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El gobierno nacional sube la apuesta en su intento de militarizar Vaca Muerta

Por Martín Álvarez Mullally y Hernán Scandizzo

El artículo primero de la resolución 768 del Ministerio de Seguridad de la Nación, conocida el lunes, considera a la formación Vaca Muerta un objetivo estratégico del Estado Nacional y por ende, a las cuatro provincias por las que ésta se extiende, un espacio militarizable con el despliegue de Gendarmería Nacional (para garantizar “la seguridad de las personas y de los bienes que resultan indispensables para el cumplimiento de este objetivo”).

Con la llegada del fracking, lo que hoy se conoce como región Vaca Muerta se convirtió en un territorio de conflictos permanentes en los que intervienen diferentes actores. Por la dinámica que tiene la explotación de yacimientos no convencionales, las empresas contratan miles de obreras/os y poco después los despiden o suspenden, sea porque finalizó una gran obra, cayó el precio del crudo o bajaron los subsidios que el Estado le da a las empresas. En ese escenario tanto las formas de demandar trabajo como de defenderlo es a través de cortes de ruta. Lo mismo hacen las/os pobladores de ciudades como Añelo, en la precaria capital nacional del shale tras la muerte de peatón cortaron la ruta cuatro veces en dos meses en reclamo obras de seguridad vial. También las paralizaciones de yacimientos llevadas adelante por comunidades mapuche que demandan el reconocimiento de derechos; o los conflictos sectoriales que se trasladan a los pozos, como es el caso de empleadas/os estatales y productores de Río Negro, que bloquearon el acceso a locaciones. La región Vaca Muerta es un conflicto permanente, sí, y demanda respuestas políticas, no represivas. No hay un escenario de desborde, sino un incremento de los costos operativos de las empresas por las pérdidas que significan cada día de conflicto.

“Es evidente, que esto tiene que ver con los despidos y suspensiones que se esperan en Vaca Muerta por la crisis financiera que ya está instalada y que se viene, con el congelamiento del precio del petróleo”, sostuvo Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y especialista en temas de seguridad, consultado por el OPSur. “Empezar a mandar las fuerzas federales en cualquier caso de conflicto… Ya conocemos qué es lo que va a suceder”. No hace falta forzar la memoria, no es difícil imaginar qué es lo que puede suceder, con tanto recuerdo fresco y que reclama justicia, como la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional contra el Pu Lof Cushamen, en Chubut; y el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, a manos de Prefectura Naval, en el Lof Lafken Winkul Mapu, en Río Negro.

“La intervención de Gendarmería en territorios provinciales, para causas que no son federales, ocurrieron mucho durante el gobierno de los Kirchner, de 2010 en adelante, con el Programa Cinturón Sur; pero en todos esos casos había un acuerdo con las provincias, si no existe ese acuerdo con las provincias, no se puede”, subrayó Binder. “Aquí lo anómalo es que la extensión de la jurisdicción no es territorial, sino hacia delitos que no son, en principio, federales. La ampliación hacia delitos que no son federales no puede ser un acto unilateral, ni siquiera del Presidente de la Nación, porque es una forma de intervención federal. Eso sería notoriamente inconstitucional”, concluyó.

La resolución ministerial es rechazada tanto por el gobierno del Neuquén como por un amplio espectro político de la provincia. El vicegobernador Rolando Figueroa señaló que la medida “incorpora innecesariamente tensión en una zona pacífica”. “No solo no consulta a nuestro Gobierno provincial sino que no explica claramente, los verdaderos motivos por los cuales decide enviar gendarmes a Vaca Muerta”, sostuvo el funcionario (Noticias Neuquén, 17/09/2019). “Necesitamos que el Gobierno nacional se ocupe de generar condiciones para el crecimiento del país, para que haya trabajo y para que Vaca Muerta siga generando energía y riqueza; no queremos que Nación sume problemas como ya lo hizo con el congelamiento del precio del crudo y ahora con la intención de custodiar la zona de producción con Gendarmería”, expresó Figueroa. En tanto el Fiscal de Estado de la provincia, Raúl Gaitán, en declaraciones Radio UNCo Calf aseguró que “parece una resolución extraordinaria en una situación normal”, y subrayó: “no hay ningún conflicto que motive el análisis de una situación extraordinaria”.

