Ante los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC), la AIDESEP presentó la Acción de Amparo en contra de las empresas Perenco y Repsol, el ministerio de Energía y Minas (MEM) y Perupetro, solicitando que la autoridad gubernamental prohíba las operaciones de hidrocarburos e los territorios donde han sido avistados pueblos en aislamiento voluntario.
Asimismo, la demanda pide que la empresa estatal efectuara la modificación en los contratos y que ambas compañías se abstengan a operar en la zona, pues de hacerlo generaría la muerte masiva de los pueblos Waorani, Pananujuri y Aushiris, ubicados en las cuencas de los ríos Curaray, Napo, Arabela, Nashiño, Pucacuro y Tigre.
Germán Guanira Zamora, abogado de la AIDESEP, sustentó el pedido basado en los derechos a la vida, salud, el bienestar, a la integridad cultural, identidad étnica, ambiente equilibrado; argumentando que la amenaza de destrucción del territorio indígena es permanente desde 1993.
Reseñó que existen informes defensoriales (101, 103 y 109) que advierten el peligro hacia los pueblos en aislamiento voluntario, Estudios de Impacto Ambiental que señalan la existencia y avistamiento de estos hermanos y por ello espera que el TC resuelva a favor de la Acción de Amparo.
OilWatch Sudamérica