Sindipetro).
Santos Souza, de 44 años, fue muerto en la noche del viernes pasado por tres hombres, que, después de allanar su casa en Magé, en la llamada Baixada Fluminense, en presencia de la familia, fue golpearlo y llevado a la calle donde los ejecutaron de cinco balazos en la cabeza.
Los hombres no identificados, huyeron luego en un automóvil sin identificación. Según la familia del sindicalista, antes de matarlo lo interrogaron y preguntaron por documentos de la asociación de pescadores.
El asesinato se perpetró después que varios miembros de Ahomar, incluido el tesorero, habían sufrido amenazas de muerte, indicó a IPS Anderson, quien afirmó que él salió ileso de un atentado el 1 de mayo, cuando dos hombres le dispararon cuatro tiros desde el cantero de las obras del gasoducto.
IPS intentó una respuesta respecto de estos comentarios de los sindicalistas de parte de la asesoría de prensa de Petrobrás. Se respondió que, en relación a la muerte del pescador, es un caso que cabe resolver a la policía.
En cuanto a las supuestas irregularidades de la obra en cuestión, los portavoces de Petrobrás señalaron a IPS que se debía consultar al consorcio conformado por Oceánica Ingeniería y GDK S.A, responsables de la obra.
En tanto, en un comunicado oficial enviado a IPS, el Consorcio GLP Submarino indica que no “no ven motivos para manifestarse” sobre la muerte del pescador “a no ser para lamentar profundamente lo ocurrido y desearle pésames a su familia”.
Agrega que Ahomar ya realizó anteriormente manifestaciones contrarias a las obras realizadas en la playa Mauá, en Magé. “En aquella oportunidad el consorcio se posicionó estrictamente dentro de la ley, recurriendo al apoyo de la justicia para garantizar los trabajos y la integridad de sus colabores y su patrimonio”, recuerda.
El consorcio finaliza diciendo que “repudia vehementemente los intentos –muchas veces amparados por un confortable anonimato– de vincularlo a un acto tan vil”.
Mientras, Moreno, del sindicato petrolero, reitera que se le dijo a Petrobrás “que la situación era grave y que tenía que tomar medidas urgentes”.
A su vez, Anderson sostuvo que el sindicato de pescadores prefiere “no hacer especulaciones, pero estamos muy preocupados porque estamos siendo amenazados desde que comenzamos a hacer denuncias de crímenes contra la fauna y la flora de la bahía de Guanabara, por las obras del polo petroquímico”.
“Siempre que ejercemos presión y luchamos por nuestros derechos fuimos amenazados”, enfatizó el presidente de la asociación de pescadores en conversación telefónica con IPS, pues actualmente está con paradero desconocido junto a su familia para evitar más represalias.
También Moreno alertó que “la intranquilidad es grande, y pensamos que puede haber más asesinatos”. Añadió que Sindipetro también ha denunciado la tercerización de las obras del gasoducto por parte de la petrolera estatal, y la falta de garantías y seguridad laborales que ello implicaba.
Sindipetro y Ahomar participaron el 16 de este mes de una manifestación contra la obra del gasoducto, que, según recordó Moreno, fue reprimida violentamente por la policía.
En esa ocasión, las autoridades confiscaron redes y cuatro embarcaciones de los pescadores que participaban de la protesta, en un despliegue “inusual y exagerado”, según Moreno, con la utilización de helicópteros.
Los pescadores argumentan que desde que Petrobrás inició la construcción del gasoducto, precisamente en el lugar donde los pescadores arrojaban sus redes, están impedidos de trabajar.
Anderson calcula en 70 por ciento los perjuicios de los pescadores de la región, una actividad que sustenta a unas 3 mil familias y que se realiza de modo artesanal “en barcos sólo a remo”.
“Ahora es casi imposible pescar en la región. Muchos pescadores están pasando necesidades financieras y tuvieron que cambiar de oficio”, precisó Anderson.
Los pescadores se dedican a la pesca de taina, corvina y camarón, como principal fuente de ingreso para su sustento.
Después de las amenazas, el caso ya era seguido de cerca por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea legislativa de Río de Janeiro, e investigado por la policía de Magé.
Según declaró a la prensa local el presidente de la Comisión, el diputado Marcelo Freixó, del Partido de Socialismo y Libertad, es poco probable que el asesinato no esté vinculado a las denuncias ambientales.
La construcción es parte del Proyecto de Gas Liquidificado e Petróleo (GLP) en el marco del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) del gobierno nacional de Luiz Inácio Lula da Silva.
Fuente: Diario La Jornada