“Acá no tenemos ataques terroristas que ameriten una suerte de estado de alarma semejante”, sostuvo Guillermo Pereyra, secretario del sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa y senador nacional del Movimiento Popular Neuquino, y agregó que “si hubiera alguna información sensible que justificara la medida invasiva, debería hacerse pública o al menos debería haberse compartido con las fuerzas de seguridad locales o en el Consejo de Seguridad, que han dado sobradas muestras de capacidad operativa” (Río Negro, 17/09/2019).

El diputado Raúl Godoy (Partido de los Trabajadores Socialistas – FIT), por su parte, presentó un proyecto para instar al Gobierno Nacional a dejar sin efecto la resolución. “El único objetivo es proteger los intereses de las petroleras, hostigar al pueblo mapuche y avasallar los derechos”, advirtió el legislador (Noticias Neuquén, 18/09/2019). En tanto el lonko Jorge Nahuel, de la Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche Neuquina, sostuvo que “no se entiende cómo un gobierno que se está retirando puede tomar semejante medida que vuelve a poner en tensión todo lo que se está buscando construir en Vaca Muerta, que es el reconocimiento de derechos de las comunidades mapuches” (Río Negro, 17/09/2019).

La resolución 768 es una medida tan de campaña electoral como grave. Puede ser un bluff, como tanta otra medida que no pasa de ser un anuncio, pero consolida la identidad de derecha de Cambiemos, en particular de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además reafirma la identidad represiva que, en otras ocasiones, medidas o declaraciones del mismo tenor fueron seguidas de casos de gatillo fácil y represiones violentas. También expresa el alineamiento con el gobierno de Donald Trump, que en EE.UU. elevó la seguridad en todos los lugares estratégicos de explotación hidrocarburífera a partir de los recientes ataques a instalaciones petroleras en Arabia Saudita. Alineamiento o ventana de oportunidad electoral, la resolución del Ministerio de Seguridad escala un peldaño en los intentos de militarizar Vaca Muerta.

En marzo de 2018 el gobierno nacional anunció la intención de trasladar a la localidad neuquina de Plottier el Destacamento Móvil 4 de Gendarmería, con asiento en La Pampa, para garantizar un rápido desplazamiento ante un eventual conflicto, especialmente en la zona petrolera de Neuquén y el área cordillerana de Río Negro. En aquella oportunidad, según declaraciones del secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco (Río Negro, 13/03/2018), 800 gendarmes serían trasladados a la Patagonia con destacamentos de 400 efectivos en las provincias de Neuquén y Chubut.

Ante el anuncio, legisladores neuquinos de los bloques Frente Para la Victoria, Frente Neuquino, Adelante Neuquén y Frente Grande impulsaron un pedido de informes al Ministerio de Seguridad. Solicitaban que se detallaran “las misiones, funciones e integrantes del Comando Unificado Patagónico; organismo que solicitó la intervención de Gendarmería Nacional en la provincia y motivos de la misma, procedimiento dispuesto para su estadía y fecha de finalización e informes de inteligencia interior que motivan esta acción de traslado”. Los diputados calificaron de “peligroso el exceso de las fuerzas de seguridad” ante la política de criminalización de la protesta social y represión por parte del Gobierno Nacional. Finalmente La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento de la Legislatura resolvió no darle curso.

Otros antecedentes de intervención de Gendarmería en Vaca Muerta se remontan a 2017. En abril de ese año los trabajadores despedidos de la empresa de servicios OPS iniciaron una serie de protestas y bloqueos a yacimientos en Rincón de los Sauces –entre otros El Orejano y Trapial, operados por YPF y Chevron, respectivamente– en reclamo de su reincorporación. En ese marco fueron desplegadas fuerzas de Gendarmería, lo que incrementó la tensión. Un posible desenlace violento fue desactivado por la intervención directa del gobernador neuquino Omar Gutiérrez y del senador nacional y secretario general de petroleros privados, Guillermo Pereyra (Río Negro, 01/05/2017).

Al mes siguiente, las operadoras agrupadas en la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos presentaron a la protesta mapuche como el principal obstáculo para garantizar la paz social y avalaron el pedido de YPF de dar intervención a Gendarmería Nacional para permitir el “normal desarrollo” de las actividades en el área Loma Campana, operada por la empresa de bandera en sociedad con Chevron (La Mañana Neuquén, 17/06/2017). Gendarmería ingresó a la comunidad Campo Maripe sin orden judicial, invocando la figura de flagrancia: el accionar mapuche ponía en riesgo el abastecimiento energético del país. Por esa intervención en septiembre de 2017 la Cámara Federal de Apelaciones de Gral. Roca cuestionó firmemente el accionar de la fuerza de seguridad y le ordenó que se abstenga de intervenir dentro del territorio comunitario sin orden judicial. Al expresar su voto un integrante de la Cámara sostuvo que en ese operativo se “sacrificaron libertades individuales en aras de resguardar un interés económico corporativo” y que la actividad desplegada por Gendarmería “obedeció a un propósito subalterno (la solicitud de YPF) y la orden para satisfacerlo fue dada verbalmente, lo que elimina toda legalidad” (Río Negro, 27/09/2018).

Chubut y los motivos recurrentes de las crisis económicas y sociales.

Los conflictos sociales y las crisis económicas se han transformado en una constante durante los últimos dos años en Chubut. El Estado se encuentra virtualmente quebrado a pesar de poseer enormes riquezas vinculadas a los recursos naturales. Los empleados estatales cobran tarde y en cuotas sus salarios, tienen la obra social cortada y reclaman soluciones con paros y cortes de ruta. La provincia tomó una enorme deuda pública, más de 1.100 millones de dólares desde 2010, lo que no se tradujo en mejores condiciones de vida para los chubutenses, y ahora se encuentra asfixiada por los vencimientos. Los desmanejos políticos de los gobernantes llevaron a crisis financieras recurrentes, a lo que se le sumó el corte de fondos extra por parte de Nación, un combo explosivo que pone en jaque la gobernabilidad (y los dirigentes petroleros hacen el trabajo sucio para despejar las rutas de maestras).

Por Marcelo García*/ Especial para el OPSur

El conflicto de los docentes y estatales de la provincia de Chubut tuvo su origen este año en el nuevo atraso en los pagos de los salarios por parte del gobierno de Mariano Arcioni. Los sueldos se abonan en cuotas y semanas después del quinto día hábil; a lo que se suma la obra social de la administración pública (SEROS) interrupida por falta de pago a los prestadores y la no cancelación de los aumentos salariales pautados en las negociaciones paritarias. A ese panorama que desató las protestas, los paros y los cortes de ruta de los empleados públicos provinciales se llegó por cuatro caminos. Uno se vincula directamente con que el 86 % de la deuda tomada por los diferentes gobiernos desde 2010 fue en dólares; se emitieron bonos por 1.159 millones de dólares, que están garantizados por las regalías petroleras, que se cobran en moneda estadounidense. Una parte de las regalías queda directamente inmovilizada para afrontar las cancelaciones del capital y los intereses de la deuda, que varían de manera alcista cada vez que el peso se devalúa frente al dólar. Chubut es la sexta provincia más endeudada del país y los fondos tomados a lo largo de seis años no se tradujeron en mejoras de la calidad de vida de los chubutenses.

El otro camino que llevó a la crisis actual se vinculó al ajuste. El actual gobernador Arcioni intentó aplicar en la primera mitad de 2018 un brutal ajuste que recaía esencialmente sobre los trabajadores y los gastos del Estado provincial. Parte de ese recorte consiguió instrumentarlo y los salarios el año pasado perdieron un 32% de su poder adquisitivo frente a una inflación que, en la Patagonia, fue del 50,6%. Ese ajuste fue derrotado por las movilizaciones, tomas, protestas y paros de los estatales, con los docentes al frente de la lucha, y el triunfo se tradujo en la recomposición salarial perdida y nuevas paritarias para 2019, donde se aplicó la cláusula gatillo de ajuste por la nueva inflación.

La tercera vía que explica el proceso actual está relacionado a la política, tanto desde la arista provincial como nacional. Arcioni quedó al frente de la administración provincial tras la muerte del gobernador Mario Das Neves y, en la búsqueda de un nuevo mandato –tras la derrota del ajuste, al que se había comprometido con Nación-, llamó a elecciones anticipadas. Aceptó pagar los atrasos salariales y las nuevas indexaciones, levantó los pagos de salarios escalonados que había establecido en 2018, y sumó nuevos gastos con el desdoblamiento electoral. Pero esa definición política lo alejó de la gestión de Mauricio Macri, y más aún cuando consiguió el nuevo mandato y se mostró mucho más cercano a la fórmula presidencial del Frente de Todos.

Chubut ya venía teniendo desacoples financieros desde el año pasado como consecuencia del peso de la deuda y sus vencimientos, pero para poder sortearlos consiguió que el Gobierno nacional le otorgara préstamos en pesos y le refinanciara los vencimientos. Por eso cuando Arcioni dio claras señales de no llamar a votar a Cambiemos en el ámbito nacional, el macrismo le cerró la posibilidad de nuevos préstamos para gastos corrientes y simultáneamente comenzó a cobrarle en tiempo y forma los vencimientos de los préstamos tomados. Así se produjo un combo explosivo que puso a la provincia en una virtual quiebra de la que no tiene escapatoria si no genera mayores ingresos y refinancia los vencimientos de la deuda en dólares y pesos.

Arcioni se propone asumir como gobernador electo el 10 de diciembre y sortear los primeros meses del 2020 con la esperanza de que la fórmula Fernández & Fernández gane las elecciones nacionales y vuelva a habilitarse el endeudamiento para salir del ahogo financiero actual. Suenan fuerte las versiones de la creación de una cuasimoneda provincial para sortear la falta de pesos, pero por ahora no se avanzó con esa opción.

Represión y patoteada

Mientras se desarrolla lo que podría llamarse el “Plan seis meses” –porque el propio ministro de Economía provincial anticipó que ese será el plazo de los problemas financieros y pago con atraso en los sueldos-, la potencia de la lucha de los estatales arrincona a Arcioni contra las cuerdas. Su cerrazón o incapacidad para rediscutir un esquema tributario y de ingresos amplio y sustentable en el tiempo, sumado a la amenaza de reprimir a los huelguistas que cortan rutas, pone su gestión al borde la gobernabilidad.

Los momentos de mayor tensión entre el gobierno de Arcioni y los estatales se vivieron en el marco de los cortes de ruta, en especial en la sureña ciudad de Comodoro Rivadavia. El primer evento represivo se produjo el 16 de agosto, cuando la Policía del Chubut detuvo a dos referentes docentes que estaban panfleteando en las rutas que conducen a los yacimientos petroleros. La respuesta de los estatales fue la intensificación de las protestas y nuevos cortes en toda la provincia, que terminaron con la liberación de los detenidos. Al día siguiente en Comodoro una movilización de más de 10 mil personas repudió los arrestos.

Las panfleteadas se reconvirtieron en cortes de ruta que impidieron que los obreros petroleros pudieran subir a los yacimientos. Los docentes estuvieron al frente de estas medidas y la respuesta del gobierno llegó de la mano de los dirigentes sindicales petroleros Jorge Avila, de los convencionales, y José Llugdar, de los jerárquicos; quienes responden políticamente a Arcioni y fueron los encargados de enviar una patota de encapuchados a desalojar a las maestras para liberar las rutas.

A los empujones y en medio de una zona liberada por el Gobierno, la Policía y la Justicia; el 4 de septiembre la patota del sindicalismo petrolero liberó las rutas, pero cargó sobre sus espaldas con un altísimo costo político y social, que se tradujo en lo que se calcula fue la movilización social más grande la historia de Comodoro. Más de 30 mil personas marcharon en defensa de los docentes, los estatales, contra el gobierno y, esencialmente, repudiando a la conducción de los gremios petroleros.

Hasta ese momento los obreros petroleros se habían solidarizado con los docentes y estatales en las rutas; se bajaban de las camionetas y micros en los piquetes y no se habían producido enfrentamientos. La decisión de los dirigentes no generó ninguna acción contraria de las bases, las que estaban arrinconadas por la baja de equipos de las operadoras y las amenazas de despidos de las PyMES del sector. El desalojo de las rutas por la fuerza generó una tensión social contra la dirigencia sindical petrolera y, de alguna manera, también se tradujo en un repudio a los trabajadores del sector (quienes más allá de no protagonizar la patoteada, tampoco la impidieron).

Aunque momentáneamente se levantaron los cortes de ruta, la huelga de los estatales sigue en casi todos los estamentos y localidades de Chubut. Las perspectivas no son alentadoras para septiembre y los próximos meses en una provincia rica en recursos naturales y virtualmente quebrada; por el contrario, podrían ahondarse la conflictividad y las consecuencias económicas que genera la falta de circulante y una profunda ruptura de la cadena de pagos. El condimento esencial sigue siendo la deuda como epicentro de la crisis, y se le suma la falta de gobernabilidad, las debilidades políticas de Arcioni, el ahogo financiero de Nación y el nefasto rol cumplido por la dirigencia petrolera que mandó a patotear maestras y trabajadores estatales que reclamaban por sus sueldos.

* Periodista e investigador de Nuevo Proyecto Energético Latinoamericano (NPEL) y El Extremo Sur / de la Patagonia.

Comodoro Rivadavia: Encapuchados atacaron un piquete de trabajadorxs de la educación

ATECh: “Arcioni es el responsable de la violencia”

Por El Extremo Sur/de la Patagonia. Desde ATECh Regional Sur emitieron un comunicado luego de conocidos los hechos de violencia ocurridos en horas de la madrugada de hoy en el cruce de las rutas 3 y 26 de Comodoro Riviadavia en el que señalaron al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, como el máximo responsable de lo sucedido, dando cuenta de que hubo una zona liberada ya que, según señalan, a las 03:30 se retiraron de lugar y “200 personas en vehículos del sindicato de Petroleros Privados avanzaron con insultos, exaltados por alcohol, pisando a compañeras que cayeron al suelo”.

Además, señalaron que el ministro de Gabinete, Federico Massoni, habría estado presente en el lugar y hasta habría dado órdenes para que sucediera el apagón en plena rotonda luego de que los encapuchados irrumpieran en el lugar.

EL COMUNICADO COMPLETO

ARCIONI ES EL RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA

VIVIMOS UNA VERDADERA DICTADURA DE LAS OPERADORAS que extorsionan a los trabajadores petroleros, a las PYMES y a toda la comunidad.

El Estado estuvo al servicio del ataque. La policía se retiró minutos antes de las 3.30 de la madrugada, liberando la zona ante la llegada de una verdadera patota. Unos 200 hombres traídos en vehículos del Sindicato de Petroleros Privados, algunos evidentemente exaltados por el alcohol u otra sustancia sustancia. Se abalanzaron sobre los docentes, sin voluntad de diálogo. Avanzaron con insultos, empujones, pisando a compañeras que cayeron al suelo, destruyendo e incendiando lo que encontraron a su paso y golpeando a docentes que cuestionaban su accionar.

Los docentes dejamos libre la ruta 3 y 26 y nos retiramos hasta el interior de la rotonda, momento en que apagaron el alumbrado público y se escucharon disparos. No se conformaron con ambas rutas despejadas, sino que nos persiguieron con amenazas mayores, ya dentro de la rotonda donde se produjeron más corridas. Federico Massoni, el ministro de Gabinete habría sido testigo presencial del ataque, o dirigido el mismo, ya que su camioneta estaba presente. Actuaron con muchísima violencia.

No fue peor porque algunos estaban allí extorsionados y no se prestaron para más. Lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos de su propia boca. Tal vez, gracias a ellos no hay muertos. Habiendo hecho público que no enfrentaríamos a los trabajadores petroleros y tras presentar en la misma noche un Habeas Corpus Preventivo convocando al Poder Judicial, el Estado de derecho estuvo ausente.

La Comunidad Mapuche Campo Maripe va a la Corte Suprema

Los integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe y la Confederación Mapuce de Neuquén irán ante la Corte Suprema de Justicia para sostener la validez de la sentencia absolutoria.

Por La Izquierda Diario

La Comunidad Mapuche Campo Maripe y la Confederación Mapuce de Neuquén, repudiaron el fallo del Tribunal Superior de Justicia que confirma la nulidad de la sentencia absolutoria dictada por Gustavo Ravizzolli. Tras esta decisión del tribunal apelarán a la Corte Suprema de Justicia para sostener la validez de la sentencia absolutoria.

“Hay una posición que en algún momento la Justicia definió como un blindaje a la industria petrolera por todo lo genera, por toda la actividad” denunció el integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén Jorge Nawel en una entrevista en el Rompecabezas por AM Cumbre.

Aseguró que es “un desatino absoluto que pretendan defender a las petroleras violando los derechos del Pueblo Mapuche” y que de esta manera “no van a tener seguridad, ni van a tener tranquilidad”.

El referente mapuche explicó que cuando el Tribunal Superior rechazó la apelación de la Comunidad y ordena hacer un nuevo juicio, no les da la posibilidad de designar testigos como sí ocurrió en el primer juicio donde fueron absueltos. “Van a desfilar decenas de testigos de la familia Vela, el testigo principal es el ministro de Ambiente de la provincia, todos empecinados en condenar a la comunidad mapuche”. Es por esto que decidieron apelar a la Corte Suprema “para ver si van a poner orden ante todo este desatino que está realizando la Justicia neuquina”.

Nawel aseguró que en Vaca Muerta “los mapuches somos como una interferencia, gente que hay que tratar de apartar. Ese es el error que están cometiendo porque los conflictos van a ser interminables porque se trata de defender nuestros derechos, nuestra existencia, de que no nos arrastren detrás de toda esta fiebre economicista sin importar el impacto profundo que está generando sobre el ambiente sobre la sociedad, sobre la cultura mapuche”.

Sostuvo que los derechos de los pueblos originarios “no son temas que no están incorporados en la agenda de estos especuladores que lo único que buscan es ganancia rápida, los empresarios para seguir saqueando y el gobierno para seguir sosteniendo su poder político”.

Denuncian persecución a familia campesina que se opone a un proyecto de Pampa Energía en el chaco salteño

CONNIVENCIA ENTRE PETROLERAS Y EL ESTADO

Los Blancos, Salta, 08/07/19

El Frente Nacional Campesino (FNC) expresa su total solidaridad con la familia Robledo, del Paraje El Palmar, jurisdicción de Los Blancos, departamento Rivadavia Banda Norte, Provincia de Salta.

Jorge Robledo y familia sufren una persecución política, policial y judicial por reclamar los derechos de la familia ante los abusos que cometen las empresas: High Lukc Group Limited y Pampa Energía S.A.

Dichas empresas están extrayendo petróleo mediante el Proyecto denominado “LOS BLANCOS. X – 2001, ÁREA EL CHIRETE”, ubicado en el campo de la familia Robledo, en la jurisdicción de Los Blancos, Rivadavia (BN), Salta.

Las empresas nombradas obtienen las autorizaciones mediante maniobras judiciales que avasallan los derechos de los dueños de la tierra, y siguen cometiendo graves irregularidades ambientales y económicas con el aval de la justicia salteña.

El Sr. Jorge Robledo fue detenido en forma arbitraria por la policía de Salta, y acusado por delitos que no cometió,  se supone que las acusaciones fraguadas tienen por objeto amedrentar  a la familia Robledo para que desistan de sus reclamos.

Jorge Robledo es obligado por el Juez Nelsón Aramayo, Juzgado de Garantía Nº 1, a presentarse todos los viernes de 09 a 10 horas a presentarse ante la Fiscalía Penal de Embarcación, durante dure la “investigación”.

Por favor difundir.

Atentamente.

Benigno López,
Coordinación
FNC

Contacto:
Jorge Robledo: 3878402585

Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión. Estado de situación en 2018

[Descargar informe]

La sostenida presión internacional por minerales sigue afectando a América Latina. No sólo a ecosistemas vulnerables y comunidades locales, sino, al mismo tiempo, a estructuras sociales, normativas y sistemas de convivencia nacionales. Sectores de la sociedad que al costo que sea, sueñan con un esquivo y muchas veces mal entendido desarrollo, sostienen discursos y prácticas muchas veces alejadas de la ética y del bien común.

La profundización del modelo productivo mundial de bienes, ahora ampliado infinitamente con la participación de China, pone en jaque el suministro de materias primas que deben sostener una producción y un consumismo altamente insustentable.

Los cambios tecnológicos del norte global clavan sus ojos en los recursos minerales del sur global y América Latina es un polo de concentración en esta tendencia. La reconversión a la electromovilidad es un claro ejemplo de ello.

El litio y el cobalto son entre otros, minerales necesarios para este proceso. Pero no olvidemos que el efecto sobre el cobre implicará aumentos importantes de producción del metal rojo y sus ya conocidos impactos.

Es preciso señalar también, que la minería de litio en los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile no está exento de riesgos socioambientales por la inminente destrucción de ecosistemas complejos, frágiles e insuficientemente estudiados. Esto hace suponer que el efecto de la pérdida de esos ecosistemas y su valor para la humanidad quedará para siempre fuera del saber humano.

Por donde miremos, veremos que la conflictividad socioambiental por la profundización del modelo extractivista minero, solo tiende a incrementarse.

Vemos además que los procesos de conflicto se manifiestan de forma cada vez más temprana y que aquellos de larga data y aparentemente desperfilados, pueden reactivarse poniendo en jaque la también aparente estabilidad institucional, empresarial y comunitaria. Aunque por otro lado, la dinamización de los conflictos por extracción de minerales es respondida con incremento de criminalización, represión y violencia por parte de gobiernos y empresas mineras.

Otros factores que acompañan la conflictividad socioambiental por minería son la crisis hídrica, la afectación de páramos y cabeceras de cuenca, la destrucción de glaciares, el cambio climático y la pérdida de condiciones de vida y sustento para las comunidades locales.

Por más evidencias que se generan para criticar el extractivismo minero y más se demuestra que la actividad minera empobrece nuestros pueblos, mayor es la insistencia de gobiernos de todas las corrientes para sostenerlo y profundizarlo. Como ejemplo mencionamos que la ONU alertó hace unos años sobre una “multimillonaria evasión tributaria minera” a partir de casos de África y Chile.

La grave situación de los diques de colas es uno de los corolarios de una actividad que se sostiene en ventajas ambientales, tributarias, financieras y legales y goza de la impunidad nacional e internacional allí donde se desarrolla. Todo eso ante los atónitos ojos de las comunidades afectadas. Los vuelcos en las estrategias de las empresas mineras para legitimar su actividad y las alianzas con los gobiernos extractivistas se enfrentan a la cada vez fortalecida creatividad de las comunidades en resistencia.

Este, posiblemente, seguirá siendo el panorama que nos acompañe en los próximos años y que dará cuenta de los conflictos mineros en la región. El presente trabajo es una muestra de ello.

Textos de: Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre Problemática Energética (GECIPE) coordinado por Maristella Svampa y Pablo Bertinat, y del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, Integrantes del GECIPE e investigadoras docentes del Área de Sociología, Universidad Nacional de General Sarmiento – ARGENTINA; Colectivo CASA – BOLIVIA; Bruno Milanez, Carolina de Moura, Danilo Chammas, Larissa Pereira Santos, Lucas Magno, Maíra Mansur, Melisanda Trentin, Rafaela Dornelas, Tádzio Coelho – BRASIL; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA – CHILE; Acción Ecológica – ECUADOR; CEICOM – El SALVADOR; Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, MÉXICO, Centro Humboldt – NICARAGUA; Colectivo Voces Ecológicas COVEC – Radio Temblor – PANAMÁ; Cooperacción, PERÚ; Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales


Edición:
Equipo OCMAL
Alejandra Díaz
César Padilla

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL

www.ocmal.org

comunicaciones@ocmal.org

twitter: @conflictominero

faceboock: https://web.facebook.com/OCMAL

Neuquén: definen actividades en rechazo de la Base Militar de EEUU

La multisectorial convocada para repudiar el intento de instalación de una Base Militar norteamericana en la ciudad de Neuquén realizó una nueva reunión y decidió una series de actividades.

Reproducimos comunicado de prensa:

Hoy 29 de mayo (cincuentenario del Cordobazo) más de 50 organizaciones representativas del pueblo de Neuquén reunidos en asamblea multisectorial reafirmamos nuestro compromiso de impedir la construcción de una base militar de EEUU en nuestra provincia.

Al igual que lo manifestamos desde los inicios de este proyecto, rechazamos este nuevo intento organizado por el Departamento de Defensa de EEUU y coordinado por el Comando Sur, (USSOUTHCOM,United States Southern Command) con el consentimiento y la aprobación del gobierno provincial y nacional, que bajo el disfraz de “Base Humanitaria” pretende hacer pie en nuestro territorio.

Ratificamos de manera terminante la defensa incondicional de nuestra soberanía territorial y de nuestros bienes comunes.

Frente a esta situación se resolvió de manera unánime:

  • Reclamar en forma urgente al Poder Ejecutivo Provincial que dé respuesta a la nota presentada por esta multisectorial en el mes de agosto del 2018.
  • Establecer contactos con los diferentes bloques de la Legislatura Provincial para solicitar pronunciamientos de rechazo sobre la instalación de la mencionada base estadounidense y pedido de informes sobre los términos del acuerdo que nunca se dieron a conocer.
  • Convocar a las Charlas abiertas que brindará en nuestra región (Neuquén, Zapala y Cipolletti) los 13 y 14 de junio la Prof. Elsa Bruzzone. especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional impulsadas por esta Multisectorial.
  • Se decidió dar impulso a nuestro equipo jurídico para que fundamente y concrete recursos de carácter legal que impidan dicho proyecto.
  • Como parte de las actividades de rechazo, se resolvió también llevar a cabo una caravana al lugar donde se pretende instalar la base yanky.

Seguimos trabajando desde este espacio multisectorial que desde sus inicios se construyó con un carácter horizontal, plural y democrático.

Hacemos un llamamiento al pueblo de Neuquén, de la región y de todo el país a manifestarse y multiplicar estas y otras iniciativas para impedir que se concrete el avasallamiento de nuestro pueblo y soberanía. Próxima reunión viernes 7 de junio.

Neuquén, 29 de mayo de 2019.

Además puedes ver;

Comunicado  de FARN  “Base de ayuda humanitaria en neuquén: más dudas que certezas”

Informe de Cartago TV:  “Bases Yankis en Vaca Muerta: El Comando Sur en Neuquén”

Solidaridad con la UTD Mosconi: ¡No al desalojo!

Hace más de 20 años nació la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral Mosconi en el departamento San Martín, en el norte de Salta. Uno de los departamentos más ricos de la provincia, que ha sido saqueado históricamente y su población trabajadora sistemáticamente empobrecida, saqueada. La UTD Mosconi fue una respuesta a la crisis que se generó tras la privatización y desguace de YPF, la organización popular desde abajo creó y crea trabajo genuino, respondió y responde a las necesidades más elementales que eran y son desatendidas tanto por las autoridades provinciales como nacionales; hasta una universidad crearon lxs compañerxs piqueterxs del norte salteño.

La UTD Mosconi fue citada a una audiencia a realizarse el 28 de mayo a las 10 de la mañana en la Ciudad Judicial, quieren desalojarlxs del lugar que ocupan desde hace 23 años, el espacio donde desde abajo se construyen colectivamente las respuestas que no llegan de arriba.

Desde el Observatorio Petrolero Sur acompañamos a la UTD Mosconi.

Si atacan a una organización social , atacan a todas!